El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo que no habrá impunidad en casos de violencia de género; sin embargo, el seguimiento a diversos casos emblemáticos sugiere lo contrario: un sistema de justicia lleno de corrupción y nepotismo

Texto: Laura Buconi

Foto: Gobierno de Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO.-. Los siguientes cinco casos que a continuación relatamos ocuparon la atención de la prensa a nivel nacional en años recientes. Sin embargo, actualmente todos se encuentran en impunidad en Oaxaca, acusan familiares de las víctimas. 

Estos hechos sugieren un panorama diferente del que mencionan las autoridades. Sobre todo si sumamos las cifras. El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y GESMujer, Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, poseen cifras más de cinco veces mayores a los datos expedidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a feminicidios y desapariciones forzadas, que muy seguido tienen implicaciones con la política institucional, y de los cuales la mayoría siguen sin tener sentencia.

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Pederasta: impune en Oaxaca, sentenciado en Jalisco

Jorge Vilchis abusó de sus hijas durante cuatro años. Cuando Claudia (madre de las menores) se dio cuenta de esto, rápidamente interpuso una denuncia. Sin embargo, el caso nunca se resolvió en Oaxaca, pero cuando Claudia llevó su juicio a Jalisco, el imputado recibió condena al año de que la madre denunció.

En entrevista, Claudia relata su historia, que desde un principio tiene todos los tintes de violencia vicaria. 

Claudia es abogada. Nació en Guadalajara, Jalisco. Con su familia residió también en Ciudad de México, Toluca y Oaxaca. Desde 2011, cuando vivían en Oaxaca capital, inició denuncias por violencia familiar en contra de su esposo, el empresario Jorge Vilchis. Vilchis era dueño de una comercializadora de alimentos con contratos para el gobierno de Oaxaca. No obstante el abundante facturado de su empresa (alrededor de 50 mil pesos por semana), Claudia vivía en dependencia económica total.

El 14 de agosto de 2020 en la ciudad de Oaxaca, después de haber recibido una señalización por parte de un tutor de la escuela de su hija mayor, Claudia denunció a Jorge Vilchis por violencia sexual hacia sus tres hijas. 

La fiscalía tardó más de 10 días en recibir la denuncia. Sus hijas no recibieron apoyo psicológico y las valoraciones ginecológicas no se condujeron según los parámetros que dispone la ley. Por ejemplo, a la mayor de sus tres hijas, las autoridades la valoraron sin la presencia de un psicólogo acompañante, indispensable en el caso de valorar a un menor. El dictamen de valoración ginecológica lo emitieron 25 días después, y el psicológico hasta 7 meses después. 

Unos meses más tarde Claudia se enteró de que Gabriela, hermana del agresor, era íntima amiga de Ivette Morán, esposa del entonces gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Murat. La hermana de Vilchis donaba frecuentemente al DIF estatal.

Pactos de cúpula

En octubre del 2020, un notificador de la Fiscalía le informó a Claudia que no se ejercería acción penal en la carpeta de su hija mayor. Ella, avalada por su experiencia como abogada, se dio cuenta de la ilegalidad de la clasificación, y solicitó una audiencia con Rubén Vasconcelos, entonces Fiscal de Oaxaca (recién nombrado como titular de la FGR en el Estado de México). Al confrontarlo directamente, el fiscal admitió no tener los elementos necesarios para judicializar la carpeta y la volvió a abrir. Sin embargo, él mismo había ordenado cerrar la carpeta de la menor.

El 14 de febrero de 2021, la esposa del gobernador Alejandro Murat se acercó a Claudia y le expresó su voluntad de ayudarla. Le sugirió acudir con el nuevo fiscal Arturo Peimbert, que a su vez, le presentó a Luz Gabriela Herrera Pacheco, en ese entonces agente del Ministerio Público. Le dijo que ella era la persona más indicada para poder llevar su caso.

Luz Gabriela prometió a Claudia abrir denuncias en contra de los funcionarios públicos que le negaron acceso a justicia, y le pidió el número telefónico de sus hijas (de entonces 17 y nueve años) para poder contactar a Claudia con mayor rapidez.

Pocos días después, la hija de nueve años de Claudia recibió una llamada de Herrera. En la llamada, Herrera le preguntó si las acusaciones hacia su padre eran ciertas y si su madre no la estaba obligando a declarar el falso. 

Claudia cree que Herrera Pacheco intentó influir mediante intimidación y manipulación sobre una víctima indefensa, como lo era una niña de nueve años, cayendo en una actuación dolosa con la finalidad de favorecer al agresor.

En marzo de 2021 Claudia recibió una llamada de la psicóloga de sus hijas. En la llamada, la psicóloga le notificó que los abusos sexuales fueron constantes y continuados mientras la familia estuvo en Guadalajara, Ciudad de México y Toluca. Esto posibilitó a Claudia para levantar denuncias en esos estados. 

Cuando le informaron eso a Herrera Pacheco, la entonces agente prometió enviar un desglose de las carpetas de investigación con ampliación a los demás estados en los que tuvieron lugar las agresiones. Los desgloses nunca llegaron. Entonces, Claudia contrató a una abogada particular.

Premiar la impunidad

En mayo de 2021, al enterarse de que en Jalisco estaban a punto de judicializar las carpetas de investigación, la agente Luz Gabriela Herrera Pacheco compartió a la fiscalía de ese estado la resolución de no acción penal, para ese entonces otra vez vigente en Oaxaca.

Claudia relata que en septiembre del 2021, Herrera Pacheco le compartió por mensaje un link a una supuesta audiencia. Al darle click al enlace, Claudia perdió completo acceso a los documentos almacenados en su celular. Ella sospecha que el link reenvió los documentos a la agente Herrera. Claudia también posee una grabación, que publicó en redes. En la grabación, se escucha que el fiscal Arturo Peimbert se disculpa con ella y admite haber ocultado su expediente durante más de tres meses.

Por esas fechas, Claudia empezó a sufrir una fuerte campaña de difamación en redes y amenazas, que causaron la pérdida de su puesto de trabajo y del colegio la Salle,donde estudiaban sus hijas. La institución les comunicó que ya no eran bienvenidas a clases.

Claudia tramitó una orden de aprehensión hacia el agresor y su familia. Sin embargo, en ese momento le informaron que Luz Gabriela Herrera Pacheco, en colaboración con los abogados del imputado, había abierto dos carpetas de investigación en su contra. La acusaban de posesión de armas e intento de homicidio de su ex pareja. Las denuncias no prosperaron por falta de pruebas.

En junio de 2021, Claudia decidió mudarse con sus hijas a Guadalajara. 

“Yo tenía miedo de estar en Oaxaca, tenía miedo de la fiscalía”, afirma.

Una vez que estuvo en Jalisco, volvió a presentar su denuncia. Lo hizo el 23 de agosto de 2021. Poco más de un año después, el 14 de septiembre de 2022, las autoridades de Jalisco detuvieron a Jorge Vilchis. Lo sentenciaron a 44 años, 5 meses y 10 días de prisión.

“Oaxaca es pueblo de nadie, y quien delinque y quien tiene familiares en el poder es quien puede. Todo es una cadena de favores y corrupción. Hay mucha violencia institucional hacia las mujeres”, afirma Claudia.

Claudia sospecha que el puesto de fiscal sea visto por muchos como un trampolín para acceder a cargos más prestigiosos. Sus dudas parecen confirmarse con la historia de Luz Herrera Pacheco, pues el 1 de enero de 2024, la exagente fue designada como encargada de la Fiscalía para la atención e investigación de feminicidios en el estado. Su designación la hizo José Bernardo Rodríguez, extitular de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, y ahora, Fiscal Estatal en el gobierno de Salomón Jara.

También llama la atención hacia las figuras de los peritos, quienes en su caso emitieron informes ginecológicos falsos, siendo técnicos que no cuentan con cédula profesional y no tienen formación como médicos, sino que para poder ejercer sólo se les requiere un curso de capacitación en la fiscalía.

Actualmente, sigue esperando para este 12 de marzo una audiencia, ya diferida 3 veces, para la vinculación a proceso de Jorge Vilchis por violación agravada en la Ciudad de México. Ella sigue trabajando pro bono en Oaxaca para facilitar el acceso a la justicia de mujeres en situación de violencia de género.

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Claudia Uruchurtu, desaparecida tras denunciar corrupción en Nochixtlán

La activista Claudia Uruchurtu Cruz desapareció el 26 de marzo de 2021. Uruchurto había asistido a una manifestación en contra de la presidencia municipal de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en ese entonces a cargo de Lizbeth Victoria Huerta. Sara Uruchurtu, una de las hermanas de Claudia, lleva años luchando para obtener verdad y justicia: en una entrevista telefónica relata los hechos relevantes de este caso.

Todo comenzó en junio de 2019, cuando Claudia empezó a pedir “revisiones de riesgo” en la colonia El Mezquite en Nochixtlán, donde la falta de infraestructura ponía a los habitantes en riesgo de derrumbes e inundaciones. El ayuntamiento declaró su solicitud “improcedente” por razones presupuestales, y ahí fue que Claudia empezó a indagar sobre la administración del presupuesto del Ayuntamiento.

En agosto de 2019 Uruchurtu se dirigió al entonces titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Guillermo Menchú Velázquez. Ante él, la activista denunció un esquema de desviación de recursos en el Ayuntamiento. También escribió al entonces gobernador Alejandro Murat. 

En el escrito, Claudia incluyó la falsificación de su firma en un trámite del cabildo ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En octubre de 2019 pidió la atención del entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sus misivas nunca recibieron respuesta.

Durante 2021 Uruchurtu expuso otra desviación importante de recursos: documentó cómo la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta estaba utilizando el presupuesto estatal destinado a la pandemia del covid-19 para financiar su reelección. 

Tras la desaparición, la familia de Claudia (que entonces residían en Reino Unido) contactaron a autoridades internacionales como la ONU y Amnistía Internacional. Hicieron lo mismo con la Subsecretaría de Seguridad del Gobierno Federal, que empezó a investigar de la mano de Arturo Peimbert Calvo, ex Defensor de Derechos Humanos y entonces Fiscal General de Oaxaca.

Sentencias a modo

En diciembre 2021 empezó el juicio por la desaparición forzada de Claudia contra los imputados Lizbeth Victoria Huerta, Nelci Yanet o Nelci Yanex Vásquez Jiménez, Juan Antonio Hernández Martínez y Rolando Aquino Barrita. Se trató del primer caso a nivel estatal en que se llevó frente a la Corte a funcionarios públicos. 

Sin embargo, el 7 de diciembre de 2022 la jueza Maria Teresa Quevedo reclasificó su pronunciamiento sobre Lizbeth Victoria Huerta, previamente investigada como autora intelectual de la desaparición de su hermana. Solo la declaró culpable de obstrucción a la justicia y la condenó apenas a 4 años de reclusión.

Juan Antonio Hernández Martínez, el autor material de la desaparición de Claudia Uruchurtu, recibió una sentencia de 60 años de reclusión. La corte también condenó a Nelci Vasquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita a 40 años de prisión para cada uno.

Sara Uruchurtu considera que esta sentencia se debe a la protección de la cual goza Huerta, por parte de Salomón Jara Cruz, gobernador Municipal del Estado de Oaxaca, que a lo largo de su servicio ha hecho caso omiso a las denuncias de mujeres hacia funcionarios de su gabinete. Ella cree que Salomón Jara presionó a Peimbert para que renunciara repentinamente a su cargo para encubrir a Huerta.

El 28 de diciembre de 2022 la familia Uruchutu interpuso una apelación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de la Mixteca en Huajuapan de León, Oaxaca. Desde ese momento no recibieron respuesta a su demanda, hasta que el pasado 13 de diciembre el juzgado liberó a Lizbeth Victoria Huerta.

La familia Uruchutu el 28 de diciembre de 2022 interpuso una apelación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de la Mixteca en Huajuapan de León, Oaxaca, y lamenta a partir de aquel momento el silencio total de la justicia estatal, hasta el pasado 13 de diciembre, con la noticia de la liberación de Lizbeth Victoria Huerta.

La familia Uruchurtu sigue buscando justicia y desea que no se borre el legado de Claudia. Proyecta crear una fundación de apoyo a las miles de familias buscadoras en el país.  

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“Ella buscaba y ahora la buscamos”: la desaparición forzada de Sandra Domínguez

La abogada y activista mixe Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández, desaparecieron el 4 de octubre de 2024 en la comunidad oaxaqueña de María Lombardo de Caso, en el municipio de San Juan Cotzocón, cerca de la frontera con Veracruz.

Me reúno virtualmente con Joaquín Galván, amigo y compañero de trabajo de Sandra, con quien, desde hace cuatro años, brinda acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos.

En 2020, Sandra Domínguez reveló la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Sierra XXX”, en el que funcionarios de alto rango del Gobierno de Oaxaca intercambiaban fotografías íntimas de mujeres indígenas.

Uno de los miembros del grupo, que contaba con más de 100 integrantes, era Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz Social en el gobierno de Oaxaca. Tras esta denuncia, Sandra hizo públicas las amenazas que Vargas Jiménez le había proferido.

Las víctimas hablan

A principios de 2023, Sandra acompañó a Aracely Cruz, expareja de Donato Vargas, en su proceso de denuncia por violencia de género.

Fue la misma Aracely quien alertó a Joaquín Galván sobre la desaparición de su amiga y colega, noticia que Joaquín denunció en la plataforma X. Organizó una conferencia de prensa para el 10 de octubre y alertó a los organismos internacionales. El Comité Internacional de Desapariciones tomó el caso, y la ONU México se pronunció al respecto.

Joaquín Galván afirma que solo entonces la fiscalía de Oaxaca comprendió la gravedad de la situación. Presionada por el impacto mediático, la fiscalía emitió una ficha de búsqueda el 8 de octubre de 2024.

“El caso ha sumergido al gobierno en una crisis política, porque evidencia la conexión del gobierno de Jara con varios crímenes de violencia de género”, resalta Joaquín Galván.

Defensa interinstitucional

El 9 de octubre, en una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, Jesús Romero defendió a Donato Vargas e insinuó que la desaparición de Sandra podría estar relacionada con implicaciones en el narcotráfico. Salomón Jara se expresó sobre el caso cuatro días después, asegurando la inocencia de sus funcionarios.

Joaquín Galván critica la total improvisación de las autoridades, que comenzaron a rastrear el territorio sin una línea de investigación clara y sin haber analizado previamente las zonas de mayor probabilidad de movimiento de Sandra.

El 9 de octubre se solicitó una recompensa por información, pero la oferta formalmente se emitió hasta 40 días después.

Una semana y dos días después de su desaparición, el despacho de Sandra seguía abierto y operando, cuando debería haber sido uno de los primeros lugares en ser clausurados para la investigación.

Quince días después del inicio de la investigación, las autoridades de la fiscalía de Oaxaca aún desconocían las amenazas que Sandra había recibido de Donato Vargas.

En ningún momento se acercaron a Joaquín Galván para colaborar, a pesar de su trayectoria en investigación y acompañamiento a víctimas, y su cercanía con Sandra.

Tres semanas después, las autoridades informaron a la familia Domínguez que se habían quedado sin fondos para continuar con la búsqueda.

Hasta hoy, la familia Domínguez sigue exigiendo la federalización total del caso.

Junto con Joaquín, aseguran que continuarán luchando por Sandra y por todas las víctimas de violencia de género y desaparición forzada, bajo la consigna: “¡Viva se la llevaron, viva la queremos!”.

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“Para mí justicia sería la admisión del Estado de haber fallado”: Soledad Jarquín y el feminicidio de su hija

A María del Sol Jarquín la asesinaron a la salida de un bar en Juchitlán, Oaxaca, junto con la candidata Pamela Terán y Adolfo Jiménez, su chofer. 

María del Sol, fotoperiodista de 27 años, trabajaba como jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno de Oaxaca. 

El 2 de junio de 2018, Francisco Javier Montero López, entonces titular de la SAI, la envió a cubrir la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López, candidato a la presidencia municipal. Aunque María del Sol inicialmente se había negado, ya que su puesto no le correspondía en asuntos electorales, accedió después de recibir amenazas de despido.

Feminicidio político

La periodista Soledad Jarquín, madre de María del Sol, fue la única entre los familiares de las víctimas que intentó buscar justicia. En una entrevista, explicó que ya se habían verificado otros casos de feminicidios con fines políticos, pero que nunca se habían realizado las investigaciones correspondientes.

La mañana siguiente al triple homicidio de María del Sol, Pamela Terán y Adolfo Jiménez, un hombre con identificación de la Secretaría de Asuntos Indígenas ingresó al cuarto de hotel de María del Sol y sustrajo su equipo de trabajo: una cámara fotográfica, otra cámara de video y una computadora. Dos horas después, devolvió la maleta y la mochila de María del Sol al hotel, pero sin el equipo correspondiente.

Al día siguiente, el 3 de junio de 2018, Francisco Montero López renunció a su cargo como titular de la SAI y, en una carta pública, negó haber comisionado a María del Sol para la campaña de su hermano. Afirmó que ella decidió participar en el proceso electoral por voluntad propia.

El primer fiscal que se encargó del caso fue Rubén Vasconcelos, quien lo clasificó como homicidio con ventaja (sin reconocer la agravante de feminicidio).

Días después de su renuncia, el 5 de marzo de 2021, un subalterno de la fiscalía de Oaxaca entregó a Soledad Jarquín una carpeta de investigación extraoficial que Vasconcelos habría trabajado en paralelo. En esta segunda carpeta, que nunca se integró oficialmente a la investigación, se señalaba como posibles involucrados a cinco ex presidentes municipales, cuatro de ellos de forma directa. Uno de ellos es actualmente senador de la República y otro, diputada federal.

El siguiente fiscal en asumir el caso fue Arturo Peimbert Calvo, más de tres años después de los hechos. Clasificó el asesinato de María del Sol como feminicidio, pero para hacerlo tuvo que sobreseer el caso parcialmente durante la audiencia de juicio, lo que llevó a la excarcelación del único imputado, José Eduardo “N”.

Finalmente, en diciembre de 2023, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla cerró la carpeta de investigación por falta de elementos y por el tiempo transcurrido desde los hechos.

Los errores, y la impunidad

Soledad Jarquín, junto con varios medios de comunicación, señala los “44 errores” cometidos por la fiscalía del estado de Oaxaca, entre los cuales se incluyen la sustracción de pruebas de la carpeta de investigación y la alteración importante de la prueba de balística.

En junio de 2018, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Oaxaca abrió una carpeta de investigación por el delito electoral cometido por los hermanos Montero, pero Soledad nunca tuvo acceso a ella.

El 17 de octubre de 2018, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió que Francisco Montero López, titular de la SAI en el momento de los hechos, desvió recursos de la Secretaría de Asuntos Indígenas a favor de la campaña electoral de su hermano Hageo Montero López.

A pesar de ello, el entonces gobernador Alejandro Murat se negó a sancionar a Francisco Montero.

El Tribunal Electoral sancionó a los hermanos Montero López con una multa de 25 mil pesos e inhabilitación en el caso de Francisco, y 90 mil pesos e inhabilitación para Hageo. Soledad Jarquín afirma que el juicio sigue abierto después de seis años y medio, y que los hermanos Montero se han resistido a pagar las sanciones, recurriendo a amparos para evitarlas.

Soledad intentó en tres ocasiones que la Fiscalía General de la República se encargara del caso de su hija, pero en las tres ocasiones recibió respuestas negativas.

El 24 de noviembre de 2020, Soledad se presentó en la conferencia mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió justicia para su hija. El presidente comisionó el caso a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero ella renunció a su cargo el 26 de agosto de 2021 sin haber atendido el caso de María del Sol.

A lo largo de este proceso, Soledad se enteró de la amistad entre Irene Herrerías Guerra y Rubén Vasconcelos, lo que, según ella, explica la negligencia en su caso. Además, acusa al fiscal Vasconcelos de ponerla en riesgo al compartir erróneamente conversaciones privadas entre él e Irene Herrerías con Juan Carlos Terán, medio hermano de Pamela, con conocidos vínculos con el crimen organizado. El fiscal también la acusó de tener intereses políticos y criminales, y no de buscar la verdad.

Soledad confiesa sentirse vulnerable, ya que los responsables del feminicidio de su hija permanecen en libertad y ella es una figura pública y periodista que, desde el primer día, ha enfrentado la lucha por la verdad con valentía.

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“No habrá impunidad para nadie”, pero María Elena Ríos espera justicia hace más de cinco años

El 9 de septiembre de 2019 dos hombres atacaron con ácido sulfúrico a María Elena Ríos Ortiz, quien se encontraba en su domicilio en Huajuapan de León, Oaxaca. 

En ese entonces, María Elena se dedicaba a la facilitación de procesos migratorios. Los agresores se presentaron en su casa fingiendo ser clientes interesados en obtener su visa.

Los medios de comunicación reportaron que, tras el ataque con ácido, María Elena sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo. D

e inmediato la hospitalizaron en la capital de Oaxaca, donde estuvo internada durante tres meses. Luego, la trasladaron al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, en la Ciudad de México. Tuvo que someterse a numerosas cirugías, injertos de piel y varios tratamientos dermatológicos.

En diciembre de 2019, las autoridades detuvieron a los autores materiales del ataque con ácido, Ponciano ‘N’ y Ruvicel Hernández. Desde ese entonces están en prisión preventiva. 

Impunidad para empresarios y políticos

Desde un principio, María Elena Ríos señaló como autor intelectual del ataque a su ex pareja sentimental, Juan Antonio Vera Carrizal, un reconocido empresario gasolinero y exdiputado del PRI. Declaró que había recibido varias amenazas de su parte desde que intentó terminar su relación con él.

La fiscalía de Oaxaca, por lo tanto, señaló a Vera Carrizal y a su hijo, Juan Antonio, como presuntos autores intelectuales del ataque con ácido. También, a partir de ese momento, clasificaron el delito como lesiones agravadas. 

Ante esto, María Elena luchó para que, en todo el país, se judicialicen este tipo de agresiones como feminicidios en grado de tentativa. Así, entre 2023 y 2024, logró que se aprobara en los estados de Puebla, Ciudad de México, Baja California, Nayarit y Guerrero la Ley Malena, que establece penas más severas por ataques con químicos.

El agresor y su hijo abandonaron repentinamente Oaxaca, justo después de que se formalizara la denuncia contra Vera Carrizal. María Elena presentó la denuncia desde el hospital donde se encontraba internada tras la agresión, asegura en entrevista telefónica Cinthya Almazán, la actual abogada de la víctima. 

El 18 de febrero de 2020, la Fiscalía General de Oaxaca ofreció una recompensa de un millón de pesos para la localización de los imputados y solicitó la ayuda de la Interpol para emitir una ficha roja, con la colaboración del Gobierno Federal.

El 6 de abril de 2020, y después de una fuerte presión mediática, Vera Carrizal se entregó a las autoridades, quienes inmediatamente lo detuvieron bajo la figura de la prisión preventiva justificada en el penal de Tanivet. Tres días antes, la Fiscalía había logrado capturar a Rubén Loaiza, quien contrató a los autores materiales del ataque, ofreciéndoles 30 mil pesos para arrojar ácido a María Elena.

Juan Antonio Vera Hernández, hijo de Vera Carrizal, aún se encuentra prófugo de la justicia.

Revictimización constante

La abogada Cinthya Almazán ha evidenciado la importante falta de recursos por parte del gobierno de Oaxaca para realizar una investigación efectiva. Además, expresó que el desahogo de las pruebas ha sido extremadamente revictimizante para María Elena, quien, durante estos cinco años, ha tenido que declarar múltiples veces frente a sus agresores. 

En junio de 2024, María Elena denunció que el juez José Gabriel Ramírez Montaño, del Tribunal de Oaxaca, le negó la posibilidad de realizar el juicio contra su agresor en un Tribunal Colegiado. En una entrevista con Pie de Página, afirmó: “El argumento del juez es que no necesito Tribunal Colegiado porque estoy viva”.

Argumentó que, según la Ley Orgánica del Estado de Oaxaca, un feminicidio, en cualquier grado, incluso en tentativa, debe juzgarlo un Tribunal Colegiado, y no un juez unitario.

Cinthya Almazán añadió que, a lo largo de su carrera profesional, solo ha presenciado inconsistencias de este tipo en el estado de Oaxaca.

Aunado a esto, el 14 de agosto de 2024, el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal de todos los cargos en su contra y ordenó su inmediata liberación, junto con Ruvicel Hernández y Rubén Loaiza. Tras el escándalo mediático generado, horas más tarde, la jueza María Antonia Esteva Domínguez, del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, revocó la sentencia.

Ahora la acusan a ella

El 2 de diciembre de 2024, Vera Carrizal fue internado en el hospital Reforma, en la ciudad de Oaxaca. El diagnostico fue una hemorroide. Su excarcelación, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la ordenó el gobierno de Oaxaca “derivado de complicaciones médicas desarrolladas al interior del Centro Penitenciario de Tanivet Varonil.»

El 19 de diciembre, María Elena Ríos llegó al hospital. Desde ahi denunció que el Tribunal Superior de Justicia no le notificó el traslado del imputado, y además, expresó su temor de que pudiera darse a la fuga. Ese mismo día, María Elena difundió un video en el que Silvia Socorro Méndez García, directora del hospital, desmintió que el ingreso de Vera Carrizal lo hubiera ordenado el gobierno estatal. Aseguró que se trató de una decisión que tomó su médico legal.

Esa misma noche, en circunstancias aún no completamente claras, se produjo una riña.

Al respecto, el 8 de enero de 2025, el fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, dio a conocer que integró una carpeta de investigación contra María Elena Ríos. La acusan de agresión hacia una ministerio público, pues se inconformó por la excarcelación de su agresor. Al dar a conocer la carpeta, el fiscal afirmó que no habrá impunidad para María Elena, quien desde hace 5 años exige justicia. 

Las palabras del fiscal fueron: “Violencia contra la mujer es violencia contra la mujer, venga de donde venga”.

Toda muerte violenta debe ser registrada como feminicidio

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2024 en el estado de Oaxaca hubo 18 probables feminicidios, 83 mujeres víctimas de “homicidio doloso”, 443 mujeres probables víctimas de lesiones culposas y 11 víctimas mujeres de secuestro. 

El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca tiene informaciones discordantes: Yesica Sánchez, codirectora, en entrevista telefónica explica que registran toda muerte violenta de una mujer como feminicidio, como lo indicó la presidenta Claudia Sheinbaum en las propuestas de reforma enviadas al Congreso en octubre de 2024.  

En la base de datos del Consorcio, en el año 2024 figuran 102 feminicidios y 336 desapariciones de mujeres y niñas.

Yesica comenta que estas cifras se dispararon bajo la administración del anterior gobernador Alejandro Murat, y siguieron en los mismos niveles bajo el gobierno de Salomón Jara. Define la situación actual de las mujeres en el estado como “de emergencia”.

En GESMujer, el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, A.C., maneja los mismos parámetros y aproximadamente las mismas cifras.

Desde hace años el Consorcio presenta solicitudes al Comité de Transparencia de la Fiscalía General para tener acceso a estadísticas que muestren los porcentajes de casos de violencia de género que llegan a obtener sentencia, pero las respuestas han sido negativas.

El Consorcio opera desde 2003 para brindar acompañamiento a mujeres en situación de violencia, protección a mujeres en riesgo, trabajo con juventudes y fortalecimiento a la construcción movimientos sociales, implementando en cada uno de sus proyectos un enfoque feminista, de protección integral a la mujer, de construcción de paz y fomento al buen vivir.

Para Yesica Sánchez, durante el gobierno de Alejandro Murat y Salomón Jara se implementó una actitud de justificación y legitimidad a la violencia de género, favorecida por un aparato administrativo represivo de diálogos muy agresivos, que en numerosas ocasiones ha deslegitimado, confrontado y descalificado la labor de las agrupaciones civiles mediante una “simulación de diálogo”.

Sánchez afirma que la alerta de género en Oaxaca, promocionada en 2018, fue también percibida como una simulación, ya que el estado cuenta con 570 municipios y la alerta fue implementada solamente en 40 de ellos.

Cree necesaria una orientación del Gobierno Federal a los estados en cuanto a las materias de violencia de género, y se considera optimista hacia una mejora de estas políticas en el futuro. Hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, con la esperanza de que se dé seguimiento a su propuesta de homologación del delito de feminicidio en todo el país, sin olvidar la implementación de sus necesarias medidas de prevención.