Las recientes inundaciones y desbordamientos evidencian la urgente necesidad de transparencia en la gestión del agua. La compleja red hídrica del Valle de México, cuyas decisiones técnicas afectan a diversas poblaciones, opera con opacidad. Exigamos acceso público a los datos y mecanismos de rendición de cuentas para mitigar riesgos y garantizar justicia social ante los daños causados

Por Roberto Melville*

Las recientes lluvias extraordinarias en el Valle de México y la situación vulnerable del río Tula, susceptible de desbordamientos por la gestión del agua residual, revelan la urgente necesidad de exigir mayor acceso público a datos de los sistemas hídricos locales. Estos sistemas no funcionan de manera aislada, sino como un entramado de infraestructuras —un ensamblaje— donde las decisiones burocráticas que manejan la infraestructura y los fenómenos naturales se entrelazan mediante protocolos acordados para determinar los flujos y destinos del agua, 

Históricamente, los asentamientos humanos en el Valle de México modificaron el equilibrio natural de una cuenca cerrada. El agua pluvial descendía por ríos y barrancas hacia ciénegas y lagos, que absorbían y redistribuían superficialmente el líquido en el centro del valle central. En este ecosistema se fundó Tenochtitlan hace siete siglos. La urbanización colonial y obras hidráulicas para la desecación de los lagos, como el Tajo de Nochistongo del siglo XVII y el Gran Canal de Desagüe en 1895, alteraron este equilibrio, expulsando el agua fuera del valle. Algunos remanentes de esos humedales sobreviven hasta nuestros días al sur y oriente del Valle de México y con los cuidados adecuados podrían recuperar su capacidad reguladora y su valor ambiental. En las últimas cinco décadas, el agua expulsada aumentó muchísimo con la construcción del drenaje profundo.

El desbordamiento del río Tula provocó la muerte de 17 pacientes hospitalizados en el IMSS regional y daños materiales y patrimoniales a miles de viviendas y comercios locales. Tras la tragedia de 2021 se puso en evidencia que el flujo de agua pluvial y residual no depende solamente del clima, sino también de las decisiones tomadas por técnicos y autoridades responsables de la operación de la infraestructura hidráulica.

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Los acuerdos firmados entre las entidades que expulsan agua fuera del valle y su conducción por los túneles Central y Oriente del drenaje son claves para entender la red hídrica. Sin embargo, estos permanecen muy poco transparentes para la ciudadanía. Esta opacidad genera persistente inquietud entre las poblaciones expuestas a inundaciones inesperadas. Se trata de un riesgo constante e invisibilizado, tanto para barrios populares en la zona metropolitana, como para los municipios hidalguenses.

Además, la reutilización del agua residual ha generado nuevas dinámicas que reclaman la atención desde múltiples perspectivas. Desde el siglo XX, la agricultura en el valle del Mezquital aprovecha estas aguas, para el riego de cultivos forrajeros. No se ha evaluado satisfactoriamente su impacto ambiental; tampoco las repercusiones para la salud humana y animal. Así mismo, desde 1995 la presa Zimapán recibe en el embalse estas aguas reusadas y descartadas para producir hasta un 19% de la energía consumida en la Zona Metropolitana. 

Tenemos otro eslabón en esta compleja red hídrica. En el embalse se han permitido actividades de pesca deportiva y comercial. Su operación en tiempos de abundancia hídrica tiene consecuencias para otras regiones. Por ejemplo, las recientes aperturas de compuertas o desfogues de la presa han forzado el cierre del suministro de agua potable a Querétaro desde el Acueducto II; los desfogues aumentan el riesgo de desbordamientos río abajo del Moctezuma, con graves perjuicios para las comunidades ribereñas en la ruta del agua hacia el Golfo de México.

Recientemente, la saturación hídrica de los suelos y el deterioro de la infraestructura de drenaje en la Zona Metropolitana del Valle de México se hacen visibles con la aparición frecuente de numerosos socavones urbanos, que llaman la atención sobre problemas de reparación y mantenimiento de los drenajes secundarios.

Ante esta compleja realidad, de una gigantesca ciudad construida sobre suelos blandos, se vuelve indispensable garantizar a la sociedad amplio acceso a datos precisos sobre caudales, calidad, maniobras de desfogue, operación de plantas de tratamiento y estado de las infraestructuras hidráulicas. La transparencia debe ser un principio rector, para que los ciudadanos, los técnicos y los medios de comunicación supervisen y comprendan las interconexiones entre sistemas hídricos locales diseñados para variados propósitos y usuarios. Solamente así, se podrán mitigar riesgos, prever escenarios y exigir responsabilidad cuando ocurran daños.

Finalmente, la creación de mecanismos de indemnización claros y accesibles para las familias y comunidades afectadas por la operación o falla de estas infraestructuras es un acto de justicia social y ambiental indispensable.

Una gestión hídrica responsable y justa solo puede lograrse mediante un ensamblaje social e institucional que incluya la transparencia, el acceso a la información, la participación pública y la rendición de cuentas. La gestión del agua no es un secreto de Estado, sino un derecho básico de la ciudadanía.

*CIESAS – Ciudad de México