Un millar de transportistas colapsaron el tránsito vehícular de la Ciudad de México en demanda de un incremento en la tarifa y la renovación de las concesiones de transporte. El gobierno capitalino reiteró que no habrá incremento en costos del transporte

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

Después de una discusión a puerta cerrada que duró más de 8 horas, líderes transportistas y autoridades capitalinas no llegaron a un acuerdo sobre el ajuste de tarifa del transporte público ni la renovación de sus concesiones, luego de una protesta que ahorcó el tránsito vehicular durante la mañana de este martes.

Los integrantes de Fuerza Amplia de Transportistas, la organización bajo la que se agruparon los camioneros, exigen un ajuste a la tarifa de 2 pesos y la renovación de las concesiones. Pero el gobierno de Claudia Sheinbaum reiteró que este año no habría un incremento en los precios del transporte público.

Este martes en el Zócalo, justo cuando un desfile de autobuses enfilaba hacia avenida Chapultepec para bloquear las principales avenidas de la ciudad, una comitiva del gobierno los atajó. Si no hay más bloqueos, la mesa se abriría e iniciaría la negociación. Era la una de la tarde. Horas más tardes, a las 9 de la noche, la mesa culminaría bajo el único acuerdo de retomar las negociaciones a la semana siguiente.

Anunciaron un encuentro en las oficinas de la Secretaría de Movilidad el próximo martes, para discutir la operación de los camiones concesionados.

Durante la mañana, cientos de transportistas, camioneros, microbuseros, concesionarios y hasta operadores de Metrobús tomaron las calles de la Ciudad de México para demandar un alza a las tarifas de transporte público. De fondo, quedó el rechazo de los transportistas a algunas de las políticas con las que la actual administración de la ciudad pretende reordenar el transporte público

A partir de las siete de la mañana, cientos de transportistas se dieron cita en diferentes puntos de la ciudad, media hora después salieron rumbo a la Plaza de la Constitución.

Después de 14 horas de protesta, no hubo más respuesta que más mesas de trabajo.

Los distintos contingentes partieron de varios puntos de la capital hasta llegar al Zócalo. Del sur, desde Calzada de Tlalpan a la altura del Metro General Anaya y de Insurgentes Sur. Del oriente desde el Metro Puebla y de desde el poniente por Constituyentes, Barranca del Muerto y avenida Revolución.

«Sí queremos la tecnología que quieren incorporar en los camiones, pero no los contadores ni la tarjeta esa. Pareciera que nos quieren desaparecer a los transportes concesionados. Ahora nos están negando la renovación de concesiones. Nos están diciendo que nos las quieren cobrar, todavía no dicen cuánto, peor algunos dicen que sería cerca de 50 mil pesos», asegura Tomás Islas Ortiz, concesionario de transporte.

Tomás camina sobre el tercer carril de Calzada de Tlalpan, con una seguridad envidiable a sus casi 80 años. Desde 1978 él ha operado unidades de transporte público bajo el esquema hombre-camión, que otorgaba una concesión de transporte público a cada persona que tuviera un camión, que a su vez se asociaron en Rutas, agrupaciones de camioneros con la capacidad de explotar un ramal, el trayecto específico por la que circulan los camiones. Él es el titular de la concesión, pero sus hijos son los que operan la unidad. Ellos, como muchos otros operadores, no marchan hoy.

Delante de él, la avenida, que suele ser un revolvedero de pitidos y tráfico, está vacía. Algo inusitado para un martes a las 8 de la mañana.

El camión de Tomás es modelo 1992, y se queja de que no ha podido renovarlo porque el negocio no le da para más. «Ahora imagínate si sigue subiendo la gasolina, ya no podríamos ni operar», se queja.

Renovar el transporte de la ciudad

Desde antes de tomar la titularidad de la Secretaría de Movilidad, Andrés Lajous ya tenía pensado cómo arreglar los problemas de transporte público en la metrópoli.

Su plan consistía de tres pasos para garantizar la calidad del transporte. El primero, que inició a principios de año, fue realizar una revisión de calidad a las unidades existente.

El segundo, que arrancó hace unos meses y aún está en proceso, es instalar cámaras de videovigilancia, barras contadoras de pasaje y un rastreador satelital en todas las unidades de transporte concesionado.

La renovación del transporte culminaría con la integración de una tarjeta única de pago, como la que se usa en el Metro y el Metrobús, pero para todos los transportes públicos de la ciudad, microbuses incluidos.

Antes de que entrara en el cargo, Pie de Página entrevistó al ahora secretario de Movilidad quien aseguró que estas políticas no pretendían terminar con los hombres-camión, pero sí sentar las bases para que todas estas concesiones terminaran y pudieran ser sustituidas por un esquema de concesión parecido al de los corredores de transporte, como el que circula actualmente por Circuito Interior.

No al pago único

En el Zócalo, los camioneros no paran de gritar “¡Solución, solución!”. Desesperados, amenazan al gobierno: Si no se abre una mesa de trabajo, paralizarán varias de las avenidas de la ciudad.

«No es que nos opongamos a modernizar el transporte, ni que no queramos dar un mejor servicio», asegura José Antonio Sánchez Escalante, representante de Rutas Unidas, una de las agrupaciones de transportistas presentes en la manifestación.

«Todo sigue una lógica muy sencilla: ¿Tú estarías dispuesto a invertirle un millón de pesos a un negocio para que después llegue el gobierno a decirte ‘ahora yo lo voy a administrar’? Pues no, verdad. Por eso no queremos las tarjetas», dice tajante.

Según lo explican los transportistas pareciera que la idea detrás de la operación de las tarjetas fuera quitar el control de los recursos a los camioneros, haciendo que no reciban los cobros del pasaje directamente.

En este nuevo modelo, que se completaría a través de la constitución de las rutas en empresas de transporte, el gobierno recaudaría todo el ingreso por pasajes de la capital y después lo repartiría entre las empresas según los kilómetros recorridos.

Esto, sin embargo, no es un tema cerrado o definido, según aseguró el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, y que no podría ser impuesto a los transportistas, sino que tendría que ser consultado y acordado con ellos.

Los corredores significan bancarrota

«¡La constitución de las rutas en empresas las lleva a la bancarrota!». Dice decidido y con molestia Gabriel Godínez, representante de ruta 11. «Fíjate en los números de todas esas empresas. Todas están en números rojos».

Por esa idea, él y muchos otros transportistas rechazan la posibilidad de dejar sus concesiones particulares y pasar al modelo de empresa.

Bajo la misma idea, argumenta Ricardo Martínez, representante de la ruta 34.

«Si Metrobús funcionara bien, no tendría que estar subsidiado como lo está. La cosa es que nosotros no operaríamos con subsidio».

Para reforzar su punto, Gabriel Godínez se refiere al costo del diésel. En 2017, cuando se alzó la por última vez la tarifa de camiones, era de alrededor de 17 pesos por litro, mientras que hoy, llega a los 21 pesos.

«Si subiera parejo, o si funcionáramos a la par, nosotros tendríamos que estar cobrando una tarifa técnica de 13 pesos, que es lo que costaría dar el servicio, según los cálculos que hemos hecho».

En qué sí están de acuerdo transportistas y gobierno

«Las cámaras y los rastreadores satelitales están chidos, va bien, es muy buena idea. Una cámara, un gpc, inlcluso los contadores. Todo eso funciona. De lo que nos quejamos es del insumo de la gasolina», asegura Arturo Ortiz, representante de la ruta 30, antes de que inicie la mesa de negociación.

La tecnificación del transporte público, que al principio parecía un impasse, ahora parece el único punto de acuerdo entre los transportistas y el gobierno.

Incluso el tema de los contadores, barras laterales que cuentan cuánta gente sube o baja de un autobús, es aceptado por la mayoría de los transportistas. “Muchos de ellos, los instalan ellos mismos. Nos lo han dicho, si ahora los va a pagar el gobierno, qué mejor”, acepta el secretario Lajous.

Sin embargo, el tema de discordia queda en el combustible. «El diésel, eso es lo que nos mete en aprietos», dice Arturo Ortiz meneando las manos, como quien se acaba de enterar de una pésima noticia.

«Nosotros le metemos unos mil pesos o más de pura gas al día, y le sacamos entre 2 mil y 3 mil pesos al día. Así cómo le hacemos para sacar algo si además está el mantenimiento y otros gastos. Nosotros queremos renovar las unidades, pero un camión nuevo cuesta 1 millón y medio. De dónde. Es muy desleal lo que tenemos, y no hay garantías. Metemos mucho y nos llevamos poco», asegura.

Si no logran un ajuste a la tarifa, tanto Arturo como otros transportistas concuerdan en que solo quedaría una opción: que el Estado subsidie los combustibles del transporte concesionado, como hace con otros modos de transporte público.

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