15 agosto, 2026
Frente a presiones por proyectos turísticos, despojo inmobiliario y la consulta nacional sobre derechos indígenas, la comunidad maya de Kanxoc fortalece la defensa de su territorio. Mediante una declaratoria comunitaria, la población cerró el paso a la privatización de sus montes y cenotes sagrados y exige a la Presidencia de la República la titulación definitiva de 570 hectáreas ancestrales que han resguardado por generaciones
Texto: Andrea Amaya
Foto: Utsil Kuxtal
CIUDAD DE MÉXICO.— En medio de la coyuntura nacional por el proceso de consulta sobre la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la comunidad maya de Kanxoc se erige como un testimonio contundente de que la libre determinación es una práctica cotidiana y viva. Frente al avance constante de proyectos inmobiliarios, la tala ilegal de maderas preciosas, la privatización de fuentes de agua y la amenaza de megaproyectos en la región, la Asamblea General Comunitaria emitió una histórica declaratoria para la protección de su territorio, sus bienes naturales y su vida comunitaria, decretando un blindaje absoluto sobre sus tierras de uso común, montes y cenotes.
A través de este acuerdo autónomo, las y los habitantes de Kanxoc ratificaron que el suelo ancestral no se vende, no se privatiza, no se divide y no se entrega a la especulación pública o privada. Paralelamente, la comunidad ha exigido al Gobierno Federal la emisión de un Decreto Presidencial que reconozca formalmente el título de propiedad sobre más de 570 hectáreas de uso ancestral —entre las que destacan los montes sagrados de Xla-kaaj y San Joaquín—, las cuales han habitado, resguardado y cuidado comunitariamente desde tiempos inmemoriales.

Kanxoc posee una identidad singular y un tejido social cuya fortaleza está profundamente ligada a su memoria histórica. Como explica la abogada Lourdes Medina Carrillo, integrante del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, la comunidad difiere notablemente de otros poblados de la península de Yucatán debido a su legado de lucha:
«Kanxoc es una realidad muy diferente a lo que podemos conocer de diversos pueblos mayas de la península de Yucatán, y su vida comunitaria tiene mucho que ver con la historia. Es reconocido históricamente —tanto en los libros de historiadores como de antropólogos— porque esta zona y el pueblo fueron áreas de la resistencia maya. Por ello, la comunidad ha mantenido durante muchos años, y sigue permeando hasta la actualidad, sus sistemas de organización política y de toma de decisiones comunitarias, algo que en muchas otras zonas se ha perdido o modificado».
Según detalla la abogada, en Kanxoc se mantiene vigente un sistema de cargos tradicional donde la palabra de la asamblea se respeta. Un elemento distintivo de su organización radica en que la toma de decisiones no está restringida de forma excluyente al padrón ejidal oficial; en la Asamblea General participan activamente los pobladores originarios que hacen uso cotidiano del territorio, a quienes internamente se les nombra comuneros y comuneras.
La vida diaria en el poblado se mantiene fiel a sus raíces originarias sin permitir que influencias externas alteren sus dinámicas ancestrales. En Kanxoc no existen industrias y las viviendas conservan la arquitectura tradicional. La totalidad de la población es mayahablante, siendo la lengua maya el idioma predominante en el espacio público y familiar. Además, la comunidad sostiene una economía de subsistencia circular articulada alrededor de la milpa tradicional para el autoconsumo y la apicultura comunitaria. Si bien algunos jóvenes emigran temporalmente a polos turísticos cercanos como Tulum para trabajar, regresan de manera constante a la comunidad, preservando el arraigo y el tejido social.

La sólida cohesión de Kanxoc les ha permitido reaccionar de manera inmediata y eficaz ante diversos intentos de despojo o explotación de sus bienes comunes. A diferencia de otros contextos donde las respuestas comunitarias ocurren cuando los daños ya son irreversibles, la propia estructura organizativa funciona como un sistema de alerta y defensa territorial.
Lourdes Medina relata que la comunidad colinda con el estado de Quintana Roo, lo que favorece la presencia de selva alta con una biodiversidad excepcional. Esta riqueza natural atrajo hace una década la ambición de grandes consorcios turísticos:
«Hace exactamente 10 años tuvieron un conflicto porque la zona de Kanxoc colinda con Quintana Roo. Una cadena turística muy grande intentó entrar para explotar turísticamente los cenotes de la zona. Sin embargo, gracias a su fuerza comunitaria y a acciones legales, lograron frenar el intento de este consorcio turístico (específicamente Xcaret) de ingresar al territorio».
Y puntualiza que el pueblo mantiene una vigilancia activa frente a intereses particulares que intentan vulnerar sus áreas colectivas. Un ejemplo de esto es el caso de la extracción ilegal de maderas finas:
«Hasta ahora han intentado realizar aprovechamientos particulares. Por ejemplo, utilizando a algunas personas de la comunidad, obtuvieron permisos de la Semarnat para el aprovechamiento de cedro rojo, una madera muy valiosa y protegida a nivel nacional. Como la comunidad tiene una organización sólida, detecta rápidamente cualquier movimiento en el territorio y se organiza para notificar y preguntar primero: “¿Qué estás haciendo?”. La asamblea les emite un citatorio diciendo: “Ven a la asamblea, ven a la casa indígena a explicar quién te dio permiso de entrar”», explica Medina.
En caso de que las partes citadas ignoren el llamado de la autoridad comunitaria, la asamblea procede a clausurar los trabajos retirando rejas o candados e iniciando de inmediato la investigación sobre la validez de los permisos. En el caso específico del cedro rojo, la abogada señala que la comunidad determinó primero frenar de manera directa en el monte la tala y el desmonte, para posteriormente promover procesos legales que terminaron por invalidar los permisos irregulares otorgados por las autoridades ambientales.

Pese a las victorias comunitarias, el entorno geográfico de Kanxoc enfrenta una presión inmobiliaria cada vez más estrecha. Justo al acceso del poblado han comenzado a erigirse proyectos de infraestructura habitacional y turística que amenazan con cercar el territorio comunal.
Entre las problemáticas más recientes expuestas por la abogada del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal se encuentra la explotación de un cenote ubicado en la entrada del pueblo por parte de un particular. Si bien el predio es de propiedad privada y la comunidad ha sido respetuosa de dicha condición, el promotor incurre en una apropiación de la identidad colectiva del pueblo:
«Actualmente enfrentan el problema de un particular que está explotando un cenote a la entrada del pueblo. Aunque este sitio no está dentro de las tierras comunales y respetan la propiedad privada, la comunidad está reclamando que la publicidad nacional e internacional de este lugar utiliza el nombre de Kanxoc. En redes sociales, TikTok y revistas digitales venden la historia del “pueblo histórico guerrero de Kanxoc” y promocionan el lugar como si fuera un proyecto de la comunidad, lo cual es falso».
Ante esta situación, Medina indica que la población se está movilizando para notificar formalmente a los administradores del establecimiento que no pueden lucrar ni mercantilizar la historia, la memoria y el nombre de Kanxoc con fines de promoción turística privada. Para las y los pobladores, los cenotes no son bienes de consumo, sino espacios sagrados destinados a usos culturales, espirituales y ceremoniales legados por sus antepasados.
Para hacer frente a estas presiones y tras un proceso de análisis y debate que se extendió por año y medio a lo largo de múltiples asambleas, el pasado 24 de mayo la comunidad firmó formalmente su declaratoria territorial. Este documento contempla compromisos de carácter interno y posturas de defensa hacia el exterior.
En sus acuerdos, la comunidad estipula que la asamblea carece de facultades para fragmentar, privatizar o autorizar la venta de tierras a personas ajenas al pueblo, dejando claro que las tierras comunales son para uso exclusivo de las y los pobladores originarios. Para sostener este principio en la práctica, acordaron mantener brigadas comunitarias de vigilancia, faenas y brecheo periódico en los límites territoriales, cerrando el paso a invasiones, la cacería furtiva y la tala ilegal.
Esta apuesta por la autonomía también busca reconfigurar las dinámicas internas del poblado. La declaratoria integra activamente a la juventud en el conocimiento de la historia defensiva de Kanxoc y promueve un papel protagónico para las mujeres, proyectando que la presidencia del próximo comisariado ejidal sea asumida por una compañera. Asimismo, el acuerdo reafirma la posesión ancestral y la protección prioritaria de los montes sagrados San Joaquín y Xla-kaaj —vinculados espiritualmente a sus santos patronos, San Cosme y San Damián—, resguardando en este último el monte, la red de cenotes y la actividad apícola que sostiene a la población.
Sobre la relevancia de este instrumento frente a posibles litigios futuros, la abogada Lourdes Medina enfatiza:
«El mensaje hacia el exterior es claro: “Aquí no van a entrar. Cualquier decisión que tome el gobierno o las empresas sobre nuestro territorio sin nuestro consentimiento es inválida y deben respetar nuestra decisión”. Declaran su territorio libre de megaproyectos. Esto refuerza la postura del pueblo y constituye una herramienta jurídica previa para defenderse en tribunales, demostrando que la comunidad ya había manifestado su rechazo antes de cualquier intento de instalación».
El ejercicio autónomo de Kanxoc cobra valor ante la discusión nacional sobre la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Lourdes Medina relató que, al consultar a las autoridades comunitarias sobre las invitaciones del Gobierno Federal para participar en los foros de consulta en Valladolid, los pobladores mostraron documentos remitidos por la Procuraduría Agraria que carecían de información clara o explicativa sobre la iniciativa de ley.
Al ser informados sobre los alcances del proyecto legislativo, la abogada rescata la reflexión de las y los ancianos del pueblo: «Nosotros ya lo hicimos». Para la abogada, esto evidencia que la libre determinación de los pueblos no requiere la validación teórica del Estado, sino que existe como un hecho consumado en el territorio.
En ese sentido, la defensora de derechos humanos lanzó una clara denuncia sobre la actuación de las autoridades agrarias en el estado:
«Aprovecho este espacio para señalar que la delegación de la Procuraduría Agraria en Yucatán ha estado respaldando a grupos no reconocidos por la asamblea para generar conflictos e intentar privatizar tierras. La declaratoria exige que las autoridades no intervengan ni creen disputas donde hay paz social».
El reclamo territorial de Kanxoc se remonta a 1935, cuando la comunidad inició los trámites de restitución. Aunque en 1942 una Resolución Presidencial les otorgó 7,296 hectáreas de ejido, el decreto oficial omitió reconocer polígonos históricos como San Joaquín y Xla-kaaj, los cuales han permanecido en posesión continua, pacífica e ininterrumpida por parte del pueblo.
Con el respaldo de firmas de ejidatarios, ejidatarias y comuneros, la Asamblea remitió una solicitud formal a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, exigiendo la emisión de un Decreto Presidencial que reconozca y titule de manera definitiva las más de 570 hectáreas omitidas.
La representante del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal concluye señalando que la comunidad se encuentra tranquila porque sabe que «el poder principal radica en la organización comunitaria». No obstante, advierte que si las dependencias federales omiten responder o desconocen la declaratoria emitida por el pueblo, la Asamblea evaluará iniciar procedimientos jurídicos e impugnaciones para exigir el respeto irrestricto a su autonomía y a sus tierras ancestrales.
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