La catástrofe en la Huasteca Potosina revela los efectos de un modelo de gestión hídrica estructuralmente deficiente, donde la descoordinación institucional y la marginación de comunidades se combinan con un marco legal que prioriza intereses privados sobre el derecho humano al agua, profundizando la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos

Texto: Alejandro Ruiz y Camilo Ocampo

Fotos: Juan Pablo Zamora / Cuartoscuro

SAN LUIS POTOSÍ.- La Huasteca Potosina enfrenta una catástrofe hídrica que ha dejado a comunidades bajo el agua e incomunicadas. El desbordamiento de al menos cinco ríos —Moctezuma, Amajac, Axtla, Tampaón y Gallinas—, provocado por intensas lluvias y el desfogue de la presa Zimapán, ha causado daños totales e incalculables. A pesar de la devastación, los damnificados claman: “Estamos golpeados, pero no derrotados”.

El embate del agua y la pérdida total

Las inundaciones han golpeado severamente a municipios como San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale y Axtla de Terrazas. Estas localidades, especialmente las aledañas al gigantesco río Moctezuma, han visto a familias enteras permanecer días en las azoteas esperando rescate.

Ulises Martínez, representante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y habitante de San Vicente, describió la situación como caótica. Se calcula que hay más de mil quinientas personas afectadas. En San Vicente Tancuayalab, al menos entre doce y trece comunidades sufrieron pérdidas considerables.

El desastre no solo es económico, sino sanitario. Las comunidades rurales e indígenas, que tradicionalmente construyen letrinas o baños con fosas en la tierra, han visto colapsar estos sistemas bajo el agua. A esto se suma la presencia de perros y puercos muertos por todas partes, lo que anticipa graves focos de contaminación una vez que el nivel del agua disminuya.

Este embate evoca la memoria de la tragedia de 1955, cuando San Luis Potosí sufrió inundaciones severas tras el paso de los huracanes Gladys e Hilda, afectando a los mismos municipios que hoy vuelven a padecer.

Zimapán: la decisión de desfogue y el aviso tardío

El factor determinante en el aumento del caudal fue la presa Fernando Hiriart Balderrama, o Zimapán, ubicada en Hidalgo. Tras recibir grandes aportaciones del Valle de México (vía el río Tula) y Querétaro (vía el río San Juan), la presa alcanzó su nivel máximo de almacenamiento, con más de 1562 millones de metros cúbicos de agua, registrando un volumen de 102 %.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó iniciar la liberación de 360 metros cúbicos por segundo, más 60 adicionales por la operación de turbinas.

Sin embargo, el manejo informativo de la emergencia ha sido señalado como ineficaz.

La cronología de los hechos revela una grave descoordinación que exacerbó la emergencia.

El jueves 9 de octubre, a las 15:45 horas, la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí anunció en redes sociales que la apertura de compuertas de la presa Zimapán se realizaría el viernes 10 a las 10:00 de la mañana. Horas más tarde, en una discordante señal de los tiempos, las autoridades municipales de Tamazunchale alertaron a la ciudadanía que el desfogue ocurriría esa misma tarde a las 19:30 horas. Sin embargo, el desfogue real se consumó a las 20:46 horas, apenas cinco horas después del primer aviso estatal.

Fue solo hacia las 22:44 horas, cuando el agua ya bajaba por los cauces, que la Conagua emitió un comunicado oficial confirmando la medida, haciendo pública la noticia con una antelación de 13 horas menos de lo inicialmente prometido, sumiendo en la confusión a una población que tuvo apenas unos minutos para reaccionar.

Esta confusión significó que la escasa población con acceso a la información (varias comunidades tienen restricciones de acceso a telefonía e internet) tuvo apenas una hora para actuar y tomar precauciones. Los comunicados, además, no indicaron los niveles que alcanzarían los ríos o si era necesaria la evacuación. La falta de un plan de coordinación interinstitucional es evidente.

Vulnerabilidad crónica y contaminación minera

La tragedia se asienta sobre condiciones preexistentes de vulnerabilidad ambiental, social y económica. Un mes antes de estos eventos, pobladores de las zonas aledañas a Zimapán ya habían advertido sobre los riesgos de continuar con los desfogues, una medida que inunda las comunidades ubicadas en los cauces del río Moctezuma.

Zimapán, además de ser el centro de la problemática hídrica, es una zona de intensa actividad minera debido a su riqueza en zinc, plata, vanadio, plomo y fosfato. Esta minería ha provocado la contaminación de los mantos acuíferos. Pese a que el arsénico está presente naturalmente, la actividad extractiva incrementa la exposición a metales pesados. Los sistemas hídricos son vulnerables; el desfogue no solo inunda, sino que expone y propicia focos de infección debido al agua contaminada.

La afectación general en San Luis Potosí incluye 12 municipios damnificados, mientras que otros estados cercanos también sufrieron graves consecuencias: Veracruz con 40 municipios afectados y 29 fallecidos; Hidalgo con 28 municipios y 21 fallecidos.

El modelo detrás de la tragedia

La catástrofe en la Huasteca Potosina ocurre en un momento crítico del debate nacional sobre la gestión del agua. Un amplio conjunto de 82 organizaciones de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, junto con 34 Contralorías Autónomas del Agua y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios del Agua, con presencia en 21 entidades federativas, ha expresado su preocupación por una nueva iniciativa de Ley General de Aguas presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la LXVI Legislatura.

Las organizaciones advierten que la iniciativa conserva los mecanismos que, a su juicio, han generado el «sobreconcesionamiento, acaparamiento, privatización y contaminación» de las aguas nacionales. Entre los puntos más críticos señalan que la propuesta:

– Mantiene la privatización de grandes obras hidráulicas y sistemas municipales.

– Perpetúa los Consejos de Cuenca de los años 90, donde solo gobiernos y grandes concesionarios tienen voz y voto.

– Crea una figura de «reasignación» que facilita la compra-venta de concesiones en acuíferos ya deficitarios.

– Extiende de dos a seis años el plazo para que un concesionario mantenga volúmenes de agua sin usarlos.

– Establece una Estrategia Nacional a 60 años para lograr el derecho humano al agua, plazo que consideran inaceptable.

Mantiene el sistema de «derechos por contaminar», que califican como autorregulado e ineficaz.

Frente a esta iniciativa, las organizaciones han entregado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un documento con propuestas alternativas que buscan la desprivatización, un acceso equitativo al recurso, la creación de Consejos Regionales con democracia participativa, planes inmediatos y vinculantes para restaurar cuencas, la prohibición del fracking y el principio de «descarga cero»de contaminantes.

La tragedia de la Huasteca evidencia, para estos actores sociales, las consecuencias de un modelo de gestión hídrica que prioriza la obra gris sobre la infraestructura natural y los intereses particulares sobre los derechos colectivos, reforzando la urgencia de una legislación que truly priorice el derecho humano al agua y la sustentabilidad.

Llamada a la reconstrucción y justicia

Pese a la crítica situación (sin alimentos, electricidad, y con pérdida total de cultivos y bienes), la comunidad tiene esperanza en la reconstrucción. Ulises Martínez recuerda que, en la tragedia de 1955, la gente logró salir adelante y confía en que esta vez no será la excepción. La limpieza de la zona es el próximo paso crucial.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a la zona para recibir un reporte y aseguró que se trabajará en la reconstrucción, limpieza y apoyo a las familias damnificadas, además de restablecer los servicios. Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró la rehabilitación del Hospital de Ciudad Valles para el próximo año.

Sin embargo, se advierte que es indispensable que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades en los fallos de comunicación y planeación. La atención debe ser integral, incluyendo la reparación de daños, la recuperación económica, social, cultural y ambiental de las comunidades, que en su mayoría son población vulnerable (indígenas y campesinas). Es crucial reforzar los sistemas de monitoreo meteorológico, alerta temprana y comunicación social para garantizar los derechos humanos de la población y evitar la repetición de desastres en el marco del cambio climático.