Tras presentar un informe sobre los resultados del plan contra el robo de combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su primer año de gobierno se logró reducir todos los delitos menos uno: los homicidios. “Eso es lo que más nos ocupa”, aseguró el mandatario
Texto: Daniela Pastrana
Fotos: María Ruiz
La violencia es el talón de Aquiles de esta administración. Y en su lucha para desmontar la máquina de la guerra, el gobierno federal tiene ubicado un lugar en el que el adversario no da tregua: Guanajuato.
“Ya empezamos con el despliegue de la Guardia Nacional, pero también hay una intervención especial en Guanajuato, porque nos está significando mucha violencia y en particular muchos homicidios”, admitió este martes, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Entonces, ahí estamos llevando a cabo una acción especial, tomamos esa decisión, lo mismo en el caso de Jalisco y otros estados. Pero sabemos que si actuamos de manera coordinada vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad”.
El diagnóstico de ese estado del Bajío es terrible: “sólo en Guanajuato tenemos un promedio a veces hasta del 20 por ciento de los homicidios diarios (…) Se dejó crecer mucho el problema”.
Guanajuato es la cuna de Antonio Yépez Ortiz, El Marro, el líder de la organización Santa Rosa de Lima y que ha sido ubicado como uno de los principales operadores del robo de combustible.
Pie de Página documentó, desde septiembre de 2018, cómo la violencia se había enquistado en uno de los estados más prósperos del país, y cómo, al mismo tiempo que reportaba un crecimiento económico muy arriba del promedio nacional, también tenía cifras inéditas de homicidios, y un creciente número de desapariciones.
“Detrás de este nuevo escenario están la invasión de carteles de narcotráfico, el floreciente negocio del huachicol, y la diversificación de los negocios criminales derivados de la industrialización”, indica el reportaje
En marzo de 2019, después del operativo fallido para detener a Yépez Ortíz, las cosas se agravaron, explica en entrevista telefónica el periodista y analista político Arnoldo Cuéllar.
Cuéllar es fundador del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLab), un medio digital que hace unos días publicó una base de datos con sobre los 77 policías y funcionarios de seguridad asesinados durante 2019. La base puede consultarse en el micrositio Guanajuato: Oficial Caído
“Hay una fuerte complicidad de los funcionarios policiales que estaban y que protegieron al Marro”, explica Cuéllar “cuando se viene el embate del gobierno federal contra el huachicol, estos funcionarios se deslindaron del Marro; no podría asegurar si hay un arreglo, o no, pero lo que sí es claro es que entró con todo (el cartel de) Jalisco, y empezaron a mataron a matar a los policías. El primer recuento que hicimos fue con base en las coberturas, pero ahorita nos están llegando nuevos casos que no se habían registrado en la prensa (de policías asesinados)”.
El 31 de enero de 2019, apenas iniciado el plan contra el robo de combustible, en la Refinería de Salamanca, Guanajuato, fue abandonada una camioneta con explosivos.
Tres meses después, el 19 de abril, apareció una manta colgada en un puente peatonal de Celaya, con una amenaza al presidente. El texto, firmado por El Marro, remataba diciendo: “Sigues sentenciando a más policías inocentes” y aseguraba que la próxima vez, el regaló que había enviado a la refinería (en alusión a la camioneta con explosivos) sería enviado a la dirección donde vivía el mandatario con su familia.
Cuéllar identifica el origen de esta violencia en la ratificación que hizo el gobernador Diego Sinhué, de los responsables de seguridad: Álvar Cabeza de Vaca, como secretario de seguridad pública y a Carlos Zamarripa, como fiscal del estado.
“El hombre fuerte de Guanajuato es Zamarripa”, dice el periodista. “Las policías municipales están en un mando único de facto, no por ley. Ellos terminaron haciéndose cargo de casi todas las policías y aunque varios alcaldes han estado pidiendo que les dejen nombrar a sus propios jefes de policía, otros ya ni quieren enterarse, y en otros casos, los propuestos no pasaron las pruebas de verificación. Ahora hay muchos combates, por eso están todos los muertos”
Destaca que a pesar de la disminución del poder del grupo criminal, sobre todo en el tema del robo a combustible, Yépez Ortíz no ha sido detenido, “y Guanajuato no es un lugar que tenga zonas inaccesibles.”
En su conferencia, el presidente aseguró que la disminución de la violencia llevará “mucho tiempo, pero tenemos confianza que vamos a poder atemperar, reducir considerablemente el número de homicidios”
El gobierno federal presentó este martes un informe de los resultados del plan contra el combate al robo de combustible que su gobierno inició hace un año. En la conferencia presidencial, estuvieron presentes todos los actores involucrados en esas acciones que, según dijo el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en su exposición, han disminuido en 91% el robo de combustible en el país.
Con esa disminución del delito, conocido popularmente, como huiachicoleo, en 2019 hubo un ahorro de 56 mil millones de pesos y mil 900 millones de pesos en gas licuado, afirmó Octavio Romero Oropeza.
El gobierno inhabilitó 13 mil 16 tomas clandestinas y se iniciaron 345 carpetas de investigación; 535 personas fueron vinculadas a proceso y se lograron 422 sentencias condenatorias.
El plan implicó la intervención del Ejército y la Marina. El director de Pemex explicó que 44 ingenieros militares intervinieron la Torre Ejecutiva para monitorear las fugas; también se intervinieron 6 refinerías, 39 terminales de almacenamiento, y 12 estaciones de bombeo.
Según Romero Oropeza, actualmente hay una pérdida diaria de 5 mil barriles por día y la meta para este 2020 es disminuir esa cifra a la mitad. Otras metas son regular o prohibir las válvulas usadas en las tomas clandestinas e incrementar la instalación del sistema de alertas en mil 300 kilómetros de ductos.
Sin embargo, también reconoció que hubo un aumento en las tomas clandestinas, lo que, de acuerdo con el presidente, es un “enigma”.
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