Masacres, asesinatos atroces, incineración de cuerpos, colusión de autoridades. El camino que siguió el cartel de Los Zetas para convertir a un próspero estado minero en un infierno. Los secretos de su invasión a la vida de millones de personas empiezan a conocerse

Texto: Alberto Nájar. 

Fotos: Mónica González

La niña tenía seis años de edad. Secuestrada junto a su familia por una estaca (célula) de Los Zetas gritaba aterrorizada cuando recibió el primer hachazo en una rodilla.

A ese primer golpe siguieron otros. Fue desmembrada en vida. Su padre presenció la brutal escena: los sicarios le obligaron a ver, a no perder detalle.

El asesino, Marciano Millán Vázquez, “El Chano”, reía a carcajadas. Luego siguió con la madre y al final con el hombre. Asesinados de la misma forma atroz. Los restos de la familia fueron incinerados en un barril con diésel.

Terror. Es la única palabra para describir el camino con que el cartel de narcotráfico, uno de los más violentos del continente, virtualmente se apoderó de la vida de millones de personas en Coahuila.

La historia se contó entre 2013 y 2016 en tres juicios realizados en Sm Antonio, Del Río y Austin, Texas, contra ex integrantes y cómplices de la organización.

Los testimonios fueron analizados y se reunieron en el informe “Control…. Sobre Todo el Estado de Coahuila” que se presentó el 6 de noviembre en Ciudad de México.

Fue realizado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila.

Los interrogatorios permitieron crear un mapa de la influencia profunda de la organización en la vida cotidiana del estado, que se convirtió en su cuartel general por varios años.

Pero sobre todo confirmó la colaboración de las autoridades en la construcción del refugio zeta, donde vivieron tranquilamente los principales líderes del cartel como Heriberto Lazcano, El Lazca o Z1, y donde tras su muerte permanecieron sus sucesores.

Coahuila era suyo. Los testigos relataron que cientos de personas fueron secuestradas o asesinadas por la simple sospecha de que colaboraban con sus adversarios.

Fue el caso de cuatro niños, vendedores de periódicos en Piedras Negras, a quienes “El Chano” ordenó ejecutar y luego incinerar sus restos. El capo creía que eran soplones de la Marina.

O la cacería de un ex zeta conocido como “El Tucán”, a mediados de 2012. El cartel estableció retenes en las calles de Piedras Negras e interrogó a todas las personas que entraban o salían de la ciudad.

Todo enfrente de policías municipales y del estado. Cuando en el juicio realizado en San Antonio el fiscal preguntó al testigo Saúl Fernández que hicieron las corporaciones ante ese despliegue ilegal de personas armadas, respondió: “Bueno, actuaban como que no estaba pasando nada”.

El control de las policías fue absoluto. En el juicio de San Antonio el testigo Jorge de León Navarro contó que una vez fue detenido en Piedras Negras cuando transportaba un cargamento de droga.

Uno de sus compañeros advirtió a los policías que llamaría a “El Chano”, quien era el jefe de plaza en la ciudad. Entonces los agentes los escoltaron hasta el sitio donde se encontraba el capo.

• 

• 

• 

Los amigos Moreira… Y el anfitrión Javier Duarte

El terror fue una estrategia efectiva para Los Zetas, pero de crueles consecuencias para la población. Más de mil 600 personas desaparecieron a partir de 2007, cuando el cartel llegó al estado.

También hubo pueblos arrasados, como el caso de Allende donde murieron unas 300 personas, la mayoría incineradas. O la masacre de Piedras Negras cuando 40 personas, integrantes de dos familias y entre ellas varios niños, fueron ejecutados en una plaza.

Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de las autoridades.  Y entre ellas dos gobernadores, los hermanos Humberto y Rubén Moreira.

El testigo Rodrigo Uribe Tapia dijo en el juicio realizado en San Antonio que la organización entregó millones de dólares a colaboradores cercanos a Humberto Moreira, quien fue gobernador entre 2005 y 2011.

“Se hizo a través del señor Vicente Chaires y Jesús Torres Charles” secretario particular y procurador de Moreira respectivamente.

“Lo hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al Procurador General y eso fue por protección. Fue el acuerdo al que habían llegado con el señor Humberto Moreira, quien era el gobernador de Coahuila en ese entonces”.

El dinero de Los Zetas también se entregó a la campaña del actual gobernador Rubén Moreira, así como a varios presidentes municipales de Piedras Negras.

El mandatario niega los señalamientos. “Mi administración jamás ha tenido un vínculo con la delincuencia y prueba de eso es cómo hemos disminuido la violencia”, afirma Moreira.

El dinero del cartel alcanzó para financiar a políticos de estados vecinos. Por ejemplo los testigos refieren haber entregado doce millones de dólares para la promoción del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, con la esperanza de que les ayudara a conseguir contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los vínculos zetas alcanzaron al ex gobernador Javier Duarte, hoy preso acusado de corrupción. Uribe Tapia describió en el juicio una reunión de Lazcano, un capo conocido como “Cien” y Daniel Menera, otro lugarteniente del cartel con una contadora.

El encuentro se realizó en una residencia de Duarte. Al terminar la reunión “Lazcano mató a la contadora en el jardín de esa casa”, señaló el testigo.

Los sobornos alcanzaron a presidentes municipales, sobre todo de Piedras Negras, así como diputados y delegados de algunas dependencias federales, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad  (CFE).

De hecho según los testigos el cartel le vendió carbón mineral a la entonces paraestatal, especialmente el que se extrajo de minas propiedad de “El Lazca”.

Esperanza ¿fallida?

Una reciente y popular etiqueta en Twitter es: #LaCorrupcionMata. Se refiere a los casos de desvíos de dinero o construcciones mal hechas que provocaron accidentes mortales o, en los recientes sismos de septiembre, el colapso de edificios que no fueron revisados por autoridades.

Pero se puede aplicar también al caso de Coahuila. La corrupción de autoridades en los últimos años dejó una huella profunda en miles de personas que perdieron a sus hijos, parejas, amigos.

La organización de Los Zetas perdió casi toda la fuerza que logró acumular desde su cuartel general. Sus fundadores, ex militares de élite reclutados por el Cartel del Golfo, murieron o están detenidos.

En sus años de esplendor tuvieron presencia en 24 estados del país. Ahora su territorio se limita a una parte de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, y pelean además el control de la Riviera Maya en Quintana Roo.

Pero su debilitamiento no significa justicia, mucho menos para las víctimas. “Fue un infierno pero todavía lo padecemos día a día, noche a noche”, dice María Elena Salazar, de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC).

Hace ocho años desapareció su hijo Hugo Marcelino González en Torreón, la ciudad más próspera de Coahuila. Desde entonces no hay noticias de su paradero.

Fue una de las víctimas de la invasión que Los Zetas emprendían en el estado. “Mi hijo desapareció justo en ese tiempo, durante esa ola de violencia”, recuerda.

Es una de las lecciones no aprovechadas de los juicios en Texas y que el informe ahora pretende impulsar, dice Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos que realizó el estudio.

“El gobierno de Estados Unidos tiene información que debería compartir al gobierno mexicano y a organismos independientes de la sociedad civil”, subraya. “Permitirían esclarecer violaciones a derechos humanos, especialmente casos de personas desaparecidas”.

De hecho los testigos aportaron datos específicos de los sitios donde cientos de personas fueron asesinadas y sus cuerpos incinerados o sepultados en fosas clandestinas.

Parte de esa información se entregó al gobierno de Coahuila pero se quedó archivada. En algunos casos la Procuraduría estatal aseguró que no encontró los sitios señalados. Pero en otros los policías, abiertamente, se negaron a entrar.

También hay informes que las autoridades estadounidenses mantienen reservada. No se sabe por qué.

Los datos alimentan la posibilidad de concluir con muchas de las tragedias personales que abundan en Coahuila. Al final del día no está claro si la esperanza resultará fallida.

• 

• 

• 

• 

---

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.