Pese al reciente cambio de poderes en la entidad, la Fiscalía del Estado de Querétaro continúa investigando a jóvenes mujeres acusadas de daños a propiedad pública tras una marcha el 8 de marzo, en un proceso plagado de inconsistencias en las acusaciones, así como la falta de pruebas Activistas acusan criminalización

Texto: Nadia Bernal y Alejandro Ruiz

Fotos: Nadia Bernal 

QUERÉTARO.- El pasado 28 de septiembre colectivas feministas se manifestaron en la capital queretana para exigir la despenalización del aborto en la entidad, que tiene uno de los marcos jurídicos más restrictivos en México. 

Durante la manifestación, un contingente que protestaba a las afueras del palacio de gobierno intervino con pintas las paredes del edificio. 

Ese mismo día, la Secretaría de Gobierno de Francisco Domínguez dijo que se abrirían cargos por el hecho, y 3 días después, durante la toma de protesta del nuevo gobernador del estado, Mauricio Kuri González, este aseguró que ya estaba interpuesta la denuncia y que su administración la respaldaría. 

La declaración del nuevo gobernador se enmarca en un contexto de criminalización hacia el movimiento feminista de la entidad, denunciado por activistas, organizaciones y colectivas que, desde el 8 de marzo, han sido investigadas por la Fiscalía Estatal (FGE) tras una manifestación que derivó en el incendio de uno de sus edificios. 

Meses después, y tras una serie de contradicciones entre funcionarios municipales y el entonces gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién; la FGE comenzó a girar órdenes de aprehensión en contra de algunas mujeres que participaron en la movilización, pese a que no existía ninguna prueba que las vinculara directamente con los hechos.Tanto en las manifestaciones del 28S, como en la del 8M, las activistas y colectivas feministas han denunciado que el gobierno estatal no toma acciones para prevenir,sancionar y erradicar la violencia de género en la entidad, pero sí ha optado por mecanismos institucionales que las criminalizan.

Las cifras oficiales dan cuenta del incremento de la violencia hacia las mujeres en el estado: 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Querétaro ocupa el lugar 30 de 100 con mayor índice de feminicidios a nivel nacional.

Asimismo, desde octubre de 2015 (periodo que comprende la administración de Francisco Domínguez); en el estado se han registrado 38 feminicidios. 

De igual forma, desde 2019, el estado ocupa el primer lugar nacional en la tasa de mujeres víctimas de lesiones dolosas, con un promedio de 123.8 víctimas por cada 100 mil mujeres. 

Empero, para el gobierno del estado, reclaman activistas, la prioridad parece ser castigar a las mujeres por protestar, dejando en la impunidad cientos de carpetas de investigación por feminicidios, violencia de género, abuso sexual y desaparición forzada. 

El 8M: movilización necesaria 

El pasado 8 de marzo miles de mujeres salieron a protestar a las calles de la capital de Querétaro para exigir un alto a la violencia machista que viven. 

Durante el recorrido diversos contingentes integrados por niñas, jóvenes, madres, estudiantes y trabajadoras gritaban consignas mientras llenaban las avenidas de cantos y aplausos. 

En sus carteles llevaban el nombre de sus agresores sexuales, boletines de búsqueda de mujeres desaparecidas o denuncias por distintas formas de violencia de género. 

La marcha del 8M llegó hasta la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, unidad que ha sido señalada por activistas queretanas como ineficiente para atender las denuncias. 

Ahí, miles de mujeres al grito de “¡fuimos todas!” llenaron las paredes del edificio con consignas, nombres y rostros de sus agresores.

Horas antes lo habían hecho en la Alameda Hidalgo, punto donde salió la manifestación. 

La Fiscalía fue incendiada durante la protesta, y esa misma noche la FGE emitió un mensaje en donde lamentaba los daños en su edificio. Asimismo, se pronunció por el respeto a la libre manifestación “en particular a las que hacen referencia a temas como la seguridad, dignidad, libertad e igualdad de las mujeres.” 

Días después de esta declaración, el entonces gobernador del estado, Francisco Domínguez, aseguró que no se iban a presentar cargos en contra de las manifestantes, y expresó lo siguiente: 

“como gobierno no hubo absolutamente ninguna intervención, se le dejó la libertad que existe en Querétaro, aún así habiendo quemado unas instalaciones de la Fiscalía del estado, pero siempre estaremos atentos a cualquier situación de cualquier mujer, niña, joven, adulto que sea violentada” 

Los hechos, sin embargo, muestran lo contrario. 

Fiscalía y municipio contradicen al gobernador 

El 27 de junio, a través de un comunicado difundido por redes sociales, la Fiscalía informó que dos jóvenes habían tenido una audiencia inicial por el delito de daños dolosos a raíz de las manifestaciones del 8M. 

En la orden de aprehensión -resuelta el 7 de abril de 2021 por la Unidad II del Sistema Penal, Acusatorio y Oral en el Estado de Querétaro- se señala que la Fiscalía había promovido dicho requerimiento para investigar los agravios provocados al Municipio de Querétaro. 

Al igual que en el gobierno estatal, la capital de Querétaro es controlada por el PAN con Luis Bernardo Nava a la cabeza, quien se reeligió en el pasado proceso electoral. 

De acuerdo con Ariana -una de las jóvenes requeridas por la autoridad- la investigación en contra de ella y su compañera fue a raíz de una denuncia presentada por Margarita Ladrón de Guevara, jefa del departamento de Patrimonio y Servicios Culturales del Municipio de Querétaro.

En defensa de una maqueta 

El patrimonio dañado que reclama el Municipio es una maqueta del centro histórico de la ciudad, construida en 2018 durante la administración del panista Marcos Aguilar Vega, que tuvo un costo de 9 millones 59 mil pesos. 

Tras la audiencia de Ariana y su compañera, la FGE demandó a las jóvenes una indemnización por dos millones de pesos por concepto de reparación de la maqueta, e informó que, pese a ser puestas en libertad bajo supervisión, la investigación en su contra continuaría por al menos dos meses. 

A principios de junio la Fiscalía giró órdenes de aprehensión contra otras jóvenes, entre ellas una menor de edad. 

Acorde a información de colectivas y activistas feministas que acompañan los casos, los cargos en contra de la menor de edad fueron retirados, pero se contabilizan, al menos, otras 7 órdenes de aprehensión. 

Por su parte, la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villa (cuñada del extituar de la Secretaría de Gobierno estatal), señaló ante medios locales que hay otras dos órdenes de aprehensión contra mujeres que participaron en la manifestación feminista del 8 de marzo. 

“Hay órdenes de aprehensión por ejecutar, ya fueron aprobadas por los jueces, pero no se ha ejecutado”, afirmó el pasado 7 de octubre. 

De igual forma, puntualizó que hay cuatro mujeres que aceptaron un proceso abreviado por estos hechos, por lo que estos procesos ya concluyeron. 

Además de esto, activistas y colectivas han señalado irregularidades en la ejecución de estas órdenes de aprehensión, como detenciones con base en engaños, falta de acceso a las carpetas de investigación, revictimización y acoso verbal por parte del personal de la Fiscalía.

Estos hechos, acusaron, son parte de una estrategia de criminalización promovida por las autoridades gubernamentales que alimenta el discurso de odio en contra de las mujeres, fomentado, principalmente, por medios de comunicación, grupos conservadores en el congreso del estado y algunos sectores sociales. 

La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció en contra de la criminalización de las mujeres que se manifestaron el 8M en Querétaro: 

“Es de especial preocupación que se criminalice a mujeres jóvenes, muchas de las cuales recién inician en la defensa de sus derechos humanos.” 

El proceso en contra de las jóvenes, sin embargo, sigue abierto. Nadie ha investigado las irregularidades y aunque ya existe una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), esta sigue sin avances. 

Ataques de ansiedad, desconfianza y planes frustrados son solo algunas de las secuelas que han quedado en las jóvenes detenidas en junio. 

Aquí sus historias. 

Jeni: «Todo el mundo está en contra de las feministas»

Mi vida era normal, me estaba empezando a ir bien, tenía muchos proyectos por cumplir. Trabajaba como mesera en un restaurante de Milenio, y aunque era todo un caso llegar, pues tomaba un camión y luego un uber, me iba bien. Estaba juntando dinero. Tenía planes de irme a vivir a Tulum, estaba juntando dinero para poder pagar una o dos rentas allá. 

El 26 de junio yo llegué de trabajar a las cuatro de la mañana y me quedé dormida. Como a las 7 y media de la mañana me levantó mi papá, me dijo “oye, te andan buscando dos oficiales para ver lo de tu demanda”. Yo había puesto una demanda en noviembre por un accidente con unos cables de luz. 

Ese día era sábado, y dos mujeres policías vinieron a decirme que ya se había presentado el abogado de la CFE, me dijeron que le ofrecían 10 mil pesos a cada víctima con la condición de que aceptara el perdón y me dejara hacer una prueba médica para ver las secuelas.

Entonces yo dije ‘pues si tienes una demanda y te van a indemnizar, pues sí de una vez’; me dijeron que ellas me llevaban y me traían, venían en un carro particular, no traían logotipos de la Fiscalía, traían unas placas pero iban vestidas de civiles. 

Me subí, y en el camino me iban platicando cosas, de que había estado bien raro mi accidente; inclusive puse un estado (en redes sociales) de que andaba bien desvelada y ya me iban a resolver la demanda. 

Llegamos a la Fiscalía central, me bajaron del carro y se bajó una chica. Ya estando allá me dicen que me van a checar al entrar, que dejara todas mis pertenencias, saqué mi cartera, celular y todo. 

Se bajó la chica y esperamos un ratote, después ella llegó con un fólder, era mi orden de aprehensión, yo me quedé en shock. 

Me dijeron “¿estuviste en el 8 de marzo?”. Y yo: “pues sí”, y me dicen “entonces tú sabes lo que hiciste”. 

Ya cualquier duda que tenía me dijeron que se lo platicara al juez, y me dijeron que sólo cumplían órdenes. Quien me demandaba era un tal Óscar Paredes Lazcano, el fiscal. 

Me metieron a la fiscalía a firmar. Todo fue sobre la orden y no de algo más, lo siguiente fue de “quítate las agujetas” y yo no me la creía, pero yo sé lo que es una orden de aprehensión, y estaba mi nombre y el de otras cinco compañeras que no conozco, a quienes estaba demandando la Fiscalía. 

Estando en la Fiscalía me comuniqué con mi mamá y le dije que pues ya todo lo de mi caso era en el penal, ella tampoco sabía qué onda y le dije “que pues por el 8 de marzo, ma”. Y ahí una de las oficiales me dice “pero diles qué hiciste” y yo le dije “pues no hice nada”. 

Me hicieron firmar varias cosas, me metieron al médico y ya me llevaron directo al penal, ya todo lo demás fue en el penal, un buen de firmas y todo. 

Llegué al penal a las 11 de la mañana del sábado y salí a las 5 de la tarde del domingo. 

Me pasaron con una médica que me preguntó el delito y yo todavía no sabía de qué me acusaban, yo no me acordaba y le dijo la custodia “que daños dolosos”, y me dijo la doctora “¿pues a quién le pegaste?”, y yo le dije no, a nadie” y me quedé callada. Ya después me volvió a preguntar “¿pues qué hiciste o qué?’ y yo le dije ‘no pues estuve en la marcha del 8 de marzo” y me dijo “Aah, eres una feminazi”. 

Yo pensaba ‘Si así es ahorita no me imagino cómo me va a ir en mi juicio”. Todo el mundo estaba en contra del feminismo, inclusive la custodia volteaba y me decía “¿en dónde están tus amigas si aquí estás sola?”. 

Yo padezco de tricotilomanía, y antes de esto lo tenía un poquito controlado, pero volvió a surgir a raíz de la detención. Cuando estuve allá adentro me comencé a arrancar el cabello por la ansiedad, mi compañera de celda era la que me decía que me dejara las uñas, me calmaba y nos poníamos a platicar de cosas. Saliendo del penal retornó mi problema, pues me daba ansiedad de qué iba a pasar, cuánto me iban a cobrar. 

Cuando salí yo estaba muy confundida, si te pones a dudar, allá adentro es como que todo el mundo está en contra de las feministas, yo regresé y le dije a mi mamá “en mi vida vuelvo a ir a una marcha, ma” y me dijo “yo voy a ir contigo”, ella me dijo que ella estaba muy orgullosa de lo que yo era y que no dejara de hacer lo que yo hacía. 

Perdí mi trabajo, pues le dijeron a mi patrón que iba por motín y terrorismo. 

Todo cambió completamente, pues comenzamos a recabar hechos y a las otras chicas que detuvieron fue porque las siguieron o las alcanzaron. 

Estoy decepcionada, ya no sé qué esperar. Se me hace injusto toda la persecución, en chinga 6 mujeres, hay demasiadas cosas que perseguir aquí en Querétaro y se ponen a buscar morritas que fueron a protestar porque en algún momento les pasó algo que les está haciendo una desigualdad. En vez de culpar, por qué no preguntar cuál es el motivo de por qué se rayan las paredes. 

Ya no publico cosas en mis redes, antes mi contenido era muy feminista pero ya no he publicado nada por la persecución, ya no platico con nadie, ya no contesto porque siento que tienen mi contraseña, siento que tienen mucho poder, tengo miedo que nos manden a desaparecer, ya una no sabe, ya no sé de qué manera levantar mi voz pero no quiero quedarme callada. 

Ari: “Como víctima nunca me atendieron, ¿y ahora me criminalizan?”

Estaba a punto de irme a trabajar. Era martes 15 de junio. Revisé la hora, mi celular marcaba la una de la tarde cuando tocaron en mi casa. Mi hermana menor abrió la puerta y me dijo que dos mujeres de la Fiscalía General del Estado (FGE) me estaban buscando, aunque ninguna se identificó. 

El único tema que tenía con la Fiscalía era una denuncia que interpuse el 3 de diciembre del 2019 en la Unidad 4, enfocada en la investigación de delitos sexuales, violencia familiar y en agravio del menor. Acudí a denunciar violencia sexual equiparada. 

En cuanto salí me hicieron a un lado de mi puerta y me comentaron que estaban ahí por esa misma carpeta que abrí en el 2019; ellas me dijeron que tenía inconsistencias. 

Entonces recordé el largo proceso que viví aquella ocasión en que me atreví a denunciar la violencia sexual de la que fui víctima. Nunca tuve el debido procedimiento, tuve mucha revictimización y tampoco tuve apoyo para una contención emocional por parte de la Fiscalía. 

En marzo del 2020 fue la última vez que supe de mi carpeta de investigación. La resolución que me dieron fue que mi denuncia no procedía, pues la fiscal que llevó mi caso, Rosa Licón Rangel, argumentó que yo tenía cambios de humor constantes, por lo que el abuso sexual pude haberlo consentido. 

Me dijeron que pude haber aceptado y que después me negué. Cuando me dijeron que no procedía me desmoroné. Tuve un intento de suicido en marzo del año pasado; estuve tres días en el hospital. Ya lo había intentado antes a raíz de esto. 

En junio del 2020 los medios locales reportaron que Rosa Licón Rangel, la misma fiscal que concluyó mi caso, había dejado libre a un taxista, presunto agresor sexual de una niña de 11 años. Sólo tenía 11 años. 

Un año y medio después, las dos mujeres que se presentaban en mi domicilio, ahora me pedían acudir nuevamente a la Fiscalía. Me dijeron que probablemente iba a haber una indemnización por cinco mil pesos, pero que necesitaba ir a declarar. 

Las agentes se ofrecieron a llevarme a mi trabajo, una vez que saliera de la Fiscalía. Me dijeron que podía acompañarme alguien más, pero en casa solo estaba mi hermana. A mamá no le avisé porque recientemente había estado bajo momentos de estrés; le avisé a mi novio, quien en cuanto se enteró que iba a ir a declarar, aseguró que iría a alcanzarme.

Yo tenía entendido que íbamos a ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales, a la 4, que es donde levanté mi denuncia. “Ahorita te mando mi ubicación en tiempo real y te digo a dónde vamos”, le dije a mi novio por mensaje y entré al auto de las mujeres. 

“¿Cómo viviste el proceso?, ¿qué avances has tenido?”, me preguntó durante todo el camino una de las policías. La otra en ningún momento dijo nada. 

Yo le pregunté a dónde íbamos a ir, que si era la Fiscalía de Delitos Sexuales, pero me dijo que no, que iríamos a la Fiscalía que se encontraba por la Central de Autobuses. 

Engaños 

El 8 de marzo de 2020 fue mi primera marcha, la única a la que he asistido. Sentí un espacio diferente porque había muchas mujeres y me sentí muy protegida. Mi amiga, fue la que me dijo que sería buena idea que acudiera y así fue. Ella nunca me dejó sola, me tomaba de la mano. Fue algo que cambió en mí y yo no lo sabía. 

A la marcha de 2021 no pude asistir porque tuve que trabajar, así que solo pude movilizarme por redes sociales, pero el 15 de julio, cuando llegamos a la Fiscalía General del Estado y estaba a punto de bajarme del automóvil de las dos mujeres policías, me lo impidieron. 

“Siéntate, vas a leer esto”, dijeron, me pusieron en mis piernas un folder, y en seguida me colocaron unas esposas en las muñecas. 

“¿Estás detenida, Ariana, por lo de la maqueta”, “¿y qué tiene que ver mi carpeta de violación?”, “No, nada, pero no ibas a querer venir”, “¡y tu cómo sabes”? –“Fírmame aquí, que es donde te notifican tus derechos” .

No me dieron tiempo de leer nada. Ya esposada entramos a la Fiscalía, me empezaron a tomar mis datos y me notificaron que tenía cargos por daños dolosos. Les comenté que tenía derecho a una llamada, pero no me dejaron hacerla. 

Me bajaron a unas escaleras a la izquierda, y me hicieron quitarme mi ropa, me quedé desnuda. Ahí mismo tuve que hacer tres sentadillas. Yo seguí insistiendo con la llamada, y solo me decían que ahorita. 

Había una chica que también estaba detenida por lo mismo. A ella sí la maltrataron mucho, tiene Trastorno Límite de la Personalidad, y cuando tuvo una crisis, le jalaron del cabello y la sujetaron mal. A ella le hicieron hacer más sentadillas y le dijeron comentarios sexistas: “Te faltan 15 centímetros más de lo que me gusta”.

Después nos llevaron al Centro de Readaptación Social (Cereso) de San José el Alto. Ahí adentro pasan cosas muy extrañas. Le pregunté a la policía del Cereso que tenía que hacer mi llamada, pero ella me dijo que eso era en Fiscalía y que aquí ya no podía. 

Mi mamá no sabía dónde estaba, mi novio tampoco. Él se enteró como a las 5 de la tarde sobre mi paradero. 

Las pruebas 

Estuve detenida un poco más de 24 horas, salí el 16 de junio, como a las 5 de la tarde. Ese día tuve una audiencia, y la única prueba que tenían para vincularme a las acciones del 8 de marzo, eran fotos de mujeres encapuchadas que tomaron los medios de comunicación y las compararon con fotos de mi perfil de Facebook que tenía de la marcha a la que asistí en 2020. 

También me vincularon porque reaccioné con un “me encanta”, a publicaciones referente a la protesta del 8 de marzo, específicamente en la publicación de una chica menor de edad, la cual se menciona en mi carpeta. Y eso es todo. Solamente por la foto de portada que puse en mi Facebook, foto que tomé de una nota periodística, y porque reaccioné al contenido de otra chica que también involucraron en la carpeta. 

Me he sentido estresada, ansiosa y enojada, porque mi detención se dio de una manera muy injusta y me da mucha impotencia.. Mi movilización en 2021 fue poner mi foto del año pasado y compartir, compartir, compartir ¿y ahora dicen que soy? 

Y me da mucho coraje porque para poder identificarme, para poder buscarme, hicieron todo lo posible. Me buscaron mediante Facebook, y se dieron a la tarea de buscar los registros que ellos tenían de 2019, y vieron que había una personas registrada con el nombre de mi mamá, que me acompañó a poner la denuncia, y así dieron conmigo. 

Días después de que salí del Cereso, el lunes 5 de julio, me informaron que tenía otra carpeta de investigación por daños dolosos, pero hacia el inmueble de fiscalía, y que tenía que ir una audiencia inicial. 

Esto ha sido un claro ejemplo de que al gobierno no le importa tratar con los problemas que sufren las mujeres día a día, solo busca quedar bien, pero si se atreven a protestar, las criminaliza, a base de intimidación y persecución política. 

Cómo víctima nunca me atendieron, ¿y ahora me criminalizan? 

Las omisiones

El miércoles 6 de octubre, Ariana tuvo la segunda parte de su audiencia inicial -la primera se realizó el miércoles 29 de septiembre-, en la que se determinó su no vinculación a proceso por el delito de daños dolosos ocasionados a la unidad de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio. 

La defensa legal de Ariana, integrada por los abogados Aureliano Hernández, Alejandro Terán, Carlos Mujica y la abogada Fabiola Núñez, argumentaron durante la audiencia que la investigación estuvo realizada sin perspectiva de género 

Además de que existió una criminalización hacia las marchas de mujeres, “incluso se retomaron notas de medios de comunicación, con encabezados como “Vandalizan la FGE” que publicó el Diario de Querétaro, por ejemplo.” 

Fabiola Núñez recalcó que “no es factible atribuir que –Ariana- hubiera asistido a esa marcha. Las personas se encuentran cubiertas del rostro, no hay dato de prueba y tampoco se demostró que se llevara a cabo el hecho delictivo”. 

Asimismo, refirió que no se incorporaron datos de prueba que demostraran que fue un plan preconcebido, o que señalen una coautoría. “No hay un acuerdo de modo, tiempo o lugar”, estipulado en el artículo 10, párrafo segundo, del Código Penal de Querétaro. 

Además, señaló que el 17 de septiembre la FGE y Óscar Paredes Lazcano, fiscal de acusación que puso la denuncia contra las mujeres, aceptó que el daño ya había sido reparado, por lo que no tendría que continuar un procedimiento contra Ariana. 

El abogado Carlos Mujica agregó que, aunado a esto, existe un discrepancia de tiempo en los señalamientos que realizó la Fiscalía, pues la representación legal, integrada por María Guadalupe Loyola, Fiscal de Investigación; Gabriela Hernández Martínez, Fiscal de Acusación; y Ana Sánchez Bustamante, Asesora Jurídica, acusó que Ariana había sido autora de romper la puerta del edificio con una piedra y un mazo a las 18:40 horas, para dar lugar a la entrada de las mujeres que se manifestaban. 

«La FGE hace referencia que entre las 18:34 y 18:36 horas, un grupo de mujeres realizaron pintas y daños al interior del inmueble, pero también dice que a las 18:40 dañarían la puerta principal, no refiere entonces cómo entraron. En el peritaje tampoco refieren qué bienes se deterioraron y cuál era su estado.», indicó el asesor jurídico de Ariana. 

Por su parte, el abogado Alejandro Terán añadió que la única prueba que presentaron para demostrar que Ariana fue la responsable de romper la entrada del inmueble fue una foto borrosa en donde se observa una mujer con capucha.

Esta foto fue usada por la Fiscalía como medio probatorio tras compararla con una fotografía de la red social de Ariana. 

«Solo se dice que es de tez blanca, y viste una capucha, pero no se estableció una media afiliación.», indicó. 

Asimismo, la defensa legal de Ariana demostró que el hecho de que la agente de investigación, Abigail Guadalupe Ruiz Villalon, tomara datos personales de la carpeta de violencia sexual que Ariana inició en 2019, sin la orden de un juez, fue una acto ilegal y se violaron derechos fundamentales. 

«Es un dato de prueba ilegal y contraviene al Código Nacional de Procedimientos Penales, y de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, en su artículo 108, Fracción 12, se establece que era Información reservada», aseveró uno de los abogados. 

Durante la audiencia, la Fiscalía desechó los argumentos de la defensa, y aseguró que el caso sí se trató con perspectiva de género, «refirieron que se criminalizó una marcha, pero esta Fiscalía nunca hizo alusión a la marcha por el hecho de ser mujeres.(…) Nunca se ha causado opresión de género.» 

Referente a la prueba obtenida de forma ilegal, la Fiscalía dijo que, «no consideramos que se está violentando, porque no mencionamos información de la carpeta.» 

Y mencionaron que no es ilegal obtener información de las redes sociales porque son públicas, por lo que esto les permitió investigar y «hacer conexiones mediante likes de Facebook.» 

«El like sirvió para seguir investigando (…) En caso de que hubo violaciones a derechos fundamentales fue a toda la sociedad porque fueron destruidos expedientes.», indicó FGE, sin embargo, la propia institución ya había referido que cada expediente se encontraba digitalizado. 

Finalmente, la Jueza de Control, Miriam Ortega, decidió que no había elementos suficientes para vincular a Ariana a proceso y aseguró que la Fiscalía fue “omisa” desde el hecho de establecer la imputación.

“Era necesario que la FGE especificara si la acusación contra Ariana se trata de destruir, quemar o deteriorar -los muebles o inmuebles de la Fiscalía-. Tenía la obligación de fundar sus peticiones.“, apuntó durante la audiencia. 

La juez consideró que, si vinculaba a proceso a Ariana, al no contar con la especificación de sobre qué hechos se le acusaba, se estaría violentando el derecho de defensión de Ariana, establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

A pesar de esto, la defensa legal de Ariana señaló que estas omisiones no impiden a la Fiscalía el volver a solicitar una audiencia inicial para replantear sus argumentos, sin embargo agrega que sería complicado que la Fiscalía pudiera subsanar estas omisiones. 

Aunque la audiencia de Ariana demuestra que las acusaciones elaboradas por la Fiscalía son insostenibles para vincular a proceso a todas las mujeres que están siendo investigadas por la Fiscalía, el caso aún no está cerrado. 

Igualmente, aún hay más órdenes de aprehensión ejecutadas que continuarán su proceso, por lo que queda en la voluntad política de las nuevas administraciones estatal y municipal el poder desistir de sus acusaciones, como lo señaló el 14 de julio el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cebrón. 

“Juridicamente sí se puede desistir, el delito es daño, hay posibilidad de otorgar un perdón o una medida de solución alterna del conflicto; la Fiscalía todavía no se ha acercado para tener estas alternativas.”, aseveró. 

Hasta el momento ninguna de las nuevas autoridades municipales o estatales ha demostrado intenciones de desistir en sus acusaciones, por lo que la libertad absoluta de Ariana y sus compañeras sigue siendo un tema pendiente a resolver.