A cinco años de la represión al pueblo p’urhépecha de Arantepacua bajo el gobierno de Silvano Aureoles, que dejó la muerte de cuatro personas, la Fiscalía General de la República podría encargarse de la investigación. El actual gobierno estatal también pidió que la dependencia federal atraiga el caso

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Alán Ortega / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó que la Fiscalía General de la República, la FGR, atraiga la investigación de cuatro ejecuciones extrajudiciales, diez casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrariasy 56 allanamientos ilegales cometidos por la policía de ese estado el 5 de abril de 2017.

El pasado jueves 31 de mayo una comitiva del Concejo Indígena de Gobierno de Arantepacua, el órgano de gobierno de esa localidad, asistió a las oficinas de la FGR para hacer la misma petición. A pesar de que no recibieron una respuesta rotunda, la Fiscalía levantó la negativa de atracción que había emitido sobre el caso dos semanas antes, el 17 de marzo.

Tanto la petición del gobernador Bedolla como la del Concejo de Gobierno de Arantepacua se basan en el mismo argumento: que el actual fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, tiene un conflicto de interés al investigar los hechos de abril de 2017, pues en ese entonces él fue secretario de Gobierno de Michoacán bajo el gobierno de Aureoles Conejo. El Concejo de Arantepacua acusa que la orden salió de la oficina del entonces gobernador, con la anuencia de López Solís.

El 17 de marzo la FGR ya había rechazado investigar el caso porque, según dijo, no tenía trascendencia social, ni política, y porque había inactividad procesal por la negativa de las víctimas a que se realizaran algunas diligencias. 

La fiscalía de Michoacán se ha negado a iniciar la investigación al respecto argumentando que en los días inmediatos de la masacre, la comunidad le negó la entrada a un grupo de peritos de la Fiscalía de Michoacán, por guardar el luto; o que tiempo después, la comunidad no permitió la exhumación de las cuatro personas ejecutadas. 

“Nos dijeron que no, porque la comunidad no había dejado entrar a la fiscalía al peritaje”, cuenta la señora 

Teresa Prado Estrada. “Como Gustavo y el señor Francisco no murieron en un hospital, querían sacar los cuerpos, pero por costumbre de la comunidad no lo quisimos permitir, porque para nosotros sería el doble de dolor de volverlos a enterrar”.

Gustavo Hernández Cohenete es el nombre de su sobrino que la tarde de ese 5 de abril iba caminando por las colinas que colindan con el bosque cercano a Arantepacua. Iba de regreso de la secundaria cuando fue visto por los granaderos y los equipos especiales de la Policía Estatal, quienes dispararon en su contra.

“Primero fue a la distancia, le dieron un balazo, eso nos contaron los testigos cuando lo fuimos a levantar, cuando le dispararon él cayó, pero intentó levantarse para huir hacia el bosque, y fue que lo rodearon, lo patearon y le dieron un tiro de gracia detrás de la oreja”, contó la señora Teresa desde la banqueta de la Glorieta de Insurgentes, a los pies del edificio de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, el pasado jueves 31. 

Aún hoy, el motivo de tan despiadado operativo sigue sin ser esclarecido, pero como Elpidio Cohenete Olivio, antiguo miembro del Concejo de Gobierno contó a Pie de Página en 2020, muy seguramente está relacionado con la vocación contestataria del pueblo y sus gestiones para ser un pueblo indígena autónomo, regido bajo usos y costumbres.

“Arantepacua es la región con más maestros y estudiantes del municipio. Hay una presencia política y organizativa, muchos convergen que es un punto importante. Que es un centro de resistencia y de conciencia social”, explicó en su momento.

Teresa reconoce que desde hace cuatro años, que Arantepacua se rige por usos y costumbres, hay una mejoría en cómo se usa el presupuesto de la localidad.

“Todo lo decidimos en Asamblea, desde ahí decidimos qué y cómo. Así hemos ido mejorando la educación, la pavimentación de algunas calles, el alumbrado público y la seguridad del pueblo”, cuenta. 

Teresa reconoce que a través de 5 años el dolor de esa tarde ha ido sanando, pero nunca será olvidado.

“Dicen que el tiempo cura estas heridas, pero yo creo que no, que con cada año se aviva más la memoria”, comenta. Ella ya no tiembla de miedo cuando ve a un policía, y sus sobrinos pequeños lloran menos cuando escuchan las campanas de la iglesia o el ruido de los cohetes y los camiones. 

Las niñas, niños y adolescentes de Arantepacua aún hoy tienen efectos psicológicos de esa tarde cuando más de 800 miembros de la policía llegaron al pueblo dando tiros contra los hombres del pueblo, de cómo los sometían y se los llevaban. De cómo entraron a las casas y los sacaban a la fuerza; de cómo las mujeres, apuradas, se las ingeniaban para esconder a cualquier hombre o joven que encontraran en la calle.

Por efectos como ese, en la reunión del jueves en la Fiscalía General de la República estuvieron presentes miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, la subsecretaría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Gobernación, en la que se empezó a trabajar en un un plan de atención psicosocial de los miembros de la comunidad que tienen efectos evidentes de ese día.