El fin de semana pasado, 946 mil 81 mexicanos participaron en la Consulta Nacional de los 10 programas prioritarios del gobierno que entrará en funciones este 1 de diciembre ¿Quiénes son? ¿Qué los motiva? ¿Qué esperan del resultado? En Pie de Página le preguntamos a los que acudieron a votar en cinco de los estados que serán directamente afectados por los proyectos más controvertidos. Esto fue lo que nos contestaron
Textos: Robin Canul, Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo, Carlos Mari, Diana Manzo / Página 3 y Daniela Pastrana
Imágenes: Robin Canul, Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo , Carlos Mari.
CALAKMUL, CAMPECHE.- Las personas que acudieron a votar en Xpujil, la cabecera municipal, tienen esperanza de que las cosas cambien. Muchos son gente humilde y coinciden en que es la primera vez que su palabra es tomada en cuenta. Sin embargo, también lamentan que la mayoría de los pueblos no tenga acceso a información detallada sobre las posibles afectaciones que pudiera ocasionar el Tren Maya.
Hasta el momento, dicen, no ha llegado ningún funcionario para explicarles el proyecto. Solo saben lo que se dice en los medios de comunicación y en redes sociales, pero la mayoría desconoce el tema y ni siquiera pudo venir a votar.
Javier Molina, por ejemplo, de la localidad de Mancolona, tuvo que pagar 100 pesos de transporte para viajar más de 43 kilómetros y poder votar. Votó a favor de los proyectos, pero se mantiene escéptico.
“Pienso que es muy importante saber a fondo sobre el tren maya: ¿en qué forma se va a traer? ¿Cuánto va a costar el pasaje y si será accesible para todos? ¿Cómo es y dónde pasará? Muchos no lo sabemos”, dice.
Salvador Gómez, de Xpujil, piensa que es importante que los interesados en llevar a cabo este proyecto informen a la población de las 82 comunidades del municipio para que todos los pobladores sepan orientar el sentido de su voto.
“¿Qué beneficios vamos a tener? ¿Qué trabajo nos va a tocar a nosotros como indígenas, como campesinos? Eso es lo que nos hace falta a nosotros, saber. Estamos para apoyar, estamos para responder como ciudadanos y como mexicanos, pero nos tienen que tomar en cuenta”.
Calakmul es uno de los 11 municipios de Campeche y el de más reciente creación: se creó por decreto el 31 de diciembre de 1996, separándolo de Hopelchén. Tiene una población de 26 mil habitantes que viven con un índice de marginación alto, según la definición del Consejo Nacional de Población.
Colinda con Guatemala. En su territorio se localiza uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la cultura maya y un bosque natural tropical incluido en el Área Natural Protegida de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. En 2002, la UNESCO inscribió la zona arqueológica como patrimonio cultural de la humanidad, y en 2013 México propuso la ampliación de la superficie protegida y de la nominación a «Bien Mixto» (cultural y ambiental).
De acuerdo con el estudio Elementos de Evaluación Ambiental Estratégica para el Proyecto Tren Maya; estudio de caso para las Áreas Naturales Protegidas de Calakmul y Balam-kú, elaborado por Jorge Benítez y Shelley M. Alexander, la afectación al patrimonio es inevitable, aunque puede haber elementos de mitigación y es una obra de infraestructura menos dañina que otras.
Pero la conservación no está en las prioridades de todos los pobladores. Refugio Ascensión Olarte, comisario ejidal de Conhuas, una comunidad ubicada a pocos kilómetros de la reserva, cuenta que el “boom del desarrollo” ha detonado la compra-venta de tierras en su ejido, pues ante la precariedad económica y falta de opciones de trabajo algunos ejidatarios han cedido sus derechos ejidales a empresarios o han vendidos sus tierras en alguna emergencia.
“Aquí tenemos un hospital de lujo, pero no hay medicamento”, lamenta. “Es tierra comunal, pero cada ejidatario tiene derecho a cierto número de hectáreas y unos 20 ejidatarios han vendido un porcentaje de 170 hectáreas, cada uno, en los últimos 10 años”.
Lo malo, dice Santos García Osorio, también de Conhuas, es que la gente que ha aceptado vender se queda en total pobreza. “Aquí trabajamos la apicultura y algunos se han formado como guías de turistas y nos va bien”, cuenta.
El alcalde de Calakmul, Luis Mora Hernández, quien marcó un “Sí” en toda su boleta, jura que los proyectos federales serán arropados, siempre y cuando se cumplan como se están promoviendo. Es decir, con beneficios para los pueblos.
El edil dice que la gente está deseosa de ser tomada en cuenta y que en el municipio están organizados para analizar este proyecto y que se pida la opinión a la gran mayoría de los habitantes:
“Que los verdaderos dueños de Calakmul sean tomados en cuenta”, insiste. “Nuestro municipio tiene 43 comunidades que son 100 por ciento indígenas y tienen una lengua materna diferente al español. Vale la pena que con su mismo idioma expliquen y platiquen, pues que hasta el momento no han sido tomados en cuenta, y entiendan el sentido de todos y cada uno de esos programas”, plantea.
Mora acepta que le preocupa la sobrecarga de turismo de la reserva de la biosfera de Calakmul, pero sostiene que en la zona se seguirá ofreciendo un turismo de calidad no de cantidad: “No vamos a permitir que nuestro municipio se desgaste”.
En la península de Yucatán tienen motivos para desconfiar. En los últimos años han sufrido el embate del “megadesarrollo”: ingreso de transgénicos como parte de un modelo agroindustrial; parques eólicos y solares impuestos; granjas porcícolas junto a cenotes y una cervecera que se lleva el agua. Muchos se han visto inmerso en consultas indígenas fallidas como lo es en el caso de Hopelchén (Campeche) o consultas legítimas que son ignoradas, como en Homún (Yucatán), donde las autoridades han jugado en contra de la población y los proyectos continúan operando a pesar mandatos judiciales en contra.
Tampoco ayuda que sean los militantes de Morena quienes lleven la batuta de la organización de la Consulta Nacional sobre los 10 programas prioritarios. Quizá eso sea que en el estado de Yucatán se registró la mayor cantidad de votos anulados: casi el 10 por ciento, en todas las preguntas.
Mauricio Macosay, por ejemplo, piensa que es muy grave la entrega de las riquezas naturales en pos de un proyecto de desarrollo. Él es maestro en la Universidad de Chapingo y activista social. Acudió a votar junto con su esposa y defiende su voto en contra porque no es lo mismo una encuesta ciudadana que una consulta indígena.
“Debe consultarse a las comunidades y construir con y desde las comunidades los verdaderos proyectos de desarrollo que lleven al bienestar de la gente, eso no pasa por la lógica del capital”, dice. “El tren maya lo que busca es facilitar la entrega de recursos naturales; no me opongo a un tren, me opongo a este tren como lo están planteando”.
El biólogo Ricardo Pasos también votó en contra, por una previsión: “Existe el riesgo de que el proyecto apoye a las grandes inversiones y a los destinos turísticos que están identificados en la península de Yucatán y no se están dando prioridad a nuevas estrategias que sean incluyentes con las comunidades rurales”.
Sin embargo, a la mayoría de los que acudieron a votar los mueve la esperanza de que las cosas cambien. Como la enfermera María Lina González Guerrero, quien marcó “Sí” en toda la boleta. Ella está convencida de que el gobierno entrante tiene calculado todo: “ojalá que sea a la gente de los pueblos de Yucatán a la que se le de trabajo, siempre y cuando no destruyan las zonas ecológicas”.
En Chiapas, la consulta no llegó a los pueblos comunidades y ejidos que impactarán los proyectos. De las 79 casillas que se instalaron en el estado, solo una estuvo en el municipio Palenque, y en la cabecera municipal, lejos de los lugares por los que transitaría el Tren Maya – en caso de concretarse- en sus 45 kilómetros de recorrido.
Las comunidades zapatistas se declararon abiertamente en contra de los proyectos propuestos y durante el fin de semana, indígenas que forman el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio se reunieron para analizar los proyectos del Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec, la militarización de la seguridad pública y la iniciativa de ley en materia agraria.
Concluyeron que ninguno fue llevado a consulta con las personas a las que les afectará directamente, porque para que esto se hubiera llevado a cabo, los impulsores debieron haber acudido a las asambleas de las comunidades, donde se reúnen todos los pobladores -hombres, mujeres y niños-, y donde luego de analizar las acciones que les afectan, en conjunto toman decisiones.
Pero eso no sucedió. La consulta se focalizó en las ciudades. Y no respetó tratados y convenios en materia de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT, que establece que la consulta a los pueblos originarios debe ser previa e informada.
“Antes de que realizan el proyecto nadie nos preguntó nuestra opinión, no conocimos los estudios de impacto ambiental, y mucho menos los supuestos beneficios que traerá a la nación”, dijeron.
Para muchos indígenas habitantes de las regiones donde se tienen proyectados estos programas, las acciones que está realizando el nuevo gobierno pretenden dar continuidad al modelo de desarrollo basado en la mercantilización de la tierra, por lo que exigieron a los diferentes niveles de gobierno que les garanticen su derecho a la tierra y a la participación en la toma de decisiones, “sin mediaciones y sin violencia”.
Para ellos, el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec y el proyecto de plantación de árboles “transgreden nuestra cultura ancestral, nuestros sitios sagrados, manantiales, la biodiversidad milenaria y la cosmovisión que tenemos sobre la tierra y el territorio, como pueblos nativos de México”.
Pero no todos los chiapanecos se oponen. A pesar de la movilización de grupos indígenas que se oponen a los proyectos, Chiapas fue uno de los estados que más participación tuvo en la consulta, con 50 mil 918 votos. Y en el caso del Tren Maya, la opción por el Sí fue de 92 por ciento, tres puntos porcentuales arriba de la media nacional.
A diferencia de Chiapas y Yucatán, en Tabasco no hubo una sola organización ambiental, campesina, ni de académicos que se opusiera a la consulta ni a los proyectos. Incluso el gobernador Arturo Núñez, quien ha tenido claras diferencias con López Obrador desde la mitad de su sexenio, destacó que la refinería, el tren maya y el programa de reforestación representan la “luz que se empieza a ver al final del túnel”, ante la crisis financiera con la que cierra su administración.
En octubre pasado, Tabasco registró una tasa de desempleo de 6.9 por ciento por ciento y superó al doble el promedio nacional, de 3.4 por ciento. Su crisis económica, según Núñez, obedece a la caída de participaciones federales por los bajos precios del petróleo.
Así, sumergidos en el desempleo, los tabasqueños respaldaron masivamente los 10 programas que impulsa el presidente electo. Las boletas se agotaron antes de las 4 de la tarde del domingo y Tabasco fue la entidad que más votos aportó a la consulta: 134 mil 803 de los 946 mil 81 contabilizados. Y en cada uno de los 10 programas, la votación aquí fue de más de 97 por ciento en favor.
En Paraíso, uno de los municipios que serán impactados directamente por la construcción de una refinería en el puerto de Dos Bocas -con una inversión de 55 mil millones de pesos- los lugareños que acudieron a la consulta confían en el proyecto recuperará los empleos que desde hace dos años se agotaron.
“Es lo que ahora falta; hoteles y restaurantes han cerrado, y aquí, Chiltepec, está todo desolado ya sin las cooperativas que hace 30 años contaban con más de 60 barcos camaroneros”, dice Pedro Córdova, coordinador de delegados en la comunidad de Chiltepec. “No sólo habría empleos en la construcción, también en turismo, que aún cuando toda esta zona es bella en paisajes, está abandonada”.
Chiltepec fue un emporio comercial de pescado y llegó a contar con la paraestatal Distribuidora de Productos Marinos de Tabasco, que tenía capacidad para enviar pescado a La Viga, en la capital del país. Pero desde hace tres décadas las instalaciones están abandonadas y la gente no deja de emigrar.
Desde Chiltepec y El Bellote se ven los dos mechones de quema de gas que hay diariamente en Dos Bocas. A los pescadores, sin embargo, no les preocupa la eventual contaminación del aire ni de sus cuerpos lagunares ni de la franja costera. Les preocupa tener un trabajo. “Si (la Refinería) se logra habrá mucho más empleo para todos los de acá. Contaminación va a haber, pero ya de por sí hay la que nos llega del mar”, dice Miguel Antonio Arias, quien se dedica a la pesca de palangre y bandera.
“Afectación por contaminación petrolera a nuestra pesca ya la tenemos mar adentro, viene desde las plataformas”, dice Fausto Rodríguez, de 46 años y con 20 de pescador. “En este sexenio, el Presidente (Enrique) Peña Nieto nos dejó acabados a todos, y la verdad, aun cuando no sé dónde exactamente va a estar (la Refinería) ni lo que tira de contaminación, sí que nos va a beneficiar mucho”.
“Si (la Refinería) se logra habrá mucho más empleo para todos los de acá. Contaminación va a haber, pero ya de por sí hay la que nos llega del mar”, dice Miguel Antonio Arias, quien se dedica a la pesca de palangre y bandera.
El pasado 14 de octubre, cuando López Obrador vino a la capital tabasqueña a agradecer el voto de sus paisanos, anunció los 10 programas estratégicos que impulsaría desde la Presidencia, y destacó que con Sembrando Vida, un plan para reforestar 150 mil hectáreas con árboles frutales y maderables, se apoyaría con 5 mil pesos mes a cada productor, para que “la gente de Tecolutilla no siga emigrando a Cancún”.
Tecolutilla está en el municipio de Comalcalco, que junto con Teapa y Balancá serán directamente afectados por el programa de reforestación. Este domingo, en la casilla de Tecolutilla se agotaron las mil 300 boletas asignadas.
La última boleta se entregó a las 4.30 de la tarde a Felipe Velázquez Arias, un productor de cacao que piensa que el problema del desempleo es tal como la diagnosticó López Obrador: un desastre, resultado de los bajos precios del cacao y la caída en la producción en los últimos cinco años por la plaga de la monilia.
“De este pueblo salen semanalmente de tres a cuatro camiones a Cancún o Playa del Carmen, con puros hombres que van a buscar trabajo o que regresan a seguir trabajando allá. Todo lo que está haciendo López Obrador es bueno, porque él ve nuestra problemática del país y de nuestro estado”, dice el productor.
Para la mayoría de los cacaoteros, sin embargo, hay confusión en cuanto al programa. De acuerdo con la información disponible, el programa los apoyará para reactivar sus ejidos con insumos para una hectárea de plantaciones o granos básicos y 1.5 hectáreas para agroforestal maderable.
A Simón de la Cruz Sánchez le preocupa que su extensión ejidal es de mucho menos de las 2.5 hectáreas. “Mañana nos vemos a reunir los productores en la comunidad, pero no todos tienen dos hectáreas y media; muchos tenemos una o dos hectáreas, a lo mucho, por lo que sí queremos y apoyamos el programa, pero siento que el proyecto no me va a funcionar como a otros”.
Otros, como Amado y José María Leyva Hernández, habitantes del poblado de Tular, piensan que más les ayudaría un programa especial para el cacao.
“Dicen que vamos a sembrar arbolitos, pero la verdad ya no tenemos dónde sembrar más, ya todo lo tenemos ocupado. Lo que queremos en reactivar nuestra producción de cacao”, dice José María.
Martín Bolaños, delegado regional de los programas integrales de desarrollo del gobierno electo de México, presume que, a diferencia de la consulta del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en esta ocasión, en el Istmo de Tehuantepec hubo una participación masiva. Además, dice, la mayoría votó “parejo” a favor de los programas que impulsa López Obrador.
“Vemos mucha participación, esa es la sensación que se percibe. Suponemos que es porque en uno de los 10 puntos aparece el tema del Istmo de Tehuantepec y eso llama más la atención”, dice.
Lizbeth Montero Sánchez es habitante de Juchitán y votó a favor de todos los proyectos. “El Istmo ha estado abandonado y creemos que con estos proyectos las cosas mejorarán. Participé como ciudadana y con la convicción de que el licenciado Obrador no nos va a defraudar”, dice.
Oscar de Lima, defensor comunitario considera que el tema de las consultas es interesante, pero que en el caso de megaproyectos como el Tren Maya o el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec debe tomarse en cuenta los parámetros del convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que implica una consulta previa, libre e informada.
“Los pueblos indígenas deben votar a favor o en contra cuando se trate de estos megaproyectos pero basados en una consulta indígena tal y como lo marcan los estándares internacionales”, dice.
Oaxaca es otro de los estados que más votos aportaron a la consulta –55 mil 704- y en el caso del tren que conectará el Pacífico y el Atlántico, que es el proyecto que más le afectaría, también tuvo un porcentaje mayor que la media nacional en favor del proyecto.
Sin embargo, algunos burócratas denunciaron -pidiendo el anonimato- que sus jefes los obligaron a votar a favor del Sí. De hecho, el gobernador priista, Alejandro Murat Hinojosa, hizo suya la consulta en favor del tren transístmico y la modernización del Puerto de Salina Cruz.
En un video que fue difundido días antes, Murat Hinojosa llamó a votar por el sí en la consulta: “Este proyecto es fundamental para el desarrollo de Oaxaca, del sureste y de México. Salgamos a votar a favor del sí”.
El lunes 26, al dar los resultados de la consulta, el vocero del gobierno entrante, Jesús Ramírez Cuevas, asegura que con esta consulta “ha quedado patente la aceptación de los ciudadanos”. Esta vez, dice, hubo menos errores que en la consulta anterior (la del aeropuerto en Texcoco, que se realizó apenas un mes atrás). Y concluye: “todos vamos aprendiendo de estos ejercicios”.
Jesús Ramírez es un periodista que durante muchos años acompañó procesos de pueblos originarios. Por eso, ahora que los periodistas de “la fuente” insisten en la violación a los derechos de los pueblos, revira con ironía: “Qué bueno que estén interesados, esperamos que sigan acompañándolos en este proceso”.
Al día siguiente, cuando el Senado apruebe la creación de un Instituto que sustituirá a la actual Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la nota pasará prácticamente desapercibida. Pero en la conferencia, Ramírez insiste en que habrá otra consulta en los pueblos y comunidades indígenas apegada a los estándares internacionales e intenta explicar que actualmente no hay un protocolo para realizarla.
“Llevamos 16 años de la reforma constitucional para aplicar este derecho. Queremos que se cumplan los estándares internacionales La consulta indígena llegó para quedarse”, insiste.
La revisión de los resultados de la consulta muestra algunas sorpresas. Por ejemplo, que la Ciudad de México fue donde más votos hubo en contra de los 10 programas prioritarios de López Obrador. El Tren Maya fue el caso más extremo, pues el “Sí” registró 78 por ciento de los votos, es decir, menos de 10 puntos debajo de la media nacional.
El presidente electo no ayuda. Luego de la consulta, atizó el fuego al dividir las opiniones entre “el pueblo sabio” y “los abajo firmantes”, a los que llamó en Twitter a darse “baños de pueblo”. Es la forma de caricaturizar lo que pareciera una discusión de fondo entre democracia participativa y representativa
¿Quiénes y cómo debemos decidir sobre los proyectos sociales del gobierno que entrará en funciones el próximo sábado?
No hay debate sobre eso. Lo que no está a discusión, como lo aclaran los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas organizaciones indígenas, es que, hasta ahora, los 10 programas prioritarios no han cumplido el requisito legal de la consulta previa e informada a los pueblos originarios.
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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.
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