Genero García Luna, el hombre detrás de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, recibió una sentencia de 38 años de prisión en los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. La Fiscalía norteamericana exigía cadena perpetua
Texto: Daniela Pastrana
Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro
Actualización 17 de octubre 2024
CIUDAD DE MÉXICO.- La Corte Federal del Este en Brooklyn, Nueva York, sentenció a 38 años de prisión a Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad detrás de la guerra contra el narco. La sentencia también incluye una multa por dos millones de dólares y cinco años de libertad condicional.
La decisión llega después de que la misma corte lo encontrara culpable de los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y de mentir ante autoridades de Estados Unidos. La lista de delitos del otrora poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón parece corta, al igual que su condena.
En su reflexión de 15 minutos el juez Brian Cogan le dijo a García Luna que su caso, en realidad, no es tan distinto al de otros que ha visto en la Corte: «Usted tiene una doble vida Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley. Y seguro lo cree. Pero su conducta es la misma que la del Chapo»
En México suma otras deudas en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia financiera, que han documentado desfalcos millonarios al erario y una entramada red de corrupción en los gobiernos del PAN.
El recuento de sus fechorías a los largo de más de dos décadas en puestos clave de la seguridad del país puede ser inabarcable. Ninguna sentencia puede reparar el daño que dejó la llamada guerra contra las drogas y que es su legado de muerte.
Antes de conocer la condena, víctimas de la guerra contra el narco se manifestaron afuera de la corte estadounidense. En uno de los carteles se leía: «Calderón sí sabía».
A través de sus redes sociales, el expresidente Felipe Calderón se deslindó de los vínculos con el narco de García Luna, y dijo que nunca tuvo pruebas que confirmaran su relación con cárteles de la droga durante su mandato.
“Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él”, dijo Calderón
Genaro García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
La Fiscalía estadounidense le acusó de cuatro cargos vinculados con narcotráfico: Delincuencia organizada, conspiración para la distribución internacional de cocaína; conspiración para distribuir y poseer esta droga así como de conspiración para importarla a Estados Unidos. También fue acusado de mentir ante autoridades migratorias cuando pretendía obtener la nacionalidad estadounidense.
El 18 de diciembre, el exsecretario de Seguridad Pública evitó declararse culpable o inocente en los 10 minutos que duró la audiencia en Dallas. Aceptó su traslado a Nueva York, donde enfrentaría al juez que sentenció a cadena perpetua a Joaquín el Chapo Guzmán.
El 3 de enero de 2020, García Luna fue presentado a la Corte de Nueva York, esposado y con grilletes, para declararse no culpable de narcotráfico.
García Luna inició su carrera dentro de áreas de seguridad nacional en el sexenio de Carlos Salinas. En 1989 ingresó al área de inteligencia en contra terrorismo y antisecuestro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ahí trabajó con Wilfrido Robledo, con quien investigó el secuestro del presidente de Banco de México, Harp Helú, en marzo de 1994 y de Diego Fernández de Cevallos.
Una década después, en 1999, García Luna se integró a la Policía Federal Preventiva junto con Robledo. En 2000, al llegar la alternancia política con Vicente Fox, Rafael Macedo de la Concha asumió la Procuraduría General de la República y designó a García Luna director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, para reestructurar la institución. Casi un año después, Fox extinguió la PJF y decretó en su lugar la creación Agencia Federal de Investigación (AFI), que quedó bajo el mando de García Luna y con presupuestos millonarios
Fox presentó la AFI como una policía de investigación moderna. Una institución que supliría a los antiguos judiciales y sus métodos, y acabaría con la corrupción. García Luna estuvo al frente de la AFI durante casi todo el sexenio de Vicente Fox. Era el polícia estrella del foxismo. Pero la AFI se consolidó como un brazo de la represión social.
Otra característica de su gestión fue la tendencia a la teatralidad, no solo por los montajes en el caso de Florance Cassez y Rafael Vallarta, o en el de Rubén Romano, entonces técnico del Cruz Azul. Sino con los montajes de escenografías con policías encapuchados, para detener a los criminales en imágenes transmitidas en noticieros. También pactó con Televisa la producción de una miniserie de los policías federales a cambio de 118 millones de pesos.
Una vez que Felipe Calderón llegó a la Presidencia, designó a García Luna como secretario de Seguridad Pública. La Policía Federal y la AFI fueron fusionadas
Calderón le dio a García Luna cuanto quiso para la PF: dinero, infraestructura, equipo y hombres. De 5 mil pasó a más de 35 mil efectivos al final de su sexenio. En 2009, García Luna diseñó un operativo similar al efectuado por la PFP en ciudad universitaria para dar fin a la huelga de estudiantes en el 2000. Ahora el objetivo fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas.3.
En octubre de 2020, García Luna se declaró inocente de nuevos cargos por narcotráfico. En la audiencia se revelaron vínculos del exfuncionario con el Cartel de Sinaloa desde 2001, en el inicio de los dos gobiernos del Partido Acción Nacional.
Hasta ese momento, la Fiscalía había reunido más de 189 mil hojas de información, la cual obtuvo con distintas investigaciones en las cortes de California, Illinois y Nueva York. Se supo que había acusaciones y pesquisas contra García Luna y socios, por investigaciones de narcotráfico realizadas en esos estados, desde 2002.
Parte de la información presentada ante el juez fueron, al menos mil 500 llamadas telefónicas de García Luna interceptadas por las agencias de seguridad estadounidenses.
Dos meses después, el 7 de diciembre, la Embajada de México en Washington pidió formalmente la extradición de Genaro García Luna, juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. La Fiscalía mexicana encabezada por Alejandro Gertz lo acusa de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
Días antes, un juez federal autorizó una orden de aprehensión en contra de García Luna debido a que el exsecretario de Seguridad no comprobó el origen legal de 27 millones de pesos, utilizados para comprar inmuebles en el Estado de México. Las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntaban a un posible desvío de recursos públicos hacia empresas vinculadas con funcionarios en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y vínculos con personajes cercanos al exjefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
En 2009 Felipe Calderón creó la Policía Federal, sobre las bases de la Policía Federal Preventiva. Se creó su propia ley, se reclutaron jóvenes profesionistas y se presentó como el gran modelo contra el crimen. A cargo de la superpolicía quedó García Luna, quien había dirigido la Agencia Federal de Investigaciones creada por Vicente Fox.
Fox había pasado a la Policía Federal Preventiva las atribuciones de inteligencia que durante décadas tuvo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
García Luna recibió en 2006 una corporación con 12 mil 907 agentes (entre PFP y AFI) que se triplicaron en seis años.
Cuando el cambio de gobierno frenó sus ambiciones y la temida policía federal dejó de ser prioridad, la institución comenzó a desmantelarse. En 2013 el presupuesto de la PF disminuyó por primera vez en siete años y dos mil policías fueron despedidos por diferentes causas, una de ellas reprobar el “control de confianza”.
En enero de 2021, el gobierno mexicano reveló que la administración de Felipe Calderón otorgó contratos por adjudicación directa a 6 empresas privadas para la administración de nueve cárceles. Estos contratos, que suman más de 266 mil millones de pesos, obligaban al gobierno mexicano a pagar a las empresas por un periodo de 20 años, al término de los cuales éstas mantendrían el control de los penales, “con o sin personas privadas de su libertad”.
Las empresas que en 2010 y 2011 recibieron ventajosos contratos para administrar al menos ocho de los 17 penales federales que hay en México tienen como propietarios, entre otros, a Black Rock y a magnates como Carlos Slim, Olegario Vázquez y Jerónimo Marcos Gerard, este último cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, A través de empresas gestoras de inversión, crearon fideicomisos para administrar, y prácticamente convertir en privados, los penales federales de Sonora, Michoacán, Durango, Oaxaca, Chiapas, Morelos y dos en Guanajuato.
Las cláusulas amparan contratos hasta por 22 años, el último de ellos terminaría hasta el año 2037. Los contratos sin licitar se entregaron en el sexenio de Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Genaro García Luna. El presidente López Obrador advirtió que buscaría cancelar los contratos por los que todavía el gobierno debe pagar 190 mil millones de pesos
A finales de 2021, Pie de Página entrevistó a Felipe Calderón durante la Cop26. El exmandatario minimizó las acusaciones contra García Luna, argumentando que el juicio no había iniciado a dos años de la detención del exsecretario de seguridad. También, dijo que durante su sexenio la estrategia de seguridad había sido acertada.
En enero de 2022, la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas por el operativo Rápido y Furioso. La dependencia confirmó que entre los implicados están los funcionarios calderonistas Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y Luis Cárdenas Palomino, jefe de División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Además del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.
Rápido y furioso formó parte de la Iniciativa Mérida. El operativo inició en 2009, con Felipe Calderón en la Presidencia, con conocimiento de los gobiernos de Estados Unidos y México. Se trató de la entrada ilegal de más de 2 mil armas a México con la finalidad de rastrearlas posteriormente y supuestamente identificar los usuarios. En 2010, el operativo fue cancelado después de que esas armas fueran identificadas en un tiroteo donde fue asesinado un agente de seguridad de Estados Unidos.
En enero de 2023, una investigación de ProPública reveló que al menos, desde 2012, los agentes de la DEA en México tenían confirmados los vínculos de Genaro García Luna con el crimen organizado. Aún así, de acuerdo con los testimonios recabados en el reportaje, los agentes de la DEA decidieron trabajar con García Luna, aunque tenían registros de su colusión con el Cártel de Sinaloa desde los 90.
En enero de 2023, empezaron las audiencias del juicio, que algunos llamaron “El juicio del siglo” por las repercusiones políticas que tendría en México.
El juicio duró 20 días y generó muchas expectativas en México por las revelaciones que permitirían un eventual proceso judicial contra varios integrantes de la élite política del país.
Formalmente, García Luna enfrentó cinco cargos ante la justicia de ese país: tres son por conspiración para la importación de miles de kilogramos de cocaína y otras drogas a territorio estadounidense.
Una imputación más es por su presunta pertenencia a organizaciones de delincuencia organizada que le permitieron acumular una fortuna de decenas de millones de dólares.
Y el último cargo por falsedad de declaraciones ante las autoridades migratorias estadounidenses, cuando García Luna tramitaba la ciudadanía de ese país.
Durante la primera audiencia del juicio, el lunes 23 de enero, la fiscalía estadounidense advirtió a los 12 miembros del jurado sobre el origen de la fortuna de Genaro García.
“Mientras servía para el pueblo mexicano tenía un trabajo. Pero también tenía otro, uno más sucio y lucrativo: aceptó millones de dólares en sobornos en efectivo para permitir que el cartel de la droga más grande de México enviara toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
El 6 de febrero, el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, declaró durante el juicio contra García Luna, que en 2011 el exsecretario de seguridad, y el expresidente Felipe Calderón, sostuvieron una reunión con Ney González, entonces gobernador de Nayarit, para ordenarle apoyar a operadores de Joaquín El Chapo Guzmán en ese estado.
De acuerdo con el testimonio de Veytia, procesado en Estados Unidos por cargos asociados al narcotráfico, la petición vino tras una alianza que tenía el gobierno de Nayarit con el cartel de los Beltrán Leyva.
En su testimonio el exfiscal de Nayarit también dijo que, en 2012, sostuvo otro encuentro con el entonces jefe de la Agencia Federal de Investigación, Luis Cárdenas Palomino, en la que este le habría reiterado que deberían apoyar al cartel de El Chapo Guzmán.
Ese fue el primer testimonio que vinculó a Felipe Calderón con actividades asociadas al narcotráfico, particularmente en una alianza con el cartel de Sinaloa. Actualmente Calderón reside en España, y tras el testimonio de Veytia, el expresidente publicó negó las acusaciones en su contra.
Un día antes, Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas del gobierno de Coahuila durante la gestión Humberto Moreira, acusó que Genaro García Luna habría pagado 25 millones de pesos mensuales a El Universal para que el periódico hiciera publicaciones favorables para limpiar su imagen.
De acuerdo con el testimonio de Villarreal, el exgobernador Humberto Moreira fue el intermediario entre García Luna y Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal.
Mediante una publicación editorial, El Universal negó las acusaciones derivadas del juicio, argumentando que «campañas como la que se aludió en el juicio se publican en este medio todos los días y por ellas se pagan los debidos impuestos», y a la vez, manifestaron que durante la gestión de García Luna al frente de la SSP, El Universal «mantuvo una postura crítica ante el desempeño público del funcionario y la dependencia que encabezaba».
Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey, uno de los últimos en la lista de comparecientes por parte de la Fiscalía General de Estados Unidos..
El Rey, hermano de Ismael Zambada García, El Mayo, dijo que personalmente entregó por lo menos cinco millones de dólares al exfuncionario mexicano.
El dinero fue parte del pago por la protección de los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) al cartel de Sinaloa. Los sobornos empezaron durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando el ahora procesado era jefe de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
La protección, dijo, aumentó en el período de Felipe Calderón. Y gracias a ese respaldo la organización creció exponencialmente.
García Luna enfrenta otro juicio en Estados Unidos por el presunto desvío de 746 millones 879 mil 384 dólares y 78 centavos, según la información recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En febrero de 2023, Pablo Gómez, titular de la UIF, reveló que además del juicio por narcotráfico en la corte federal de Estados Unidos en Nueva York, el «hombre fuerte» del expresidente Calderón enfrenta un juicio civil en Florida por la compra de distintos bienes en ese estado con dinero de procedencia ilícita.
«Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado», explicó Pablo Gómez.
La UIF detalló en marzo el esquema financiero y empresarial, que alcanza al PAN y al gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México
El 21 de febrero de 2024, García Luna fue encontrado culpable de narcotráfico, delincuencia organizada y de mentir ante autoridades de Estados Unidos.
Por este veredicto del jurado de la Corte Este de Brooklyn, Nueva York, el exsecretario de Seguridad Pública enfrenta una sentencia mínima de 20 años de prisión, y un máximo de cadena perpetua por cada cargo de narcotráfico por los que ha sido encontrado culpable.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en México seguirán las investigaciones contra García Luna.
“Independientemente de las acusaciones contra García Luna están de por medio los bienes de México, que suele pasar que siempre se quedan en Estados Unidos”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina
Felipe Calderón, quien vive en España, expresó en un comunicado que el veredicto contra García Luna se está usando «políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar contra la delincuencia».
Además, alegó que su sexenio fue «el que más ha actuado en contra de la delincuencia organizada», y que «gracias a que enfrentamos a la delincuencia y todos los carteles, el crimen se iba debilitando y el Estado se estaba fortaleciendo».
Sin embargo, no hizo referencia a las acusaciones en su contra durante el juicio. Tampoco expresó ninguna valoración sobre García Luna.
En julio, la Fiscalía General de la República anunció que solicitó la extradición de la esposa y varios hermanos de García Luna por varias órdenes de aprehensión vigentes en contra García Luna y sus familiares por tres delitos.
Las investigaciones de estos delitos, se detalló en el comunicado, “no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos”, y además “son independientes de los procesos de reivindicación patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está siguiendo en Miami, Florida, para recuperar bienes producto de los delitos cometidos por dicha persona y sus familiares”.
La Fiscalía dio a conocer que el supuesto prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública fue detenido por la Policía Nacional de España. El Ministerio Público de la Federación asegura que Jonathan Alexis Winberg, detenido el domingo 31 de diciembre de 2023 en Madrid, España, “es uno de los principales cómplices” del exfuncionario.
En septiembre pasado, La Fiscalía de los Estados Unidos solicitó cadena perpetua y una sanción de 5 millones de dólares en contra de Genaro García Luna. La noticia llegó después de que medios de comunicación accedieran a una carta que la Fiscalía envió a la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York.
Luego de conocer la sentencia contra García Luna, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la decisión de las autoridades norteamericanas expresan «la decadencia» del sexenio de Felipe Calderón.
“Habla de la decadencia de la degradación del sexenio de Calderón, primero, ¿cómo declaro una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar bajo condiciones de excepción”.
La sentencia a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón nos lleva a reflexionar sobre la decadencia de aquel sexenio. En 2024, el pueblo ratificó la construcción de la paz con una estrategia que atiende las causas de la violencia. pic.twitter.com/T3mlrAt13R
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 18, 2024
Después, afirmó que durante su sexenio no puede volver a suceder una guerra como la que inauguró el político panista.
Y reiteró que, «a partir de 2018, el país cambió por voluntad del pueblo y, en el 2024, el pueblo nos dio su respaldo y pueden tener la certeza de que jamás va a haber una colusión o un acto de corrupción”.
Quería ser exploradora y conocer el mundo, pero conoció el periodismo y prefirió tratar de entender a las sociedades humanas. Dirigió seis años la Red de Periodistas de a Pie, y fundó Pie de Página, un medio digital que busca cambiar la narrativa del terror instalada en la prensa mexicana. Siempre tiene más dudas que respuestas.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona