La hipótesis de la Fiscalía de Jalisco sobre la «autolesión» de Luz Raquel Padilla revive la ineficacia de las fiscalías para investigar muertes violentas de mujeres. Micheel Salas, Rita Canto y Emanuela Borzacchiello desentrañan estos aparatos de justicia y explican cómo revictimizan, criminalizan, y borran los avances de la lucha de las mujeres en México

Texto: María Ruiz y Daniela Rea

Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro.com

CIUDAD DE MÉXICO.- La hipótesis sobre el feminicidio de Luz Raquel Padilla que la Fiscalía de Jalisco presentó esta semana es una muestra de la ineficacia y falta de perspectiva de género que las fiscalías en México siguen ejerciendo, pero sobre todo es una muestra de criminalización hacia las víctimas.

Representa, además, un borrado de los avances conseguidos por las mujeres en su lucha por la justicia. Así lo advierten en entrevista las expertas en género y justicia Rita Canto, Karla Micheel Salas y Emanuela Borzacchiello.
En México se utiliza el término “criminalización” para denunciar cuando servidores públicos responsabilizan a las víctimas de sus propias muertes o del delito que cometieron contra ellas en lugar de realizar una investigación adecuada y digna. La abogada Karla Micheel Salas identifica tres formas existentes de criminalización:

“La primera forma de criminalización es cuando se habla de que la víctima se puso en riesgo, que alguna actividad o su forma de vestir provocaron volverlas víctimas de un delito. La otra forma de criminalización es cuando señalan que fueron suicidios. Y hay otro tipo: donde se les relaciona con drogas, prostitución, cosas que evilen (del adjetivo evil en inglés: malvado) a las victimas”. 

Abogada Karla Micheel Salas.

Para la defensora Rita Canto, la criminalización de las víctimas directas en las fiscalías se ejerce de distintas formas, como cuestionar el simple hecho de ser mujer, su modo de vida, su estado emocional, su estado económico o su condición de pobreza, sus gusto o su oficio, indagar en sus círculos cercanos elementos que justifiquen el crimen, o encontrar la vulnerabilidad de las familias de la víctima para tender hipótesis falsas.

Además, agrega Rita Canto, hay otras prácticas que revictimizan y criminalizan: peritajes hechos a modo, necropsias y autopsias sin fundamentos científicos de manera sistemática, no reconocimiento de la palabra de las familias y víctimas, las filtraciones a la prensa, el establecimiento de hipótesis como verdaderas por parte de altas autoridades sin haber hecho investigación, los prejuicios de género en contra de las mujeres.

«Se ha avanzado, se ha intentado avanzar, las organizaciones y familias fortalecen su voz ante las fiscalías, que han permitido prácticas y medidas muy simbólicas de reparación, aunque no están dentro de marcos y referencias internacionales de reparación», dice Rita Canto.

En ese sentido una verdadera reparación tendría que ver con el acceso a la verdad y para acceder a la verdad se tendrían que erradicar estas prácticas de criminalización y revictimización.

«En el caso de Lesvy fueron tres años desde las filtraciones para llegar a la verdad. ¿Cuántos se requerirán ahora que una autoridad de alto nivel de la fiscalía dijo lo que dijo sobre Luz Raquel?».

Rita Canto.

Digna, Lesvy, Debanhi, Luz Raquel, el caso Narvarte…

Existen varios ejemplos de criminalización de las víctimas en la historia de la justicia mexicana. Sucedió con el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, declarado suicidio sin siquiera realizar un peritaje adecuado; el caso Narvarte, en donde se estigmatizó a las mujeres asesinadas a partir de prejuicios y estereotipos; o en el de Debanhi Escobar, en el que una de las líneas de investigación era que Debanhi cayó en la cisterna donde fue encontrado su cuerpo.

La abogada Karla Micheel Salas observa en la criminalización de Luz Raquel Padilla similitudes con el caso de la defensora Digna Ochoa. En ambos casos los servidores públicos plantearon hipótesis en las que argumentan que hubo una preparación previa del crimen, que las víctimas realizaron autoamenazas… que prácticamente planearon sus asesinatos. En ambos destaca la omisión de investigar debidamente sus muertes violentas. 

“Teniendo tantas líneas de investigación como lo son los conflictos vecinales, las amenazas en redes o que sea un crimen de odio por su orientación sexual, que su principal hipótesis se desprenda de la compra de un encendedor, que eso pueda devenir en una inmolación… Me parece que es sumamente preocupante que la fiscalía esté actuando de esa manera. Están sosteniendo una línea de investigación a partir de una serie de prejuicios y no de datos claros”, explica Salas.

Hay normas, falta evaluar a funcionarios

Para la investigadora especializada en feminicidio Emanuela Borzacchiello estos casos son ejemplos que nos muestran una enorme necesidad: evaluar a los funcionarios constantemente.

“Hoy en día no es verdad que vivimos en la ausencia o en la falta de marcos normativos con perspectiva de género y de derechos humanos. Los hemos ganado con años intensos de duras luchas feministas. Además tenemos marcos nacionales e internacionales, normativas que obligan a las fiscalías a tener personal profesionalizado y sensible. Los estados donde hay alerta de género tienen dinero y están obligados a capacitar al personal en perspectiva de género y derechos humanos. Pero no queremos solo una capacitación, también queremos una evaluación para entender si determinadas capacitaciones funcionan o no y después de la evaluación, tenemos que tener sanciones para los funcionarios que no cumplen” señala Borzacchiello.

¿Por qué las fiscalías siguen cometiendo los mismos errores?

Como explica Emanuela Borzacchiello, México cuenta con marcos normativos con perspectiva de género que son parte de una larga lucha de las mujeres por exigir y proteger la vida pero la falla en las investigaciones y las malas prácticas de las fiscalías diluyen estos avances. 

“Al revictimizar y criminalizar el cuerpo de Luz Raquel se está intentando borrar todos los instrumentos de luchas que desde Campo Algodonero hasta hoy en día, no sólo en México sino en todo Latinoamérica, se han conseguido. Quieren reproducir un sistema de justicia antigüo donde la violencia de género y la violencia contra determinados tipos de cuerpos femeninos o feminizados era cotidiana o permanente, borrando así todas nuestras luchas”, denuncia Borzacchiello.

Karla Micheel Salas ve dos elementos que permiten que las autoridades continúen actuando de esta manera:

“La primera es la justificación histórica, no solo desde el derecho sino desde la cultura. Se ha justificado históricamente el asesinato de las mujeres en la forma en cómo son vistas las mujeres. Siempre las mujeres que asesinaban eran las mujeres ‘malas’. A nivel social siempre se responsabiliza a las víctimas y se aminora la responsabilidad de los agresores. La otra razón es la resistencia o misoginia arraigada de los funcionarios públicos que trabajan en las fiscalías”, explica Salas.

Estas resistencias han instaurado conceptos viejísimos como el de “crimen pasional”, el cual ni siquiera es un concepto jurídico, sino de uso y costumbre. Éste se basa en la premisa de que la víctima hizo algo para darle razones a su agresor de asesinarla. Por muchos años no se ha dado la importancia en ocupar recursos institucionales para hacerse cargo de una investigación y se han dado carpetazos buscando resolver de manera fácil los casos con este tipo de justificaciones. 

“Por eso cuando se construye el concepto de feminicidio se obliga a las autoridades a investigar cualquier muerte violenta de mujer lo que le devuelve la importancia que históricamente se ha negado a la vida de las mujeres. Y le dice a las autoridades: ‘tienes que investigar y agotar los antecedentes de violencia’”, recuerda Salas.

Los feminicidios se pueden evitar

Emanuela Borzacchiello observa que el caso de Luz Raquel muestra también que los feminicidios son evitables pero es imposible lograrlo si la protección a las mujeres no es la adecuada.

“¿Por qué si Luz Raquel había denunciado no fue atendida? El poder judicial no emite suficientes órdenes de protección. Es importante saber que los Ministerios Públicos deben tener una tabla de medición de riesgos. Las órdenes de protección están emitidas solo por el poder discrecional del ministerio público, es necesario que a nivel federal tengamos homologadas tablas de medición de riesgos para que se puedan emitir órdenes de protección según criterios emitidos de forma eficaz”, señala la investigadora. 

Emanuela Borzacchiello.

Emanuela Borzacchiello cuenta que apenas en Ciudad de México, y gracias a la Alerta de Género, se está construyendo una tabla como la que menciona que será utilizada por agentes, Ministerios Públicos y operadores que atienden a mujeres sobrevivientes de violencias. Sin este tipo de herramientas, se posibilita la desprotección de las mujeres y la toma de decisiones a partir de los prejuicios e ignorancias de los servidores públicos.

Otro aspecto importante es destinar recursos económicos a la prevención y protección de las mujeres. Según información de Fundar, a pesar de que aumentó el presupuesto federal destinado a la igualdad entre mujeres y hombres se redujo la cantidad destinada a refugios y programas para la atención y prevención de violencia hacia las mujeres.

“Este programa tendría una reducción de 0.3% contra 2021, al pasar de 311 millones de pesos a 310 millones en 2022. Dentro de este programa se incluyen distintas acciones que sufrirán disminuciones, entre ellas las acciones de coadyuvancia para las alertas de género con una una reducción de 1.5% (En 2021 se aprobó un total de 2 millones 314 mil 603 pesos, mientras que el PPEF propone un monto de 2 millones 280 mil 15 pesos); en la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y en los Recursos Transferibles para la Implementación de Medidas que Atiendan los Estados y Municipios que cuenten con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (de contar con 126 millones 839 mil 349 pesos en 2021, tendrá una reducción de 3.6% para un total de 122 millones 313 mil 741 pesos en 2022)”, publicó la organización sobre el PPEF 2022.

Alzar la voz, no dejar pasar estos errores

¿Qué nos toca hacer como sociedad ante la ineficiencia de las instituciones? Karla Salas propone sanciones sociales: 

“Es fundamental que alcemos la voz en todos los espacios, generando una sanción social frente a este tipo de expresiones que no podemos permitir. Me preocupa todo lo que hay alrededor del caso de Luz Raquel. La afectación es a Luz, a su hijo y sus seres cercanos pero también hay un mensaje al resto de la sociedad y particularmente a las mujeres: este mensaje de terror de que no estamos seguras en ningún espacio, ni en nuestros hogares, ni en la calle y no hay institución que nos proteja. Y que cuando la autoridad permite la violencia lo que ocurre es que escala la violencia”, responde.