Los jornaleros mexicanos no paran de ir y venir, de la montaña de Guerrero a los campos del norte. Ni los gobiernos estatales, ni las empresas, ni el Ejecutivo federal han procurado medidas de seguridad para ellos frente al coronavirus
Texto: Vania Pigeonutt
Desde la primera semana de abril han llegado a la región indígena de la Montaña de Guerrero, camiones de jornaleros. Son migrantes que regresan a sus comunidades Na Saavi, Me´phàà y nahuas, después de trabajar en estados como Sinaloa y Baja California.
Estas personas, en su mayoría indígenas, necesitan cuidados y apoyos económicos especiales para sobrevivir la pandemia. También hay camiones que salen de Guerrero a otros campos agrícolas.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, advierte que si los gobiernos estatal y federal no atienden esta ruta migratoria, no sólo desprotegerán a la gente que llega de esos estados del norte, sino que exponen a comunidades donde no ha habido contagios: la zona indígena más importante de Guerrero.
El director de la organización, Abel Barrera Hernández, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador dar seguimiento a esta población vulnerable.
La ruta de covid–19, pasa por la ruta migratoria. Para Tlachinollan no es casual que estados como Baja California y Sinaloa ocupen el tercer y cuarto lugar nacional en cuanto al número de personas contagiadas por la enfermedad. Resalta que en los meses de septiembre a diciembre de 2019 el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña con sede en Tlapa registró 3 mil 675 personas que salieron a trabajar a los campos de agrícolas de estos estados.
De esta cantidad, calcula Barrera Hernández, al menos la mitad de los jornaleros está regresando a Guerrero sin ninguna medida previa de protección. Ni por las empresas agrícolas, o por los gobiernos de los estados que los reciben ni por el gobierno federal.
La exigencia logró que el gobierno de Guerrero entregara 2 mil 500 despensas para familias, de un total de 5 mil que darán a los jornaleros cuando lleguen a Tlapa. Pero la migración no para. El jueves pasado, explica el defensor, salieron rumbo a los campos de Delicias, Chihuahua, cinco camiones de los municipios de Cochoapa El Grande, Atlamajalcingo del Monte y Metlatonoc, población Na Savi de los municipios más pobres de Guerrero.
“Antes, la temporada [de migración] era por octubre, septiembre. Pero todo se agudiza porque no tienen tierras, ya es un éxodo permanente de familias indígenas. […] Y los que tienen son incontables porque no les llega a tiempo el fertilizante o no les llega completo”, explica.
Abel Barrera
La situación se agudiza porque no van a llegar remesas de Estados Unidos. Y quienes resentían ya la situación en abril, prevén que este mes la situación sea peor. “Salieron esos camiones (jueves). Van al corte de chile jalapeño.
«Van con familias, niños, niñas. Vemos que es la asfixia real de los pueblos. De esta extrema pobreza, que tienen que arriesgar su propia seguridad y salud para poder encontrar, por lo menos 100, 150 pesos la jornada”.
Abel Barrera
A nivel federal, cuenta, solicitaron la implementación de un programa especial para garantizar la alimentación, sabiendo que con la pandemia, los circuitos de comercialización y de producción se alterarían. Pone como ejemplo el bulto de maíz de 200 cuesta a 400 pesos.
“El maíz se vuelve un producto de lujo que se complica comprar. El cono de huevos está a 60 pesos en tiendas de la Montaña”.
Ante esta situación muchas familias llenan sus costales de cosas y se adelantan en sus salidas a los campos agrícolas.
“Vemos que es muy necesario que tanto las autoridades del estado puedan prever esta situación. Valorar que es un sector muy vulnerable, es una población en movimiento permanente, a la que habría que brindarle atención: hay niños, mujeres embarazadas con problemas de desnutrición y con riesgos de enfermarse fácilmente por las condiciones climáticas y jornadas extenuantes de trabajo. Los hace presa fácil pescar cualquier enfermedad, gripa, calentura, de la tos y en estas circunstancias que puedan fácilmente contagiar”, considera.
En esta primera etapa de la migración, la mayoría de las familias jornaleras se enroló en los campos agrícolas de Buen Año, Isabeles, Exportalizas mexicana, Cerrucho, Golden de los Dorados, Santa Elena, Nogalitos, El Toro, El Dorado, Saucito, todos del estado de Sinaloa.
El censo del Concejo de Jornaleros registra 3 mil 80 personas, que representa el 84 por ciento de la población jornalera que salió de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Xalpatláhuac, Atlixtac y Alcozauca. La mayoría de las familias son de los pueblos Na’savi, Me’phaa y Nahua. Al inicio escolar es cuando salen los padres con sus hijos durante seis meses, el primer semestre del ciclo escolar.
Para Tlachinollan, la población jornalera además de estar invisibilizada por las autoridades federales y estatales es la más vulnerable e indefensa. Enfrenta en todo el proceso migratorio tratos discriminatorios, extorsiones, vejaciones y explotación laboral.
“Además de todo este viacrucis que los hace rehenes de los enganchadores, de los chóferes, los caporales y los patrones, ahora enfrentan también la amenaza del coronavirus”.
También hicieron una solicitud a la Secretaría del Trabajo para que revise las condiciones en las que se encuentran en campos agrícolas. Aseguran que viven en galeras, hacinados, sin agua potable, recluidos en los mismos campos donde existen tiendas de raya.
“A ninguna empresa se le ha exigido que tome las medidas preventivas para evitar el contagio entre la población trabajadora, mucho menos de que garantice condiciones óptimas para que las familias puedan tener agua potable en sus viviendas y un lugar digno donde descansar. Las autoridades federales y estatales deben de tomar en cuenta que la población jornalera debe de brindársele el apoyo y la protección que requieren, máxime que se encuentran en total desamparo y lejos de sus comunidades”, pide la organización.
El jueves pasado, en conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que revisarían el tema.
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