De acuerdo con la actualización de información gubernamental, de 2011 a 2020 se concentra el 40 por ciento de todas las desapariciones registradas en los últimos 60 años en Mexico. El primer semestre de 2020 sumó a la lista 2 mil 332 casos

Texto: Daniela Rea

Foto: Mónica González / Archivo

En México en los últimos 60 años 177 mil personas han sido registradas como desaparecidas y de este total, hoy 73 mil 233 personas no han sido encontradas, según la versión pública del Registro de Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dado a conocer este lunes por la Secretaría de Gobernación.

De actuerdo con esa información, de las 177 mil personas registradas como desaparecidas, 98 mil 249 se han encontrado con vida y 6 mil 401 sin vida. 

Las cifras se dan al corte de las 15:39 horas del lunes, pues están en constante actualización, ya que la información se sube en “tiempo real”, explicaron las autoridades en una conferencia de prensa encabezada por la secretaria. Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Expusieron que, de las personas registradas como desaparecidas y no localizadas, 57 por ciento son hombres, 42 por ciento son mujeres y hay un 0.21 por ciento indeterminado.

Pero un dato destaca: una de cada cuatro personas desaparecidas son adolescentes de entre 15 y 19 años, y de ese universo, las mujeres duplican a los hombres (29 mil 307 mujeres y 13 mil 681 hombres).

Aunque este total de 177 mil personas desaparecidas incluye los registros desde 1964 a la fecha, es a partir del año 2007 que repunta este delito. La década del 2011 al 2020 es la que concentra el mayor número: casi 71 mil registros de desapariciones que representan 40 por ciento del total histórico. 

En el más reciente informe sobre personas desaparecidas, dado a conocer el 6 de enero de este año, se contabilizaban 147 mil 33 personas desde 1964 a diciembre del 2019.

¿Baja el delito o se rezaga la información?

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que en el periodo de enero a junio de este año se tienen registradas 2 mil 332 personas desaparecidas, mientras que en el mismo período de 2019 se registraron 3 mil 679. Eso, desde su visión, significa que vamos a la baja en el delito.

Los datos presentados señalan que Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Michoacán y Puebla son los 10 estados con mayor reporte de personas desaparecidas en lo que va en esta administración. Suman 78 por ciento de las desapariciones. 

Encinas aclaró que el hecho de que estos estados tengan mayor reporte no significa que sean los estados que tienen más este delito, sino que son los que más registran e informan.

De hecho, dijo que seis estados van muy lento en la información a la federación sobre sus registros: Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora y Tlaxcala.

Los funcionarios aclararon que hay un dato por depurar con los gobiernos estatales: existen 11 mil 191 cuerpos sin certeza del año de denuncia y desaparición.

La información con la que se alimenta el registro proviene de las fiscalías estatales y la federal. En la presentación, en la que también estuvo la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, se urgió a los gobiernos estatales a proporcionar información para nutrir el registro.

“Tenemos que caminar juntos y en cuanto a las entidades que tienen información o rezago: estamos hablando que hay información parcial a pesar de la autonomía de las fiscalías, ayuda mucho que los gobiernos de los estados coadyuven, a que se agilice la entrega de información”, dijo Encinas.

Encinas también aclaró que sólo 24 de los 32 estados solicitaron subsidios a la CNB para el trabajo de sus comisiones estatales. 

Demandan datos abiertos

Este registro parte de la determinación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que desde 2017 ordena su creación integrando la información de las entidades federativas y de la federación.

La versión pública del registro no permite un uso libre de datos y funciona más como una plataforma de visualización.

“La Comisión Nacional de Búsqueda informó sobre los registros que tienen sobre personas desaparecidas. Sin embargo, siguen sin hacer público el registro, lo que no permite confrontar la información que reportan. A diferencia del RNPED, el nuevo registro es restrictivo y poco transparente para su consulta, no se puede verificar la información. Es necesario contar con la posibilidad de verificación, sino será un falso ejercicio de transparencia”, escribió Jorge Verástegui, abogado y activista en la búsqueda de personas, en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, en entrevista, explicó que la necesidad de que ese registro sea libre, descargable, con formatos abiertos, es por la transparencia y certidumbre de información.

El RNPED que estuvo activo hasta el año 2018, tenía los datos descargables lo que permitió que usuarios hicieran informes sobre anomalías: por ejemplo, que personas reportadas como desaparecidas no estaban en el registro.

“La importancia de que se puedan verificar va hacia allá. Saber si nuestros desaparecidos que ya tienen denuncia están o no en el registro y poder confrontar con la información que se tiene desde colectivos, familias, porque si no se vuelve un acto de fe si los datos corresponden con la realidad. Y eso ayudaría a saber qué estados no están proporcionando la información, mediante una confronta que pudieran hacer los colectivos. Por eso creemos que es importante que se puedan descargar, procesar, y que cualquier persona pueda verificar la información”.

Verástegui reconoció el esfuerzo de informar periódicamente, pero señaló que aún falta trabajar en la confiabilidad de la información. “La confianza se tiene que ganar, me parecen positivos los informes, pero creo que al final no logran establecer una acción más contundente desde lo nacional y jalar el trabajo de los estados. Esperaría que de esa información surja un análisis de contexto y surjan estrategias de búsqueda”. 

La versión pública del registro permite saber condiciones como: lugar, género, edad, pertenencia a comunidad indígena, lengua, nacionalidad, discapacidad.

Desde el inicio de la actual administración a la fecha, se han encontrado  mil 143 fosas clandestinas (28 por ciento del total) y se han exhumado mil 682 cuerpos. De ellos, 42 por ciento han sido identificados y solo 25 por ciento han sido entregados a sus deudos