Es peligrosamente común que la violencia sea tipificada como ‘violencia familiar’ o ‘lesiones’, cuando debería ser clasificada como una ‘tentativa de feminicidio’. Estos “errores” son parte fundamental del mecanismo de impunidad, aceitado de misoginia, negligencia y corrupción. Por eso la correcta clasificación es una de las exigencias que sobrevivientes impulsan con la campaña de #JusticiaParaNoMorir

Twitter: @celiawarrior

Frente a la oficina central del Poder Judicial de la Ciudad de México, un grupo de mujeres convocadas por la colectiva Libres y Combativas Mx pintó sobre el asfalto de la avenida, con letras grandes a lo ancho de dos carriles, un mensaje dirigido a quienes lo podían leer desde el edificio, en las alturas: AQUÍ SE DEJA IMPUNE EL MACHISMO.

El reclamo fue dirigido a cada uno de los funcionarios públicos que representan ese poder del Estado y fue pintado por manos de sobrevivientes de tentativa de feminicidio.

Esos intentos de terminar con la vida de una mujer son los casos raros, que no tuvieron éxito por mera casualidad o porque las víctimas actuaron en defensa de su integridad. Son las historias poco visibilizadas en la cobertura sensacionalista de los diarios de nota roja y las muy ignoradas por la política pública improvisada, porque se quedaron fuera de las 11 muertes violentas diarias de mujeres en este país feminicida.

“No estamos en ninguna parte, no hay estadísticas, nadie nos pone en ninguna mesa. Si no nos matan, entonces no contamos”, dijo Carolina Ramírez Suárez, integrante de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio en México, para explicar las razones detrás de la toma simbólica y pacífica de las instalaciones del Poder Judicial de la CDMX.

El pasado jueves, 30 de septiembre, cuando este grupo de sobrevivientes se manifestó clausurando momentáneamente la entrada principal a la oficina de la PJCDMX, sus quejas estaban dirigidas a los jueces, magistrados y fiscales que toman decisiones sin considerar la seguridad de las mujeres sobrevivientes: soslayan la perspectiva de género, liberan a los agresores sin dar aviso a las víctimas y no dan sentencias ejemplares.

El pedido de las sobrevivientes era a estos funcionarios del poder judicial porque “la vida de las mujeres está en sus manos”, dijo Carla Daniela García Tello. Ella acumuló cuatro denuncias por violencia familiar contra su esposo desde el 2018, pero fue hasta 2021 que el agresor fue vinculado a proceso con prisión preventiva justificada.

“Fueron tres años de no saber en qué momento me iban a llegar por atrás… Mi vida está en las manos del juez, la última palabra la tiene él. Si no es una sentencia ejemplar, donde él cuide la vida de mi hijo, la de mi familia, él va a salir a matarme”, asegura Carla, quien considera que una de las denuncias que presentó debió clasificarse como tentativa de feminicidio, pero por negligencia o corrupción de los funcionarios de la Fiscalía no se hizo.

Y es que es peligrosamente común que la violencia sea tipificada como ‘violencia familiar’ o ‘lesiones’, cuando debería ser clasificada como una ‘tentativa de feminicidio’. Estos “errores” no solo impiden conocer la dimensión real de la problemática. Además, son parte fundamental del mecanismo de impunidad, aceitado de misoginia, negligencia y corrupción. Pero de eso pocas veces se habla.

En estos casos las razones para clasificar los delitos de forma “errónea” no se limitan a la falta de la perspectiva de género de los funcionarios, sino que también suelen existir actos de corrupción. 

Pero en el imaginario social la corrupción tiende a enfocarse en actos de funcionarios públicos que en el ejercicio de su poder desvían recursos, y pocas veces es visualizada como un obstáculo más de las mujeres para acceder a la justicia. 

Según Carolina, en los últimos 8 años, en el país solo han sido investigados y juzgados alrededor de 178 casos como tentativa de feminicidio. De ahí que la correcta clasificación es una de las exigencias que sobrevivientes impulsan con la campaña de #JusticiaParaNoMorir. 

La vida de las mujeres que ya lograron sobrevivir a uno o varios intentos de feminicidio no debería depender del entendimiento limitado de administradores de justicia, en el menos malo de los casos.