Los impuestos a las bebidas azucaradas han demostrado su eficacia para reducir el consumo y así frenar el avance de la obesidad, la diabetes y otros males crónicos. En México, no obstante, la industria ha redoblado sus esfuerzos para desacreditar esta medida y manipular a la opinión pública

Texto: Kennia Velázquez / PopLab

Foto: Juan Jose Plascencia

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) revela que el 30 por ciento de las personas con diabetes en México no saben que la padecen. No es el caso de Elena, una empleada doméstica y madre de familia de 51 años. Ella sabe que es diabética, pero no lo atribuye a su mala alimentación, sino a un mito popular en su país: a un susto muy fuerte ocasionado por un problema con su hijo mayor.

Elena se esmera para que sus hijos pequeños vayan a la escuela bien alimentados, aunque eso implique que ella no desayune. No sólo porque tiene que salir a toda prisa para iniciar el viaje de casi dos horas que va desde la comunidad rural de Alfaro hacia León para trabajar, sino porque el huevo con frijoles que ha preparado únicamente alcanza para sus tres hijos menores. Cerca de las diez de la mañana, ya en su lugar de trabajo, comerá tortillas con nopales y beberá alguna gaseosa “para tener energía” y así continuar con su jornada.

Casi el 40 por ciento de las mujeres de las zonas rurales, en México, sufre sobrepeso u obesidad, según el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del INSP. Es el caso de Elena. Sin embargo, ella no ve la relación entre su peso y el consumo de bebidas azucaradas. Los refrescos o gaseosas forman parte de la vida de los mexicanos desde edades muy tempranas. En el 2017, el 98 por ciento de los hogares mexicanos compró Coca-Cola, de acuerdo con la consultora Kantar Worldpanel. Ahora que tiene diabetes, Elena se consuela con la recomedación de su médico, quien le ha dicho que está bien que consuma productos “light”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el INSP informaron que, en México, cada ciudadano bebió en promedio 163 litros de refresco en 2017, lo que superó su consumo de leche (132 litros al año). Un año antes, los mexicanos gastaron 171 por ciento más en bebidas azucaradas que en agua. Elena no acostumbra tomar agua porque, al igual que muchos de sus compatriotas, duda de su calidad.

A la desconfianza se suma la falta de acceso al agua potable. Elena, quien vive en el campo, debe contentarse con que el agua llegue a su casa algunos días a la semana. Y tiene suerte: solo un tercio de los mexicanos cuenta con ese servicio. En cambio, hasta en los pueblos más remotos se venden refrescos.

‘Ciencia’ al servicio del negocio

Para desalentar el consumo de bebidas azucaradas, en enero de 2014, el gobierno federal estableció un impuesto de un peso (0.052 dólares) por cada litro, lo que representa un incremento aproximado de 10 por ciento sobre el precio de venta al público. En su momento se dijo que los recursos recaudados se destinarían a combatir la obesidad y el sobrepeso; por ejemplo, por medio de la instalación de bebederos de agua potable en las escuelas. De ese modo se buscaba evitar que los niños y niñas de entre 3 y 17 años bebieran refrescos.

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) reportó que, a tres años y medio de la entrada en vigor del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al refresco, se recaudaron 74 mil millones de pesos (3,700 millones de dólares). Sin embargo, no se ha podido verificar en qué se ha empleado ese dinero.

México es el mayor mercado para The Coca-Cola Company; concentra 13 por ciento de su volumen global de ventas. Sus dos principales distribuidoras, Coca-Cola Femsa y Arca Continental, facturaron en conjunto 332 mil millones de pesos (17 mil millones de dólares) en 2018. Es un jugoso negocio, y las empresas se resisten a ceder terreno.

En ese contexto, los refresqueros han atacado el impuesto por medio de campañas publicitarias. Han creado un sitio web (www.impuestoscaloricos.com) en el cual divulgan estudios que subestiman los efectos del refresco sobre la salud y aseguran que el gravamen no ha sido beneficioso, que perjudica a los más pobres y que es una intromisión del Estado en las decisiones individuales.

Los estudios en cuestión fueron publicados en 2015. El primero fue elaborado por Joana Chapa Cantú, Daniel Flores Curiel y Laura Zúñiga Valero, del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El informe, que destaca la importancia de la industria de las gaseosas para la economía mexicana, concluye que el impuesto no ha tenido un efecto significativo en reducir el consumo de refrescos y combatir la obesidad (estima que, en el mejor de los casos, ha recortado en 0,21% la ingesta media media de calorías de los mexicanos). Lo que sí ha conseguido –afirma el reporte– es elevar la recaudación y, de paso, que casi 11 mil trabajadores pierdan sus empleos.

La segunda investigación fue desarrollada por el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (Colmex), bajo la dirección de José Romero Tellaeche, fundador y consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Este estudio sostiene que el gravamen no ha modificado los patrones de consumo de gaseosas. Un tercer estudio –que lleva las firmas de Arturo Aguilar, Emilio Gutiérrez y Enrique Seira, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)– concluye que el impuesto no ha tenido éxito en reducir el consumo total de calorías, porque los mexicanos migraron a productos de menor precio y con contenido calórico similar.

La Alianza por la Salud Alimentaria, un conjunto de organizaciones y profesionales unidos por la lucha contra la obesidad y el sobrepeso en México, ha respondido lanzando una web similar a la de la industria de bebidas pero con el objetivo contrario: defender el IEPS. En el sitio web impuestosaludable.org, cuestiona la objetivad de las investigaciones mencionadas y asegura que fueron financiadas por la industria para desinformar a la opinión pública.

Lo cierto es que, en el artículo de ITAM, se admite que el estudio proviene de una “colaboración con el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico)”. Se trata del principal gremio del sector de bebidas y alimentos, además de productos para el hogar y cuidado personal. Sin embargo, el documento señala que “ConMéxico no tuvo ningún poder de veto ni influencia en los resultados”.

De igual manera, en su publicación, la UANL declara que el Centro de Investigaciones Económicas “acepta apoyos económicos de empresas e instituciones, siempre que no se condicione la imparcialidad de las investigaciones”. En el sitio web de la universidad, se incluye ese estudio sobre la industria de bebidas no alcohólicas en una lista de las consultorías realizadas por el Centro de Investigaciones Económicas para el sector privado.

A inicios de 2016, se conoció que el INSP había convocado un comité internacional de expertos para evaluar el impuesto a las bebidas azucaradas. Su encargo era verificar la validez de un estudio que el instituto había efectuado junto a la Universidad de Carolina del Norte. El comité estuvo integrado por Frank Chaloupka (University of Illinois at Chicago), Sinne Smed (Universidad de Copenhage), Corinna Hawkes (City University London), Mary Story (Duke Global Health Institute), Harold Alderman (Food Policy Research Institute), Shiriki Kumanyika (University of Pennsylvania), Walter Willett (Harvard School of Public Health), Gonzalo Hernández (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de México) y Carlos Aguilar (Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición).

En febrero de 2016, algunos miembros de dicho comité presentaron una comparación entre el artículo que revisaron y los estudios de UANL, Colmex y el ITAM, según informaron medios de prensa. Los expertos observaron que esas investigaciones favorables a la industria presentan fallas metodológicas, no aportan la información suficiente para llegar a las interpretaciones que proponen y evidencian un conflicto de interés. Resaltaron, además, que ninguna de ellas fue publicada en una revista científica con revisión de expertos en salud pública.

El doctor Frank Chaloupka, economista e investigador especializado en el impacto de políticas públicas de salud, comparó las tácticas de la industria de bebidas azucaradas con las de las compañías tabacaleras, un sector que él ha investigado de cerca: recurren a demandas internacionales y al cabildeo con legisladores para bloquear los impuestos y otras medidas regulatorias. Eso lo hacen, explicó el doctor, porque la evidencia muestra que los impuestos funcionan.

Tácticas que se repiten

Chaloupka no es el único experto que opina de esa manera. En 2013, la doctora Margaret Chan, entonces directora de la OMS, declaró lo siguiente: “Los esfuerzos para prevenir las enfermedades no transmisibles van en contra de los intereses comerciales de los poderosos agentes económicos. En mi opinión, éste es uno de los mayores desafíos que enfrenta la promoción de la salud… Ya no es sólo la gran industria del tabaco. La salud pública también debe lidiar con las grandes industrias de alimentos, bebidas gaseosas y alcohol. Todas estas industrias temen la regulación y se protegen mediante el uso de las mismas tácticas. La investigación ha documentado bien estas tácticas que incluyen: grupos de fachada, lobbies, promesas de autorregulación, litigación y estudios financiados por la misma industria para manipular la evidencia y confundir al público”.

En México, la organización civil El Poder del Consumidor ha señalado que la industria financia asociaciones médicas y patrocina sus eventos, buscando legitimidad. Según advierte, un ejemplo de ello es la Federación Mexicana de Diabetes, que ha reportado ante la Secretaría de Hacienda donativos por más de 5 millones de pesos (263 mil dólares) en los últimos cinco años. En su página avala el consumo de alimentos con edulcorantes, divulga marcas de empresas como Nestlé y Bimbo y se ha opuesto al impuesto a las gaseosas.

La Asociación Mexicana de Nutriología también ha mostrado su apoyo a los edulcorantes. Esta entidad recibe donativos: en su sitio web, invita a quien lo desee a ser su patrocinador. Sin embargo, en los registros de Hacienda no se ha encontrado información de las contribuciones. Por su parte, la Asociación Mexicana de Pediatría premia a la mejor tesis de esta especialidad en alianza con Nestlé, y da espacio en sus congresos a marcas como Aptamil, Bonafont, Danonino y Nutricia. Tampoco hay registros públicos de los aportes que recibe.

Quizá la organización con mayor influencia es la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), integrada por empresarios del rubro médico, el farmacéutico y la industria de los alimentos. La fundación cabildea en asuntos de salud pública y respaldó un sistema de etiquetado de alimentos que no se ajusta a las recomendaciones de la OMS. En cinco años, ha recaudado 556 millones de pesos (29.3 millones de dólares) en donativos, gubernamentales y privados. Su principal aportante es Nestlé, que financia un premio de Funsalud a las investigaciones en nutrición.

En tanto, el gigante de los refrescos, Coca-Cola, ha destinado fondos para la investigación académica como parte de sus esfuerzos por inicidir en la opinión pública. En México patrocina el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, que convoca junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor, critica esta alianza, pues considera que el organismo gubernamental “está sirviendo a una estrategia de marketing social para confundir y neutralizar a la industria”.

Coca-Cola ha reconocido que entre 2010 y 2015 entregó casi 120 millones de dólares, a escala global para subvencionar investigaciones académicas en salud, alianzas con asociaciones médicas y programas comunitarios para enfrentar la epidemia de obesidad. Entre los beneficiados, en Estados Unidos, figuran el Colegio Americano de Cardiología, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Americana del Cáncer y la Academia de Nutrición y Dietética. La compañía hizo pública esta lista después de que un reportaje de The New York Times revelara que la empresa, con sede en Atlanta, financió la labor del Global Energy Balance Network, una polémica organización científica que restaba importancia a las calorías ingeridas y enfatizaba el papel del ejercicio para combatir la obesidad. Sandy Douglas, presidente de Coca-Cola en Norteamérica, aseguró que dichas subvenciones fueron hechas con la intención de colaborar con el bien común.

Los primeros logros

En el debate sobre el impuesto a los refrescos en México, sus defensores parecen tener los mejores argumentos. “Está demostrada la eficacia del impuesto. Por eso, la Organización Mundial de la Salud lo ha recomendado. Y son simples matemáticas: mientras más grande el impuesto, mayores beneficios”, declaró en febrero de 2016 Frank Chaloupka, según reportó el diario La Jornada.

En esa dirección apuntaron los resultados de la investigación que llevó a cabo el INSP, junto con la Universidad de Carolina del Norte, para medir el impacto del impuesto. El estudio encontró que la compra de bebidas azucaradas disminuyó 6 por ciento durante 2014, es decir: se adquirieron en promedio 4.2 litros menos por persona. La disminución impactó más en los hogares más pobres, donde la disminución alcanzó el 9 por ciento.

Mientras tanto, las compras de bebidas no gravadas, principalmente el agua embotellada, subieron 4 por ciento en promedio, lo que implicaría que los consumidores sustituyeron los refrescos por alternativas más saludables. El estudio fue publicado en la edición de enero de 2016 de la revista British Medical Journal, una publicación científica con revisión de pares.

Una posterior evaluación del INSP reveló que, durante 2015 –el segundo año de la aplicación del impuesto– la tendencia se mantuvo: las compras de bebidas azucaradas descendieron 8 por ciento en comparación con el periodo previo al impuesto (2007-2013) y al corregir las variaciones por otros factores como la estacionalidad y los cambios en la actividad económica. Otro estudio, publicado en marzo de 2017 en la revista Health Affairs, calculó una disminución aún más importante para el 2015: 9.7 puntos.

Con los datos de 2014, investigadores del INSP y de la Universidad de Michigan desarrollaron modelos matemáticos para predecir los posibles beneficios del impuesto en la salud. Así, estimaron que el impuesto permitirá disminuir en 2.5 por ciento la obesidad en adultos para el año 2024 y ayudará a prevenir entre 86 mil y 134 mil nuevos casos de diabetes para 2030. El análisis fue publicado en la revista científica PLOS One en mayo de 2017, año en que se dio a conocer que el 73 por ciento de los adultos en México padecían sobrepeso u obesidad.

Aunque el impuesto ha mostrado beneficios, México se ha quedado rezagado frente a las recomendaciones de la OMS. Esta institución plantea que el impuesto a los refrescos sea al menos del 20 por ciento. Hay países como Reino Unido o India que tienen impuestos de entre el 35 y el 40 por ciento.

Alentadas por los logros alcanzados hasta el momento, organizaciones de la sociedad civil piden que se eleve la tasa del impuesto a las bebidas azucaradas. El INSP también respalda esa propuesta. Cuando divulgó sus pronósticos sobre el impacto del tributo en la salud, afirmó que la evidencia recogida apoya esa idea. “De acuerdo con las proyecciones generadas, el aumento del impuesto a 20% duplicará, al menos, los beneficios del impuesto actual, reduciendo 6.8% la obesidad para 2024 y previniendo entre 171 y 267 mil casos nuevos de diabetes para 2030”, sostuvo la institución.

Por el momento el Estado mexicano no ha tomado la decisión de aumentar el impuesto, ni hay ningún proyecto concreto al respecto. Sin embargo, la discusión acerca de la conveniencia de dar ese paso ya suena en el Congreso. El tema lo ha puesto sobre la mesa Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ramírez, quien encabeza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, opinó que se tiene que evaluar el alza del IEPS, porque “nos quedamos cortos, no lo hemos actualizado desde hace tiempo”.

En una entrevista para el noticiero AristeguiEnvivo, Ramírez argumentó que esta medida se debe tomar ante la gravedad de la expansión de las enfermedades no trasmisibles, que generan cuantiosos gastos. “La situación llegó al límite, estamos en un estado verdaderamente de emergencia”, dijo el diputado.

Este reportaje fue publicado originalmente por Pop Lab. Forma parte de la serie “La salud en la mesa del poder” de la plataforma colaborativa Salud con Lupa, apoyada por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

Segunda entrega: Una fábrica de niños gordos

Primera entrega: Una calculadora para descifrar etiquetas