1 marzo, 2020
Los 351 feminicidios registrados por Observatorios Ciudadanos en el primer trienio del gobierno de Alejandro Murat contrastan con las cifras de la Fiscalía oaxaqueña, organizaciones señalan al titular de maquillar las cifras y no ofrecer información pública sobre sentencias de asesinos de mujeres. Esta es la introducción a cinco reportajes sobre los feminicidios en las diferentes regiones de Oaxaca
Texto y fotografía: Antonio Mundaca
Video: Karen Rojas Kauffmann
Ilustración: María Vigne
Infografía : Daniel Cid Berthely
OAXACA, OAXACA.- El 5 de febrero de 2019 el fiscal general de Justicia de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, compareció frente al Congreso del Estado. Iba rodeado de un séquito de pistoleros secretos y juramentados que coparon la sala de sesiones por las rampas y los accesos públicos. Su comparecencia, rodeada de aplaudidores, fue la de un hombre que nunca ha sido apuntado por un arma.
En entrevistas pactadas, y foros públicos ad hoc, el fiscal oaxaqueño insiste únicamente en 29 feminicidios en los últimos tres años. Pero las cifras no oficiales arrojan datos bien distintos: 351 feminicidios durante la administración de Murat, de acuerdo al informe ciudadano “ la historia no olvida, violencia feminicida en Oaxaca”, cuya base de datos analizó bases periodísticas y documentales.
Sus palabras retumban: “combate a la impunidad”, “trabajo técnico”, “no prevenimos delitos, le damos respuesta”, “no es nuestra causa el incremento de los delitos”, “indicadores objetivos”, “análisis serios”, “Yo no hago las leyes” o “Nosotros sí tenemos una estrategia”. Pero en contraste hay 340 feminicidios desde que Vasconcelos Méndez asumió el cargo de Fiscal el 12 de mayo de 2017. Esto, según datos del Informe Ciudadano sobre la Violencia Feminicida en Oaxaca, elaborado la asociación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad presentado a finales del año pasado.
Vasconcelos Méndez parece enfrascado en su discurso oficial. Y descalifica cualquier crítica. Porque “la crítica solo busca satanizar las instituciones por intereses económicos y políticos”, dijo en marzo de ese año. Desde entonces, en su ya lejana comparecencia en San Raymundo Jalpan, sede del poder Legislativo oaxaqueño.
Parece que quiere someter a la opinión pública por agotamiento.
Las organizaciones de la sociedad civil denuncian el incremento sistemático de la impunidad en los asesinatos de mujeres. Pero el fiscal oaxaqueño presume que el 78 % de los casos de feminicidios ya han sido “judicializados”. Agrega que Oaxaca no es foco rojo por violencia contra mujeres. El fiscal se ha vuelto experto en politizar la justicia.
Sin embargo, esas cifras que presume no tienen respaldo en datos verificables.
“Hay opacidad en las cifras para saber el global de asuntos judicializados y cuántos tienen sentencias condenatorias, porque es información que el estado no abre y eso pone en entredicho el papel de la fiscalía al momento dar acceso a la información. Cuando se quieren saber averiguaciones, o acciones hay un silencio absoluto”. Así lo expresó Yésica Sánchez Maya, integrante del grupo directivo de Consorcio Oaxaca AC.
De acuerdo con la activista, Vasconcelos Méndez no habla de números globales. Simplemente manipula las carpetas de investigación que a veces tienen varias víctimas. La trampa es que utiliza porcentajes en universos pequeños para colocarse como un fiscal que da resultados. Pero no existe información pública y oficial de qué ha pasado con los asesinos de mujeres y cuántos ya están purgando penas condenatorias.
Las feministas en Oaxaca ha creado escenarios donde el poder oficial se siente incómodo. Por ejemplo, Yésica Sánchez Maya se ha dedicado a documentar los feminicidios. Ella refiere que en 15 años se han registrado mil 207 víctimas de feminicidio. También, por medio de equipos multidisciplinarios, se han hecho ocho informes ciudadanos. Todo esto ha permitido visibilizar un tema que los distintos gobiernos ven como un costo político.
Al llegar al poder, Alejandro Murat desapareció el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y lo convirtió en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), el 31 de diciembre de 2016.
Por esta dependencia han pasado tres titulares: Ninguna tenía experiencia alguna en políticas públicas con perspectiva de género, atención a las mujeres o derechos humanos.
La primera, fue Miriam Pilar Liborio Hernández. Ella dejó la dependencia un año después. Para contender por el distrito 9 de Puerto Escondido en el proceso electoral de 2018.
El 3 de noviembre de 2017, Murat designó a Mariuma Munira Vadillo Bravo, quien se fue dos meses después, el 15 de enero de 2018. También, por aspiraciones políticas.
Posteriormente, llegó Ana María Vázquez Colmenares Guzmán, hija del exgobernador Pablo Vázquez Colmenares. Ella había fungido en la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Su primera acción, un mes después de tomar posesión, fue una iniciativa para cambiar el nombre de la SMO por el de Secretaría de Igualdad e Inclusión entre Hombres y Mujeres (SIC).
La fiscalía oaxaqueña maquilló cifras. Esto es lo que concluye el informe ciudadano presentado el pasado 29 de noviembre de 2019. El documento fue editado por 29 asociaciones y colectivos de derechos humanos del Estado.
¿Cómo es que maquillan las cifras? La Fiscalía oaxaqueña abre cuatro veces más carpetas de investigación de asesinatos de mujeres como homicidios dolosos, que como feminicidio.
Esto ocurre, a pesar de que el artículo 411 del Código Penal del Estado de Oaxaca, refiere que todo asesinato de mujer deberá ser investigado como feminicidio en un primer momento. Y debe ser el ministerio público (MP) el encargado de evaluar si el asesinato se debió a razones de género o no.
Elizabeth Torija Hernández, comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), encargada de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidios del Estado de Oaxaca, sostuvo que no existen asesinatos seriales en la entidad. Los hechos con violencia, dijo, suceden de forma aislada en distintos contextos regionales. Ellos se deben a que la violencia es un problema cíclico arraigado por cuestiones sociales como el machismo.
Afirmó que la muerte de cualquier mujer en Oaxaca se inicia como feminicidio, y luego es necesario analizar el contexto y características de los asesinatos.
Por ejemplo, que el cuerpo presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que haya sufrido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que le genere sufrimiento; que existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato en contra de la víctima. Asesinatos que tienen como objetivo denigrar el cuerpo de la mujer, exhibirla.
Así lo narró Torija Hernández, especialista del tema en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Es aquí, donde se concentran el mayor número de asesinatos de mujeres en los últimos tres años con 77 muertes y 369 desapariciones.
Jasive Valencia de los Santos es directora del Centro de Justicia de la Mujer (Cejum) en Oaxaca. Ella señala: en los 40 municipios donde se decretó la Alerta por Violencia de Género, desde el 30 de agosto de 2018, existe un panorama de “alerta máxima”. Esto, porque el Estado mexicano apenas se encuentra en el arranque de políticas públicas para atender la violencia emocional y física contra mujeres, niñas y adolescentes.
Dijo que el modelo de intervención del Cejum surgió en toda la República en 2012, como respuesta a las recomendaciones que organismos internacionales de derechos humanos le hicieron a México. En Oaxaca, se implementó un año después y forma parte de una red de 46 instituciones con características similares.
–¿Funciona el Cejum ante este panorama de violencia?
–El CEJUM sí funciona, porque si a una víctima no se le da el acompañamiento son muchas las consecuencias. Por eso aquí le damos asesoría legal y acciones contundentes, gratuitas, inmediatas, rápidas, solidarias, respetuosa de los derechos humanos. Si no, las víctimas no salen de ese panorama de violencia. Y nos cercioramos que ella ya tiene un plan de seguridad, un plan para no interrelacionarse con gente violenta”, explicó.
Valencia de los Santos precisó que dan terapia psicológica, trabajo social y ayuda legal. La violencia no solo se atiende en lo penal, sino también casos civiles y familiares.
Cejum no cuenta con presupuesto propio y los recursos son entregados por la Fiscalía General del Justicia de Oaxaca (FGJO).
Los asesinatos de mujeres documentados en Oaxaca con características de feminicidios, de acuerdo a la base de datos recopilada, arrojan un total de 351. Esto, del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2019.
Además, se registran 643 mujeres desaparecidas y 241 delitos sexuales en las ocho regiones de la entidad.
El rango de edad más afectado en feminicidios es entre los 21 a 40 años. Y encabezan la cifra el Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Cuenca del Papaloapan.
Pero, las cifras oficiales parecen desconocer estos datos. “El indicador de resolución de casos de feminicidios es muy alto. Puedo decir que más del 80 % de los casos se han resuelto y judicializado”. Eso insistió Vasconcelos Méndez apenas en diciembre pasado en una entrevista difundida en medio de circulación nacional.
*Esta investigación es resultado del programa Refugio Temporal para Periodistas en Riesgo del área de Libertad de Expresión de la Red de Periodistas de a Pie. Fue realizada por el colectivo Ensamble de Oaxaca, que agrupa a los medios Página 3, El Muro, ItsmoPress e Informativo 6y7.
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