La retracción de un artículo que negaba el peligro del glifosato revela cómo la ciencia es manipulada por la industria. El estudio, invalidado por fallas que vinculan a Monsanto, fue firmado por académicos prestigiosos, exponiendo las «puertas giratorias» entre la ciencia, las autoridades reguladoras y las corporaciones

Texto: Erica L. Hagman Aguilar^[1] y Alejandro Ruíz

Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras 25 años de publicación, la revista científica Regulatory Toxicology and Pharmacology ha retractado formalmente un influyente artículo del 2000 que declaraba que el herbicida Roundup, en las condiciones de uso, «no representa un riesgo para la salud humana». 

La decisión editorial, que ha resonado a nivel mundial, descarta al estudio que había sido citado frecuentemente para respaldar la seguridad del glifosato y las formulaciones de plaguicidas que lo contienen. No obstante, la investigación original era de alcance más amplio: evaluaba no solo la supuesta no carcinogenicidad del glifosato, sino también los riesgos de su principal metabolito (el ácido aminometilfosfónico o AMPA), del surfactante POEA usado en las formulaciones comerciales y del producto formulado completo de Roundup®, la marca emblemática de Monsanto (ahora propiedad de Bayer) para sus herbicidas basados en glifosato.

El artículo, hasta nuestros días, se considere una piedra angular para la propaganda de la industria de los agrotóxicos a nivel mundial. Sus autores, los que firman el estudio y los ocultos como se verá más adelante, abarcaron en sus conclusiones todo lo que pudieron para afirmar, bajo análisis sesgados, que glifosato es inocuo, en tanto que, a su decir, no representa riesgos para la salud humana. 

La retracción del artículo, además, llega en un momento complejo, pues el panorama regulatorio global del glifosato presenta un mosaico fragmentado y en constante evolución. Mientras la Unión Europea renovó, mediante proceso controversial combatida ante la corte europea, su autorización hasta 2033, países como Alemania, Luxemburgo, Austria y Vietnam han implementado prohibiciones totales a nivel nacional. Otros, entre ellos Francia, Países Bajos, Bélgica y diversas regiones de India, Colombia y Argentina, aplican restricciones severas o vetos parciales que limitan su uso a la agricultura profesional o lo excluyen de espacios públicos y aplicaciones domésticas. Esta divergencia, sustentada en evaluaciones de riesgo ambiental y de salud que a menudo entran en conflicto, refleja la profunda polarización científica y política en torno a una de las sustancias agroquímicas más utilizadas y controvertidas del mundo.

Entre estos, el caso de México destaca como uno de los procesos regulatorios más ambiciosos y complejos a escala global. El gobierno mexicano decretó en 2020 la restricción gradual del glifosato, con el objetivo de lograr su eliminación total para 2024 y transitar hacia alternativas como la agroecología. Sin embargo, esta medida se ha visto inmersa en intensas presiones comerciales y disputas legales, principalmente con juicios de amparo promovidos por la agroindustria y con el gobierno de Estados Unidos que ha dicho que las medidas de México, sobre el glifosato, podrían considerarse barreras no arancelarias. 

No obstante, muchos de los argumentos que se invocaron para evitar la prohibición total del glifosato en nuestro país son básicamente los mismos que se encontraban en este artículo, ahora retractado. 

Argumentos sin validez

A detalle, el conjunto de afirmaciones, hoy retractadas: la absorción oral de glifosato y AMPA, de manera general, es baja y en piel es muy baja; ni el glifosato ni el AMPA se bioacumulan en ningún tejido animal; no se observó toxicidad significativa en estudios agudos, subcrónicos ni crónicos; la exposición ocular, si es del concentrado, puede provocar irritación transitoria, pero, en las diluciones normales hay efectos mínimos; no se encontró evidencia convincente de daño directo al ADN, Roundup y sus componentes no representan un riesgo de mutagenicidad en humanos; diversos estudios de alimentación, a lo largo de la vida (sic.), no han demostrado algún potencial tumorigénico para el glifosato, de modo que el glifosato no es carcinógeno; tampoco es teratogénicos ni tóxicos para el desarrollo, como tampoco lo son el AMPA y la POEA; no hay efectos sobre la fertilidad o parámetros reproductivos, ni en tejidos reproductivos de animales tratados con glifosato, AMPA o POEA, según estudios crónicos y subcrónicos; tampoco se mostraron en la modulación endocrina, así que se concluye que el uso de Roundup no produce efectos adversos en el desarrollo, la reproducción o los sistemas endocrinos en humanos y otros mamíferos; para fines de evaluación de riesgos, se identificó que no hay efectos adversos observados (NOAEL), según todos los estudios subcrónicos, crónicos, de desarrollo y reproducción, con glifosato, AMPA y POEA.

Actualmente, está ampliamente documentado que todos estos agentes químicos (glifosato, AMPA y POEA) tienen perniciosos efectos sobre la salud y el ambiente, con efectos agudos, crónicos y subcrónicos. Hoy podemos afirmar con cuantiosos estudios científicos, libres de conflicto de interés, que el glifosato es carcinogénico, a través de cinco mecanismos, incluido el estrés oxidativo, produciendo diferentes tipos de cáncer en órganos vitales y tejidos de todo tipo, hay evidencia en animales y humanos; actúa como disruptor endócrino, alterando sistemas reproductivos, con efectos que se heredan hasta por tres generaciones; penetra la barrera hematoencefálica y se relaciona con enfermedades neurodegenerativas; daña el microbioma del aparato digestivo y produce una multiplicidad de enfermedades metabólicas. Sin dejar de ver los efectos ambientales y socioeconómicos, también estudiados y ampliamente difundidos.

Y bien, Alexander Kaurov, astrofísico y candidato a doctor en la Escuela de Ciencias de la Sociedad de la Universidad Victoria de Wellington, y Naomi Oreskes, historiadora de la ciencia en la Universidad de Harvard, realizaron una petición de retracción del mentado artículo después de publicar sendos artículos, uno académico de septiembre de 2025 y otro de opinión de octubre de mismo año, sobre la influencia corporativa en la ciencia, exponiendo el caso del glifosato y los Monsanto papers. 

La retracción no tardó en llegar, estuvo a cargo del coeditor en jefe de la revista internacional Regulatory Toxicology and Pharmacology, Martin van den Berg, toxicólogo y profesor emérito de la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, y se basa en siete puntos: 

Evaluaciones de carcinogenicidad y genotoxicidad. Las conclusiones se basaron exclusivamente en estudios hechos por la agroindustria, particularmente, investigaciones inéditas de Monsanto Co., excluyendo otros estudios que había al momento, por ejemplo, sobre la toxicidad crónica del herbicida; 

Falta de independencia en la autoría. En Estados Unidos (EUA), los litigios por daños punitivos debido a la carcinogenicidad del glifosato fueron desclasificados varios documentos, a través del mecanismo discovery, hoy conocidos como los Monsanto papers. Entre los hallazgos de esa correspondencia se encuentran malas prácticas científicas como el ghostwriting, una práctica comúnmente utilizada por Monsanto; de ahí se desprende que empleados de la empresa pueden haber contribuido a la redacción del artículo.

Tergiversación de las contribuciones. Los ahora supuestos autores no mencionaron explícitamente las contribuciones realizadas por empleados de la empresa Monsanto, ni siquiera en la sección de agradecimientos, esto pone en tela de juicio la independencia académica de las conclusiones.

Compensación financiera. La correspondencia adicional divulgada durante los mencionados litigios apunta a la posibilidad de que los autores hayan recibido una compensación financiera de la empresa Monsanto. Aquí en México, cuántas personas investigadoras reciben pago de honorarios de este tipo de empresas o bien contribuciones para el desarrollo de sus investigaciones.

Ambigüedad. Existe incertidumbre sobre cuánto del texto y, sobre todo, de las conclusiones del artículo pudo derivar de la influencia de Monsanto, a través de la intervención de sus empleados. Además, se destaca que el artículo es reconocido como un documento distintivo en el discurso en torno a la carcinogenicidad del glifosato y el resumen. 

Sesgo en el peso de la evidencia científica. El método de los autores fue asignar cierto peso a la evidencia en su evaluación de la carcinogenicidad y la genotoxicidad del glifosato, una metodología válida, el problema es que excluyeron publicaciones clave que, desde el año 2000, ya alertaban sobre los efectos perniciosos del glifosato, particularmente estudios realizados en animales que muestran carcinogenicidad.  

Contexto histórico e influencia. Se destaca el impacto que este artículo tuvo como pieza clave en la toma de decisiones de decenas de instancias regulatorias de diferentes países del mundo.

Así, el artículo original apareció firmado por tres reputados autores, en el año 2000, en la renombrada revista científica, con un registro de más de 700 citaciones, 66 en documentos de políticas públicas; aunque hay páginas que hablan de más de 960 citaciones. Datos sobre los autores: 

Gary Williams, patólogo y profesor emérito del Departamento de patología en el New York Medical College, institución privada; con al menos 468 publicaciones científicas, más de 25,000 citaciones de sus textos y un 69 en el índice h que, bajo esa métrica, le califica en el rango de lo excepcional. 

Robert Groes, homenajeado como una autoridad en toxicología, en vida estuvo afiliado a la misma Universidad de Utrecht, institución educativa considerada una de las mejores a nivel mundial; con más de 100 publicaciones científicas, cerca de 6,200 citaciones y un 29 en el índice h, considerado bueno. 

Ian Munro, un controversial toxicólogo, quien fuera accionista fundador de Cantox Health Srvices, hoy Intertek Scientific & Regulatory Consultancy, organismo privado que ofrece asistencia a empresas de productos alimenticios (p. e., organismos genéticamente modificados, OGM), farmacéuticos y químicos (p. e., plaguicidas), y otros servicios (p. e., preparar dossier científicos y testimonios de expertos) para “navegar por los panoramas regulatorios globales con datos científicos y evaluaciones de riesgos”; además ocupó altos cargos en el sector público en Health Canada, como director de la Oficina de Seguridad Química y director general de la Dirección de Alimentos, o sea que, como funcionario, estaba encargado de la protección de la salud en la rama alimentaria. Además, fue director en el Centro Canadiense de Toxicología y profesor en el Departamento de Ciencias Nutricionales de la Facultad de Medicina en la Universidad de Toronto. También, sirvió en comités de la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la Academia Nacional de Ciencias de EUA; con casi 150 publicaciones, 6,281 citaciones y un índice h de 41, que significa sobresaliente.

Este episodio revela una de las dinámicas más perversas del mundo académico de alto nivel, donde confluyen intereses públicos y privados. Investigadores de reconocido prestigio internacional, algunos de los cuales han ocupado cargos directivos en agencias reguladoras públicas, locales e internacionales, firmaron el artículo ahora retractado. Este estudio, multicitado e incluido en documentos de política pública, fue publicado en una revista influyente dentro del campo de la toxicología. El caso pone bajo escrutinio el fenómeno de las «puertas giratorias» entre la regulación estatal, la academia y la industria agroquímica, especialmente en el control sanitario de sustancias como el glifosato y otros plaguicidas altamente peligrosos (PAP).

Pero, el paradigma se convierte en escándalo cuando a todo lo anterior le sumamos que la empresa Monsanto Co. (hoy Bayer), entonces dueña de la patente del glifosato como herbicida, no sólo influyó en el diseño de las conclusiones, a través de la intervención de sus empleados en la redacción, y presuntamente realizó pagos a los académicos que signaron la publicación (no se sabe si en honorarios o financiando sus proyectos); sino que además, la compañía usó por años este artículo para defender su veneno mata hierbas, con ganancias que ascienden a billones de dólares al año, en esta historia, ha sido clave el uso de este y otros artículos similares como base para autorizar la formulación, comercialización y uso del glifosato, por diferentes instancias regulatorias. Por ejemplo, en EUA o en Nueva Zelanda. 

Trascendencia del caso, regulaciones sesgadas a costa de la salud y la vida

Ahora bien, el tema central aquí no es la retracción del artículo per se, en esto no nos vamos a detener, baste con decir que es algo común y forma parte del proceso de la ciencia, bajo uno de sus principios fundamentales: la falsabilidad o refutabilidad.

La relevancia del caso tampoco es siquiera que hay fraudes en la ciencia en general o el fraude científico de estos tres reconocidos académicos con tan destacadas carreras. Aunque no sobra decir que esa cuestión es tan preocupante como patética, pues, por un lado, se trata de un botón de muestra sobre algo muy discutido: la ciencia no es tan objetiva como se presume y mucho menos es neutral, en el sentido de que es desarrollada por sujetos que, por más que sobresalgan en el mundo de la academia, tienen determinadas ideologías y actúan para fines que no necesariamente se consagran al “progreso de la humanidad” a través del avance científico; además, aquel desarrollo de la ciencia es subrogado por instancias específicas, que pueden ser públicas o privadas y que también operan bajo intereses concretos, ya sea sociales o particulares; a esto, en México, se le ha nombrado atinadamente la ciencia neoliberal. Por otro lado, con esto se reafirma que debemos bien informarnos y no dejarnos engañar por actores con posturas positivistas rígidas que pregonan que la ciencia es el medio para llegar a las verdades absolutas o con posiciones tecnocráticas que auguran que la ciencia pura y sus aplicaciones son la solución a todos los problemas del mundo.

En fin, la gravedad de este asunto radica en que esa ciencia y esas posturas, que operan al servicio de grandes corporaciones, han sido utilizadas como base de las regulaciones en materia de control sanitario de plaguicidas altamente peligrosos, en este caso para definir si el uso del glifosato debe ser autorizado o prohibido. En distintos países, ciertas instancias gubernamentales, órganos legislativos y autoridades judiciales, al momento de ejercer sus facultades, han usado y siguen usando esa ciencia para tomar decisiones sobre el glifosato y otros PAP, con este tipo de artículos científicos y todos aquellos documentos presentados por la entidad solicitante del permiso, casi siempre privada y casi siempre filial del oligopolio de la industria agroquímica; haciendo caso omiso o minimizando otras evidencias científicas, libres de conflictos de interés, y asegurándose de que otras voces queden fuera del proceso de toma de decisión. 

Por ejemplo, la participación de las y los trabajadores de la industria de los agroquímicos cuya vida laboral implica estar expuestos a estas sustancias; las y los agricultores que, junto con sus familias, reciben los efectos agudos por la aplicación de los agrotóxicos en el campo; o las y los consumidores, en especial las poblaciones vulnerables, que desarrollan enfermedades crónicas al alimentarse con productos que tienen residuos de plaguicidas, las personas científicas comprometidas con el bienestar humano y la defensa de la vida en todas sus expresiones. 

Todo ello se traduce en millones de personas enfermas de cáncer y otros padecimientos, pero también, en cientos de especies biológicas amenazadas casi hasta su extinción, en especial los insectos que tienen múltiples funciones en los ecosistemas, y en miles de hectáreas de áreas naturales devastadas, así como, en cuantiosas sumas de dinero público que tiene que erogarse para paliar la problemática, por mencionar algunos de los efectos de este plaguicida indisolublemente asociado a los OGM.

¿Podemos confiar en las instancias regulatorias mexicanas?

El sexenio pasado marcó un capítulo en la historia del glifosato en México, con pasos formales hacia su prohibición mediante dos Decretos presidenciales (2020 y 2023), en favor de la soberanía alimentaria. Este camino encontró una resistencia férrea, que llegó al grado de que, en abril de 2024, hubo un intento fallido de suspender de manera indefinida, a través de un comunicado de prensa,  la restricción total de las importaciones de glifosato, en vigor desde el 1 de abril de ese año.

Según organizaciones civiles, detrás de la disputa hay años de intenso cabildeo de empresas agroquímicas y presión de funcionarios comerciales estadounidenses, documentada en correos electrónicos que revelan cómo la Oficina del Representante de Comercio (USTR) y el Departamento de Agricultura (USDA) de EE.UU. trabajaron activamente para influir en las autoridades mexicanas. Su principal aliado fue el entonces secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, considerado una «vía potencial» para revertir la prohibición, argumentando que el 40% de los herbicidas usados en México contenían glifosato.

Villalobos mantuvo durante todo el sexenio una postura a favor del uso «responsable y monitoreado» del herbicida, alegando la falta de alternativas efectivas para la productividad. Su gestión fue calificada como laxa con las regulaciones, encapsuló las alternativas agroecológicas y otras tecnologías sustentables en una subsecretaría y, cerca del fin del gobierno.

La trayectoria destacada del doctor Villalobos, ingeniero agrónomo de Chapingo y doctor por la Universidad de Calgary, recientemente galardonado como integrante del consejo del World Food Prize, representa otro botón de muestra de cómo la ciencia puede inclinarse hacia los intereses de la industria. Su carrera no es solo la de un funcionario, sino la de un consultor y aliado estratégico de la agroindustria. Su influencia se forjó desde la dirección del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN en Irapuato, donde supervisó investigaciones pioneras en transgénicos y, crucialmente, estableció una relación profunda con poderosos empresarios del sector. Estos vínculos incluyeron a Javier Usabiaga, el «rey del ajo» y exsecretario de Agricultura, y, de manera determinante, a Alfonso Romo, conocido como «el zar de la biotecnología» y coordinador de la Oficina de la Presidencia de López Obrador de 2019 a 2023. Fue esta alianza con Romo, un «campeón de las industrias» dentro del propio gabinete, la que le dio relevancia política y le permitió operar como un contrapeso interno a la prohibición del glifosato.

Su rol fue decisivo en la creación del marco regulatorio que beneficia a la industria. En 1998, como titular de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados, estableció criterios que influyeron en la primera Ley de Bioseguridad de México, conocida críticamente como «Ley Monsanto-Villalobos».

A nivel internacional, su carrera ha estado vinculada a organismos clave en la promoción del paquete tecnológico de la «revolución verde». Fue dos veces director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura(IICA), el brazo agronómico de la OEA, que promueve en América Latina el uso de semillas de patente (convencionales mejoradas y transgénicas), fertilizantes químicos, monocultivos, plaguicidas y, más recientemente, el cuestionado modelo de agricultura 4.0, nuevo caballo de batalla del oligopolio agroindustrial; aún hoy, Villalobos funge como director eméritodel mismo Instituto.

Tras este cargo, y con el respaldo del gobierno mexicano, regresó al país para ocupar la Secretaría de Agricultura. Además, participa en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR). La financiación de este modelo cuenta con el respaldo de fortunas globales: en 2013, Bill Gates y Carlos Slim inauguraron y financiaron con 25 millones de dólares un nuevo complejo de biociencias en el CIMMYT. La Fundación Gates es además accionista de Monsanto y mantiene relaciones con todas las grandes corporaciones del sector.

Esta resistencia interna se complementó con una ofensiva legal externa. Empresas como Bayer-Monsanto interpusieron una «avalancha de amparos» contra los decretos. Sin embargo, en un giro significativo, en junio de 2024 la compañía desistió de sus juicios tras una serie de reveses legales, en un triunfo que el gobierno celebró como una victoria para la salud y la soberanía.

El contexto científico internacional fortalece los argumentos de la prohibición. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la OMS clasificó al glifosato como un «probable carcinógeno humano». Una década después, en 2025, el estudio más amplio hasta la fecha, coordinado por el Instituto Ramazzini de Italia y que involucró una amplia gama de pruebas toxicológicas, confirmó que la exposición prolongada a dosis consideradas «seguras» provoca leucemia y múltiples tumores. A esto se suman las decenas de miles de demandas que Bayer-Monsanto enfrenta en EE.UU., donde ha tenido que realizar acuerdos por cerca de 12 mil millones de dólares para resolver más de 100,000 casos, y aún tenía pendientes otras 61,000 para mayo de 2025. Juicios individuales han resultado en sentencias millonarias en su contra, como una de 2,000 millones de dólares en Georgia y otra de 611 millones en Misuri.

Frente a este escenario de presión externa, conflictos de interés internos tejidos a través de décadas de vínculos con la agroindustria, y evidencia científica creciente, es válido y obligado cuestionar la confiabilidad de las personas a cargo de la regulación. La reciente decepción del decreto que prohibió 35 plaguicidas altamente peligrosos, pero que cuidadosamente excluyó al glifosato y a otros de los más vendidos, refuerza la duda sobre en quién se prioriza el bienestar y nos sigue exponiendo a los más de 200 PAP, la gran mayoría prohibidos en otros países. La suspensión de la prohibición y el archivado de sendas reformas a la Ley General de Salud en materia de Plaguicidas Altamente Peligrosos, en 2022 y de 2025, muestran que el mandato de una soberanía alimentaria libre de tóxicos choca constantemente con intereses económicos profundamente arraigados en la estructura del poder. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha revocado ningún registro sanitario del glifosato, incumpliendo lo mandatado en el Decreto de 2023 y, peor aún, sus obligaciones en materia de derechos humanos, a pesar de que hay evidencia científica de sobra para que lo haga.

Por ello, más que confiar, es imperativo vigilar con máxima atención el desempeño de estas instancias y exigir que apliquen a cabalidad el principio precautorio y que cumplan con su obligación primordial, sin ambigüedades ni dobles lealtades, procurar el bienestar humano y el mandato de un pueblo que exige, cada vez con más fuerza, un campo y una alimentación libres de venenos. 

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^[1] Bióloga y maestra en derechos humanos y democracia, experta en control sanitario de plaguicidas altamente peligrosos y bioseguridad de los OGM.