El reportero Jason Buch tuvo acceso a documentos judiciales del caso en Estados Unidos contra Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila en el gobierno de Humberto Moreira, acusado de lavar millones de dólares en bancos estadounidenses que no hicieron lo suficiente para evitar el blanqueo del dinero

Texto: Jason Buch / The Observer

Ilustraciones: Carlos Mendoza  y Edgardo Barrera

COAHUILA.- Cada vez que los empleados del Chase Bank en Texas le preguntaban a Héctor Javier Villarreal Hernández cómo ganaba su dinero, él daba una respuesta diferente.

Decía que provenía de los negocios de restaurantes de su familia en México, o de una concesionaria de Mercedes Benz que poseía. O de la venta de aviones que entregó al estado de Coahuila, que limita con Texas desde Laredo hasta el parque nacional Big Bend.

Los empleados del Chase investigaron a Villarreal Hernández una y otra vez entre 2008 y 2010, según los registros judiciales presentados en San Antonio y Corpus Christi. La cantidad de dinero aumentó de varios miles de dólares en depósitos en efectivo a decenas de millones de dólares en transferencias electrónicas desde México. 

Los documentos judiciales detallan lo que expertos en lavado de dinero consideraron una serie de señales de alerta: Villarreal Hernández dio explicaciones contradictorias y siempre cambiantes. 

Trató de ocultar al Chase que, de hecho, era uno de los funcionarios públicos más poderosos de Coahuila. 

Autoridades mexicanas lo arrestaron en 2011 acusado de defraudar al gobierno de Coahuila. Pero, a pesar de todo eso, el banco siguió haciendo negocios con él hasta febrero de 2012; es decir, cuando un investigador de la Procuraduría General de Texas entró en una sucursal del Chase en la zona norte de San Antonio con una orden de registro. Buscaba de información sobre las cuentas de Villarreal Hernández. 

El investigador encontró 6.5 millones de dólares que, según acusaciones en los documentos judiciales, el Chase sabía que pertenecían al extesorero del estado de Coahuila, distribuidos en ocho cuentas diferentes.

No hay indicios en los registros de la corte federal ni en disposiciones regulatorias de que el banco, o cualquier persona asociada con él, haya enfrentado alguna vez repercusiones por las decenas de millones de dólares que Villarreal Hernández y otros les robaron a los contribuyentes mexicanos. El dinero pasó por sus cuentas durante cuatro años, según entrevistas y revisiones de registros de tribunales federales.

El dinero se utilizó para comprar un condominio en la Isla del Padre, una casa en San Antonio, un centro comercial, dos complejos de apartamentos; también un lavado de autos, una gasolinera en Brownsville y una farmacia al otro lado de la calle de la sucursal del Chase en el exclusivo vecindario Stone Oak de San Antonio, donde los funcionarios confiscaron los 6.5 millones de dólares de Villarreal Hernández. Una portavoz corporativa del banco Chase, Trish Wexler, se negó a hacer comentarios para esta historia.

Como el Texas Observer informó en mayo, Estados Unidos ha acusado a cleptócratas de cuatro estados mexicanos de lavar dinero a través del Chase y otros bancos estadounidenses en la última década. Funcionarios corruptos aceptaron sobornos por contratos inflados en México y luego usaron el dinero de los sobornos para comprar bienes raíces en Texas.

Después de que autoridades estadounidenses confiscaron decenas de millones de dólares en propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias, abandonaron sus investigaciones. Las acusaciones se detallan en cientos de documentos que se hicieron públicos durante un par de investigaciones de lavado de dinero realizadas por autoridades federales, estatales y locales en Texas.

Pero una operación federal llamada Politico Junction, y una operación similar denominada Green Tide, también ofrecen una descripción detallada de las transacciones bancarias. Así como detalles de las investigaciones internas secretas que las instituciones financieras realizan de sus clientes. 

Los registros judiciales que se filtraron durante la última década brindan información adicional sobre cuán dispuestos estaban los bancos a hacer negocios con funcionarios extranjeros como Villarreal Hernández, incluso cuando su actividad tropezó internamente.

El Texas Observer y el Anti-Corruption Data Collective, un grupo de investigadores y periodistas que abogan por políticas públicas y leyes para frenar la corrupción transnacional, revisaron las acciones tomadas por los reguladores federales contra los bancos mencionados en los documentos judiciales. Encontraron que los bancos estadounidenses rara vez enfrentaron repercusiones graves por su implicación en el lavado de dinero.

Un gran jurado en Corpus Christi acusó formalmente en 2013 a Villarreal Hernández como resultado de la Operación Politico Junction. En 2014, se entregó a agentes federales en la frontera de El Paso; lo trasladaron a San Antonio, donde los fiscales federales revelaron una acusación adicional en su contra. Se declaró culpable de delitos de lavado de dinero y acordó entregar millones de dólares que los fiscales habían incautado de sus cuentas bancarias.

En los registros judiciales se mencionan más de una docena de bancos; pero los documentos ofrecen diversos grados de detalle y parte de la información permanece sellada. Los documentos publicados relacionados con demandas de decomiso de activos y juicios penales en San Antonio y Corpus Christi pintan una imagen particularmente detallada de la relación de Villarreal Hernández con el Chase. Éste es uno de los tres bancos que continuó haciendo negocios con personas que luego admitieron haber lavado dinero después de investigar la actividad sospechosa de esos clientes, según muestran los registros judiciales.

Al menos cinco bancos aceptaron nuevos clientes que recientemente se vieron obligados a abandonar otras instituciones financieras debido a actividades sospechosas, según los documentos.

Fiscales locales y federales consideraron a los bancos como víctimas de fraude. Dijeron que Villarreal Hernández y otros funcionarios estatales y municipales de todo México mintieron repetidamente a los empleados del banco para ocultar el hecho de que eran servidores públicos. Tenían buenas razones para mentir. 

Según los fiscales, los funcionarios de cuatro estados mexicanos estaban operando un complejo esquema de sobornos y lavado de dinero; aceptaban sobornos de contratistas del gobierno y los lavaban en EEUU. Cientos de millones fueron estafados a los contribuyentes mexicanos; sólo la deuda de Coahuila ahora asciende a más de mil millones de dólares; al menos 100 de esos millones se lavaron a través de bancos y transacciones inmobiliarias en Texas.

Según la ley estadounidense, esos funcionarios eran personas políticamente expuestas, o PEP, un término que generalmente incluye a funcionarios extranjeros actuales y anteriores y a sus familias. Se espera que los bancos estadounidenses tomen medidas para saber si sus clientes extranjeros son PEP y establezcan políticas para garantizar que no estén lavando dinero a través del sistema financiero del país.

En la corte a principios de este año, Villarreal Hernández testificó que los banqueros estadounidenses sabían que sus clientes eran servidores públicos mexicanos. “Nunca nos preguntaron si trabajábamos para el gobierno porque ya lo sabían”, le dijo a un juez en mayo.

Funcionarios de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas procesaron a los cleptócratas mexicanos que lavaron dinero a través del Chase y varios bancos del sur de Texas, pero no respondieron preguntas para esta historia.

La ley de EEUU exige que los bancos tomen medidas para frenar el lavado de dinero, incluida la emisión de informes sobre transacciones sospechosas a la Financial Crimes Enforcement Network, una sucursal del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN. 

Las regulaciones requieren que los bancos averigüen cómo ganan su dinero sus clientes. Pero los documentos judiciales en esos casos recientes de cleptocracia en Texas plantean preguntas sobre si los bancos estadounidenses se toman en serio la eliminación del lavado de dinero, o si solo están marcando casillas y avanzando, dijeron los expertos en lavado de dinero.

“Los bancos se dan cuenta de que es el costo de hacer negocios”, dijo Alvan Romero, ex agente especial de la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos. “Ganan mucho dinero haciendo negocios con personas corruptas. Pero si los atrapan, hacen una evaluación de riesgos. Tienen que pagar a los abogados y tienen que pagar multas, pero creo que lo han incorporado a su modelo de evaluación de riesgos».

En algunos casos, los bancos cerraron las cuentas de clientes sospechosos, demostrando que tenían la capacidad de investigar y actuar si así lo deseaban. 

En 2008, después de que no respondió a sus preguntas, el Chase terminó su relación con Jorge Juan Torres López, otro alto funcionario de Coahuila. 

Las interacciones de Torres López con el banco habían sido sospechosas desde el principio, aseguraron los fiscales posteriormente. Después de que Villarreal Hernández lo presentara con los banqueros, Torres López transfirió millones de dólares desde México a cuentas bancarias del Chase en Estados Unidos, luego a una cuenta de inversión de Bermuda que un asesor financiero del Chase le había vendido. 

Según los registros judiciales, Torres López pidió a los banqueros que borraran los registros de sus transferencias electrónicas y luego exigió que sus declaraciones fueran enviadas a la casa de un banquero en Estados Unidos, no a su propia dirección en México. El nombre del banquero no figura en los registros judiciales.

Paul Pelletier, profesor de derecho y exfiscal de delitos financieros del Departamento de Justicia de EU, revisó extractos de los documentos judiciales y calificó la solicitud de un funcionario extranjero de enviar las declaraciones a la dirección personal de un banquero como «la mayor alerta roja que vi allí «.

“¿Cómo podría estar bien?», se preguntó Pelletier. En ese momento, el banquero debió rechazar inmediatamente al cliente, dijo. “Estás hablando de una PEP. Cierra el libro, apaga la vela, toca la campaña. El experimento ha terminado. Esa cuenta definitivamente no está abierta”. Dijo que los años de actividad sospechosa detallados en los registros judiciales de las operaciones Green Tide and Political Junction y la naturaleza fortuita de la investigación de Villarreal Hernández —una fuerza de tarea contra delitos financieros con sede en Texas comenzó a investigarlo después de que lo detuvieran en el este de Texas con 67 mil dólares en efectivo— muestran las deficiencias en los procedimientos bancarios y en la forma en que EU procesa los delitos financieros.

Algunas de las transferencias bancarias sospechosas que desencadenaron la investigación del banco sobre Torres López involucraron a Villarreal Hernández. Pero el banco aceptó las explicaciones de Villarreal Hernández y siguió haciendo negocios con él, según muestran los registros. “Está muy claro que ninguna de sus respuestas es satisfactoria, y no hay nada que esté diciendo allí que realmente genere ese tipo de dinero rápido”, dijo Pelletier. “Es una tontería”. 

Solo dos bancos mencionados en los documentos judiciales enfrentaron el castigo de los reguladores en los casos de Operation Politico Junction, ambos por no informar sobre actividades financieras sospechosas al FinCEN. Solo el Lone Star National Bank de la localidad de Pharr, Texas, enfrentó sanciones graves: 2 millones de dólares en multas civiles por no implementar repetidamente protocolos suficientes contra el lavado de dinero. 

Las revisiones del Observer y del Anti-Corruption Data Collective de las acciones tomadas para hacer cumplir la ley por parte de los reguladores federales durante los últimos 10 años encontraron solo otro banco que fue castigado por su papel en el lavado de dinero descubierto por Green Tide y Politico Junction. 

Villarreal Hernández, quien está libre bajo fianza esperando sentencia por cargos de conspiración para lavar dinero, no quiso hacer comentarios para esta historia. Su abogado, Michael Wynne, dijo que no podía discutir los detalles de la Operation Politico Junction, pero sugirió tener cuidado para no sacar conclusiones sobre banqueros individuales con base en los registros judiciales.

Wynne, un exfiscal federal que ha estado involucrado como abogado privado en litigios civiles contra varias instituciones financieras importantes, dijo que los empleados bancarios a menudo simplemente siguen políticas internas y no es probable que tomen medidas que alejen a los clientes.

Estados Unidos tiene una de las leyes bancarias más estrictas del mundo, pero las regulaciones en sí son intencionalmente vagas, dijo William Watkins, un antiguo banquero de Texas y ex regulador federal. 

La idea es permitir que los bancos desarrollen políticas contra el lavado de dinero en función de su tamaño y base de clientes, que luego estén sujetas a revisión por parte de los reguladores. 

Las leyes bancarias requieren que las instituciones financieras emitan lo que se denominan «informes de actividades sospechosas» cuando les preocupen las transacciones de sus clientes. 

Estos informes, conocidos como SAR, se envían al FinCEN, que los analiza en busca de tendencias; las unidades regionales de SAR los analizan en busca de pistas criminales. 

Los bancos pueden cerrar cuentas y exigir que los clientes se vayan a otra parte, pero esto suele estar motivado por consideraciones comerciales, no por leyes, dijo Watkins. Establecer un estándar en toda la industria para el cierre de cuentas sería «demasiado oneroso», dijo Watkins.

No está claro en los registros judiciales si el Chase emitió informes SAR después de que investigó a Villarreal Hernández y a Torres López. Los informes son tan secretos que los agentes federales no pueden hacer referencia a ellos en sus declaraciones juradas. Si el Chase emitió informes SAR sobre las transacciones sospechosas de Villarreal Hernández, esa puede ser la razón por la que el banco nunca se enfrentó a un castigo.

Los reguladores federales pueden cerrar los bancos que no cumplan con las leyes contra el lavado de dinero y los fiscales pueden acusar a los empleados de los bancos, pero ambas acciones son raras. 

Cuando los bancos son castigados, las multas rara vez son lo suficientemente importantes como para desincentivar los negocios con clientes de alto valor involucrados en actividades sospechosas, dijeron expertos en la lucha contra el lavado de dinero. Tan pronto los bancos advierten sobre actividades sospechosas, generalmente quedan vacunados contra el castigo. Pero el secreto y el gran volumen de informes SAR hacen que sea difícil para las fuerzas del orden tomar acciones: el FinCEN recibe más de 2 millones de informes SAR al año.

Pelletier ha pedido un «zar del crimen de cuello blanco» para coordinar las investigaciones financieras y capacitar a los fiscales federales. El esquema de lavado de dinero poco sofisticado que empleó Villarreal Hernández podría haberse identificado fácilmente mediante un análisis integral de los informes SAR, dijo Pelletier. “Esto es algo tan burdo que si alguien tiene los sistemas correctos de datos correctos… sería capturado en un minuto de Nueva York”, dijo. “Necesitamos comenzar a descubrir cómo abordar los delitos financieros en el siglo XXI”.

Después de que el Chase cerró su cuenta, Torres López recurrió a una de las personas que le pagaban sobornos, un residente de Mission, Texas, y magnate de la pavimentación llamado Luis Carlos Castillo Cervantes, para que lo ayudara a lavar dinero. Para obtener contratos de pavimentación en Coahuila, Castillo Cervantes pagó sobornos a Torres López y a Villarreal Hernández, quienes luego lavaron una parte de ese dinero en Estados Unidos.

Castillo Cervantes testificó en mayo que, a finales de los 90 o principios de los 2000, compró alrededor del 7 por ciento del Inter National Bank de McAllen por entre 3 millones y 4 millones de dólares. 

Los fiscales alegaron que Castillo Cervantes, quien no quiso hacer comentarios para esta historia, usó su propiedad de Inter National para ayudar a los funcionarios a lavar los sobornos.

En algún momento, según los fiscales, incluso organizó una reunión entre un lavador de dinero profesional llamado Guillermo Flores Cordero y un PEP llamado Óscar Gómez Guerra con funcionarios bancarios. (Gómez Guerra fue acusado en 2014 de cargos de conspiración para lavar dinero y por operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia. Actualmente está prófugo). 

Las cuentas que abrió Flores Cordero se utilizaron para lavar alrededor de 30 millones de dólares a través del Inter National Bank, según registros judiciales. Al menos otro banco se dio cuenta de su plan: en 2011, Wells Fargo cerró sus cuentas. 

Pero cuando se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en 2014, entre los activos que Flores Cordero acordó entregar un certificado de depósito de 3.87 millones de dólares en certificados de depósito del Inter National. También acordó entregar casi 350 mil dólares en cuentas que él y su esposa tenían en HSBC y casi 1 millón de dólares que tenían en UBS. Ambos bancos que, según los fiscales, investigaron su actividad sospechosa en 2011 y 2013, respectivamente. 

En al menos cuatro ocasiones entre 2008 y 2012, según muestran los registros judiciales de Green Tide y Political Junction, cuando un banco decidió terminar su relación con un presunto blanqueador de dinero, otro banco estuvo listo para hacer negocios con ellos, a sólo 24 horas después. 

Edward Rodríguez, un exagente del IRS (el servicio de impuestos de EU), dijo que no existe una vía formal para que los bancos compartan información sobre clientes sospechosos. 

Cuando trabajaba en las oficinas centrales del Departamento del Tesoro en 2007 y 2008, dijo Rodríguez, algunos bancos propusieron crear una base de datos centralizada de clientes que fueron obligados a irse debido a actividades sospechosas.

“Fue una buena idea, pero nunca sucedió realmente. El problema es que básicamente se están pasando la pelota”.

Rodríguez.

Ningún empleado del Inter National o de Banorte, el gigante bancario mexicano que era propietario mayoritario del primero en ese momento, fue acusado como parte de ese caso de lavado. Pero los reguladores financieros estadounidenses sí tomaron medidas en contra de Banorte. Brian Anthony Simmons, en ese momento el director de cumplimiento de Banorte, fue suspendido por 30 días. Los reguladores financieros de Estados Unidos encontraron que Banorte había sido lo suficientemente negligente como para garantizar una multa de 475 mil dólares, aproximadamente el 1.7 por ciento del dinero que Flores Cordero y otros lavaron en el banco. 

Castillo Cervantes se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero en 2017; fue sentenciado a libertad condicional a principios de este año. Como parte del arreglo que hizo con las autoridades, acordó entregar 5 millones de dólares, así como autos y joyas incautados en su casa. Testificó en mayo que cuando vendió sus acciones del Inter National (una familia de Texas las compró en 2017) ganó entre 25 y 28 millones de dólares.

Rodríguez, el exagente del IRS que trabajó en casos de lavado de dinero y fraude, dijo que la multa impuesta a Banorte no es suficiente para disuadir a los bancos de hacer negocios con figuras como Castillo Cervantes y Flores Cordero. “Estos bancos tienen tanto dinero que pueden sobrevivir a cualquier sanción que se les vaya a cobrar”, dijo Rodríguez. “Pagan la multa y siguen adelante”.

*Esta historia es parte de Reporting the Border, un proyecto del Centro Internacional para Periodistas en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Los reporteros y editores de investigación independientes (FIRE) brindaron asistencia en la elaboración de informes para esta historia.