Durante dos años, Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California, gastó más en pagar auditorías sobre consumo de agua que en obras para resolver la escasez del líquido en la entidad, y contrató a la empresa Orca Energy, que cobró más que el proveedor anterior por el servicio de energía eléctrica indispensable para bombear agua a las zonas menos atendidas

Por Eduardo Jaramillo y Adelina Dayebi Pazos / Border Hub 

Ilustración:  Carlos Mendoza

BAJA CALIFORNIA.- En la colonia Solidaridad Gabriel Rodríguez, el sonido de lavado de trastes y llenado de tambos de agua por la madrugada se ha vuelto cotidiano.

La señora Socorro se acuesta con un grifo abierto para que el sonido del agua la despierte, por si en la madrugada corre con suerte y se restablece el servicio. 

En este barrio nunca saben cuándo tendrán agua y este año 2021 ha sido el peor para los colonos, dijo la afectada. 

“Si no lleno los botes, después me quieren vender el tambo en 100 pesos”, dijo Socorro.

Baja California enfrenta una sequía y desde 1982 el gobierno bombea un porcentaje de agua del Río Colorado, en Mexicali, para trasladarla a la poblada zona costa del estado.

Bombear el agua a más de 125 kilómetros era una odisea controlada, pero un cambio de proveedores causó que, ahora, el agua apenas llegue a varios barrios cercanos al Pacífico.

Esta investigación encontró que, en los dos años de su gobierno, Jaime Bonilla Valdez gastó más en pagar auditorías sobre consumo de agua que en obras para resolver la escasez de agua en el estado.

También, que compra energía más cara para bombear el agua hacia el Pacífico, tras haber cambiado de proveedores.

De hecho, se le pagó más a Fisamex, el auditor privado que el gobierno usa para cobrar por derechos de agua, que lo que se invirtió en cualquier obra hidráulica realizada en los dos años de su administración.

El discurso de Bonilla es otro: acusa a empresas y a funcionarios públicos de robar el agua.

“Llegaba el inspector y se ponía de acuerdo (con empresarios) para registrar el consumo mínimo”, dijo Bonilla el 26 de febrero de 2020 en una reunión con empleados de la dependencia encargada del agua. 

Dos días después de esas declaraciones, el gobernador contrató a Fisamex con el objetivo de realizar auditorías a empresas por presuntos adeudos en el servicio de agua.

Desde entonces el gobierno ha cobrado 1,812 millones de pesos por pagos hechos por las empresas auditadas, de acuerdo con un reporte oficial publicado el 29 de septiembre de 2021.

A pesar del desabasto de agua en las colonias, sólo el 20 por ciento (335 millones) de lo recaudado por las auditorías de Fisamex se ha invertido en llevarles agua, a través, por ejemplo, de la compra de nuevas bombas, de reparaciones de acueductos y de la instalación de tuberías, entre otras acciones.

En cambio, la empresa Orca Energy, que vendía la energía para bombear el agua, y Fisamex han cobrado más de 944 millones de pesos en conjunto. 

En esta suma también hay pagos hechos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como proveedor emergente, que recientemente suspendió el servicio de energía al acueducto porque se le deben más de 160 millones de pesos

Estas tres empresas han cobrado el 60% de lo recaudado por las auditorías.

A Fisamex se le han pagado 350 millones de pesos, una cifra cercana al 21% de lo cobrado, y para pagar la energía se han destinado 620 millones de pesos, el 38% de lo recaudado.

En los últimos años el gobierno del estado ha ampliado el presupuesto para pagar la energía necesaria para conducir agua en bloque por el acueducto, según la partida presupuestal 39901.

Pero el incremento de este gasto se detonó en 2020, con la llegada de Fisamex y Orca como proveedores. 

A esa partida se le inyectaron 501 millones de pesos extraordinarios, de acuerdo con la cuenta pública 2020 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), la paraestatal responsable de suministrar agua en la ciudad fronteriza.

Y en lo que va del 2021, la misma partida aumentó otros 460 millones de pesos para la CESPT, según la respuesta a una solicitud de información vía transparencia realizada para esta investigación.

Cuando el gobierno contrató a Orden Cardinal S.A.P.I. de C.V. (Orca Energy) y canceló el acuerdo de 15 años que tenía con el proveedor anterior, Sumex, el gobernador dijo que el objetivo era bajar los costos de energía del acueducto.

Pero desde la llegada de Bonilla al poder, el 1 de noviembre de 2019, cada metro cúbico de agua que se bombea a la costa ha sido más caro.

De enero de 2020 a junio de 2021, conducir un metro cúbico (m3) de agua costó en promedio 7.19 pesos.

Y en el mismo periodo de la administración de Francisco Vega de Lamadrid, pero 2018-2019, el costó promedió fue de 5.03 pesos. 

Esa diferencia de centavos representa millones de pesos cada mes, por el enorme volumen de agua que se traslada. 

En junio de 2021, cuando el gobierno estatal decidió cancelar el contrato con Orca Energy, ya acumulaba cientos de millones de pesos gastados en energía.

Salomón Faz, titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), dijo en una conferencia de prensa que suspendieron el contrato con Orca Energy porque estaba incumpliendo con el precio pactado.

Una funcionaria de Orca Energy dijo que no tenían la autorización para conceder una entrevista sobre los motivos de cancelación del contrato con el gobierno de Baja California.

Pero, aunque envían más dinero para bombear más agua, los problemas persisten.

“Nos tenían que haber garantizado el abasto, ya habían dicho que no iba a haber tandeos y cortes”, dijo Vicente Sánchez, investigador de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Pero no hay abasto en las colonias de la costa, y durante dos años se pagó más por la energía, hasta que la CFE suspendió el servicio por falta de pago y ya no se bombea agua desde el pasado 30 de septiembre. 

“Tenemos dos años en que la tarifa eléctrica representa el doble de niveles de 50, 60 millones; andamos en 100, 110 millones (de pesos) mensuales”, admitió Salomón Faz, titular de la Seproa.

Ese recurso provino, en gran parte, del resultado de las auditorías realizadas por Fisamex a empresas locales, que arrojaron adeudos que posteriormente cobró el gobierno.

Pero, por estos cobros, varias de las empresas auditadas presentaron demandas, denuncias y amparos en contra del gobierno estatal y de Fisamex.

Una denuncia penal presentada por una de las empresas auditadas a la que se tuvo acceso, acusa de extorsión a Fisamex y al organismo encargado del agua. 

La empresa de capital asiático, que solicitó anonimato por temor a represalias, relata en la denuncia que personal de Fisamex y funcionarios públicos exigieron un pago y le suspendieron el servicio de agua.

Así fue como el gobierno cobró 1,812  de millones de pesos durante dos años.

“Seguro hay una relación muy cercana de alguien del gobierno con la empresa [Fisamex] … En un negocio así cualquiera se saca la lotería: una empresa que cobra en nombre del gobierno y gana por lo que logra recuperar”, dijo el investigador Sánchez.

La señora Alejandra utiliza garrafones, tinas y hasta los botes que usaba para el depósito de basura para acumular agua durante las escasas horas en las que funciona el suministro. Se trata de la colonia Solidaridad Gabriel Rodríguez. Foto: Eduardo Jaramillo

Esta fue la ruta del dinero.

En marzo de 2020, Fisamex inició auditorías a empresas por consumo de agua. 

Hasta el cierre de esta edición el gobierno había cobrado 1,812 millones de pesos, de los cuales, ya gastó 1,617 millones, según Vicenta Espinosa, secretaria de la Honestidad y la Función Pública.

Luego, con este dinero, las organismos que suministran agua a las ciudades pagaron a la Comisión Estatal del Agua (CEA) el servicio de “conducción de agua en bloque” a través del acueducto (a la fecha, 620 millones de pesos).

Y después Orca Energy le cobró a la CEA la energía eléctrica para bombear el agua en bloque a la costa.

Lo mismo hizo la CFE, sólo que a esta no le pagaron porque el gobierno local argumenta que se trata de cobros indebidos.

Los montos para Orca son los más altos cubiertos con el dinero producto de las auditorías.

La CEA es la dependencia pública que administra el acueducto, y compra la energía para su funcionamiento.

Faz, titular de Seproa, dijo que se compró más energía porque durante la pandemia el consumo de agua aumentó 8 por ciento, lo que equivale, según él, a cuatro años de demanda de agua.

La estrategia del gobierno del estado fue pagar más energía para traer más agua, pero esta medida no resolvió el problema de desabasto. 

Isabel, quien vive en la Colonia Granjas del Gallo, a 5 kilómetros de la bahía turística de Ensenada, contó que en su casa la falta de agua es habitual.

A veces el líquido sale a las cinco de la mañana y fluye durante algunas horas.

“Si no nos preparamos para juntar agua en los tibores [de plástico], ¿cómo le vamos a hacer? Porque no nos avisan que la van a cortar”, dijo Isabel.

Esta investigación clasificó los gastos hechos con dinero cobrado tras las auditorías de Fisamex en cinco rubros, para definir dónde quedó el recurso recaudado tras las auditorías.

Esta clasificación se realizó con base en información proporcionada, el 8 de septiembre pasado, por la titular de Honestidad y Función Pública.

La energía eléctrica concentra los pagos realizados a la CEA, que a su vez son para comprar energía de Orca y CFE, requerida para el traslado de agua.

Entre los proyectos hidráulicos se contabilizaron los realizados por las paraestatales y consistieron en su mayoría en la rehabilitación de infraestructura y compra de equipo.

Estos gastos fueron inversiones para solventar la escasez de agua.

La limpieza de ríos se separó de proyectos hidráulicos porque estos no abonaron a la solución de escasez de agua, aunque sí disminuyeron la contaminación de los caudales. La limpieza de ríos corresponde a la Comisión Nacional del Agua.

El 31 de mayo del 2020, Orca Energy inició operaciones para suministrar energía al acueducto y, un año después, el gobierno estatal cambió de proveedor y contrató a la CFE, en la modalidad de “suministrador de último recurso”, confirmó el titular de la Seproa en conferencia de prensa.  

A finales de 2020, el gobierno licitó la construcción de una planta fotovoltaica para proveer de energía al acueducto, en un esfuerzo para reducir costos.

Pero esta planta está proyectada para iniciar operaciones en 2022, según el contrato.

Otro problema es que las auditorías provocaron cientos de demandas en contra del gobierno.

Abogados que representan a cientos de empresas auditadas denunciaron procesos ilegales, además de extorsiones.

Hay dos denuncias penales por extorsión, amenazas y peculado, confirmó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), a través de una solicitud de información vía transparencia.

Otras empresas buscaron amparos en juzgados federales y en el Tribunal Estatal Administrativo.

Los abogados consultados para este reportaje dijeron llevar poco más de 600 casos legales contra esos cobros millonarios, entre amparos e impugnaciones.

El abogado fiscalista Iván Curiel dijo que sus clientes recibieron una especie de carta invitación con folio y monto a pagar, “pero sin firmas y sellos que acrediten un documento oficial”.

Importadora y Distribuidora La Canasta se dedica a distribuir insumos a restaurantes en Tijuana y es una de las 4 mil 614 empresas auditadas por Fisamex.

La empresa pagó 650 mil pesos por agua no contabilizada, pero antes tuvo que recurrir a pipas para tener agua y fueron amenazados por funcionarios de la CESPT con suspender el servicio de drenaje, como le ha sucedido a otros empresarios.

“Te dicen [funcionarios de la CESPT] ‘bueno si no lo pagas, en una semana vamos a ir a tapar el drenaje’, y yo con la producción y las pipas de agua, bueno pues nos truenan como empresa”, dijo Gerardo de la Torre, representante legal de La Canasta.

La titular de la SHFP reconoce 302 amparos y presume que las empresas han accedido al pago porque reconocen los adeudos.

Sin embargo, los despachos de TP Legal y Grupo Farías aseguraron tener por lo menos 480 amparos y 23 impugnaciones ante el Tribunal Estatal Administrativo.

Un representante legal, quien pidió el anonimato, proporcionó una denuncia por el delito de extorsión y coacción contra la CESPT y Fisamex, presentada ante la FGEBC. 

Por cuestiones legales pidió no fuera publicada la denuncia. 

La empresa de capital asiático que denunció la extorsión solicitó una aclaración, desglose y determinación de las diferencias del supuesto adeudo al personal de la CESPT, y sólo fue ignorada, dice la denuncia.

Como respuesta, recibieron datos bancarios para pagar su “adeudo”.

Por eso muchos empresarios pagan, pero lo hacen teniendo el plan de recuperar su dinero en el futuro.

Desde junio de 2020, el gobernador Jaime Bonilla, en sus transmisiones informativas vía redes sociales, exhibió a los presuntos deudores del agua.

Para este reportaje se buscó a representantes legales de empresas señaladas por el gobernador. Coincidieron en que los empresarios no harían declaraciones por temor a represalias. 

Se buscó de cualquier manera a algunos empresarios y quedaron en atender la solicitud de entrevista, pero dejaron de atender mensajes y llamadas.

El gobernador Bonilla dijo en entrevista no tener conocimiento sobre el temor de las empresas a denunciar. 

Un fiscalista que pidió no revelar su nombre dijo tener listas 200 demandas para presentarlas ante el Tribunal Estatal Administrativo, cuando Bonilla deje el cargo de gobernador, el próximo 31 de octubre. 

Al respecto, el gobernador declaró, previo a un evento de entrega de placas el 30 de septiembre, que las empresas “tienen derecho de reclamar lo que crean que es su derecho, yo no puedo decir que lo hagan o no lo hagan”. 

David Germán Hurtado, representante de Fisamex, comentó que desconoce el estado de las denuncias en contra de la empresa. Dijo que no han sido requeridos por la FGEBC y que deben ser los representantes legales de la empresa quienes conozcan la situación legal. 

Según abogados consultados, aproximadamente el 90 por ciento de las empresas realizaron pagos “bajo protesta”, un recurso en el Código Fiscal que permite impugnar un cobro por considerarlo indebido y que da la oportunidad de exigir más tarde su devolución.

El abogado Adolfo Solís dijo que su despacho defiende al menos 400 casos de amparos, que suman cerca de mil 200 millones de pesos que, en caso de que los recursos legales sean ganados por los inconformes, deberá devolver el gobierno.

Para poder recuperar una mayor cantidad de dinero por adeudos de agua no contabilizada y derechos de conexión, el gobierno modificó la Ley del Agua y el Código Fiscal del Estado.

Estas reformas permiten estimar adeudos por derechos de conexión o agua no contabilizada desde el inicio de operaciones de las empresas o hasta 10 años atrás si no se conoce la fecha de arranque de actividades. Además, las reformas eliminan la prescripción de adeudos de agua después de 5 años.

Además de los cobros, los empresarios se quejaron del escarnio público.

Entre junio de 2020 y julio de 2021, el gobernador exhibió a 454 empresas como deudoras de agua y de otros derechos, a través de sus redes sociales.

La Canasta fue una de las cientos de empresas exhibidas por Bonilla en sus transmisiones diarias.

A partir de junio de 2020, todos los miércoles el gobernador, acompañado por un representante de Fisamex, presenta un informe de los montos recabados por las auditorías, donde menciona el nombre de empresas y sus socios si, según él, son deudores.  

El empresario Gerardo de la Torre dijo que se enteró de un adeudo por derechos de conexión que le acreditaban, por la transmisión del gobernador, sin ser formalmente notificado.

“Me hablan unos conocidos y me dicen, ‘oye saliste en la mañanera del gobernador… que Importadora y Distribuidora La Canasta, debe 1 millón 200 mil pesos’”, relató. 

De la Torre consideró que se violó su privacidad cuando fueron exhibidos datos confidenciales, como número de catastro, medida del terreno, nombre de la empresa, además de acusar a la empresa de su familia de robo de agua. 

Entre los personajes que han sido acusados de robarse el agua y no querer pagar están los políticos y empresarios Jorge Hank Rhon, Gerardo y Marco Novelo, la familia de Lupita Jones y el presidente de Coparmex en Mexicali, Octavio Sandoval, entre otros.

Este último, después de criticar públicamente el actuar del gobernador, fue acusado y exhibido con imágenes de su casa por tener una toma de agua clandestina en su vivienda. 

Fisamex rebasó sus facultades estipuladas en el contrato, pues auditó una cuenta residencial. 

En la primera cláusula del contrato, se acuerda que la empresa auditora “se obliga a prestar los servicios profesionales de revisión de consumo de usuarios comerciales”.

En entrevista, Octavio Sandoval dijo que “el monto que me han notificado en su momento lo revisaré, pero lo mantendré en el ámbito de lo privado”.

El 84% de ellas fueron auditadas por adeudo de derechos de conexión a la red de agua y alcantarillado y el resto por agua no contabilizada, según esta investigación.

Un ex director de la CESPT explicó que el procedimiento por derechos de conexión pudo hacerse sin proveedores, porque las comisiones tienen una base de datos dónde están todas las claves catastrales.

“Ese negocio lo pudo haber hecho cualquier persona de la CESPT”, comentó el ex trabajador sobre las auditorías.

Romafam, S.A. de C.V., razón social de Fisamex, tiene el domicilio fiscal en Rincón de los Azulejos 30, Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora. En esa dirección está una casa particular, sin señales de actividades empresariales.

Cuenta con 30 empleados que operan dentro de las instalaciones de las comisiones del agua, según David German Hurtado, representante de Fisamex.

“Este gobierno nos debe una explicación antes de que se vaya Bonilla. Qué es lo que realmente hicieron y en qué condiciones van a entregar a la próxima administración”, opina Vicente Sánchez, el investigador del Colef.

Durante su campaña, Bonilla prometió municipalizar el servicio de agua y fue hasta los últimos meses de su administración cuando mandó la iniciativa de reforma de ley al Congreso del Estado, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la acción.

* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers