De acuerdo con CEMDA y Global Witness, la impunidad en crímenes contra defensores ambientales roza el 99%, un porcentaje que coincide con las 25 agresiones letales registradas en 2024, donde solo en 4 casos hubo participación directa del Estado, sin que se reportaran detenciones

Texto: Laura Buconi

Foto: Tlachinollan vía Amapola Periodismo

CIUDAD DE MÉXICO. – El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en su informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales, revela estadísticas alarmantes, con agresiones letales a defensores, sobre todo originarios de comunidades indígenas y miembros de asociaciones civiles.

El informe llega unos días después de que Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del CECOP que durante 22 años impidió la construcción de la presa La Parota en Guerrero, muriera tras ser baleado el 18 de abril en Acapulco. Como reportó Amapola, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Tlachinollan exigió justicia para este defensor ambiental, quien ya había sufrido prisión política y la desaparición de su hermano. Su lucha frenó el proyecto, pero la violencia lo alcanzó.

¿Cuál es el panorama al que se enfrentan los defensores del territorio en México? Estos son los últimos datos.

Agresiones impunes a defensores del territorio

Itzel Arteaga, gerente de derechos humanos del CEMDA, relata que durante 2024 se documentaron 94 eventos de agresión (momentos en que ocurren los ataques) y 236 agresiones específicas. Dentro de un mismo evento pueden ocurrir diversas agresiones. En 2024, el CEMDA documentó 25 agresiones letales, que incluyen homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Veinticinco defensores ambientales perdieron la vida: 21 por homicidios y cuatro por ejecuciones extrajudiciales. La diferencia metodológica es que la ejecución extrajudicial es cometida u ordenada por agentes del Estado. Es decir, hubo participación de alguna autoridad.

«Si bien hubo disminución en eventos y agresiones específicas, las letales aumentaron considerablemente durante 2024», puntualiza Arteaga.

Los estados con más eventos de agresión en 2024 son: Oaxaca (15), Chiapas, Michoacán y Puebla (9 cada uno), y Veracruz (8). En estos cinco estados se concentra el 53.1% de los casos documentados.

La criminalización es una de las formas más comunes de agresión contra defensores y funciona como mecanismo para obstaculizar su labor.

El CEMDA identificó que las principales víctimas en 2024 fueron miembros de comunidades indígenas o agrarias (43 eventos, 45.7% del total). Arteaga señala: «Debe identificarse como foco rojo para el Estado, pues no es la primera vez que documentamos este patrón». El segundo grupo más afectado fueron integrantes de organizaciones civiles (21 eventos, 22.3%).

Los principales agresores fueron: el Estado (participación en 62 eventos, 65.9%), empresas (25 eventos, 26.5%) y delincuencia organizada (17 eventos, 18%). Arteaga aclara que frecuentemente actúan en conjunto: un mismo evento puede involucrar a múltiples perpetradores.

Comparado con 2023, aumentó significativamente la participación estatal (de 49.5% a 65.9%) y empresarial (de 15.4% a 26.5%), mientras disminuyó la de grupos criminales (de 29.6% a 18%).

Laura Furones, de Global Witness, alerta sobre la impunidad:

«Lo común en estos casos es que los atacantes nunca sean condenados, juzgados ni identificados. Esto no solo revela fallas judiciales, sino que incentiva más violencia. Atacar a un defensor sale barato: es improbable que el agresor enfrente consecuencias».

Sobre las defensoras mujeres, añade:

«Sufren todos los tipos de violencia que sus colegas hombres, más violencia de género y de liderazgo. Muchas veces sus propios contextos les niegan el derecho a ser líderes, las cuestionan por ‘abandonar’ labores domésticas y el cuidado de hijos. La complejidad es mayor».

Desplazamientos forzados aumentan 358% en Chiapas

Los datos del CEMDA coinciden con el informe Chiapas: en la espiral de la violencia armada y criminal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), que describe «una verdadera crisis humanitaria y sus impactos en la población civil».

Carlos Ogaz, representante de Frayba, explica:

«Vivimos violencia en medio del negacionismo de la administración anterior y el espectáculo mediático del gobierno actual. Las fuerzas armadas, minería, megaproyectos, crimen organizado, desapariciones, desplazamientos forzados y violencia contra pueblos indígenas conforman esta crisis».

El expresidente, señala Ogaz, «decía que Chiapas no era prioritario porque otros estados tenían más homicidios».

Según el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en México hay 386 mil desplazados internos, 90% originarios de Chiapas y Oaxaca. Las causas incluyen crimen organizado, grupos paramilitares, agentes estatales, proyectos de desarrollo (minería, tala ilegal, extracción de hidrocarburos, construcción, turismo), conflictos territoriales, cambio climático y desastres naturales.

En Chiapas, el desplazamiento forzado existe desde los años 60, pero entre 2019-2023 aumentó 358%. La edad más frecuente de mujeres desaparecidas es 15 años; 45% de desaparecidos son menores. Entre 2023 y junio de 2024, Frayba registró 15 mil 780 desplazados en tres zonas (Altos, Norte y Selva), cifra equivalente al total de 2010-2022.

Dora Roblero, directora de Frayba, denuncia:

«Los desplazados que regresan deben pagar multas de 100 mil pesos, impuestas por actores armados con complicidad gubernamental. Mientras las autoridades promueven una imagen falsa de normalidad turística, los pueblos viven una guerra silenciada».

Economía del crimen

Entre diciembre 2023 y junio 2024, Frayba identificó 257 hechos violentos en Chiapas: 138 con asesinatos (muchos con torturas, desmembramientos y narcomensajes) y 73 enfrentamientos.

Citlali Hernández, de Indigenous Peoples Rights International, explica:

«Esta violencia criminal proviene de grupos paramilitares formados durante la contrainsurgencia zapatista. Al no haber transición a la paz, mutaron y ahora se alían con cárteles».

El informe también documenta silenciamiento de defensores y periodistas: «La aparente disminución de agresiones se debe más al aumento de autocensura que a mejoras reales».

Santiago Aguirre, del Centro Prodh, advierte: «El paramilitarismo fue creación del Estado mexicano. Si el gobierno actual no actúa según las recomendaciones de la Corte Interamericana, se vuelve cómplice. En Chiapas, ya es indistinguible la violencia criminal de la estatal».

Política pública de protección

Gustavo Alanís, director del CEMDA, afirma:

«Falta una política pública integral para proteger a defensores ambientales. Urge fortalecer los mecanismos existentes».

Los expertos coinciden en que México debe implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú (sobre acceso a información, participación y justicia ambiental), cuyo artículo 9 protege específicamente a defensores.

«Debe garantizárseles un entorno seguro para su labor», enfatiza Alanís.

Roblero concluye con esperanza: «A pesar de todo, las comunidades se organizan. Siguen creyendo posible construir vida digna y paz. Este informe es también un grito de resistencia».