La Fiscalía General del Estado de Veracruz omitió reportar 53 fosas clandestinas que dependencias federales encontraron en ese estado entre los años 2000 y 2020. Según especialistas, es probable que existieran incentivos económicos ilícitos, como el soborno, desvío de recursos y lavado de dinero, detrás de las desapariciones cometidas directa o indirectamente por funcionarios públicos

Por Elizabeth Rosales/ Periodismo Empower

Las fosas clandestinas más grandes de México se ubican en predios del estado de Veracruz que colindan con proyectos energéticos y vías de comunicación terrestre que, por décadas, fueron objeto de disputa entre empresarios y ejidatarios. San Julián, donde autoridades reportaron 27 fosas y 187 fragmentos óseos, y Colinas de Santa Fe, donde un colectivo de madres que buscan a sus hijos desaparecidos descubrió 155 fosas y más de 22 mil restos humanos en 2016, son dos ejemplos de ello.

Ambos sitios se ubican en Veracruz, la entidad con el mayor número de fosas clandestinas reconocidas por la Comisión Nacional de Búsqueda entre 2006 y 2020. En ese periodo, se reportaron 504 fosas en el estado que representan el 12.32% del total de las inhumaciones registradas en México, seguido por Tamaulipas con el 11.12% y por Guerrero con el 9.36%. 

Sin embargo, los hallazgos de esta investigación realizada por Empower demuestran un subregistro por negligencia o complicidad con el crimen organizado que impide conocer la magnitud del fenómeno de la violencia en México, según académicos y representantes de la sociedad civil.

Entre 2000 y 2020, dependencias locales y federales registraron 661 fosas clandestinas en Veracruz, 978 cuerpos y al menos 33 mil 549 restos humanos, además de otros 49 casos en los que no se precisaron cantidades. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) reconoce solamente 608 fosas en el mismo periodo, omitiendo las 53 fosas restantes que la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Policía Federal (PF) y la Fiscalía General de la República (FGR) sí reconocieron a Empower a través de solicitudes de acceso a la información.

Luego de un trabajo de verificación y limpieza de datos recibidos a través de 71 solicitudes de información presentadas por Empower, se identificaron discrepancias que evidencian la falta de un registro de fosas único, interinstitucional o cuando menos homologado entre las dependencias locales y federales que se encargan de la seguridad pública nacional.

Omisión o colusión, lo que hay detrás del subregistro

Según expertos, las dependencias de gobierno responsables de llevar el registro de personas desaparecidas han ocultado, por omisión o colusión, el número real de fosas en Veracruz.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFPDCPySNBP) establece qué responsabilidad de acción tienen las autoridades ante un caso de desaparición, pues en teoría este delito se persigue “de oficio y tiene el carácter de permanente o continuo” hasta que la persona desaparecida o sus restos sean localizados e identificados; sin embargo, familiares de personas desaparecidas denuncian la falta de investigación y una captura de datos alejada de la realidad.

El análisis hecho por Empower también revela que el 89.86% de las fosas identificadas en Veracruz en el mismo periodo fueron halladas durante el gobierno del priísta Javier Duarte de Ochoa (2010-16). Si bien, esto no significa que las fosas fueron hechas durante ese sexenio, Lucy Díaz, coordinadora del colectivo de búsqueda El Solecito de Veracruz, señaló a Empower que la mayoría de los hallazgos de su organización sí corresponde a personas desaparecidas durante esos años.

“La mayor parte de lo que hemos encontrado hasta ahora es específicamente de la época de Duarte y también de Yunes”, dice Díaz, refiriéndose también al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes (2016-18). El 25 de julio de 2022, la FGEV anunció la detención del exfiscal de la administración de Yunes, Jorge Winckler, quien estaba prófugo desde 2019 por los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. Winckler fue también uno de los responsables de llevar a prisión al exgobernador Duarte.

A la fecha, el gobierno de Duarte es conocido como uno de los más violentos y corruptos de Veracruz y, actualmente, el exmandatario cumple una sentencia de nueve años en prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.

El motor económico de la violencia

San Julián y Colinas de Santa Fe se ubican en una zona conocida como “Playa Norte”, cerca de la autopista Veracruz-Xalapa y de una vía del tren en la que operan dos empresas ferroviarias que transportan mercancías. Adicionalmente, se encuentra a sólo 6.27 kilómetros lineales del Nuevo Puerto de Veracruz, una de las obras de infraestructura portuaria más importantes del país, con inversiones programadas por más de mil 402 millones de dólares.

San Julián y Colinas de Santa Fe forman parte de 407 fosas clandestinas que se ubican en zonas con proyectos energéticos en Veracruz. Es decir, el 61.57% del total de las fosas localizadas en la entidad están en sitios con esa característica.

Además de estas dos zonas, destacan Alvarado con 76 fosas clandestinas, lugar donde se construye, desde 2017, un puerto de servicios dedicado a la industria del petróleo y gas, con una inversión estimada de 2 mil millones de dólares.

Para Lucy Díaz de El Solecito las razones detrás de la violencia que se traduce en asesinatos y fosas clandestinas son multifactoriales, pero se desprende principalmente de la Guerra contra las Drogas, iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón (2006-12), “y sí, de lo extractivo”, comenta la activista y madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido en 2013.

En el marco de esta Guerra, y con Fidel Herrera Beltrán (2004-10) y Javier Duarte (2010-16) como gobernadores de Veracruz, se concretaron algunas de las primeras grandes inversiones privadas alrededor del petróleo y la electricidad en el estado. Lo anterior apunta a que el clima de violencia y los operativos para combatir al crimen no inhibieron las inversiones en Veracruz; por el contrario, incrementaron con la Reforma Energética de 2013, con Enrique Peña Nieto (2012-18) como presidente de la República.

Víctor Manuel Andrade Guevara, académico de la Universidad Veracruzana, observa una relación entre la violencia y el auge de ciertas actividades económicas, entre ellas las extractivas, y por ello supone que detrás de una parte de los casos de desaparición en México podrían existir intereses económicos de redes criminales que incluyen a servidores públicos, cárteles y empresas, ya sea de manera directa o indirecta.

“El incremento de la violencia, desapariciones, homicidios está ligado a muchas cosas, es probable que también en parte a los megaproyectos y la instalación de industrias extractivas, particularmente del petróleo”, relata a Empower. Según el también especialista en cultura de la legalidad y acceso a la justicia, los altos índices en el robo de combustible y las inversiones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en proyectos extractivos en algunos municipios de Veracruz, como Poza Rica, podrían estar relacionados a la aparición de fosas clandestinas.

Un ejemplo de esto es que, en 2016, la Policía Federal y la FGEV encontraron vehículos con reporte de robo, arma y herramientas para la extracción de hidrocarburos en un rancho ubicado en Tlalixcoyan, Veracruz, donde también se localizaron más de 11,000 fragmentos óseos calcinados, entre estos, los restos de unos jóvenes que desaparecieron el 11 de enero de ese mismo año, cuando viajaban del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente.

De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cinco jóvenes fueron detenidos por agentes de Seguridad Pública en una gasolinera de Tierra Blanca, Veracruz y trasladados hasta el rancho El Limón para ser entregados a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes tenían la orden de asesinar a cualquier persona señalada de pertenecer a la organización rival, el Cártel del Golfo.

“Nos dieron la orden que los matáramos sólo por andar diciendo que ellos eran los chidos de ese lugar y que andaban fanfarroneándose”, declaró un miembro del CJNG, el 15 de abril de 2016, ante la autoridad ministerial del fuero común en Cosamaloapan, Veracruz.

Por este caso de desaparición fueron detenidas 21 personas y, de ellas, 13 fueron acusadas de pertenecer al CJNG y ocho eran expolicías. Declaraciones ministeriales publicadas por la CNDH dieron a conocer que las víctimas fueron asesinadas e introducidas en tambos, donde les vertieron diésel y prendieron fuego. Posteriormente, sus restos fueron arrojados a un río que se encuentra en el rancho El Limón.

Empower solicitó a la FGEV información sobre las fosas clandestinas localizadas en ese rancho, pero la institución reservó la información por cinco años.

Desaparición forzada, un problema incalculable

En México no se cuenta con herramientas o mecanismos para conocer el preciso número de casos de desaparición que se le atribuyen a policías, militares u otros funcionarios. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) identifica sólo 14 desapariciones forzadas en Veracruz entre 2007-18, años que corresponden a los gobiernos de Herrera (2004-10), Duarte (2010-16) y Yunes (2016-18).

En cambio, la CNDH tiene un registro de 239 casos en el estado para el mismo periodo (2007-18). Esto equivale al 44% de todas las desapariciones analizadas por la CNDH en Veracruz. En contraste, Juan Carlos Trujillo, del colectivo Familiares en Búsqueda, señala que en 95% de los casos de desaparición están implicados, por acción u omisión, funcionarios públicos. La organización que Trujillo representa tiene desde 2013 trabajando con familiares de personas desaparecidas.

Un dato significativo identificado por Empower es que el 89.86% (594) de las fosas registradas por autoridades en Veracruz, entre 2000-2020, fueron halladas durante el gobierno de Duarte. No obstante, ha sido imposible comprobar en qué periodo fueron desaparecidas las víctimas, pues para obtener esa información la autoridad tendría que conocer sus identidades, localizar si tenían algún reporte de desaparición previo y si esos reportes ligaban a fuerzas de seguridad del Estado. Estas posibilidades de investigación se enfrentan a los problemas de captura, subregistro y ocultamiento de datos por parte de las instituciones de seguridad pública estatales y federales responsables de investigar este tipo de delitos.

Cabe mencionar que Duarte, hoy recluso, utilizó una red de 400 empresas fantasma y prestanombres para desviar más de 3 mil 600 millones de pesos del erario público durante su gobierno, según una investigación periodística, y que uno de los cargos que aún se le imputan es el de desaparición forzada.

A las desapariciones que son cometidas por funcionarios por si mismos o en contubernio se les llama “forzadas”, según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Pero los motivos detrás de una desaparición forzada son difíciles de saber porque las policías a menudo no cumplen con su parte, acusan familiares de personas desaparecidas. Aseguran que las autoridades no investigan, o si lo hacen, no comparten expedientes y líneas de investigación con los familiares, aunque es su derecho según la Ley General de Víctimas.

En la Ley se establece que el Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas deberá “tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima en caso de que ésta las requiera”. También especifica que los familiares que tengan una relación inmediata con la persona afectada por un delito también son víctimas, pero en la práctica no sucede así.

“Es complicado, porque los principales responsables de evitar o prevenir una desaparición ni siquiera conocen las leyes”, dice Trujillo, quien ha buscado a sus cuatro hermanos desde 2008 —Gustavo, Jesús Salvador, Luis Armando y Raúl Trujillo Herrera— y a sus primos Jaime López y Gabriel Melo Ulloa, quienes desaparecieron en Poza Rica, Veracruz, en 2010, a manos de la policía intermunicipal.

“Podrás tener las mejores leyes del mundo, pero si no son reconocidas ni aplicables, no sirven”, agrega.

En realidad, a casi cinco años de la publicación de la Ley General de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, aún no existe una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas a cargo del Sistema Nacional de Búsqueda. Para este reportaje, se buscó entrevista con la Comisión Nacional de Búsqueda, que participa en el Sistema Nacional, pero su vocero y titular prefirieron no hacer comentarios.

El subregistro importa porque no permite dimensionar la magnitud del problema de la violencia, explica Andrade Guevara, el académico de la Universidad Veracruzana y especialista en cultura de la legalidad y acceso a la justicia. “Por ejemplo, Veracruz aparece como uno de los estados con menos tasa de homicidios, pero esto contrasta con toda la percepción que se tiene en el estado”, dijo.

Discrepancias en el registro de fosas clandestinas

Para documentar el número de fosas, cuerpos y restos encontrados en Veracruz, entre 2000-20, Empower realizó 71 solicitudes de información a cinco dependencias: la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina y la Policía Federal. De ese universo, Empower trabajó con 18 respuestas que ofrecían información completa para construir una base de datos.

Los datos se capturaron y se eliminaron casos repetidos. Cada vez que un mismo evento fue reportado por dos o más dependencias, se priorizaron los registros de la FGEV y posteriormente se agregaron aquellas cantidades excedentes reportadas por otras instituciones.

Adicionalmente, Empower registró cuerpos y restos localizados en el mismo periodo, aún cuando las autoridades no especificaron que el hallazgo se hizo dentro de una fosa clandestina. Esto se debe a que el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHBPDNL) instruye a registrar estos hallazgos en el todavía inexistente Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, sin importar dónde se localizaron. Como ejemplos, detalla fosas clandestinas, pozos artesianos, cavernas, tiros de minas, cuerpos de agua, basureros, inmuebles habitacionales y sistemas de drenaje.

El Protocolo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2020, pero, aunque este documento establece criterios homologados para tener un instrumento común entre dependencias que realizan este tipo de hallazgos, esos criterios no han sido adoptados por todas las fiscalías y secretarías, a pesar de que las cifras de personas desaparecidas y no localizadas ascienden a más de 100,000 a nivel nacional. Tan sólo en el gobierno de Duarte, desaparecieron 2,150 personas en Veracruz que siguen sin ser localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

“La información sistemática y detallada de estos sitios, sus entornos, los restos humanos hallados y los sujetos asociados a ellos es fundamental para el análisis de contexto, pues posibilita la identificación de patrones de ocultamiento y destrucción de restos humanos y contribuye a su identificación”, explica el Protocolo.

Otro punto a considerar es que los cráneos se contabilizaron como víctimas y no como “restos óseos”, aunque algunas dependencias las incluyeron ahí. Por último, todos los casos señalados por una dependencia como “indeterminados», “diversos”, “no identificados” o “sin datos” y otras variaciones fueron tipificadas por Empower como “incuantificables”.

Lo anterior derivó en una base de datos que contiene el número de fosas, cuerpos y restos, desglosados por año, localidad y municipio en Veracruz, resumida en la siguiente tabla.

Es importante señalar que los restos no sugieren una cantidad de personas desaparecidas, toda vez que no se exhumaron o realizaron pruebas de ADN con ellos para determinar a cuántas personas corresponden. En ese contexto, es imposible que un análisis sea interpretado como el máximo dato de fosas clandestinas, cuerpos o restos humanos localizados en Veracruz para el periodo 2000-20, tal como lo señala un informe de Empower, del cual forma parte este reportaje.

“Es un tema, porque no queda muy claro qué están entendiendo las autoridades por restos, fragmentos o cuerpos. Es un tema tratar de conseguir información un poco más certera, pero creo que lo peor es justo que no se registre nada. Aunque hay registros muy malos, creo que prefiero eso a que no se esté registrando nada, como pasa a veces en Guanajuato”, comenta Jorge Ruiz, analista de datos en la organización Data Cívica.

Ruíz es uno de los responsables de la Plataforma Ciudadana de Fosas, un ejercicio que concentró datos de prensa, fiscalías estatales y federal para mostrar números de fosas clandestinas localizadas por entidad y municipio. En esa plataforma, Veracruz ocupa el lugar número uno con 381 fosas.

“Creo que el principal problema es que, por ejemplo, parece que las fiscalías de entrada como que no saben definir qué es una fosa clandestina […] muy pocas tienen un registro ordenado sistematizado o estandarizado. Eso y que es un tema de capacidades, quizá un poco de negligencia”, agrega el experto.

Caso San Julián

Empower pudo confirmar que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no comparte información entre sus departamentos y que, por esto, ha llegado a omitir cifras cuando responde a solicitudes de acceso a la información.

En septiembre de 2017, la FGEV reconoció vía transparencia que, en 2011, realizó el hallazgo de 27 fosas clandestinas con 59 restos humanos en el ejido de San Julián. Pero la misma institución omitió estos datos en todas las solicitudes de información que realizó Empower entre 2019 y 2020, e incluso negó que existiera información sobre fosas localizadas en San Julián.

En medio de recursos de revisión y de inconformidad ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), este último confirmó la respuesta de “inexistencia” de información de la FGEV. Empower realizó una segunda solicitud de información a la cual respondió un departamento distinto de la Fiscalía, reconociendo las 27 fosas y los 186 restos humanos localizados en San Julián entre 2011-20.

Para abril de 2021, el INAI revocó la respuesta de “inexistencia” y el IVAI ordenó a la FGEV proporcionar nuevas respuestas que tomaran en cuenta todas las solicitudes respondidas por la propia FGEV, a través de sus distintas fiscalías.

En marzo de 2022, la FGEV proporcionó al IVAI, a través de uno de sus departamentos, la misma respuesta de inexistencia que entregó a Empower dos años atrás, mientras que, a través de un departamento distinto en respuesta a una segunda solicitud de información, volvió a confirmar la existencia de las 27 fosas clandestinas, esta vez sin mencionar los 186 restos previamente localizados en San Julián. Las respuestas siguen sin ser consistentes.

El subregistro que Empower confirmó mediante solicitudes de información pone en evidencia una serie de problemas estructurales que dificultan la obtención de justicia para las familias de personas desaparecidas, de acuerdo a Andrade Guevara, el académico de la Universidad Veracruzana.

“No tenemos información para tener la ponderación del nivel real de violencia y esto denota la indiferencia de las autoridades […] es bastante grave la ausencia de esta información”, opina el investigador.

La Guerra contra las Drogas en México

En 2006, el presidente Calderón implementó una estrategia de militarización de la seguridad nacional, basada en usar a las Fuerzas Armadas y de seguridad pública para combatir al crimen organizado. Le llamó la “Guerra contra las Drogas”, pero, lejos de lograr los propósitos para los que fue creada, incrementó los niveles de violencia en México.

Muestra de ello es que, al final de su gobierno, México alcanzó los 120,463 homicidios, es decir, más del doble de los 60 mil 280 homicidios que registró el sexenio anterior (2000-06), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Adicionalmente, en ese mismo periodo, se presentaron 15 mil 816 denuncias contra las Fuerzas Armadas y autoridades de seguridad pública federal, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aún así, los siguientes gobiernos mantuvieron una estrategia similar de seguridad y, en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública integrada por militares en retiro, policías federales y nuevos agentes. En menos de dos años, desde su creación hasta agosto de 2021, la CNDH abrió 451 expedientes por quejas relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos por parte de esos uniformados.

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Búsqueda recibió recortes en su presupuesto durante el sexenio de López Obrador y, desde junio de 2021, no publica ningún informe que actualice los datos históricos de fosas en México, aunque los colectivos de búsqueda siguen encontrando estos cementerios clandestinos en Veracruz.

El colectivo Solecito, por ejemplo, continúa realizando labores de búsqueda en otros territorios como Arbolillo, en el municipio de Alvarado, y La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván, aunque, a junio de 2022, no se contaba con cifras actualizadas sobre los hallazgos en estas zonas.

“En México se desató una guerra desde el 2006, con Calderón, pero la principal guerra para nosotros es la guerra contra los números. Es la guerra donde no se conoce la realidad del país”, dice Juan Carlos Trujillo de Familiares en Búsqueda.

Empower buscó entrevista con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana; sin embargo, su secretario particular negó la entrevista, explicando que la autoridad competente para opinar sobre los hallazgos de este reportaje es la FGEV (no la CNB).

La Fiscalía tiene la obligación de investigar y perseguir los delitos; sin embargo, la CNB fue creada en 2017 para realizar búsquedas de vida y búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos y restos humanos, según la LGMDFPDCPySNBP.

Al cierre de este reportaje, la FGEV tampoco respondió a correos y llamadas hechas por Empower.

*Este reportaje, junto con el titulado “Vitol mantiene contrato con Pemex; su exdirector general en México fue socio de fallecido operador financiero de los Zetas”, forma parte de un proyecto de investigación sobre violencia, corrupción y desaparición forzada que ha vivido la sociedad en Veracruz desde la administración de Javier Duarte de Ochoa en adelante. Empower ha trabajado desde hace tres años en documentar las violaciones a derechos humanos en ese estado. Próximamente las tres investigaciones podrán consultarse en  https://crimenesgraves.empowerllc.net.