La práctica de subcontratación nombrada con el anglicismo outsourcing se incrementó en México y se volvió común desde la reforma laboral del 2012, cuando el Congreso la aprobó para labores que no sean objetivo principal de la empresa

@vgarciadeleon

Hace un par de meses los 300 empleados de una empresa en la Ciudad de México recibieron un correo de Recursos Humanos que los convocaba a presentarse en las oficinas de esa área. Les comunicaron que ahora tendrían un nuevo patrón, pero seguirían realizando la actividad de siempre para la misma empresa.

“Nos dijeron que el nuevo nos pagaría el salario mínimo, y que la empresa original nos daría el resto en forma de bonos”, cuenta Susana, quien trabaja ahí desde hace cinco años. La compañía justificó el cambio diciendo que era la única forma de evitar un despido masivo.

Su nuevo patrón es una empresa de subcontratación o de outsourcing. Recibe las mismas prestaciones aunque no es seguro que mantenga su antigüedad, y cotiza ante el IMSS con el salario mínimo, lo cual, al final, afectará el monto de su pensión.

“Me hicieron firmar varios papeles además del contrato, entre ellos una carta de renuncia a mi patrón original, según esto por “convenir así a mis intereses”, cuenta.

No firmar no era opción si querían conservar el empleo. La otra alternativa era demandar e irse a un juicio por tiempo indeterminado, lo cual queda en tu historial como un mal precedente para futuros empleos.

Después de conocer el caso de esa amiga supe de otros, que al contarles la historia me comentaron que a ellos también les paga un tercero, que les cambiaron los contratos, que tienen dos patrones, etcétera. Resultó una práctica muy común.

El abuso de la figura de subcontratación por parte de las empresas es evidente; ellas son las que ganan en este esquema, aunque incumpliendo la ley, y hay un claro perdedor: el trabajador. Al renunciar a su patrón original y ser contratado por el outsourcing, los trabajadores pierden su antigüedad, no reciben el pago de utilidades, y si cotizan al IMSS con un salario menor, se reduce el monto de su pensión, entre otras cosas.

¿Cuántos de los 4.3 millones de empleos formales que Enrique Peña Nieto, presumió haber creado tienen esas condiciones? ¿Cuántos más se están sumando?

El esquema es simple, una empresa prestadora de servicios ofrece a otra la contratación y administración de su personal. La figura de subcontratación está permitida, existe desde 2009 en la ley del Seguro Social y, en 2012, se incluyó en la reforma laboral con una nueva normatividad: las empresas podían usarla para contratar trabajos sobre tareas que no son su objeto principal, por ejemplo, para tareas de limpieza, vigilancia, servicios médicos.

El problema, según Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es que ofrecer el servicio de bajar el costo de la nómina mediante mecanismos de precarización se volvió el  modelo de negocios para el outsourcing, conveniente para empresas que buscan ahorrar cargas sociales mediante prácticas desleales ante el fisco.

Como en otros asuntos que aquejan a este país, el problema es la falta de aplicación de la ley que permite que existan organizaciones que subcontratan la totalidad de su personal y no solo a quienes realizan actividades secundarias. ¿Es que la autoridad no puede detectar que una empresa, de un día para otro despidió a su personal y lo contrató un tercero mediante outsourcing? Hay además una figura que se llama estabilidad en el empleo que se viola, la seguridad de que voy a tener empleo el día de mañana.

Ahora, Susana lidia con atrasos en los pagos de las quincenas y hasta de las cuotas del IMSS, pero la empresa para la que trabaja dice que el problema es de la otra empresa. Tener un empleo formal ya no es una garantía, en tanto no se aplique la ley en este tema.