A principios de los años 90, los fundadores de Kekén convencieron a los vecinos de la comunidad maya de Uayalceh, en Yucatán, de formar una cooperativa para impulsar una mega granja de cerdos en sociedad. La empresa utilizó a esa unión de pobladores para pedir créditos y préstamos para financiarse, y hoy detenta el control total de la mega granja tras prescindir de casi todos los socios iniciales, pero utilizando la tierra y el agua de la comunidad sin ningún permiso ejidal
Texto: Patricio Eleisegui
Fotos: Especial
YUCATÁN. – “Fue en el año 1992 que inició todo. En ese momento los dueños de la empresa eran los Casares, sus fundadores. Vinieron así, con sus licenciados, a proponernos un negocio sabiendo que nosotros somos gente muy trabajadora. Nos propusieron ser socios, que todos íbamos a ganar muy bien. Decían que el trabajo no sería nada complicado, que sólo teníamos que poner un poco de dinero y que eso se iba a devolver. En el futuro todo iba a ser de nosotros, eso dijeron. Más de 30 años después entendimos que fue una estafa y ahí siguen. Con casi todos los socios fuera de lo que construimos y ellos ganando más y más”.
Ricardo respira profundo y luego narra con vértigo y una precisión fotográfica. Visualiza aquellos inicios de Uayalceh I, la mega granja de cerdos que Kekén opera a menos de dos kilómetros de la comunidad maya homónima –distante una hora de Mérida, la capital del estado–. Y se recuerda ilusionado con la idea, acercada por la misma empresa, de impulsar una cooperativa de vecinos. Por aquel entonces la porcícola aún operaba bajo control de Raúl Casares Cantón y sus familiares-socios a través de la figura de Agroindustrias Yucatán.
El cambio de riendas tendría lugar 8 años más tarde con el desembarco del poderoso Grupo Desc –familia Senderos Irigoyen– y su decisión de colocar a Kekén bajo la órbita de KUO, un subgrupo también propiedad del mismo clan.
“En la propuesta nos dijeron, además, que íbamos a ser socios de la empresa en una multiplicadora de cerdos que todavía funciona en Opichén. Así fue que iniciamos. El acuerdo era que nosotros engordábamos los cerdos que la empresa nos traía y luego la misma Kekén se ocupaba de venderlos como carne. Nos dijeron que los socios del pueblo, en el inicio unas 28 personas, teníamos que encargarnos de construir la granja”, explica.
“Nosotros no teníamos el dinero para eso. Hacíamos otros trabajos. Criábamos animales, trabajábamos en pintura, construcción, lo que saliera. La empresa nos dijo que no teníamos que preocuparnos, que íbamos a tener el financiamiento con préstamos que podían sacar a nuestro nombre. Con bajo interés. Todos firmamos las cartas poder que nos pidieron y así fue como tuvimos nuestras primeras deudas”, agrega.
Dice Ricardo que, en tanto el proyecto se promovió como una cooperativa de personas de una comunidad maya y sin una mención directa de la porcícola, Kekén rápidamente logró bajar fondos de distintos programas orientados a, precisamente, financiar iniciativas campesinas e indígenas.
“Primero nos endeudamos por más de 1.2 millones de pesos para la construcción de cuatro naves. Años más tarde, con la excusa de que había que remodelar la mega granja, nos hicieron pedir otros 800 mil. Parte del dinero vino del FONAES (Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad) y el FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura). Nosotros pedimos esos préstamos a instancias de Kekén. La deuda siempre nos afectó a nosotros”, señala.
A la conversación se une Ismael, otro de los socios que tomó parte de la cooperativa que dio origen a Uayalceh I. El vecino enseguida menciona al BANRURAL (Banco Nacional de Crédito Rural) como otra de las instituciones que aportó fondos a partir de gestiones que la porcícola llevó a cabo en nombre de los pobladores ligados a la operatoria de la mega factoría.
“La deuda siempre estuvo a nombre nuestro. Así la empresa logró poner a funcionar la granja con sus 6,500 cerdos en engorde. Nosotros pagamos todo. Con el dinero que pidieron ellos hicieron una granja más, además de Uayalceh I, y también la multiplicadora de Opichén. Kekén no tuvo ningún gasto. Pero la idea de la cooperativa duró poco y la empresa comenzó a sacar a los socios hasta hoy, donde quedan 8 de los 28 que iniciamos”, expone.
Por su parte, Ricardo menciona al 2017 como el año en que la empresa decidió quitarle su trabajo en la mega granja. “Empezó a darse una tensión cuando preguntamos por qué de pronto se pasaban presupuestos muy elevados de arreglos que había que hacer en las naves. Esto, siendo que nosotros conocíamos a personas que nos pasaban precios muy por debajo de lo que nos traía Kekén. La empresa pedía hacer refacciones y traía sus propios proveedores, por así decirlo. Pero nosotros teníamos que pagar el arreglo”, cuenta.
“Una vez, por el arreglo de algunas pajareras, Kekén nos pasó un presupuesto de 16,000 pesos hecho por una empresa que ellos aseguraban que era económica y de confianza. Nosotros en la cooperativa hablamos con otra compañía que podía hacer el mismo arreglo y nos cobraba 8,000 pesos. Cuando les preguntamos si los habían invitado a competir por ese trabajo, ellos nos dijeron que no. Que Kekén los había vetado. Empezamos a darnos cuenta que todo lo hacían así, con sobreprecios que teníamos que pagar nosotros y que beneficiaban a amigos de ellos”, enfatiza.
Ismael aporta más detalles de las irregularidades y expone cómo Kekén incluso se transformó en un proveedor prácticamente exclusivo de la cooperativa de vecinos. “En un momento que fui nombrado encargado me dieron un poder para firmar cheques. Ahí veo que Kekén ponía las pautas para el engorde de los cerdos y que ellos mismos nos vendían los productos que teníamos que usar. Eso pasa hasta hoy. Kekén dice qué producto tenés que usar y al mismo tiempo es la empresa que te surte. Pero fíjese la diferencia: un frasco de medicamentos que normalmente se ofrece a 1,000 pesos ellos nos lo vendían a 2,500”, detalla.
Y añade un ejemplo por demás de contundente: “Una vez tuve que firmar el cheque por el agua potable que se compraba. Eran 30 botellones de agua y la factura fue por 30,000 pesos. Nos hacían pagar 1,000 pesos por cada botellón de 20 litros siendo que, por ese entonces, en la calle se vendía a menos de 17 pesos. Kekén se lo compraba primero a Cristal y luego esa agua nos la entregaba con la boleta con esos montos. Por todo cobraban mucho más”.
Los roces con la empresa se intensificaron por efecto de la curiosidad de los socios, que comenzaron a revisar los números que la compañía asentaba en las boletas. En tanto Ricardo tenía a su cargo la firma de buena parte de los cheques que empleaba la cooperativa para saldar los gastos que provocaba la misma Kekén, los cuestionamientos crecientes a los presupuestos emitidos por la porcícola dieron lugar a la decisión de la compañía de prohibirle la entrada a la factoría de cerdos.
Ricardo denuncia que, desde 2017 a la fecha, Kekén nunca notificó de manera formal su despido y que, al mismo tiempo, la empresa no volvió a cumplir con el pago de sueldo correspondiente. La firma tampoco aportó indemnización alguna; es más: Ricardo aún figura como socio de la cooperativa aliada a la porcícola.
Ocurrido el despido ilegal, la decisión del ex trabajador de Uayanceh 1 de entablar la batalla judicial contra la compañía arrojó detalles adicionales de la operatoria irregular promovida por la porcícola. “Hace muy poco fui a Hacienda a sacar el RFC y otros papeles. Resulta que figura como que tengo una tienda donde vendo comida para animales. En la constancia fiscal estoy como un empresario. Lo curioso es que mi comercio figura en una dirección que es donde están las oficinas de Kekén en Mérida. No soy el único socio al que le hicieron eso de inventarle una empresa”, asegura.
Durante la charla con Pie de Página, Ricardo afirma que la porcícola también implementó su estrategia de impulsar alianzas con cooperativas de vecinos en el pueblo cercano de Temozón Sur. Allí, la compañía aplicó la misma receta de negociar financiamiento a nombre de la comunidad para, de esa forma, ahorrarse el costo de construir su mega granja. Una vez concretado ese objetivo, la firma también avanzó con la quita de socios para alzarse con el control absoluto de la factoría de cerdos.
“En Uayalceh I a los primeros socios se los sacó inventándoles situaciones de indisciplina, problemas con la bebida y otras cuestiones. Kekén les dio un finiquito de 12,000 a 15,000 pesos y los pudo sacar así. Años después, a otros los retiró con la mentira de que recién se iban a poder jubilar a los 75 años. Y que mejor si agarraban una compensación de 100,000 pesos para no tener que esperar tanto. Muchos de nosotros ni hemos podido terminar la escuela primaria. Ellos aprovecharon eso, inventaban argumentos o nos leían cosas que no entendíamos. Así hicieron que muchos acepten su oferta sólo por miedo a tener que esperar tantos años. Lograron bajar de 28 socios a 8 y que Kekén tenga el control de la sociedad”, explica.
El número escueto de vecinos que siguen ligados a la factoría de cerdos arroja por la borda cualquier discurso corporativo acerca del empleo que genera la porcícola en la comunidad maya. Muy por el contrario, buena parte del pueblo apuesta económicamente al ecoturismo a partir de los cenotes que proliferan muy cerca de Uayalceh.
Esa misma posibilidad atraviesa una instancia de riesgo dadas las prácticas contaminantes que lleva a cabo la mega granja. Buena parte de ellas fueron expuestas mediante distintos videos que, liberados en las redes sociales en las últimas semanas, mostraron como la instalación arroja en plena selva, y sin tratamiento alguno, las excretas de los cerdos vía un gigantesco entramado de válvulas y tuberías.
“No podemos decir que la granja nos daba buen dinero a los socios, ganábamos 3 mil 500 pesos la quincena cuando nos quitaron. Todo el negocio lo tiene Kekén, que engorda sus 6 mil 500 cerdos en una mega granja que le salió gratis. Hoy sabemos que a los que quedan no les dan más de 5 mil 500 pesos la quincena”, precisa Ricardo.
El esquema de irregularidades implementado por Kekén se completa, según Ismael, con el uso gratuito de la tierra y el agua que la empresa viene llevando a cabo en Uayalceh. Y concluye:
“En 1992 firmamos un contrato con un permiso de uso de la tierra por 15 años. Eso se venció y nunca hubo una renovación. La empresa lleva 17 años trabajando ahí, usando nuestros recursos, sin ningún tipo de permiso del ejido. Eso completa la estafa”.
Las preguntas que ambos vecinos –cuyos nombres fueron modificados para evitar posibles represalias de la porcícola– dejan en el aire refieren a cuántos atropellos cometido por la porcícola en Uayalceh quedan aún por descubrir y en qué momento el sistema judicial de Yucatán reaccionará al desastre que provocan las mega granjas en las comunidades mayas del estado.
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