El despojo inmobiliario y los desalojos se volvieron imparables, asegura en entrevista Aaron Tzin, el primer preso político por los procesos de gentrificación de la urbe. Después de salir de la cárcel, Aarón encuentra un panorama desolador, en el que las resistencias ante estos abusos quedaron prácticamente desarticuladas, en parte, por la criminalización a los movimientos de okupas. 

Texto y fotos por Arturo Contreras Camero

El poder de las inmobiliarias está desatado y no hay quien pueda hacerle frente, ese es el panorama que encuentra Aarón Tzin, el primer preso político de la gentrificación en la Ciudad de México a casi dos años de ser encarcelado, absuelto y liberado por ocupar un edificio en la céntrica colonia Cuauhtémoc, nombrado Chanti Ollín.

“Hay una visión de que si se embellece la ciudad, todo mejora”, asegura Aarón al explicar el fenómeno de desplazamiento forzado al interior de las ciudades, que causa la gentrificación y la ola de desalojos que desde hace unos años azota a los habitantes de la ciudad en donde al año, en promedio hay 3 mil 200 desalojos.

“La belleza pareciera que no tiene que ver con el costo, pero claro, cómo vas a mantenerla si no es de esa manera”, asegura.

Aarón Tzin vivió el último cambio administrativo y gubernamental del país y la ciudad tras las rejas. Asegura que tenía la esperanza de que los gobiernos morenistas trajeran consigo un cambio en las políticas de vivienda de la ciudad, sin embargo, no fue así.

“Yo tenía mucha confianza en este cambio de gobierno, y no entiendo qué está pasando, por qué desatienden. Hay muchas mesas de trabajo con vecinos, pero a pesar de que siguen ofreciendo amparo, investigar, acompañar o hacer algo, al contrario ¡cada vez hay más, no paran los desalojos!”, asegura.

“Pensaba que iba a regresar esta atmósfera de legalidad, o de regularización”, dice hablando de una ilusión ya disuelta. Una muestra de ello, expone, fue el cambio al artículo 60 que se logró asentar en la Constitución.

Dicho artículo fue impulsado por iniciativas vecinales como una protección a los desalojos forzados, sin embargo, en marzo de este año, fue modificado por el congreso capitalino a petición los intereses de la industria de la construcción. De obligar al Estado a tomar medidas para prevenir los desalojos, pasó a prácticamente no decir nada que no estipulen otras leyes.

“No solamente fue el artículo, sino que reactivaron toda sus estrategias que venían manejando desde la administración de (Marcelo) Ebrard, que en ese entonces eran muy disimulados, sin tanta avaricia. Pensábamos que lo que estaba pasando en la ciudad era el último coletazo del autoritarismo y la corrupción de administraciones pasadas, que se iba a pasar después del cambio de gobierno, pero ya se hizo permanente”. 

Aarón Tzin, más por casuística que por plena convicción, se convirtió en el representante legal de la Okupa Chanti Ollín, que desde 2003 a 2016 mantuvo la posesión del inmueble ubicado en Circuito Interior Melchor Ocampo 424.

Sus ocupantes fueron desalojado por primera vez a finales de 2015. Unos meses después, a inicios de 2016 sus habitantes, que permanecieron acampando en la calle afuera del edificio por varios meses tras el desalojo, decidieron volver a tomar posesión del inmueble. En ese momento, Aarón se encontraba en Oaxaca, sin embargo, fue acusado de despojo agravado por la segunda toma del edificio y sentenciado a tres años y medio de prisión.

El Chanti Ollín, asegura, era uno de los ejemplos de ocupación más emblemáticos de la ciudad. Estas okupas son un movimiento gestado en diferentes ciudades a nivel mundial, en las que distintos tipos de población vulnerable tomaban posesión de un inmueble deshabitado o abandonado para crear ahí espacios de vivienda así como para generar puntos de encuentro y reunión con fines sociales, políticos y culturales.

“Era icónico, para nosotros, estar en la capital financiera, era… uta era hermoso, contrastaba la ciudad para quien solo quiere invertir y generar ganancias con el territorio de la ciudad”.

¿La mafia inmobiliaria tronó uno de los frentes de oposición contestatarios de la ciudad?

“Sin duda”, responde de inmediato. “Si hubiese un poco de respeto al estado de derecho, de legalidad, todo sería diferente. El hecho de que tú estés ahí, ocupando un espacio, obliga que tengas que ser requerido por una instancia para indagar. Y ahora parece que es suficiente con que alguien diga sácalos, para que te desalojen”.

Aarón está convencido de que el movimiento Okupa en la ciudad era uno de los pocos frentes culturales y sociales que existían para luchar contra los despojos inmobiliarios. Sin embargo, las redes comunitarias de apoyo que él había ayudado a desarrollar, prácticamente desaparecieron de la ciudad.

Ahora, estas comunidades se encuentran severamente debilitadas, tanto por la criminalización que sufrieron (clara muestra es su encarcelamiento), como por la cooptación de diversos colectivos por parte del nuevo gobierno.

“¿Dónde está el resto de colectivos, dónde están?”, cuestiona Aarón, que después de haber salido de prisión no encuentra un frente contracultural fuerte que confronte las decisiones del gobierno. “Algunos por convicción decidieron acercarse (al gobierno), aceptar una beca y dejar de estar echando gritos y patadas. Creo que los que hacíamos este trabajo, que decidimos no rentarnos al Estado ya no tenemos un espacio en esta ciudad”.

Esta desarticulación social es resultado, en parte, de que muchos activistas ahora forman parte de la estructura administrativa de este gobierno. “¿Cuál es el riesgo? Pues creo que la ciudad se queda sin una identidad política contestaria”.

En el momento de su encarcelamiento, Aarón Tzin contaba con el apoyo de dos comunidades de Okupa en la ciudad. La del Chanti Ollín y la de otro edificio tomado, conocida como 13 Monxs. Cuando fue puesto en libertad, en marzo de 2018, estas comunidades se habían disuelto, habían sido desplazadas de la ciudad.

“La tendencia planetaria es que el mundo tiene que ser caro”, dice sobre los fenómenos de blanqueamiento y encarecimiento del suelo urbano. “Perdón, pero no todo mundo puede pagar esa belleza”. Para él, el gobierno actual está completamente rebasado ante las prácticas del mercado inmobiliario y de especulación del suelo urbano.

“Esta cuestión se les fue totalmente de la política local ¿Qué va a pasar con toda esta gente que fue forzosamente desplazadas? Es un estado… una situación de guerra en chiquito. Es ‘yo quiero ese territorio’ y no me importa ni lo que cueste ni a las personas que tenga que afectar, como pasa entre Israel y Palestina, o en todas las comunidades despojadas del país. Lo mismo pasa aquí, es ‘yo quiero esa esquina y no me importa quién salga afectado. Yo tengo para negociar y pagar”, dice con tristeza.

Ahora, con el estigma de haber estado en la cárcel, sin redes de apoyo ni una comunidad con la cuál hacer frente al sistema, Aarón no ve una manera de recuperar los espacios perdidos.

Según explica, la idea de las okupas era presentar una propuesta de estancia en la ciudad que no dependiera de ganar un salario para pagar la renta, y asegurar su estancia en la ciudad. En vez la idea es usar esos recursos para desarrollar proyectos productivos.

Hoy, la comunidad con la que realizaba estos proyectos está diseminada por el país, expulsada por la violencia económica de la ciudad. De su colectivo 13 Monxs, solo queda él y una persona más. En su okupa, Aarón tenía un taller de creación de juegos y juguetes de madera, en la que enseñaba a otras personas el oficio y fomentaba la economía solidaria. Ahora, no tiene siquiera un espacio para montar su taller, y tiene dificultades para encontrar un lugar dónde vivir en la ciudad.

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