Se calcula que en este momento existen más de 100 exiliados políticos guatemaltecos, el abogado Oswaldo Samayoa, próximo Comisionado Presidencial por la Paz y Derechos Humanos en Guatemala, asegura que ya estudian como repatriarlos

Texto: David Santa Cruz

Fotos: Laura García

GUATEMALA. – Claudia González Orellana, es una mujer de talla pequeña y voz suave, pero es una abogada a la que nadie quisieran tener litigando en su contra. El día que la detuvieron, en medio de irregularidades procesales, le plantó cara a un avergonzado y tembloroso agente del ministerio público a quien exigió que la recibiera el juez de instrucción, el cual no dio la cara. De eso existe un video que se hizo viral en toda Guatemala.

González era en ese momento la abogada defensora de varias exfiscales anticorrupción, a quienes las estructuras de poder detrás del gobierno saliente de Alejandro Giamattei persigue penalmente.

“¿Saben porque están aquí?, Por soberbias”, les dijo Ricardo Méndez-Ruíz a las abogadas Flor Gálvez y Claudia González en la audiencia en contra la exfiscal Eva Xiomara Sosa, a quien la organización no gubernamental de Méndez-Ruíz denunció por supuestas anomalías durante la investigación, que ella encabezó, del capítulo Guatemala del caso Odebrecht, una de las mayores investigaciones de corrupción empresarial en América Latina.

En otra audiencia, Méndez-Ruiz intentó golpear a Eva Xiomara, al punto que Claudia González tuvo que ponerse en medio para evitarlo, según narra la abogada.

Méndez-Ruiz, es un empresario de ultraderecha que preside la Fundación Contra el Terrorismo, una organización que, a pesar de su nombre, se dedica a perseguir defensores y defensoras de derechos humanos. Es hijo del coronel Ricardo Méndez-Ruiz Rohrmoser, quien murió días antes de ser capturado por el ministerio público para juzgarle por tortura, masacres y genocido cometidos durante la dictadura de Efraín Rios Montt, del cual fue ministro de gobernación.

Esa defensa férrea de sus compañeras –y sus investigaciones como mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)–llevó a Claudia a prisión durante tres meses en 2023, con una acusación endeble que le permitió ser liberada en noviembre pasado. Pocos días después, otra de sus defendidas, Virginia Laparra, también obtuvo la libertad. En cambio, el periodista José Rubén Zamora, sigue en prisión en condiciones inhumanas.

Diversas organizaciones internacionales calculan que, actualmente, viven en el exilio más de 100 personas guatemaltecas entre exfiscales, juezas, periodistas, activistas, ambientalistas y defensoras de derechos humanos, diseminadas en el continente americano y Europa.

En entrevista con Pie de Página el abogado Oswaldo Samayoa, quien fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo como Comisionado Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (Copadeh) adelantó que ya estudian el camino para lograr que regresen algunas de esas personas, principalmente aquellas sobre las que no pesan todavía causas penales. Lo anterior debido a que la ley guatemalteca impide al titular del ejecutivo emitir decretos de amnistía, y dada la separación de poderes tampoco podría interferir en la labor del poder judicial.

Lo que debe de hacerse en este caso y es una de las vías que se incluyen en las rutas es la posibilidad de combinar al sistema de justicia dentro de su propia estructura para revisar los estándares internacionales y los pronunciamientos de los organismos internacionales respecto de la existencia de criterios que puede hacer presumir y hacer parecer que hay ciertos casos que están bajo este contexto de persecución política”, explica Samayoa.

Si bien la mayoría de las personas exiliadas que contactó Pie de Página se mostraron emocionadas con la noticia de gestiones presidenciales para que el ministerio público cese la persecución política, para algunas otras el mayor reto a vencer es el miedo.

Yo investigué desde la CICIG a una estructura que dentro del gobierno hacía ejecuciones extrajudiciales y torturaba. Entre los implicados estaban incluidos un ex ministro de Estado y un ex director del Sistema Penitenciario, el cual en 2020 asumió como presidente de la república”, cuenta una abogada que por cuestiones de seguridad pidió el anonimato.

Pacto de corruptos

En 2007 entró en funciones la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala con base en un acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno de Guatemala a petición de éste último, su objetivo era generar las condiciones jurídicas y coadyuvar al ministerio público para realizar investigaciones que llevaran al desmantelamiento de las estructuras criminales que tenían capturado al Estado guatemalteco.

Al frente de la organización estuvieron tres diferentes abogados, siendo el último el colombiano Ivan Velázquez –actualmente ministro de defensa de Colombia– respaldado por un grupo de jóvenes abogadas y obogados internacionales y guatemaltecos, a decir de Flor Gálvez quien fuera investigadora en la CICIG casi desde su fundación, con la llegada de Velazquez se enfocaron en temas de financiamiento por parte del crimen organizado y corrupción empresarial.

La CICIG de Velázquez identificó, desarticuló y proceso a algunas de las más importantes redes político económicas ilícitas y en 2015 las investigaciones llevaron al encarcelamiento del presidente en funciones, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. 

Sin embargo “cuando las investigaciones llegaron al núcleo oligarárquico de la clase dominante, es decir a los grupos empresariales más importantes del país, fue el punto de ruptura y paulatinamente se fue articulando eso que los jóvenes que participaron en las manifestaciones del 2015 bautizaron como el pacto de corruptos” explica el académico Ricardo Saenz de Tejeda.

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Guatemala, un país en busca de la memoria perdida

Para ponerlo en contexto, está documentado que Guatemala es controlada por una veintena de familias multimillonarias, la mayoría con vínculos de parentesco entre sí y con un núcleo duro asociado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, mejor conocido como CACIF. Algunas de estas familias incluso se atribuyen la conformación del país, los de mayor abolengo provienen de las oligarquías agrarias que luego compartirían sus espacios tras la industrialización del país en el siglo XX.

Así, aquellos grupos e individuos que habían sido afectados por las investigaciones de la CICIG empezaron realizar acciones de respuesta individuales para tratar de contener, defenderse y boicotear dichas investigaciones, estas acciones concurrieron de manera causal cuando la CICIG reveló que investigaba actos de corrupción del hermano del presidente Jimmy Morales y uno de sus hijos, lo que terminó con la expulsión de Iván Velazquez de Guatemala y en la persecusión de su equipo.

“Primero, es una una venganza absoluta e ilegal. Bajo ningún caso ha habido indicios de que quienes acusan a los ex Cicig tengan razón y es por eso que el mensaje es: ‘tengan cuidado la próxima vez que quieran ir contra nosotros, porque no va a durar mucho y nosotros vamos a ir con todo, los vamos a dejar sin ganas de que lo vuelvan a intentar’ y por eso se está dado esta persecusión”, explica el politólogo y académico Luis G. Velázquez.

Paz y Derechos Humanos

La Comisión por la Paz y los Derechos Humanos es un nuevo órgano presidencial que creará el presidente Bernardo Arévalo como parte de su proyecto  de gobierno. Al frente estará el académico y abogado Oswaldo Samayoa, quien explica que esta comisión está pensada como la síntesis de tres instituciones: la Secretaría por la Paz, que desapareció en el 2020 al igual que la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial Asesora, de Derechos Humanos del Ejecutivo.

“Básicamente las instrucciones del presidente respecto a nuestro mandato, son las de no ocultar realidades ni negar la situación de los derechos humanos en el país, como hasta ahora ha venido sucediendo” explica Samayoa.

Agrega que Copadeh además de gestionar el cumplimiento de los derechos humanos “tiene que buscar en el ámbito de la paz, no solamente las reparaciones, sino la dignificación de las personas y la construcción de garantías de no repetición dentro del proceso que ha vivido Guatemala después de la firma de los Acuerdos de Paz”.

En ese sentido, la Comisión también deberá atender los diferentes casos que se encuentran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como los que estén por presentarse y revisar que su instrucción haya sido diligenciada de forma adecuada. Además de supervisar el cumplimiento de la sentencias tanto de la Corte Interamericana como de las emitidas por los tribunales nacionales que estén relacionadas a los derechos humanos, en particular las vinculadas a las graves violaciones a los derechos humanos que pudieran haber sucedido en Guatemala.

En este contexto es que la comisión buscaría generar las condiciones para el regreso de las personas perseguidas por motivos políticos en el exilio. A decir de Samayoa todavía no se ha tenido contacto oficial con ninguna de ellas.

“Hemos hablado con algunas, pero de manera particular, como abogado que soy y que he colaborado en algún momento en sus procesos y haciendo análisis de sus casos”, dice.

Pero oficialmente no será sino hasta que el presidente Arévalo emita el acuerdo gubernamental para la creación de la Copadeh en los próximos días que esto suceda.