El director ejecutivo del capítulo de México, Eduardo Bohórquez, señala que las compañías abusaron de su poder durante las negociaciones en un contexto de desabastecimiento y desesperación por las vacunas. Transparencia Internacional analizó los contratos de 35 compras de vacunas en 19 países y confirma un alto indicador de opacidad y vulneración del derecho a la información de las persona

Texto: OjoPúblico / Nelly Luna Amancio / POPLab

Fotos: Secretaría de Salud de México

Durante el Estado de Emergencia declarado en los países por la pandemia de covid-19 se vulneraron muchos derechos humanos, entre ellos el acceso a la información pública. Esa es una de las conclusiones que se desprenden del reciente informe coordinado por Transparencia Internacional – capítulo México, que analiza 39 contratos de compra de vacunas en 15 países del mundo.

Un dato que revela el nivel de opacidad en la que se llevaron estas negociaciones es la forma en la que se tuvo que acceder a varios de estos contratos: por filtración. OjoPúblico entrevistó a Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

El informe que han elaborado luego del análisis de 39 contratos de compra de vacunas contra covid-19 en 15 países concluye que las negociaciones beneficiaron a las compañías farmacéuticas. 

—¿Definirían como un abuso de poder en un momento crítico de la pandemia por la desesperación en la búsqueda de vacunas?

—Creo que el informe revela una relación de complicidad. Por un lado, está el sector privado global aprovechando la pandemia para imponer condiciones en esos contratos que hubieran sido objeto de controversia o incluso inaceptables en otros momentos. Y del otro lado, están los gobiernos, que utilizaron este argumento como pretexto para no cumplir con sus obligaciones de ley o para no abrir la información. Ha habido también un abuso de las declaratorias de emergencia, que en muchos casos se han utilizado para justificar compras que no tenían nada que ver con la pandemia. Entonces, creo que hubo una combinación de varios factores, pero sin duda el sector privado abusó de su posición relativa.

Durante las negociaciones fueron los mismos laboratorios los que solicitaron la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad.

Lo que hemos visto precisamente es que fueron las propias empresas y no las autoridades, las que decidieron qué se hacía público. No pasaban por un procedimiento formal de clasificación de información como reservada o confidencial con base en criterios que marcaba la ley. Sí creo que el sector privado aprovechó esta oportunidad para imponer condiciones que en otro momento habrían sido inaceptables.

—¿Qué otras conclusiones del reporte que han elaborado les parecen también relevantes?

—El análisis de estos 39 contratos muestran que muchos excluyen a las empresas de algún tipo de responsabilidad o ponen cláusulas que mencionan que de activarse una controversia esta deberá verse en una corte cercana a la empresa. Entonces, tienes un contrato disparejo, que tiene los beneficios económicos para la empresa, pero la responsabilidad diluida para el sector privado y mucho más extensa para el sector público. En más del 60% de los contratos que analizamos no se podían conocer esos detalles claves para una apropiada rendición de cuentas de la compra.

Otra cosa que identificamos, es que hay dos grandes bloques de contratos: algunos que se negociaban directamente con las farmacéuticas y otros donde ha habido alguna participación de algún gobierno, como China o Rusia. Se firmaba con una empresa, pero había una intervención estatal muy fuerte.

—El análisis advierte también que las farmacéuticas sí podían compartir la información en sus negociaciones con otros países, porque ni siquiera se podía conocer oficialmente el precio de las vacunas.

—Eso me parece interesante, porque las empresas sí podían subcontratar a terceros o compartir información sobre los detalles con sus proveedores o con otras farmacéuticas sin pedir autorización a los gobiernos. ¿Por qué es delicado esto? Porque usaban la información selectivamente para negociar con otros países. Podían escoger un contrato que les convenía para decirle a otro país que estaba pagando menos o que estaba pagando más o que estaba recibiendo un precio distinto, pero no podías ver la base de datos comparada con todos los precios que habían pagado todos los países.

El argumento que nos han dado las empresas para no revelar los precios, es que están subsidiando con los precios altos que les dieron a las economías del G20, los precios bajos que ofertaron a países de África subsahariana o a otras partes del mundo, pero la verdad es que no hay manera de comprobarlo.

—¿Ustedes han identificado otro momentos de la historia reciente en que sean los laboratorios los que pidan a los Estados incluir cláusulas de confidencialidad tan severas, a tal punto de mencionar que si hacen público el contrato podrían frenar la venta de vacunas?

—Hemos visto que cuando se trata de recursos públicos lo que buscan las empresas es proteger los derechos de propiedad intelectual. Hay muchas discusiones que dar sobre este tema, pero en este caso (los contratos de las vacunas), no estábamos hablando de secretos comerciales, sino de condiciones generales del contrato. Yo francamente nunca había visto que se protegieran de esta forma o que se clasificaran como reservados, porque son condiciones mínimas para una apropiada rendición de cuentas ante el contribuyente, los servicios de administración tributaria y los órganos de fiscalización superiores.

¿Qué tanto lo justifica la pandemia? Solo parcialmente. Cuando ves que algunos países como República Dominicana sí lo hicieron público y eso no afectó el volumen de compra ni las condiciones. Conocer esta información no iba a afectar a los gobiernos, lo que le iba a pasar es que iba a quitar poder de negociación a las empresas.

—¿Considera que este comportamiento por parte de las farmacéuticas vulneró principios éticos o de responsabilidad y respeto hacia los derechos de las personas?

—Ese es el punto más grave desde el punto de vista ético, el condicionar la venta de las vacunas a cambio de no revelar información o detalles sobre los contratos. Eso me parece un asunto éticamente muy delicado, porque entonces, todo este discurso, de que no iba a haber lucro comercial, toda la inversión pública recibida para el desarrollo de esas vacunas, terminó en el momento en el que se distorsionaron los contratos.

—En investigaciones que hemos publicado en OjoPúblico, funcionarios que han participado en el proceso de negociación, han señalado que durante estas negociaciones se sintieron acosados e incluso amenazados por las farmacéuticas para firmar los contratos.

—Creo que en los gobiernos de muchos países, por lo menos de los contratos que hemos estudiado, muchos servidores públicos sí fueron acorralados. Pero también creo que cuando uno se siente acorralado, tiene el apoyo de la sociedad civil.

Entonces, me parece que si hay algo que sabemos, por lo menos en América Latina y en países como Perú, México, Brasil, Colombia, es que esta tensión es permanente, siempre hay alguien que les ofrece o dinero o coerción, y ahí es donde el servidor público tiene que demostrar su fortaleza y liderazgo para crear condiciones distintas.

—¿Encuentran diferencias en los contratos que se firmaron en América Latina, Europa y Estados Unidos?

—Lo que hemos encontrado es que hay diferencias entre las farmacéuticas. Por ejemplo, el gobierno de México hizo público cinco contratos con distintas farmacéuticas, pero un sexto, con otra compañía, decidió no hacerlo y judicializó el pedido por alguna razón que no es evidente. Entonces, en lugar de abrirlo lo llevó a la Suprema Corte de Justicia para tratar de mantenerlo cerrado.

Tampoco se abrieron los contratos en países como Suecia, Dinamarca o Finlandia. La verdad es que se veía que quién tenía la sartén por el mango era justamente la farmacéutica. Entonces, era la que determinaba cómo y qué se iba a abrir y bajo qué condiciones. Por eso es tan importante el caso de República Dominicana, porque pese a no tener el volumen de compra de otros países, sí pudo abrir el contrato en condiciones que incluso Europa no logró hacer.

—Otro de los puntos que también encuentran en el análisis es que casi todos los contratos incluyen cláusulas similares que siempre protegen a la farmacéutica.

—Esto muestra más bien que los despachos de abogados de las farmacéuticas controlaban el tema y había asuntos que se repetían entre farmacéuticas y entre países, y que no era la legislación de los países la que te llevaba a establecer las condiciones generales del contrato. Esto es un mercado controlado por la oferta y no por la demanda.

En este caso el mercado estaba completamente distorsionado, las farmacéuticas decían qué tenían, cuánto tenían, cuánto te querían vender, a qué precio, en qué condiciones, y sin ningún tipo de responsabilidad para la empresa ante cualquier consecuencia que pudiera haber. Además, con cláusulas donde tú podrías ser responsable si compartías esa información o realizabas operaciones.

—¿Cuál es su análisis sobre la relación entre empresas, estado y derechos humanos, como el derecho a la salud, en la pandemia?

—Las empresas que están en los sectores estratégicos de los países están obligados a salvaguardar y a cumplir los derechos humanos y a contribuir a su cumplimiento. No he visto ningún esfuerzo sistemático y claro de parte de las empresas para asegurar durante la pandemia que se cumpliera el derecho a la salud. En términos de esta relación, se les veía como proveedores de gobiernos y no como sujetos obligados del cumplimiento de los derechos por el rol que ocupan.

Yo diría que en realidad el sector (farmacéutico) no ha hecho un esfuerzo consciente, abierto, sistemático y proactivo por entender que tiene una responsabilidad en el cumplimiento de un derecho universal, como la salud. Creo que la cultura corporativa dominante es la del sector salud de los Estados Unidos, que es objeto de una gran cantidad de críticas sociales porque ahí el lucro está por encima de cualquier otra variable.

—¿La pandemia abre el espacio para nuevas reformas sobre el derecho a la salud por encima del negocio de la salud?

—Yo creo que la crisis de la pandemia empezó a abrir una posibilidad de conversar en varios sentidos. Por ejemplo, que se transparenten las inversiones públicas realizadas en materia de investigación y desarrollo de los fármacos, porque fueron realmente cuantiosas. Hay un subsidio público a la investigación y desarrollo de las vacunas que requerirá por lo menos una rendición de cuentas. También hubo mecanismos de financiamiento donde los gobiernos invertían en empresas, eso es dinero público y requiere una explicación de rendición en el futuro. Creo que el tema de los derechos humanos no fue una prioridad declarada para la industria farmacéutica. No se ve por ningún lado una preocupación, se veía mucho de protección de posibles responsabilidades, estaban muy preocupados por precios, montos, mercados, pero no se les veía activamente trabajando en el tema (de derechos).

Ahora, si esto ya es relativamente grave en algunas farmacéuticas, no quiero descubrir las que estaban protegidas por un gobierno como el caso chino o el ruso. En unas semanas vamos a publicar un informe sobre las políticas anticorrupción de las empresas que hicieron vacunas y te adelanto que no les va muy bien a las que tienen el manto protector de un gobierno, porque ya no estás negociando con una empresa, estás negociando con una empresa que tiene a un gobierno que utiliza todos sus recursos y todo su capital político para protegerlas.

—¿Qué hacer para que a dos años de la pandemia se hagan públicos todos los contratos de compras de vacunas?

—Los gobiernos han desarrollado una política hiperpragmática del manejo de la pandemia. Cuando les conviene, estamos en una declaratoria de emergencia y cuando políticamente no les conviene, ya estamos en la normalidad. Tenemos que revisar las declaratorias de emergencia y empezar a analizar cuántos abusos se podrían estar cometiendo bajo sus paraguas. Estas declaratorias de emergencia no pueden ser cartas blancas para que los gobiernos hagan lo que quieran. Tienen un propósito, un alcance, una duración y estas se han extendido demasiado.

El segundo asunto, hay que transitar de un mercado controlado por las farmacéuticas a un mercado donde los gobiernos recuperan algo de control. Las unidades compradoras de los países ya deberían estar trabajando en diseñar las bases de licitación o las convocatorias, para que este empiece a ser un modelo competitivo. Tenemos que prepararnos para cuando comiencen a comprar los gobiernos subnacionales.

A nivel de compras globales hay que abrir un diálogo de alto nivel con Naciones Unidas, porque en una nueva eventual emergencia tendríamos que tener estándares más altos para la compra de cualquier tipo de insumo, no solamente vacunas. Los instrumentos multilaterales de compra se tienen que preparar para la siguiente pandemia.

—¿No resulta contradictorio que el mecanismo Covax, en el caso del contrato de Perú que ustedes han analizado, al ser coordinado por entidades como la OMS y UNICEF y que tenga como objetivo abaratar precios y costos a países con pocos recursos o en desarrollo, no tenga los mejores índices de transparencia del contrato según el reporte?

—Es que han aplicado una regla, que es no subir el estándar global, sino sujetarse a un estándar promedio y cuando el promedio es bajo, pues, el estándar es bajo. Covax sabía que no podía imponer condiciones a las empresas, porque las empresas seguían teniendo la sartén por el mango, pero al mismo tiempo era conveniente para los gobiernos utilizar Covax porque la responsabilidad ya no la asumían ellos.

—Ustedes mencionan que en la pandemia se vulneró el derecho a la información o la salud. ¿Qué otros derechos no se respetaron?

La sociedad civil tiene que estar lista cuando empieza a ver señales de una emergencia global para reaccionar y advertir sobre los riesgos que pueden traer los estados de emergencia. Creo que hubo muchas vulneraciones. Un tema que documentamos muy bien fue el acceso a la justicia. Cuando todos sabíamos que una comparecencia solo necesitaba un zoom y podías hacer una audiencia de 40 minutos, el estado decidió parar toda la justicia y alargar los tiempos procesales.

—Si no sabemos mucho de los contratos, menos sabemos de las negociaciones para la realización de ensayos clínicos.

Lo analizamos, pero ahí el poder de la farmacéutica, en la negociación del contrato, fue directamente con los realizadores del ensayo y las personas que participaron. Entonces, si había una desproporción entre la farmacéutica y los gobiernos, ahora imagínate entre la farmacéutica y una persona. Entonces, por supuesto que hubo muchos temas éticos, que seguramente van a ser objeto de análisis y controversia. Por mucho tiempo pensamos que la ciencia tenía muchas mejores salvaguardas, pero ves que no necesariamente. Para mí una conclusión es que hubo debilidad de las agencias reguladoras del sector farmacéutico y del sector de salud, hay una profunda debilidad técnica, porque son burocracias que no siempre están al día en los temas científicos.

—¿Cómo elaboran los once indicadores de transparencia que atribuyen en su informe a los contratos analizados?

—Lo que hicimos fue poner los mínimos que debe tener un contrato en el mundo. No pedimos los máximos, sino la cantidad mínima indispensable para saber cuáles son las condiciones finales de un contrato; y cada una de estas once variables las dividimos en dos grupos: los que son los indicadores de información básica e información que te da elementos para poder calificar. 

*Esta nota fue publicada en POPLAB, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla. 

*Este texto se publicó originalmente en el sitio Ojo-publico.com, en este enlace. Nelly Luna Amancio es editora general – cofundadora de Ojo Público.