El icónico edificio Trevi, que está a un costado de la Alameda Central, podría ser convertido en un lujoso y exclusivo complejo de oficinas compartidas y un hotel boutique; sin embargo, un puñado de vecinos se resiste a que desalojen del inmueble

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: María Ruiz y Arturo Contreras Camero

La resistencia vecinal, aunada a un casuístico periodo de vacaciones en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, ayudaron a evitar el desalojo de los inquilinos del edificio Trevi, un icónico edificio Art Decó en la esquina de la Alameda Central.

Desde hace un par de años, la empresa Público Coworking quiere convertir el inmueble en un lujoso y exclusivo espacio de oficinas compartidas, así como un hotel boutique.

El jueves pasado, por la noche, el periodista Carlos Acuña se enteró que, pese a las negociaciones que existían entre los inquilinos y la empresa, un juez había aprobado una orden de desalojo.

Esto, asegura Acuña, fue gracias a su abogada, quien “hizo un gran trabajo”. Junto al observatorio 06000, inició una campaña por redes sociales y entre los vecinos del centro para defenderlo del desalojo. Decenas de personas se aprestaron a la ayuda bajo la etiqueta #CarlosSeQueda.

Una empresa llamada @PUBLICOtrabajo me quiere desalojar, amigos de tuiter.

Tengo contrato vigente.
Tengo mis rentas pagadas.

La gentrificación no son hipsters comprando en starbucks, sino empresas haciendo fraudes procesales para arrebatarte derechos a la mala. https://t.co/a4MCL1POnw

— Carlos Acuña (@esecarlo) 12 de julio de 2019

Ese mismo viernes, el representante de la empresa se comunicó para avisarle que el desalojo no se realizaría ese día. Como el Tribunal de Justicia de la ciudad de México entró en un periodo vacacional de tres semanas, el desalojo está en una pausa temporal.

“Yo creo que se paró por todo el apoyo que recibimos, por el escándalo que hicimos en redes y la atención mediática”, asegura Acuña. Ser periodista y tener el apoyo de una organización vecinal le ayudaron a sortear la amenaza, un resultado poco común en la ciudad.

Desde hace varios años la Ciudad de México es testigo de cómo empresas de construcción inmobiliaria se han hecho de edificios viejos, cuya propiedad no es clara, para crear plazas públicas, oficinas o departamentos de lujo. Este proceso arrebata hogares a los habitantes de los edificio y promueve la gentrificación.

El problema es tan grande que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la ciudad, firmó en campaña electoral un compromiso para detener la gentrificación en el centro de la ciudad. Lo irónico: lo hizo justo en la esquina de este edificio.

Pero los desalojos, eje del proceso de gentrificación, o como lo llaman algunos, «blanqueamiento por despojo», no se han detenido en la capital del país. Sólo la semana pasada, otros observatorios ciudadanos, como la 06600 de la colonia Juárez y el propio 06000, documentaron tres desalojos en la alcaldía Cuauhtémoc, la demarcación más afectada por este fenómeno.

De acuerdo con María Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, una organización que defiende el derecho a la vivienda en zonas urbanas
en el mundo, éste es un problema que ha crecido desmedidamente en los últimos años.

“Hace cuatro años, nos dimos cuenta que algo estaba pasando en esta ciudad”, asegura. “Hay uno crecimiento de desalojos ilegales, forzosos, en los que intervienen una serie de corruptelas”.

El resultado de estos fenómenos, explica, es que el precio de la vivienda y de los alquileres está subiendo mucho en la Ciudad de México, lo que provoca que las zonas céntricas de la urbe sean espacios inhabitables para personas sin los recursos suficientes para pagar por esos espacios.

“A pesar de ello, el gobierno no está haciendo nada”, acusa Emanuelli. “Hay 20 mil demandas de vivienda social, pero el Instituto de Vivienda (Invi) sólo tiene la capacidad de responder 2 mil solicitudes al año”.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, obtenida mediante una solicitud de transparencia de la Coalición Internacional del Hábitat, de 2014 a 2018, la policía de la ciudad ha
asistido en más de 16 mil desalojos en diferentes edificios de la ciudad, un promedio de 3 mil 250 por año.

Y a pesar de que desde la ciudadanía han surgido iniciativas, como la inclusión de un artículo que protegía en contra de los desalojos forzados en la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la ciudad, estos esfuerzos
no han causado mella a los desarrolladores inmobiliarios. El citado artículo, por ejemplo, fue modificado por presión de notarios, banqueros y empresarios solo hace unos meses, dejándolo prácticamente inoperante.

El edificio ubicado en Cristóbal Colón número 1, junto a la Alameda, no se llama en realidad edificio Trevi. El inmueble adoptó el nombre de la icónica cafetería que fundó un inmigrante italiano que llegó la Ciudad de México huyendo de la Segunda Guerra Mundial.

Es un emblemático ejemplo de cómo se concebía la vivienda social en la década de los 50, cuando fue construido. Franco Pagano Capotroti atendió el café Trevi desde entones y hasta 1985 cuando, asustado por el sismo de ese año, dejó el negocio a uno de sus empleados más viejos.

A pesar que desde el terremoto ahuyentó a la gente del centro de la ciudad, y por tanto a la clientela del café, este ha sido un espacio aprovechado para las discusiones sociales, al que llegaron a asistir Ernesto El Che Guevara y Fidel Castro.

En 2018, más de 30 vecinos, y los seis locatarios recibieron la noticia de que el dueño del edificio tenía la intención de venderlo. Como lo marca la ley, los dueños ofrecieron a los inquilinos comprar el edificio. Sin embargo, ninguno de ellos tenía la capacidad de juntar 80 millones de pesos en menos de un mes, plazo que habían fijado los dueños del inmueble.

Muchos de los vecinos quisieron buscar otra manera de permanecer en el edificio, y entonces solicitaron comprar una parte. Ya fuera un local, en el caso de la Cafetería Trevi, o los departamentos solos, en caso de algunos inquilinos, pero los dueños no aceptaron. Era todo o nada.

Así, cumplido el mes, Público Coworking fue anunciado como el nuevo dueño del edificio. Ellos, junto con Banca Mifel, crearon un fideicomiso para asegurar la compraventa del inmueble.

Poco a poco, más de 30 ocupantes fueron dejando sus departamentos, excepto por 9 de ellos que se negaron a dejar sus hogares sin antes dar una pelea. En respuesta, los nuevos propietarios levantaron una demanda en contra de cada uno de los inquilinos que seguían viviendo en el edificio por supuestamente no pagar rentas y violar así, el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, los vecinos se habían anticipado y continuaron pagando sus rentas ante un juez local. La mayoría de las demandas fueron desestimadas por los jueces, dando razón a los vecinos. La única que se aprobó, fue la de Carlos Acuña, en contra de quién se siguió el proceso a pesar de que nunca dejó de pagar renta.

Una serie de amparos, y apelaciones trazó el curso de una historia que está en pausa por el periodo vacacional y que tiene en vilo tanto a Acuña como a los vecinos y locatarios que defienden sus hogares, sus fuentes de trabajo y su barrio.

Para ellos, solo hay tres soluciones: que se les venda el espacio que actualmente ocupan, que se les de una indemnización por el costo estimado de los mismos, o que se les permita seguir pagando la renta de
estos lugares como han hecho desde hace más de 60 años.

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