La contaminación desbordada por incendios forestales es sólo una parte de un problema de explotación ilegal de recursos y de devastación que enfrenta una de las mayores reservas boscosas de la capital mexicana. En 30 años, el Ajusco, que filtra agua y aire para los habitantes de la ciudad, ha perdido gran parte de su masa forestal por la tala clandestina, la invasión de zonas de conserva natural y los incendios provocados, una secuencia que se repite sin que las autoridades logren detenerla

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Duilio Rodríguez

En los pueblos del Ajusco hay niños que ya no quieren ser campesinos cuando crezcan. “Aquí los niños de grandes quieren ser tierreros, o madereros, o piperos, o de los que invaden las tierras”, asegura uno de los ejidatarios de San Nicolás Totolapan, una reserva ecológica en esta montaña al sur de la Ciudad de México.

Aquí la devastación de los recursos naturales pareciera el único trabajo viable para los jóvenes de la zona. Décadas atrás, sus pobladores explotaban el bosque con medidas de control de forestal, sin embargo, a partir de la veda forestal declarada en 1947, la extracción ilegal de tierra y madera ha sido fuente de trabajo para muchos, los tierreros y los madereros. Pero se ha potenciado en años recientes. “El Ajusco se está perdiendo a pasos agigantados, no es sólo que talen, sino lo que viene después”, advierte un ejidatario de la zona que pide el anonimato.

Él sabe que así inicia el proceso de destrucción y urbanización que se ha ido ‘comiendo’ la sierra, desde sus faldas hacia la punta: inicia con la tala clandestina, pasa por la quema forestal que ‘limpia’ los terrenos, se sigue con la invasión de predios de conservación y la urbanización de reservas ecológicas.

“Mi papá dice que la zona forestal está toda tasajeada”, cuenta el campesino. Según él, éste es un fenómeno que abarca a toda la zona forestal de la Ciudad de México, y que en los últimos cinco años ha reducido el uso de suelo rural de la capital.

En los últimos años la Ciudad de México duplicó su área urbana, en detrimento, por supuesto de sus zonas rurales; de acuerdo con un análisis comparativo de los procesos de formación urbana hecho por Sergio Padilla Galicia, investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Este fenómeno arrasa con recursos naturales que generan servicios vitales para toda la ciudad, como son la captación de agua de lluvia para los mantos acuíferos. El último golpe que dio este proceso a la ciudad fue la contaminación por materia particulada, que se tradujo en más de una semana con mala calidad del aire.

De acuerdo con la Comisión de Recursos Naturales de la ciudad, la Corena, el área natural protegida del Ajusco y suelo de conservación permite la infiltración de agua para la recarga del acuífero del Valle de México, del que proviene casi 70% del agua que consume la Ciudad de México; y además actúa como una barrera contra las partículas producto de la contaminación. Este bosque filtra el aire que respiramos y el agua que bebemos.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo durante la crisis ambiental que la contaminación por materia particulada menor a 2.5 micrómetros, las PM2.5, que afectó a la ciudad desde el 10 de mayo, se debió a una mezcla de factores, entre los que están los casi 200 incendios forestales en la ciudad y el Estado de México del fin de semana pasado.

Según los datos de la jefa de gobierno, muchos de estos fueron ocasionados, y detrás de ellos hay problemas como la invasión de suelo de conservación, que aseguró “deben ser atendidos”, sin decir más al respecto.

Uno de los incendios destruyó gran parte del parque ecoturístico Tepozan, en el kilómetro 10.9 de la carretera Picacho-Ajusco, que inició el 10 de mayo y pudo ser contenido hasta cuatro días después.

De acuerdo con el campesino, estos siniestros son usuales cada año, y se presentan en la ‘temporada de incendios’, que no es tal, sino el tiempo de sequía previo a la época de lluvias, que los invasores de predios forestales aprovechan para quemar los bosques y dejar libre para la instalación de casas. “Ellos queman, porque así van limpiando, después del incendio cercan las zonas y se adueñan de ellas”, asegura el campesino. “Aquí hay condiciones para que alguien haga una quema y no se castigue”.

Primer paso: talar los montes

Esta semana ya no se han escuchado las motosierras en los parajes del Ajusco, colindantes con el ejido de San Nicolás Totolapan. Tal vez porque después de los incendios de la última semana se incrementó la vigilancia de los guardabosques. Desde hace más de una década la tala clandestina es una práctica recurrente en la zona, de acuerdo con los campesinos de estas serranías; también es el primer paso para iniciar el proceso de urbanización de la montaña.

Después de arrasar con los recursos maderables, vienen las quemas, que preparan el terreno para algunas viviendas sencillas que, después de años de permanencia, logran que el gobierno reconozca su asentamiento, comience a tener servicios y vaya preparando el camino para el cambio de uso de suelo.

En la tala están inmersas, por lo menos, mil personas entre taladores, aserradores y choferes de camiones. Les suelen pagar 300 pesos al día, pero de ahí tienen que sacar para la gasolina, para sus equipos y sus  herramientas, además de que, por supuesto, no tienen ninguna certeza sobre el trabajo del día siguiente.

Sin la colusión de las autoridades, la tala no habría sido posible durante tantos años. Existen parajes talados a pie de carretera. De acuerdo con los pobladores de la zona, los choferes trasladan camiones llenos de tablones y vigas por la carretera Picacho Ajusco, sobre la que solía haber un retén de la Marina, que después fue atendido por la Policía Federal y ahora está en manos de un puñado de policías locales que, según la gente del lugar, rara vez se ven en sus puestos.

De acuerdo con los habitantes de la zona, los talamontes pagan 6 mil pesos por semana por cada camioneta que usan para poder bajar la toda la madera del monte. Este corredor de la tala clandestino, explican, va desde Xalatlaco, pasa por el ejido de San Juan, Tres Marías, en el estado de Morelos, y llega hasta las lagunas de Zempoala, en el Estado de México.

El problema de la tala, aseguran los ejidatarios, se acrecentó durante los últimos años, cuando Tlalpan era gobernado por Claudia Sheinbaum. El problema no fue exclusivo de esa demarcación, pues el ejido de San Nicolás Totolapan tiene la mayor parte de su extensión en La Magdalena Contreras, que en ese entonces era gobernada por el priista Fernando Mercado, hoy director del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad, un organismo desconcentrado del gobierno local.

Tan sólo en el Ajusco se calcula que hay 27 aserraderos ilegales. Incluso, hace dos meses hubo un operativo, para parar la tala clandestina, y hace un año hubo otro en el que participaron mil elementos de la policía. En ambos, sólo desmantelaron aserraderos. Ninguna detención.

¿Y los guardabosques?

Este año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales disminuyó el presupuesto para los programas de empleo de guardabosques. El pasado 15 de mayo, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la dependencia, Sergio Sánchez, reconoció que el programa fue suspendido por el recorte presupuestal en todo el gobierno federal.

Por su parte, el gobierno de la ciudad dice haber duplicado la plantilla de combatientes forestales. Pablo Vértiz, ejidatario, presidente del consejo de vigilancia de San Nicolás Totolapan, da fe de ello. Este año, el Área Natural Protegida con categoría de reserva ecológica comunitaria de San Nicolás Totolapan, en vez de tener tres brigadas de cuidado forestal, ahora tienen seis.

El problema está en el pago, asegura. “Ellos (la Corena) les debieran de pagar, pero no les han pagado. Los compañeros tienen necesidades, y luego el ejido es el que les acaba pagando”. Cuenta que tienen que trabajar con equipo propio, y que muchos de los combatientes son los propios ejidatarios.

La última semana fue muy intensa, cuenta. “Habían días en la que nos íbamos desde la mañana hasta las dos o tres de la madrugada, combatiendo los incendios”.

“Una cosa es el discurso político y la otra es que los programas puedan aplicarse”, dice Víctor Flores, coordinador técnico de la reserva de San Nicolás. Su trabajo depende directamente del ejido y de la Corena, que se encarga de su sueldo, aunque de momento, le ha estado pagando el ejido, “como en un préstamo”, dice, mientras llegan los recursos del gobierno.

Víctor explica que el alza de los brigadistas se debe a un cambio en el programa de Reservas ecológicas comunitarias, que en este gobierno cambiaron su denominación a Zonas de conservación comunitaria. “Se supone que habrían estado dando más recurso”, explica, “pero el cambio fue que ya teníamos definidas áreas de reserva, que eran mil 984 hectáreas, y ahora con las nuevas reglas, disminuyeron a mil 383”, con las que aún así, recibirán más de nueve millones de pesos.

De acuerdo con las reglas de operación del programa, para que una hectárea sea elegible como zona de conservación necesita tener por lo menos 400 árboles. “Hay áreas que sí las dan”, explica el brigadista, pero hay otras que tienen otros recursos. «Tienen menos árboles por ser pedregosas, pero ahí es zona de filtración de agua, entonces, pues esas ya no entran…”.

Por cada una de estas hectáreas pagan 7 mil pesos al ejido para pagarle a los brigadistas. Esos recursos son los que, como cuenta Víctor, han tardado, por lo que no se ha echado a andar el programa. De esos recursos, además, depende el resto de los insumos de las brigadas, como el mantenimiento de los vehículos y la compra de equipo. “La cosa es que ellos, con su prisa de echar a andar todo en sus primeros días de gobierno, no vieron lo que lo que falla”.

Además de, supuestamente, duplicar las cuadrillas de brigadistas y combatientes, también se incrementó el presupuesto para suelo de conservación, que pasó de 170 millones de pesos, a mil millones. De los cuales la mitad es exclusiva para el cuidado de los bosques, aunque no hay programas claros de cómo se pueda repartir; algunos ejidatarios creen que esto podría facilitar el uso clientelar de programas sociales.

“Como están las cosas, eso sólo va a profundizar la corrupción. Hay mucha gente que tiene sus ojos en estos terrenos. Es una cosa integral, y es un problema desbordado”, opina un campesino del lugar. “Repartir tanto dinero es premiar a los que han promovido todo esto, son los que han hecho lotes, ranchos. Es una contradicción. Ellos van a manejar ese dinero. Van a darle dinero a los que manejan la tala”, dice un poblador. “No están planteando algo viable para el control de la tala ni para contener el crecimiento de la mancha urbana”.

De acuerdo con campesinos del lugar, el gobierno no tiene un diagnóstico real de la zona rural de la Ciudad de México, ni de proyectos agrícolas ni de proyectos productivos; tampoco existe un programa de aprovechamiento forestal en donde intervengan las comunidades y en el que se incluyan las políticas de conservación.

Pie de Página buscó al director de preservación de la Corena, Diego Segura, pero los miembros de su equipo  respondieron que “no está autorizado para dar entrevistas”.

Segundo paso: la invasión

Una semana después del incendio que inició en el parque Tepozan, y que afectó hectáreas de otros terrenos ejidales y de conservación, la tierra aún echa humo. Éste es un bosque relativamente joven, que cubre el pedregal que la erupción del Xitle dejó hace más de mil 500 años. Esto hace que la tierra no sea demasiado profunda y haya muchos huecos de piedra, como pequeñas cuevas que guardan cenizas y brasas que, a pesar de las lluvias, podrían volver a iniciar un incendio.

Si no se invadieran estos terrenos, advierte un poblador, el bosque se podría recuperar pronto. Sin embargo, después de los incendios, suelen llegar casas, cabañas, construcciones de cartón y lámina.

Estas invasiones tienen décadas en la zona, lo han estado haciendo desde abajo hasta arriba. Primero le venden a unas personas, que después son despojadas y desalojadas, pero como el uso de suelo cambió –de facto, no legalmente–, esto da lugar a que se construyan casas de concreto, con servicios, algunas, incluso de lujo.

En uno de estos campamentos vive Francisca Ávila, una mujer de 77 años que depende del trabajo de sus dos hijas, y habita una pequeña choza de madera con techo de lámina, dentro de un predio cuya entrada está enmarcada por un letrero que especifica “Reserva ecológica, prohibido construir”.

“Nosotros ya teníamos 20 años viviendo acá, de cuando compramos de buena fe, a una señora que decía que era ejidataria de San Nicolás. Tengo el recibo”. asegura. “¿Nos lo puede mostrar?”, preguntamos. “Bueno, ahorita no, porque las que saben dónde están son mis hijas que no están acá ahorita”.

Hace tres años, de improvisto, un operativo de policías y de la Secretaría de Medio Ambiente llegó a desalojarlos del predio. “Para nosotros fue una desgracia tremenda. Porque no tenemos ingresos, no tenemos dinero, esto es todo lo que teníamos, una casita que fuimos construyendo poco a poco, esos eran nuestros ahorros”, dice entre lágrimas.

“Somos como 73 familias. Cuando vinieron, yo le decía a la licenciada del Medio Ambiente que vino, que me dejara hablarle a mis hijas, que estaban trabajando. ‘No señora, cuando nosotros traemos una orden la tenemos que ejecutar’, me dijo. Y me agarraron a mí solita. Entraron las máquinas y se llevaron todo. Teníamos una cisterna construida, y la derribaron, toda el agua se vino para acá, como un río parecía”.

Al poco tiempo de que fueron desalojadas, las familias regresaron al predio, y ahí han permanecido. Francisca asegura que si vuelven a intentantar desalojarla, no se irá.

“Ya reconocieron que el asentamiento es inrregular. Por qué se esperaron 20 años a sacarnos, después de 20 años nos vienen a sacar salvajemente. No se vale”, dice. “Si nos vienen a sacar, yo me voy a parar en mi cabaña, si me sacan, solo que me maten. Yo no me pienso salir, sólo con los pies por delante al panteón. Yo he pensado que si un día vienen de nuevo, yo me voy a meter a mi casa y que metan la máquina, no me importa”.

Hace 6 años, de acuerdo con una nota de La Jornada, en este predio hubo otro desalojo. En ese entonces, los pobladores confiaron en su líder vecinal, Patricia Rodríguez, que los llevó al lugar porque ella había logrado asentarse en colonias aledañas. Les mostró unos planos y un supuesto amparo que alegaba daba legalidad a su ocupación, sin embargo el predio es parte de una reserva ecológica y es terreno ejidal que no está a la venta. En esos días, en el lugar había una manta que rezaba: “Esta área es propiedad de Belvedere AC y está protegido por el amparo 656/75”.

Aquí aún no hay servicios, como agua entubada o líneas de energía eléctrica, pero pronto puede haberlos. Al predio se le conoce como los Resumideros, que están dentro del área natural protegida de San Nicolás Totolapan, una zona sin tantos árboles y con un terreno accidentado y pedregoso, que es de gran aprovechamiento para la infiltración de lluvia. Sin embargo, durante los últimos años los invasores han usado cascajo para rellenar el terreno y habitarlo. Aquí incluso se depositó el cascajo de la construcción de la Supervía Poniente en los tiempos en que el ahora canciller Marcelo Ebrard gobernó la ciudad.

Al fondo del predio se asoman los cimientos de unos castillos de construcción y una retroexcavadora. “¿Cómo es posible? Eso es lo que yo no entiendo, para allá están haciendo casas, eso dicen. Por qué a ellos sí les dejan hacer casas y a mí no?”, cuestiona Francisca. “No es justo para nosotros los ciudadanos, que queremos un lugarcito para vivir y acabar nuestros días”.

Daño por tala clandestina en el paraje del Paso de la Mula, en el parque ecológico San Nicolás Totolapan:

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