29 diciembre, 2020
Una menor de edad fue violada y murió horas después en manos de sus cuidadores. La fiscalía de Nuevo León no investiga el caso. Este es el estigma de las personas con adicciones, sus testimonios son ignorados por las autoridades
Texto: Lydiette Carrión
Foto: Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro
Ángela Saucedo tenía 15 años cuando murió sin recibir auxilio, tras horas de pedir ayuda y después de haber sido drogada y violada, en un centro de rehabilitación de drogas en Santa Catarina, Nuevo León. Esto ocurrió el 27 de febrero de este año. Hasta el día de hoy no hay un solo detenido por el feminicidio, a pesar de que hay evidencias para procesar a los responsables.
Nayomi Aoyama es abogada en el caso, por parte de la organización civil Documenta. Ella narra la historia. La adolescente fue diagnosticada con diabetes tipo 1 desde que tenía 6 años de edad. Debía inyectarse tres veces al día su medicamento. Desde muy joven, también sufrió por dependencia a las metanfetaminas, unas sustancias que generan dependencia mental y física muy graves. Ya había sido internada en dos ocasiones, pero en cuanto salía, sufría recaídas.
Sus padres iniciaron ese peregrinar que sufren casi todos los familiares de personas con una adicción: dónde pedir ayuda. Por recomendación de una amiga de la familia, llegaron a la Casa de Rescate Jesús Salva A.C., un centro para mujeres de reciente apertura; tenía menos de 15 días de operación. El lugar estaba administrado por Aurora y Jesús, un matrimonio de pastores religiosos que ya dirigían desde tiempo atrás otro centro para varones. Ángela ingresó el 11 de febrero de 2020.
El lugar “no tenía una autorización legal para hacer sus funciones”, narra la abogada. Cuando los padres de la adolescente pidieron ver algún papel o registro, el matrimonio les mostró el registro del centro varonil en el municipio. Es decir, todo fue un engaño
“Por anécdotas de testimoniales”, explica la abogada, “sabemos que el centro estaba acondicionado en dos cuartos y un baño”. El piso de abajo era un centro religioso y ambos giros eran divididos por una reja. “Estaban encerradas en estos cuartos todo el día. No tenían actividades ni psicológicas ni servicios médicos”. En los dos cuartos había cinco internas, la única menor de edad era Ángela. Mantener en condiciones así a mujeres en estado de abstinencia hacia la metanfetamina podría ser considerado tortura.
Durante el día, una mujer las cuidaba y en la noche, era relevada por un velador. De por sí eso era una irregularidad. En cualquier lugar donde están retenidas mujeres, el trato lo debe dar otra mujer y no un hombre. Sin embargo, la agresión no vino del velador, sino del pastor, el líder espiritual.
La noche del 26 de febrero, llegó alrededor de las cinco de la tarde y le dijo a la cuidadora que se fuera temprano, que él se haría cargo. La cuidadora era quien administraba las dosis de insulina a Ángela. La joven siempre fue muy responsable con su medicamento, pero este debe permanecer en el refrigerador, y éste se encontraba en la planta baja. Pero aquella tarde, la cuidadora ya no pudo darle la tercera dosis de insulina de aquel día.
Más tarde llegó el velador, y el pastor Jesús también lo mandó a su casa. A las 10 de la mañana, la cuidadora llegó a su turno y abrió la puerta de la casa…
No hay una descripción clara de los hechos, pero sabemos que en la planta baja, la mujer vio ahí al pastor que todavía estaba alcoholizado y drogado. Había botellas de alcohol y desorden en general. Y en ese estado confesó que había abusado sexualmente de las cinco internas. “Sabemos que el pastor, aprovechándose de la vulnerabilidad, les ofreció drogas a cambio de abusar sexualmente de todas ellas”.
“Lo que él hace es aprovecharse de su autoridad, y de que sabía de la dependencia que ellas tienen de estas sustancias. Él abusa de ellas, y al día siguiente el personal del centro le avisó a su pareja”. Cuando la pastora llegó, a él lo dejaron ir; su esposa entonces comenzó a arreglar todo para cerrar el centro y trasladar a las internas a otros lugares.
El mismo 27 trasladaron a dos chicas a otros centros. Se difundió la noticia y la familia de Ángela se enteró hasta las 7 de la noche. Fue cuando llamaron a la pastora Aurora para saber qué pasaba. Esta le dijo que el pastor Jesús estaba “desaparecido”, que probablemente lo habían secuestrado, y que entonces debían cerrar el centro, agregó que buscaran donde internar a su hija, pero unos días más tarde. Alejandra Saucedo preguntó si su hija estaba bien, si estaba comiendo, si estaba usando la insulina; y luego pidió comunicarse con su hija, pero Aurora se negó; dijo que Ángela no quería hablar con ella.
“Lo que hizo [la pastora] fue impedir que las internas hablaran con sus familias”, advierte la abogada.
Durante todo el día 27 de febrero Ángela no recibió su medicamento, aunque ella lo pedía y expresaba sentirse muy mal. Según testimonios, la pastora se lo negó y la “regañaba”, le reprochaba que no le había importado la noche anterior mientras se drogaba. En otras palabras, culpaba a Ángela de lo que su esposo hizo.
Todo esto se sabe por los testimonios de otra interna. La misma que narra que durante la noche entre el 27 y 28 de febrero, la salud de Ángela decayó aún más, hasta convulsionar y luego expulsar un líquido verde por la boca. Las internas gritaban por ayuda. Pero nadie las auxilió. Ángela pedía hablar a sus papás, pero la pastora aseguró que no contestaban el teléfono, lo cual no era verdad.
“Nadie hace absolutamente nada. Ingresaron al lugar hasta las 10 de la mañana del 28 de febrero, y se dan cuenta de que Ángela tiene ya rigidez cadavérica”, resume la abogada.
Fue entonces que la pastora llamó a los padres de la adolescente, y les dijo que acudieran, porque Ángela “no estaba respirando”.
El viernes 28, los padres encontraron a Ángela en un colchón sobre el piso. Nadie había llamado a la ambulancia. Llegó la policía ministerial del municipio. No acordonó el lugar, no se hizo mecánica de hechos. Más adelante, la fiscalía determinó una hora de muerte que no corresponde con los hechos, colocando el momento del fallecimiento en la mañana del 28, a pesar de que para entonces el cuerpo ya mostraba rigidez cadavérica.
Hasta ahí, el caso fue tratado como un “paro cardiorrespiratorio” de causa natural.
Pero al día siguiente, el 29 de febrero, una de las trabajadoras envió un mensaje de texto a la familia de Ángela y les dijo: quiero narrar todo lo que pasó. La familia fue en compañía del ministerio público. Y esta mujer narró lo del sacerdote, las drogas, el abuso. Fue cuando la familia supo las violencias a las que fue sometida su hija.
Sin embargo, la fiscalía siguió tratando el caso como “muerte natural”. No procesó el cuerpo para buscar indicios de violencia sexual. Un mes después, en marzo, la familia tuvo acceso a la autopsia. Ahí se estableció que la muerte había sido por infarto agudo a miocardio. Los análisis de sangre salieron negativos a cualquier sustancia, excepto a clonazepam (que ella no consumía). Luego, un segundo peritaje independiente detectó anfetaminas. En una conferencia de prensa en diciembre, la madre de Ángela explicó que las metanfetaminas son detectables en sangre únicamente 48 horas después de consumirlas. Un indicio clave que refuerza los testimonios de coerción, abuso sexual y negligencia.
La familia exigió que se tomaran muestras de humor vítreo, lavado vesical y restos gástricos. Se hizo, se tomaron muestras, pero hasta el día de hoy no se han analizado.
El humor vítreo es un tejido que se encuentra en el ojo, y su análisis permite establecer con precisión la hora de muerte. Las muestras de lavado vesical arrojarían con claridad las sustancias suministradas y los niveles de azúcar en la sangre y los restos gástricos permitirían saber qué ingirió. Hasta el día de hoy, estas muestras no han sido analizadas.
Las muestras en el cuerpo de Ángela solo podrán ser utilizadas hasta diciembre de este 2020; si no se analizan podrían perder validez. “Sería imposible señalar a presuntos responsables de los delitos de los que fue víctima y fincar responsabilidades”, advirtió Documenta en un comunicado.
El caso se mantuvo en silencio hasta inicios de agosto, pero al ver la inacción de la fiscalía cuando amigos y familiares difundieron el caso en redes sociales, bajo el hashtag #JusticiaparaÁngela. La fiscalía antes –como en muchos casos– pedía “discreción” para no entorpecer las investigaciones.
Menos de un mes después, Jesús el pastor finalmente fue detenido. Pero no por la muerte de Ángela.
Desde febrero hasta agosto, Jesús, el pastor estuvo dado a la fuga. Más tarde se sabría que se escondió en otro centro dirigido por un amigo. En este punto las narraciones no son claras, pero al parecer otra joven ahí también lo acusó de abuso (no se sabe si esta denuncia se realizó ante autoridades). Luego, Jesús salió y abrió de nueva cuenta su centro de rehabilitación de mujeres. Ahí fue detenido el 26 de agosto.
Una de las jóvenes que también fue abusada la noche del 26 de febrero decidió denunciar. Por este delito Jesús es detenido y se encuentra en proceso judicial. Pero el feminicidio siguió clasificado como “muerte natural”.
“Un problema es que la voz de las personas que consumen no es ‘tan respetable’”, ironiza Noyuma Aoyama.
En la carpeta de Ángela, hasta el día de hoy, sólo hay tres declaraciones ministeriales: el de la trabajadora del lugar, el de la interna que denunció por violación y el del encargado del centro de varones. Desde mayo, los padres exigieron al entonces fiscal del caso, Eduardo Gómez Castillo, llamar a declarar a las demás internas, pero aquél se negó; alegó que el testimonio de una mujer adicta “no era válido”.
El 17 de septiembre pasado, la Fiscal de Feminicidios y Delitos Contra la Mujer aseguró que las muestras biológicas disponibles del cuerpo de Ángela dejarían de ser idóneas para realizar peritajes en un tiempo total de 10 meses a partir de su fallecimiento, es decir, el día 28 de diciembre de este 2020.
“Afortunadamente el Instituto de Criminalística desmintió esto”, anunció la organización Documenta, en un comunicado. “Ahora se abren las puertas para, por fin, determinar la causa de la muerte de Ángela”, comentó Paulina Ambriz, integrante del área de Acompañamiento Jurídico de Documenta y una de las abogadas del caso.
“A pesar de que el caso de Ángela es particular porque tenía este padecimiento (diabetes), la violencia sexual y privación de la libertad, no es aislada. La mayoría de los casos en centros de reclusión se presenta algún tipo de violencia”, concluye Nayomi Aoyama.
Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
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