El periodista comunitario Carlos Choc debió huir de su pueblo por las amenazas que recibió tras reportar la contaminación de un lago y las protestas de la población contra una compañía de níquel. La buscó llevarlo a prisión. Un juez ordenó suspender las labores de la mina y las amenazas arreciaron contra el periodista

Texto: Ángel Sas / Mongabay Latam

Fotos: Carlos Choc, Simone Dalmasso, Sandra Cuffe y Prensa Comunitaria

GUATEMALA.- Carlos Ernesto Choc, de 37 años, vio como una gran mancha roja en aguas del lago de Izabal se acercaba a orillas de su pueblo llamado el Estor, situado cerca de la costa atlántica de Guatemala.  Él se enteró porque algunos pescadores lo llamaron por teléfono  contándole, de forma alarmada,  del fenómeno que nunca antes habían observado a pesar de que llevan toda una vida allí.

Choc, quien es periodista comunitario y en ese momento laboraba en la oficina de gestión ambiental del gobierno local, tomó su cámara y comenzó a documentar para realizar un informe completo para el gobierno local.  Centenares de  vecinos de la comunidad, que tiene unos 15 mil habitantes según datos oficiales,  llegaron asustados pensando que lo que veían era la premonición de una desgracia mayor.

Los pescadores se organizaron y siguieron el rastro de la mancha roja. Fue así que  comprobaron que se trataba de aguas residuales que salían de un punto cercano a  la planta procesadora de níquel, que bajaban por el río Polochic y terminaban en el lago. Esto hizo que comenzaran una serie de protestas  pacíficas que terminaron en el bloqueo de la carretera por donde diariamente pasaban más de 100 camiones de la mina.

La desgracia llegó, pero para Choc. Él no sabía que su vida estaba por cambiar de una manera definitiva: debió huir de su pueblo por amenazas; fue prófugo de la justicia; perdió la custodia de sus hijos y su empleo. Pero también la persecución de la que fue víctima hizo que la justicia volteara a ver a la mayor mina de Níquel de Centroamérica. La Corte Constitucional de Guatemala, máximo tribunal del país, ordenó el 19 de junio último suspender la operación de la mina, realizar una pre consulta y consulta con las poblaciones del área de influencia en un plazo de 18 meses y confirmó en su fallo que la empresa operó por 15 años con un permiso ambiental que no cubría el área total de operación.

Esta decisión de la Corte, sin embargo, no deja de preocupar a Choc: la decisión de los jueces si bien es una victoria para las comunidades que se habían opuesto al funcionamiento de la mina, es una carga para él porque sabe que todavía no puede regresar, de manera definitiva, al pueblo de donde salió por amenazas. Asegura que es visto como un enemigo por los pobladores que respaldan a la mina y por la empresa misma.

“Decidí huir porque tuve miedo por mi vida. Porque las amenazas eran directas. También por la criminalización de mi trabajo. Yo no participé en nada ilegal”, explica Carlos Choc.

La Mancha

En enero de 2017 los pescadores artesanales se sorprendieron cuando el gobierno local prohibió la pesca por tres meses. La veda siempre había sido por un mes para que las especies de peces se pudieran reproducir y mantener de forma equilibrada el ambiente.  Ellos respetaban las disposiciones ya que era la forma de cómo se ganaban la vida.

Justo cuando estaba por acabar la prohibición, en la última semana de marzo de 2017,  apareció la mancha roja.

Esto desató la ira de la Gremial de pescadores artesanales (GPA), quienes buscaron el apoyo de Choc por dos motivos. Por su puesto en la oficina de gestión ambiental donde podía buscar respuestas a su preguntas, pero también porque se trataba de un periodista comunitario que estaba comprometido con temas de ambiente y podía denunciar lo que a ellos les preocupaba. En este caso la contaminación que sospechaban la generaba la mina de níquel.

El proyecto minero de níquel Fénix, como se bautizó, comenzó en la década de 1960. Según informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) —creada en los acuerdos de paz en 1996 para que investigara sobre lo que ocurrió en el país en 36 años de guerra interna— personal de la mina se vio involucrado en actos de violencia contra integrantes de familias indígenas qʼeqchiʼ para poder instalarse.

Se creó con capital canadiense quien lo tuvo en su poder hasta el 2011 cuando fue adquirida por la empresa suiza Solway Investment Group.

A lo largo de su historia, los dueños de la mina de níquel han tenido conflictos con comunidades que se oponen a su operación, pero por primera vez eran señalados como responsables por un incidente de contaminación de esa magnitud.

“Nadie en el pueblo había visto esto. Ni los más ancianos. Los pescadores estaban asustados y con enojo. El intenso color rojo que había en el agua es del mismo color que el polvillo que desprende la planta de la minera”, explicó Choc.

Él continúo con su apoyo a la gremial de pescadores que envió una carta al Ministerio de Ambiente del Gobierno central para que llegara al lugar y realizara una evaluación de las condiciones del agua. Además, vecinos tomaron muestras y las enviaron a organizaciones ambientales para mostrar lo que estaba pasando.

El 1 de abril el Ministerio de Ambiente tomó muestras de la orilla del lago más cercana al pueblo y del muelle principal para realizar un estudio que estuvo a cargo del laboratorio de investigación química y ambiental de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

La mancha roja llegó de lleno a las aguas cercanas al pueblo en la primera semana de abril de 2017. Dos semanas después se incrementó en color y en 15 días terminó de disiparse. Un mes estuvo teñido el lago de rojo. En esos días Choc colaboraba con una radio y también escribía para un medio de noticias independiente llamado Prensa Comunitaria.

Entre el  3 y 4 de mayo del 2017, los pescadores tomaron la decisión de no dejar pasar góndolas que usa la mina para trasladar tierra de una de sus plantas hacia un puerto donde la embarcaban y se la llevan para Ucrania. Les bloquearon el paso al igual que lo hicieron con una de las carreteras para impedir que pasaran los camiones. La medida la mantuvieron por 11 días.

La presión de la noticia hizo que el viceministro de ambiente, Alfonso Alonzo, viajara al lugar acompañado de otros funcionarios. En la primera reunión, celebrada el 10 de mayo, el viceministro se comprometió ante la población que se investigaría y se sancionaría a la mina si se encontraba responsable del hecho. Para ello ofreció análisis del agua y hasta un estudio de impacto ambiental nuevo.

“Ese día todos estaban felices. Porque al fin había una respuesta de parte del gobierno, pero fue algo que no duró mucho”, cuenta, Choc.

Tres días después, el 13 de mayo,  Alonzo regresó y dijo que lo único que podía hacer por ellos era darles un proyecto alternativo a la pesca y les ofreció entregarles diez gallinas y un gallo. De las otras promesas ni habló.

El ex ministro de ambiente, Sydney Samuels, jefe de Alonzo en ese entonces, explicó en una entrevista con Mongabay Latam que él no había autorizado eso. Que ese programa era para otras comunidades, pero no allí. “No sé por qué ofreció eso. Sí me enteré. El programa que debía ofrecerseles era que a los pescadores se les diera la oportunidad de  limpiar el lago por un sueldo. Ese programa era para allí”, precisó el ex funcionario.

El 15 de mayo el Ministerio de Ambiente publicó un comunicado diciendo que no había evidencia de que la contaminación del lago fuera producto de la mina, sino de la población que vive cerca del lago. Esto hizo estallar la furia de los comunitarios.

Choc iba reportando todos los días las respuestas de los funcionarios. Esto provocó el enojo del alcalde, Rony Méndez, quien el 17 de junio lo despidió de su puesto en la oficina de gestión ambiental, supuestamente porque cometió una falta grave al usar sus horas libres para reportar lo que sucedía en el pueblo.

El problema estalla

Los pescadores molestos porque ya no tienen respuestas, y además los culpan de ser los responsables de la contaminación, deciden realizar un nuevo bloqueo el 27 de mayo, pero para su sorpresa un grupo de policías antidisturbios los estaban esperando

Los pobladores intentaron cortar la calle, pero fueron recibidos con bombas lacrimógenas. Ellos intentaron defenderse lanzando piedras, pero en un momento escucharon disparos.

Carlos Choc, que ya había sido despedido, estaba en el lugar y logró capturar el momento cuando el pescador Carlos Maaz cae mortalmente herido. “Filmé el momento. Tomé fotos y me llamaron de un canal nacional donde conté lo que pasaba. La Policía negaba que habían muertos y habían sido ellos, pero yo estaba en el lugar y ese fue un grave problema para mí”, explica Choc.

Maaz murió por una herida de arma de fuego. Hasta el momento ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el Ministerio Público (MP) han presentado resultados en la investigación del crimen.

Después de la protesta él se dirigió hacía su casa para redactar la noticia de lo que había ocurrido. Cerca de las 9 de la noche recibió la primera llamada: “Sabemos dónde vivís y vamos a llegar por vos”.  En la segunda llamada la voz de un hombre le dijo que tenían algo que resolver. “Queremos hablar con vos tenemos un asunto que arreglar”,  pero él colgó  y ya no respondió. Así que le enviaron un mensaje de texto con la amenaza que ya estaban cerca. “Estamos preguntando  dónde vivís. Contestá”. Lo leyó y apagó el teléfono. Después salió de su casa junto a sus dos hijos para quedarse en casa de un vecino. Ya no regresó a vivir a ese lugar.

Dos días después de aquella protesta, el 29 de mayo, el Ministro de Ambiente, Sydney Samuels ofreció una conferencia de prensa para informar los resultados del análisis del agua realizado por la Universidad estatal de Guatemala.

“No encontramos nada que pueda venir de la empresa de Níquel. Lo que encontramos fue esta contaminación que viene de la cuenca del río Polochic”, dijo en ese momento Samuels. Agregó que el análisis determinó que en el lago hay un alga verde que fue el motivo por el que tomó el color rojizo.

Samuels matiza ahora, tres años después, que el estudio no era definitivo y que debían realizarse otros. Que el estudio decía que eran químicos que la compañía de níquel no solía usar, pero no se había descartado del todo que sí viniera de allí. “Ese era el estudio pendiente. El que debía realizarse y confirmarse: si los químicos sí habían salido de allí o no”, le dijo Samuels a Mongabay Latam. Agregó que en ese proceso estaba cuando en enero del 2018 renunció al puesto. Aunque, según sabe, jamás se realizó ese estudio. Sin embargo en aquel entonces las declaraciones del funcionario sí fueron contundentes.

Esto llevó a los pescadores, un grupo de vecinos y empresarios hoteleros a solicitar otros dos estudios del agua que se realizaron en Alemania. Por esto se tomaron las muestras el 20 de agosto de tres sectores: cerca de donde la mina elimina su agua residual; lugares cercanos a la mina y en el centro del lago.

Uno de ellos fue realizado por el Instituto de higiene ambiental y toxicología del área del Ruhr en Alemania donde se encontró que había una cantidad elevada de níquel y otros tipos de metales.  El segundo estudio fue realizado por el departamento de Salud ambiental y de la protección del agua de Renania del Norte, estado federado de Alemania.  En este también se establece que la cantidad de níquel es más alta del máximo admisible.

Choc continúo reportando en un periódico digital llamado Prensa Comunitaria sobre lo que ocurría en municipios cercanos. Intentó ya no involucrarse mucho en el caso del lago hasta que recibió una llamada de parte de los pescadores en la primera semana de agosto.  “Me dijeron ‘nos urge hablar con vos’. Tomé mi cámara y micrófono y fui hacía donde ellos estaban. Cuando llegué me informaron que tenía una orden de captura al igual que ellos”.

El Ministerio Público aún no había dado resultados en la investigación de la muerte del pescador, pero sí en una denuncia que interpuso la minera contra 10 pescadores, Choc y un compañero periodista.

Choc explica que quedó asombrado. “Yo jamás he tenido problemas con nadie. Ningún conflicto con la ley. No creía lo que estaba pasando. Sólo reporté lo que pasaba, jamás me involucré”, explica el reportero comunitario.

Los fiscales acusaron a Choc y 11 personas más de los delitos de detención ilegal, amenazas, daños, instigación a delinquir, asociación ilícita. A criterio del Ministerio Público Choc estaba entre las personas que bloquearon la carretera para impedir pasar los camiones.  Además argumentaban que había participado en la retención de un ucraniano, un ruso y dos guatemaltecos. “Yo ese día ni estuve ni sé si pasó”, aclara Choc.

Grahame Russell, Director de la ONG Rights Action, que apoya a comunidades que se oponen a industrias extractivas que no respetan al medio ambiente, explicó que trabaja en Guatemala desde el 2004 y ha visto cómo estas compañías, apoyadas por el Gobierno del país, han utilizado al sistema jurídico para llevar acciones contra quienes son incómodos. En este caso los pescadores y los periodistas, entre ellos, Carlos Choc.

“No es algo nuevo, pero ellos son las más recientes víctimas…lo usan como una herramienta de represión presentando cargos falsos. Con esto se malgasta el tiempo, dinero y energía de quienes se oponen a la minería”, explica Rusell. Añade que la lista de quienes han sido objetivo de la empresa registrada en Suiza es larga.  “Está el caso de Ramiro Choc, líder comunitario que se opuso a la mina, y pasó en un proceso legal por seis años. Nosotros ya hemos denunciado esto al gobierno Suizo”, afirmó.

Mongabay Latam intentó obtener la versión de la Compañía de Níquel, pero después de enviar correos e intentar tener una conversación telefónica con el nuevo jefe de comunicación, David Orellana, no fue posible ubicarlo. En la oficina que la empresa tiene en la ciudad de Guatemala se indicó que la única forma era visitarlos en la sede de la ciudad de Izabal.

Comienza a huir

Carlos Choc no tomó en serio la orden de captura. En parte porque se consideraba inocente y además porque la Policía no fue a allanar su antigua vivienda como ocurre en estos casos.

Para ese entonces seguía viviendo en el municipio, pero en otra colonia. Las amenazas continuaban y cuenta que a veces observaba a vehículos quedarse estacionados fuera de casa por horas.

Pasó septiembre y octubre del 2017, pero en noviembre es capturado su compañero Jerson Xitumul. Allí entendió que el proceso en su contra iba en serio y supo por su amigo que también lo buscaban para detenerlo.

Choc tuvo que tomar una difícil decisión: separarse de sus dos hijos de los que tenía la custodia acordada con la madre, quien ya tenía otro matrimonio. Aún así la buscó y le explicó que debía dejárselos por un tiempo, pero ella no podía recibirlos.

“Lo más complicado fue alejarme de ellos. Les expliqué lo que pasaba  y los dejé con mi hermana. Yo debí huir del lugar mientras encontraba mi defensa legal”, contó el periodista comunitario.

Choc se vio obligado a buscar la ayuda de un abogado y aunque tenía la intención de presentarse en diciembre ante el juzgado, este le aconsejó que lo hiciera en febrero de 2018. Él llevaba ya cinco meses huyendo fuera de su casa y de su pueblo.

Llegó al juzgado de la ciudad de Puerto Barrios el 18 de febrero de 2018 porque se realizaría una audiencia contra los 10 pescadores. Así aprovechaba para unirse al proceso, pero el juez suspendió la audiencia. Lo hizo en diez oportunidades más. Él se quedó a vivir en un pueblo cercano para no separarse mucho de su familia.

Fue hasta el 22 de enero de 2019 que se llevó a cabo la audiencia de Choc. El juez decidió mantenerlo dentro de la causa a pesar de que el Ministerio Público indicó que no había encontrado pruebas de su participación en los delitos que se le acusó.  Aún así le dictó arraigo y la obligación de firmar el libro del juzgado cada 30 días.

Carlos Choc pensó que todo estaba por terminar y decidió regresar a vivir a El Estor, pero no fue así. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) negó la solicitud de los abogados para detener las operaciones de la mina. Entonces los abogados presentaron un recurso legal ante la máxima corte de Guatemala: la Corte de Constitucionalidad.

Esto hizo que la vigilancia a su casa, según precisa Choc,  regresara. Denunció a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)  que vehículos se estacionaban fuera de su vivienda por varias horas. Incluso señaló que algunos hombres preguntaban a integrantes de la comunidad por él.  Así que decidió volver a salir del pueblo para evitar problemas y sólo regresaba para ir al juzgado a firmar.

Detienen operaciones de la mina

El 18 de julio de 2019, la Corte de Constitucionalidad ordenó que se detuviera la producción de la mina ya que se determinó que jamás se consultó a las comunidades que se verían afectadas. La decisión fue fundamentada en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que ordena que se debe realizar consultas comunitarias antes de otorgar licencias de explotación minera.

La decisión de la Corte era en primera instancia por lo que debía ratificarse en un nuevo fallo de los magistrados.  Esto causó que trabajadores de la mina rodearan la sede de la Corte pidiendo que se cancelara la suspensión.

Sin embargo la mina siguió operando ya que presentaron un recurso legal para que se les explicara la sanción y otro para revertir el fallo.

El 18 abril de este año hombres ingresaron a la casa de Choc, quien tras el fallo de la Corte había decidido volver al Estor en enero de 2019. Robaron sus pertenencias entre ellas su cámara fotográfica. Después de este evento se vio obligado a irse nuevamente del pueblo por temor a su vida.

“He vivido unos años de ir y venir. De no tener paz por el proceso legal y por las amenazas constantes. Todo por hacer mi trabajo. Ha sido muy duro sobre todo por mi hijos”, precisa Choc.

“Las amenazas eran constantes. Justo se llevaron su cámara fotográfica, sus teléfonos celulares y memorias donde había información de los dos reportajes que estaba realizando en ese momento que trataban  del desabastecimiento del agua y deforestación por parte de la mina”, explicó Ruth del Valle, defensora de periodistas de la Procuraduría de derechos Humanos (PDH).

Del Valle explicó que después de analizar el caso se determinó que la causa contra Choc es por el trabajo que ha realizado denunciando el abuso del Estado y el poco compromiso de la mina de níquel por cuidar el medio ambiente.

El pasado 19 de junio la Corte de Constitucionalidad dio una resolución definitiva que sorprendió a Rafael Maldonado, el abogado que presentó la solicitud para que se detuviera el proyecto.

“La corte ordenó que las operaciones debían detenerse. Esto porque sólo tenía un estudio de impacto ambiental de 6.29 kilómetros cuadrados y la licencia de explotación era de 247.99 kilómetros cuadrados. Ellos tenían una licencia fraudulenta”, precisó Maldonado.

La empresa se pronunció en julio a través de un comunicado en su página web indicando que seguiría la orden de la Corte. “Sin embargo, como empleador responsable de la vida de más de 2000 trabajadores y sus familias, tomaremos todas las medidas necesarias para no detener nuestras operaciones dentro de lo que sea posible según el marco legal”, se podía leer.

Esto fue contraproducente para Choc y los pescadores ya que desde la empresa, asegura el periodista, decían a los trabajadores que ellos eran los responsables. Choc decidió trasladarse hacia otro departamento de manera indefinida donde ahora se encuentra esperando que no hayan más ataques contra él.

Del Valle explicó que duda que Choc pueda regresar. En las últimas semanas han visto cómo han aumentado los ataques de parte de trabajadores de la mina hacia quienes se oponen. Ellos ven ahora a Choc como uno de los responsables de la decisión de la Corte.

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Este trabajo fue realizado por el equipo de Mongabay. Lo reproducimos con su autorización. Forma parte de la serie Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento. Aquí puedes ver la tercera entrega: La minería condenó al exilio a Ira Lemus.