Estados Unidos decretó ilegalmente el cierre del espacio aéreo venezolano en una escalada sin precedentes. La medida, que paraliza el plan de repatriación de migrantes y viola tratados internacionales, coincide con acusaciones de crímenes de guerra contra el secretario de Defensa estadounidense por ejecuciones extrajudiciales en el Caribe

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO. – En una escalada sin precedentes de la tensión geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró unilateralmente «cerrado en su totalidad» el espacio aéreo de Venezuela. Esta medida, justificada por la administración Trump como necesaria para afectar redes de narcotráfico, ha sido calificada por el Gobierno venezolano como una «nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada» con «pretensiones coloniales».

La decisión, precedida por una alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA) a las aerolíneas, constituye una violación directa al Derecho Internacional. El Convenio de Chicago de 1944 establece en su artículo 1 que «cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio». Nicolás Maduro denunció que Trump intenta aplicar extraterritorialmente la jurisdicción estadounidense sobre Venezuela, en un acto que el gobierno venezolano interpreta como posible preludio de una intervención terrestre.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que esta iniciativa responde a una solicitud de la líder opositora María Corina Machado, quien habría planteado el bloqueo aéreo como estrategia contra Venezuela. La posición de Machado cobra relevancia en un contexto de creciente proyección internacional, tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Sin embargo, la opositora condicionó su viaje a Oslo para recibir el galardón en diciembre a que Maduro deje el poder, afirmando que «mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida».

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Los impactos en Venezuela

A pesar del anuncio estadounidense, Venezuela desmintió contundentemente el supuesto cierre aéreo. De acuerdo con el gobierno, el tráfico aéreo nacional e internacional continúa con normalidad en los principales aeropuertos del país, incluyendo el Simón Bolívar de Maiquetía y La Chinita en Maracaibo, que mantienen operaciones regulares con destinos como Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana.

Aunado a esto, la comunidad internacional ha rechazado ampliamente esta medida. El gobierno de Irán, por ejemplo, la calificó de «arbitrariedad» y «amenaza sin precedentes para la seguridad aeronáutica internacional», mientras Cuba la consideró un «acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales».

Además del aumento en las tensiones geopolíticas, una consecuencia inmediata del anuncio estadounidense fue la suspensión unilateral de los vuelos del Plan Vuelta a la Patria, el programa mediante el cual el Gobierno venezolano facilitaba el retorno seguro y digno de migrantes desde Estados Unidos. Hasta la suspensión, según datos del gobierno venezolano, 13 mil 956 personas habían retornado al país desde febrero mediante 75 vuelos, muchos de ellos habiendo enfrentado situaciones de vulnerabilidad, discriminación y persecución en ciudades estadounidenses.

Venezuela calificó esta acción de «unilateral e ilegal», argumentando que viola los derechos humanos de los migrantes venezolanos y los principios de cooperación humanitaria. La vicepresidenta Delcy Rodríguez señaló que esta acción formaba parte del «bloqueo criminal» contra Venezuela, diseñado específicamente para «causar máxima miseria al pueblo venezolano».

Como respuesta práctica a esta situación, el Gobierno venezolano activó mecanismos alternativos para garantizar el retorno de sus connacionales. Se anunció la implementación de un «plan especial migratorio» que permitiría el retorno de venezolanos varados a través de rutas alternativas y terceros países. En los hechos, afirmó el gobierno, el plan Vuelta a la Patria se mantuvo plenamente operativo, reorientando los recursos hacia la repatriación desde otros países latinoamericanos y europeos con significativa presencia migrante venezolana. Simultáneamente, informaron que se establecieron canales de comunicación directa con connacionales en Estados Unidos para brindar asistencia y orientación a través de consulados y embajadas en países vecinos.

Entre las medidas concretas implementadas destacaron el establecimiento de un sistema de bonos especiales para apoyar a familias que tenían miembros en proceso de repatriación desde Estados Unidos, la ampliación de la capacidad de recepción en aeropuertos venezolanos para vuelos provenientes de otros destinos, y el diseño de protocolos especiales de cuarentena y atención médica para los repatriados que llegaran por rutas terrestres o aéreas alternativas, manteniendo así el compromiso de repatriación a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo.

Además, en el ámbito diplomático, Venezuela presentó denuncias formales ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitó la intervención de organismos humanitarios internacionales para mediar en la situación de los migrantes varados. El gobierno convocó además a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a pronunciarse sobre lo que calificó como «instrumentalización política de la crisis migratoria» por parte de Washington.

Militarización en el caribe: «crimen de guerra»

El trasfondo de estas crisis inmediatas es un despliegue militar estadounidense sin precedentes en la región caribeña. Estados Unidos ha reforzado su presencia con sistemas de armas avanzados y una fuerza naval y aérea de enorme poder destructivo.

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Este despliegue ha incluido la instalación de un radar militar de alta frecuencia en Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de la costa venezolana, interpretado por Venezuela como un acto de provocación y espionaje. Las operaciones se han acompañado de un aumento de perturbaciones electrónicas y una mayor presencia de buques de guerra en aguas internacionales adyacentes a Venezuela.

Desde el 2 de septiembre, las fuerzas del Pentágono han ejecutado 22 ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental, resultando en la muerte de 83 personas. Estas acciones han generado acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, ya que la Administración Trump no ha presentado evidencia concreta o verificable que demuestre la involvement de estas embarcaciones en narcotráfico.

De hecho, en Estados Unidos varios congresistas demócratas han acusado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de cometer «homicidio» y «crimen de guerra» por su actuación en operaciones militares en el Caribe. El incidente central ocurrió el 2 de septiembre cerca de la isla de Trinidad, cuando Hegseth ordenó atacar dos veces una embarcación con la instrucción explícita de «matar a todos» sus ocupantes.

Según fuentes citadas por el Washington Post, después de que el primer misil impactara el barco en aguas internacionales, los militares avistaron a dos sobrevivientes aferrados a los restos. El comandante a cargo, cumpliendo estrictamente con las órdenes de Hegseth, ordenó un segundo ataque que resultó en la muerte de los supervivientes.

El congresista por California Ted Lieu (y exfiscal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos) afirmó que ni el Derecho Internacional Humanitario ni el memorando de la operación autorizan «un segundo ataque contra supervivientes indefensos». Por su parte, el congresista por Massachusetts, Seth Moulton (marine condecorado que sirvió en cuatro giras de combate en Irak) calificó el acto de «totalmente ilegal» y advirtió que «los estadounidenses serán juzgados por ello, ya sea como crimen de guerra o como asesinato a sangre fría». Sam Liccardo (California) agregó que si las acusaciones son verídicas, Hegseth debería considerarse «plenamente responsable de homicidio».

La situación ha llevado al Comité de Servicios Armados del Senado a solicitar información detallada al Departamento de Defensa, prometiendo una «supervisión rigurosa». Por su parte, Hegseth calificó esta información como noticias falsas.