La palma de aceite no sería un riesgo para las selvas de México si se asumiera de una vez por todas que la política agropecuaria debe ser una política ambiental

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La palma de aceite tiene pocas virtudes ambientales, pero tiene muchas ventajas económicas y agrícolas que hacen de ella una verdadera pesadilla para los entornos naturales. Su aceite se usa para una infinidad de productos que van de los chocolates a los champús y de las medicinas a los combustibles, y por su ecología sobrevive a condiciones que acabarían con cualquier otro cultivo. Esto ha hecho de ella un producto enormemente rentable y devastador. Para colmo de males, su posición en el mercado global, su potencial productivo y económico y las condiciones sociales de los entornos en los que se lo produce lo envuelven en una enorme complejidad, como muestra un estudio reciente realizado en Chiapas. 

Según el Instituto para los Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), la superficie que la palma de aceite ocupa en el mundo creció en un 167 por ciento entre 2001 y 2015, en gran medida a costa de las selvas tropicales. Detrás de esta enorme expansión está no solamente que a los grandes industriales del mundo les encanta y que ellos financian su expansión con créditos y promesas de compra, sino también que las complejas relaciones de las comunidades rurales con el entorno, con el Estado y con la economía global ponen el escenario perfecto para su dispersión e invasión de entornos en donde no estaba presente. 

Un estudio realizado en la reserva de la biosfera de La Encrucijada, en Chiapas, firmado por el investigador de la UNAM Antonio Castellanos Navarrete, pone en primer plano el doble problema de que la palma africana no solamente es dañina como cultivo, sino también como especie exótica e invasora, y de que las soluciones que se han buscado al respecto en México no siempre toman en cuenta ni la posición de los campesinos que la cultivan ni la enorme presión de la economía mundial sobre los ecosistemas. 

Por ejemplo, muchos de los agricultores de esta zona rica en humedales solamente podían sembrar en épocas de aguas bajas, pero la palma de aceite aguanta las inundaciones, por lo que les ofrece la oportunidad de cultivar un producto con un mercado en ascenso por más tiempo y con mayores rendimientos que la mayoría de sus alternativas. Esto, sin embargo, tiene consecuencias graves, entre otras que las inundaciones dispersan las semillas de palma y la llevan a invadir lugares en los que no se la sembró, donde compite con éxito contra especies nativas o ya asentadas en la región.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha hecho grandes esfuerzos por frenar la expansión de la palma, y entre otras acciones ha buscado recuperar los sistemas de cultivo tradicionales, pero sus manos están atadas por limitaciones institucionales, por su énfasis en la conservación de la naturaleza —más que en la construcción de sinergias entre el entorno y los habitantes, según explica Castellanos Navarrete— y por su falta de recursos. 

El estudio de Castellanos Navarrete llama a asumir un enfoque “post-humano”, que tome en cuenta el hecho de que hace tiempo que hay personas en los territorios en riesgo y que las interacciones entre ellos y la naturaleza son más complejas que la mera dicotomía entre entorno y productores. Esto, sin embargo, difícilmente bastará. 

La palma de aceite no sería un riesgo para La Encrucijada ni para el resto de las selvas de México si se asumiera de una vez por todas que la política agropecuaria debe ser una política ambiental; que urge una enorme intervención en la economía nacional para abrir mercado a los productos sustentables, fomentando las cadenas cortas y desarrollando mejor las tecnologías locales, y que se debe acompañar toda intervención en pro de la conservación con acciones que mejoren los niveles de vida de la gente. 

Por lo pronto, y en el caso específico de La Encrucijada, ya sería un enorme avance si se dotara a Conanp del presupuesto que requiere para desarrollar un programa de pago por servicios ambientales a la altura del desafío y si la Comisión contara con el personal que requiere tanto para mejorar las capacidades para la producción sustentable entre la población, como para hacer valer la ley. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.