Legisladores de oposición denuncian que el Comisionado del Instituto Nacional de Migración busca que se suspenda el proceso penal en su contra con una reparación del daño a las víctimas, para dejar en la impunidad la muerte de 40 migrantes y la afectación a los sobrevivientes

Texto: Itzel Martínez, La Verdad Juárez

Foto Rey R. Jauregui / La Verdad

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.- Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración e imputado en el caso del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, busca suspender el proceso penal en su contra con una reparación del daño a las víctimas, una medida que fue calificada de extorsión por senadores del Grupo Plural que da seguimiento a esa tragedia.

El legislador Emilio Álvarez Icaza Longoria criticó que Garduño se mantenga en el puesto a pesar de tener un proceso penal en su contra y que, desde esa posición, haga ofrecimientos a las víctimas del incendio del pasado 27 de marzo.

“Están extorsionando y chantajeando institucionalmente a las víctimas para que le retiren los cargos y proceder una reparación económica, para dejar en absoluta impunidad la muerte de 40 migrantes y la afectación a los sobrevienes, es inaceptable”, dijo Álvarez Icaza en conferencia de prensa en el Senado de la República.

El senador dijo que Garduño Yáñez solicitó al juez de control una audiencia para debatir la procedencia de una solución alterna consistente en la suspensión condicional del proceso en su contra.

La audiencia fue fijada para celebrarse mañana 22 de septiembre.

“Tendría ya Garduño por un mínimo de decoro y ética que haber presentado su renuncia, pero si no, por lo menos que pida licencia para que no sea objeto de este tipo de conflictos donde él con recurso público, con instancias públicas, pide una audiencia para que se le quiten los cargos, es de un cinismo extraordinario”, continuó el senador, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, Álvarez Icaza Longoria criticó que mientras el país se enfrenta a otro arribo masivo de migrantes y a problemas en las fronteras, Garduño se ocupe en su defensa.

“Los trenes están llenos de cientos, miles de migrantes. En Juárez ya se cerraron las fronteras y el comisionado está atendiendo sus propios casos, es de un cinismo atroz”, agregó.

Acompañado de los senadores Nancy de la Sierra Aramburu, Gustavo Madero, y Germán Martínez Cázares, Álvarez Icaza criticó que la solicitud de Garduño se haga cuando todavía no se conoce la magnitud del daño sufrido por las víctimas, pues todavía no se termina la etapa de periciales y dictámenes correspondientes.

“La solicitud de la suspensión condicional del proceso preocupa enormemente, si bien es un derecho, supone un chantaje institucional… porque no solo representa la posibilidad de evadir la responsabilidad en términos de su responsabilidad por los hechos ahí ocurridos, sino que no ha concluido el proceso y genera un chantaje porque muestra el conflicto de intereses de que Garduño siga en el cargo, el tendría si no que renunciar, que pedir licencia para no presentarse este conflicto de intereses donde él es juez y parte”, concluyó.

Garduño busca la absolución: organizaciones

Luego de conocerse la intención del comisionado del INM, las organizaciones Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Instituto para las Mujeres en Migración y Asylum Access México emitieron un comunicado en el que condenaron el actuar del funcionario.

De acuerdo con las organizaciones, la intención de Garduño es “evadir que la investigación aun abierta determine su responsabilidad penal por la muerte de 40 migrantes y 27 más sobrevivientes lesionados” en el incendio de marzo.

Además, precisaron que el aviso de la audiencia se hizo apenas tres días antes de la fecha en la que se fijó.

Las organizaciones detallaron que la suspensión condicional del proceso, que es la petición de Garduño, implica que la medida sea admitida o rechazada por un juez y no por las víctimas.

“En otras palabras, es una forma de obtener la absolución, sin que las investigaciones y el resultado de éstas le finquen responsabilidad penal alguna por el atroz hecho del 27 de marzo”, dijo Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia (FJEDD).

El comunicado recordó que de las diez personas imputadas en el caso -nueve de ellas funcionarios públicos-, Garduño es el único que ha enfrentado el proceso en libertad, pues fue acusado de un delito considerado no grave.

De otorgarse la solución alterna, continúa el documento, las graves violaciones a derechos humanos -como fueron calificados los hechos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-, quedarían impunes.

“Además, nos preocupa que la investigación penal se enfoque en investigar y sancionar a las personas migrantes y no a los altos mandos del INM, quienes ejecutan las políticas migratorias de detención y privación ilegal y arbitraria de la libertad, políticas que tienen como consecuencia, en muchos de los casos, la muerte de personas migrantes.

Una portavoz del Instituto Nacional de Migración dijo que no habría una postura sobre las acusaciones vertidas en el Senado”.

Por la mañana, el legislador participó junto a otros senadores en una sesión del Grupo de Trabajo del Senado que da seguimiento al caso y donde se esperaba la presencia de Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Sin embargo, y por segunda ocasión consecutiva, Rodríguez Estrada avisó por la madrugada que no asistiría debido a que tendría una reunión con el presidente de la República para tratar el tema.

Este trabajo fue publicado originalmente en LA VERDAD JUÁREZ, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Puedes consultar aquí la publicación original