Fujimori gobernó entre los años 1990 y 2000, con un régimen autoritario. Con mano dura enfrentó a las guerrillas de extrema izquierda Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, además se ha documentado ejecuciones y violaciones a derechos humanos de miles de personas

Por: Corresponsal IPS /IPS

Fotos: IPS

LIMA – El expresidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, salió el libertad la noche de este miércoles 6 por una controvertida decisión del Tribunal Constitucional de su país, a pesar de la oposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fujimori, de 85 años y ascendencia japonesa, gobernó entre los años 1990 y 2000, con un régimen autoritario desde 1992. Con mano fuerte enfrentó a las guerrillas de extrema izquierda Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, pero al costo de decenas de miles de vidas y con numerosas y documentadas violaciones de derechos humanos.

El gobernante renunció al inicio de su tercer mandato consecutivo en el año 2000 y se autoexilió en Japón, luego llegó a Chile y desde allí fue extraditado en 2007 a Perú, donde se le juzgó primero por delitos de corrupción y abuso de autoridad, recibiendo una condena de seis años de privación de libertad.

El 7 de abril de 2009 fue condenado a 25 años de cárcel como “autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos”, masacres ejecutadas por efectivos militares y policiales a sus órdenes.

También se lo halló culpable de secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia.

En julio y septiembre de ese año recibió sentencias adicionales por casos de peculado doloso, interceptación telefónica, pago a congresistas y compra de la línea editorial de medios de comunicación durante su gobierno.

La matanza de Barrios Altos, un distrito tradicional de Lima, se produjo el 3 de noviembre de 1991, cuando 15 personas, incluido un niño de ocho años, confundidas erróneamente con seguidores de Sendero Luminoso, fueron acribilladas por el Destacamento Colina, un grupo de exterminio creado en el ejército.

El 18 de julio de 1992 nueve estudiantes y un profesor de la capitalina Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle –conocida como La Cantuta- fueron secuestrados y asesinados por el grupo Colina, que les endilgó ser colaboradores de grupos terroristas, lo que luego se demostró que era falso.

En 1993 el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a 10 miembros de Colina a condenas de entre uno y 10 de cárcel, pero el Congreso de entonces, de mayoría fujimorista, aprobó a una Ley de Amnistía que les dio a libertad.

El diciembre de 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto humanitario para la libertad de Fujimori, pero en octubre del año siguiente la justicia determinó que debía regresar a prisión, desde la clínica donde estaba internado, para cumplir la totalidad de su condena.

Desde enero de 2019 permanecía en el penal de Barbadillo, en el noreste de Lima, y para su liberación por razones humanitarias se ha invocado que su salud es delicada y ha cumplido cerca de dos tercios de la pena que le fue impuesta.

Sobre esas bases, el Constitucional ordenó el 5 de diciembre su libertad, contraviniendo un dictamen de la Corte Interamericana, cuyas decisiones son inapelables y que demandó mantenerlo tras las rejas y considera que el tribunal peruano se coloca en “abierto desacato”.

El presidente de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez Manrique, requirió de nuevo el 5 de diciembre al Estado peruano no ejecutar el fallo del Constitucional hasta poder determinar si se cumplían condiciones que estableció el año pasado.

Entre otras, además de la situación de salud, que se haya cumplido una parte considerable de la pena, pagado la reparación civil impuesta en la condena, la conducta del condenado respecto del esclarecimiento de la verdad, y los efectos que su liberación anticipada tendría sobre las víctimas, sus familiares y la sociedad.

El gobierno de la presidenta interina Dina Boluarte declaró que acataría el fallo del Tribunal Constitucional, y el organismo que maneja las prisiones esperaba por los trámites formales, incluida la orden de excarcelación, para liberar al exmandatario.

Mientras seguidores de Fujimori saludaron la liberación, grupos de víctimas, familiares y organizaciones civiles produjeron expresiones de protesta, incluso yendo a las calles con la consigna “Indulto es insulto”.

La oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó en redes sociales que “la orden que libera de prisión al expresidente Fujimori a pesar de las decisiones de la Corte (interamericana) es un revés preocupante para la rendición de cuentas”.

“Cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional”, subrayó Acnudh.

Jo-Marie Burt, de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, expresó “nuestra oposición a la liberación de Fujimori sin que haya cumplido las condiciones elaboradas por la Corte” y, al liberarlo, “el Estado peruano incumpliría sus obligaciones internacionales de manera flagrante”.

Víctimas y familiares de víctimas de las masacres y otras violaciones de los derechos humanos durante los gobiernos de Fujimori de manera recurrente han protestado en demanda de justicia y de que el expresidente pague por sus delitos. Nuevas protestas han sido anunciadas.

Una hija del exgobernante, Keiko Fujimori, de 48 años, siguió los pasos de su padre en la política y buscó la presidencia del país en las elecciones de 2011, 2016 y 2021, perdiendo por estrecho margen. El partido fujimorista Perú Libre, con 37 escaños, es la primera bancada en el Congreso peruano, de 130 asientos.

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