En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente destacó que el proyecto consistía en un dragado marino en un área de 61 mil 989 hectáreas, para era extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años. Entre los socios de la minera estadunidense estaban Diego Fernández de Ceballos y Alosnso Ancira

Texto: Daniela Pastrana

Foto: Celia Guerrero / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México buscará anular el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en favor de la minera Odyssey Marine, informó en un comunicado la Secretaría de Medio Ambiente.

La confirmó que el pasado 17 de septiembre, la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de la empresa estadunidense, que obliga a México a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por negar el permiso para el proyecto de dragado marino en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur. La cifra representa alrededor de 1.18 por ciento del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje.

“El Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desaprueba el fallo emitido de manera no unánime por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Asimismo, anuncia que buscará anular el fallo ante las cortes competentes”, dice el comunicado.

Entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que en 2019 Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México, amparado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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El comunicado de Semarnat destaca que entre los socios del proyecto estaban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira.

La obra propuesta consistía en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas (22 mil 224 metros) del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas. El objetivo era extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años “para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte”.

En el proceso de arbitraje México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo”, dice el comunicado de Semarnat.

Exdirectivos recibieron pagos por declarar

El comunicado de Semarnat también destaca deficiencias en las resolución, pues “el Tribunal dio un peso desproporcionado” a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la propia depedencia federal, que fueron presentados como testigos por parte de Odyssey.

Esos exdirectivos, declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas.

Según la versión del gobierno de México, la defensa demostró que “ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar”.

Además, entre los tres árbitros hubo una postura disidente. El árbitro que no avaló la resolución criticó que “las preocupaciones ambientales razonables y serias de México fueron ignoradas deliberadamente por la mayoría del tribunal”. Y concluyó: «no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”.

Antes las deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes y hará valer «todos los medios de defensa posibles”.

«El Gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos”, dice el comunicado.

El laudo se publicará en próximas fechas en la página del CIADI.