A ocho meses de que el gobierno federal creó una comisión especial para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los familiares acusaron que la Fiscalía y el Ejército no están brindando toda la información necesaria para esclarecer el paradero de sus hijos
Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Daniel Lobato
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa están retrasando las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusaron familiares de los estudiantes.
Este miércoles, una comisión de madres y padres de los normalistas se reunió con el presidente López Obrador y con el subsecretario en Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para revisar los avances de la comisión especial que investiga el caso, creada el pasado 14 de enero.
En una conferencia de prensa realizada después de la reunión, aseguraron que la atención de la subsecretaría de Derechos Humanos ha sido buena, sin embargo, otras dependencias del gobierno “no están avanzando al mismo ritmo”.
“Hay esperanza, vemos que siguen trabajando. Queremos que se agilice, que avancemos. Las personas responsables están ahí. Al día de hoy es lo que tenemos, esperemos que pronto López Obrador empiece a presionar un poco a los directores de las otras dependencias del gobierno federal”, aseguró Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas desaparecidos.
Durante su mensaje, los familiares aseguraron que el presidente se comprometió a tres cosas: a sostener una reunión cada dos meses con ellos para vigilar la investigación. Así como a pactar una reunión con la Fiscalía General de la República y con el secretario de la Defensa Nacional para que ambas dependencias respondan las dudas y preocupaciones de los familiares.
“Reconocemos los esfuerzos que ha hecho (Alejandro) Encinas. Pero en la reunión sí se reflejó el dolor y la tristeza, porque no hay mucha claridad en los avances”, acusó en su intervención Vidulfo Rosales, abogado del Centro de derechos humanos Tlachinollan, quien ha acompañado el caso.
“La Fiscalía General de la República demoró seis meses para hacer el nombramiento de la unidad especial de investigación, esto ha retrasado mucho”, dijo. El nombramiento de Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad de Investigación se dio apenas el pasado 26 de junio.
Además, criticaron que la Secretaría de la Defensa Nacional les entregó información del caso que ya estaba en los expedientes y en las carpetas de investigación, por lo que la respuesta no es satisfactoria.
Hace un mes y medio, el 24 de julio, los familiares de los normalistas recorrieron el cuartel del 27 Batallón de infantería para ampliar las líneas de investigación. Los familiares de las víctimas aseguraron que eso y el acompañamiento de agentes del Ejército en las 10 búsquedas que se han realizado en los últimos meses son la única ayuda que han recibido por parte de la Secretaría de Defensa.
Lo mismo había pasado con la Policía Federal, según apuntó Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, abogado que también ha acompañado a los familiares de los normalistas.
“Hasta ayer (martes 10 de septiembre) se nos dio información de la Policía Federal”, aseguró el abogado. Sin embargo, no abundó más al respecto porque, dijo, es información que aún no se puede dar a conocer.
“Los datos que aportó la Secretaría de Seguridad Pública van a ser muy útiles para la investigaciones pero no se podrían revelar. Van ayudar mucho”, agregó Vidulfo Rosales.
A pregunta expresa sobre si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regresaría a México para retomar la investigación sobre el caso, los familiares explicaron que depende de que la Secretaría de Relaciones Exteriores los invite a participar.
También depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo internacional que creó al equipo que estuvo en el país entre 2015 y 2016, así como de la agenda de los propios expertos.
Ángela Buitrago y Francisco Cox, dos de los miembros del grupo, están apoyando las labores de investigación, sin embargo, como operan bajo un esquema de consultoría, no pueden realizar una investigación más profunda.
Los familiares no descartaron que cuatro de los cinco miembros del grupo puedan venir a México para intervenir en las investigaciones.
Según contaron los familiares, la reunión con el presidente se llevó a cabo en un diálogo cordial y ameno. Los atendió sin prisas y con una actitud de escucha.
El primero en hablar fue el subsecretario Encinas, quien informó los avances de las investigaciones. Después, los familiares externaron sus dudas al respecto. El último en hablar fue el presidente, quien dio respuesta a sus inquietudes.
“La llegada de López Obrador nos abrió una esperanza”, aseguró Emiliano Navarrete, uno de los padres. “El señor se compromete a atender y esclarecer el caso, pero las cosas ha sido muy lentas en esta conformación”.
Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, dijo que después de la reunión ella aún tiene esperanza en las acciones del gobierno. “Hay tanta porquería en el caso, que cuesta trabajo limpiarla, pero creo que sí se le está dando el impulso que necesita”.
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