El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentó ayer su quinto y tal vez último informe de gobierno en medio de una inédita ola de violencia, capos del narcotráfico la eligieron como refugio y surgen, con más frecuencia, los casos de justicia por mano propia. Pero esa realidad no existe en el mundo de Miguel Ángel Mancera
Texto: Alberto Nájar.
Fotografías: Mónica González
Es un restaurante modesto en la colonia Tabacalera, a unas calles del Monumento a la Revolución, en el centro de la Ciudad de México. Nada tiene de particular excepto que casi todo el año ofrece cocteles con Pata de Mula, un molusco con carne marrón, de consistencia más dura que los ostiones y que según la leyenda es uno de los mariscos más afrodisíacos.
Por eso lo visitan sus clientes habituales. En el Ejército y la Secretaría de Marina lo conocen por otras razones: En ese pequeño negocio, a principios de 2017, Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, se entrevistó con un hacker que lo grabó clandestinamente con su teléfono móvil.
Fue la evidencia más contundente de que el principal colaborador de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, vivía en la capital del país.
Discreto, con perfil bajo. Tan tranquilo que se dio el gusto de comer un plato de Vuelve a la Vida con su espía.
Lo que siguió después, la captura del capo en un edificio de clase media alta donde vivía como un vecino más, es conocido. Como resultó conocido para muchos que en Tláhuac operaba desde hace tiempo una banda vinculada al cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
Y antes se sabía del crecimiento exponencial de la gavilla La Unión de Tepito, responsable de decenas de asesinatos y cientos de extorsiones a comerciantes del Centro y la Condesa.
Todos lo sabían, menos uno: Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de Ciudad de México y responsable, oficialmente, de la seguridad en la capital del país.
En los casi cinco años que lleva en el cargo se ha negado sistemáticamente a aceptar que los carteles de narcotráfico y otros grupos de delincuencia organizada operan en la ciudad.
Tampoco acepta que existe una inusual oleada de violencia, con niveles que no se veían desde 1997, uno de los peores años de la historia para la seguridad de los capitalinos.
A cada señalamiento hay una negativa del jefe de Gobierno, a contracorriente de las evidencias. Incluso internacionales.
Hace dos años en su informe México: actualización del tráfico de drogas; áreas de las organizaciones de control dominante, la DEA estableció que en la ciudad gobernada por Mancera operaban al menos cinco carteles: Sinaloa, Los Zetas, Beltrán Leyva, el Cartel del Golfo y Los Caballeros Templarios, aún con vida en 2015.
Mancera dijo entonces que la Procuraduría General de la República (PGR) no tenía evidencia de la operación de esos grupos.
“Los capos cuando los capturan una de las preguntas recurrentes es si estaban establecidos en Ciudad de México, ellos mismos dicen que operativamente no les resulta compatible”, subrayó.
Dos años después la realidad lo encaró cuando en Tláhuac infantes de Marina y la Policía Federal atacaron la guarida de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, vinculado a la banda que encabezó Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
El Ojos creó una extensa red de tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y asesinatos en las zonas sur y oriente de Ciudad de México. Su grupo creció con el apoyo de autoridades, el rasgo fundamental de la delincuencia organizada según las definiciones jurídicas nacionales e internacionales.
Pero el doctor en derecho, ex procurador y abogado litigante Miguel Ángel Mancera dijo que no. Lo que encabezaba Pérez Luna era una banda. No delincuencia organizada.
Los números del miedo
Un rasgo del Período Mancera son los llamados “vengadores anónimos”, “justicieros” o “ángeles exterminadores”, personas que matan a asaltantes del transporte público de la capital de México.
De ellos se publica con frecuencia en los últimos años, una muestra de la creciente violencia que invade a Ciudad de México. Y también de que la estrategia oficial de negar la inseguridad hizo crisis.
“Hay un binomio de corrupción e impunidad, la gente lo ve, no se siente protegida”, explica René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En eso coincide el especialista en seguridad Alejandro Hope. Los vengadores anónimos son consecuencia, afirma, “de un vacío de autoridad”.
Se nota. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el delito más frecuente en la capital mexicana es el asalto o robo en la calle y transporte público.
Además la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana revela que el 71.7 por ciento de los capitalinos se sentía inseguro al usar el transporte público.
Los sondeos fueron realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), pero no son los únicos con malas noticias. Datos del Centro de Análisis de Políticas Públicas señalan que en Ciudad de México existen al menos seis rutas especialmente peligrosas para usuarios de autobuses y microbuses. Son calles de las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, en el norte de la ciudad, así como en Iztacalco en el oriente.
La información, obtenida con encuestas entre usuarios, señala datos tan precisos como por ejemplo un tramo de 113 metros en la calle Tonantzin, de Gustavo A. Madero, donde es muy conocido que ocurren los asaltos.
Otro ejemplo son los autobuses que comunican la estación del Metro de Indios Verdes a Ecatepec, en el Estado de México.
Allí existen reportes de por lo menos cuatro asaltos por semana, y donde también se han presentado casos de ladrones asesinados por pasajeros.
Estas zonas son uno de los ingredientes para cocinar a los vengadores anónimos, insiste el investigador Jiménez Ornelas.
“La gente se ha visto obligada a organizarse”, señala. “Los vengadores han aparecido varias veces en la historia pero eran casos aislados. En la época actual ya no están tan aislados en el tiempo”.
Para los expertos, como para millones de capitalinos, es claro que la violencia se recrudece en las calles. Pero las autoridades ven otro panorama. No creen, por ejemplo, que existan los “ángeles exterminadores”.
La Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México señala que los casos donde mueren los asaltantes de transporte público no tienen relación entre sí.
Además, no existen elementos para sustentar que una o varias personas se dediquen a cazar a los delincuentes.
De hecho las investigaciones señalan una alta probabilidad de que los ataques sean por casualidad, es decir que los ladrones intentaron robar en autobuses donde viajaban otras personas armadas, como policías o militares que no estaban en servicio.
Más allá de la justificación, haya o no vengadores anónimos, el que los capitalinos deban defenderse por sí solos evidencia la ausencia de autoridad en la segunda metrópoli más grande del mundo.
“La gente se ha visto obligada a organizarse, siente que debe hacerlo porque si no te asaltan, te matan, extorsionan, cobran el derecho de piso”, insiste Jiménez Ornelas.
Son más que palabras. El dato más reciente del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) sobre incidencia delictiva señala que, hasta julio pasado, en Ciudad de México se presentaron 115,034 denuncias por delitos diversos ante el Ministerio Público.
El 49 por ciento del total, 57,270, fueron robos. Un promedio de 270 denuncias al día, 11 cada hora. Son los casos que llegan a la PGJCM pero la cifra negra es, según organizaciones civiles como Semáforo Delictivo, del 94.7 por ciento.
Hay sondeos, como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que se diseñaron para medir, lo más cercano posible, el nivel de miedo y violencia real de los mexicanos.
Uno de los elementos centrales de esta medición es la cifra negra. La que no aparece en las estadísticas oficiales. En la capital mexicana la realidad es muy distinta a la que presenta el jefe de Gobierno.
Refugio dorado
Negar la violencia sólo ha provocado que se profundice en Ciudad de México, porque se detienen las acciones que deberían adoptarse para combatirla, sostienen especialistas.
Un ejemplo son los carteles de narcotráfico que desde hace décadas mantienen a la capital como un importante centro de operaciones financieras. Los capos suelen visitarla con frecuencia.
En 1991, por ejemplo, Joaquín Guzmán fue detenido en la Zona Rosa y tras un pago de miles de dólares fue liberado. Y por esa época Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, escapó de un atentado de los hermanos Arellano Félix en el restaurante Bali Hali, en Insurgentes Sur.
Años después, en 2009, fue detenido en Santa Fe Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo del actual jefe del Cartel de Sinaloa Ismael Zambada Niebla, El Mayo.
En los últimos dos años, además de Dámaso López –detenido en la colonia Anzures- han sido detenidos en la ciudad de México Cleofas Martínez Gutiérrez, el segundo en el mando del Cartel del Golfo; Jesús Mazari Taboada, uno de los principales líderes de la banda de Los Rojos, involucrada en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; y Edén Parra López, El Alacrán, líder del Cartel Independiente de Acapulco, quien permaneció en un hospital en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma, mientras se curaba de sus heridas.
Las capturas de capos son una parte de la historia, porque en los últimos años, y particularmente en el período que gobierna Miguel Mancera, han elegido a la ciudad como su refugio.
“Pasan desapercibidos, ¿aquí quién se fija en los vecinos?”, dice Martín Barrón, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. “No le pones atención, es normal ver gente con guardaespaldas y autos de lujo, tu no sabe a quién pertenece, no preguntas”.
Un elemento adicional es que Ciudad de México es el mayor mercado de drogas del país, con miles de “tienditas” y consumidores para abastecer. La cocaína, marihuana, anfetas, tachas y otras sustancias no llegan solas.
Además, según la PGR, después de Manzanillo el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, es el segundo mayor puerto de entrada para precursores con que se fabrican drogas químicas.
Sin contar el atractivo que representa la economía local para limpiar las ganancias ilícitas, especialmente en los últimos años cuando se ha registrado un inusual crecimiento en la construcción de edificios de lujo y desarrollos comerciales.
“Es un mercado para el lavado de dinero, imagínate cuántas inmobiliarias hay”, explica Barrón. “Ve simplemente en (la delegación) Benito Juárez cuántas construcciones hay, en Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo. No digo que todas sean lavado pero no se puede descartar tampoco”.
¿Y cuál suele ser la respuesta del Jefe de Gobierno? Difícil precisar. En la ciudad, dice, “hay trata de personas y lavado de dinero”, ha reconocido en varias entrevistas. Pero luego suele puntualizar. “Lo que nosotros no tenemos aquí, y que ha sido reportado por las autoridades porque además es competencia federal, es un asentamiento de carteles”.
En cambio, el gobierno de la Ciudad de México ha sido especialmente duro con los manifestantes. Un sello que ha caracterizado a la administración de Mancera ha sido el uso de la fuerza policíaca contra quienes protestan.
Los especialistas en seguridad y delincuencia organizada creen que ahora, en su último año de gobierno –Mancera no oculta su deseo de participar en la elección de 2018- es difícil tapar la realidad que padece Ciudad de México.
Dice Barrón: “Esa negación para él y su equipo se ha convertido en una afirmación. El Jefe de Gobierno insiste en eso, pero los hechos lo desmienten”.
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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx».
Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service.
Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.
Fotógrafa egresada de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha colaborado en distintos medios y revistas nacionales e internacionales. Obtuvo la beca Fonca en la edición 2009-2010 y 2013-2014 Premio Nacional de Periodismo 2011 de Fotografía por el proyecto Geografía del Dolor. Premio Nacional de Periodismo 2006 otorgado por el Club de Periodistas de México y el IPN en categoria Fotografía Reportaje por su trabajo de migrantes en la frontera de Sonora y Arizona.
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