Una treintena de personas regresa a sus casas después de casi dos años de desplazamiento forzado. Pero no hay paz. Varios grupos armados operan en Chenalhó, atacando a la población del mismo municipio y de los territorios colindantes. De acuerdo con varias fuentes, son financiados por la presidencia municipal

Texto y fotos: Orsetta Bellani

CHENALHÓ.- Juana Ramírez Pérez se tapó la cabeza con un chal violeta y se encaminó, junto con unas treinta personas desplazadas de la organización Sociedad Civil Las Abejas. Este 20 de mayo regresaban a sus casas en el barrio Río Jordán del ejido Los Chorros, Municipio de Chenalhó, de donde fueron desplazadas casi dos años atrás por integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Juana y su esposo, Pedro Jiménez Méndez, junto con otras 5 familias de Las Abejas, se refugiaron en la comunidad de Acteal el 10 de agosto de 2019. Durante los primeros meses que transcurrieron en esta comunidad fría de los Altos de Chiapas fueron otras familias de Las Abejas quienes les entregaron su maíz y su frijol. Luego tuvieron apoyo de la parroquia de Chenalhó y del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM).

En Acteal, la pareja de poco más de 20 años perdió dos bebés. La diarrea y los vómitos empezaron para su hija María Angélica a pocos meses del desplazamiento. “Ella siente lo que ustedes sufren, su angustia hace que su hija se enferme”, dijo un curandero al matrimonio. La niña murió antes de cumplir el año. En aquel momento Juana ya estaba embarazada de María del Carmen, que falleció a los seis meses por las condiciones del desplazamiento.

“Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones hizo que ella se enfermara”, escriben en su blog Las Abejas de Acteal.

El pasado 20 de mayo, las seis familias desplazadas de Los Chorros llenaron cajas y costales con sus pocas pertenencias y las subieron a unas redilas. Viajaron en caravana hacia Los Chorros, acompañadas por otros integrantes de Las Abejas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Una vez llegadas a la entrada del ejido, siguieron el trayecto hacia su comunidad caminando y cantando, dándose ánimo.

Acoso paramilitar desde 1997

La violencia en Los Chorros no es cosa nueva. El ejido ha sido uno de los laboratorios donde la Sedena implementó su manual Plan de Campaña Chiapas 94, que contemplaba el adiestramiento de civiles armados para la guerra contrainsurgente.

“Los Chorros es la cuna del paramilitarismo de los años ’90. Aquí se ha formado un grupo armado priista cuyos vínculos con el Estado se han comprobado y que participó en la masacre de Acteal”, afirma Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba). “El grupo que opera hoy en día no está formado por las mismas personas que operaban en los años ‘90. Tampoco tiene las mismas armas o la misma estrategia, pero se trata del mismo ambiente, de la misma escuela que usa el miedo y el terror para controlar a la población”.

Hay varios grupos armados que operan en Chenalhó, atacando a la población del mismo municipio y de los territorios colindantes. De acuerdo con varias fuentes que consultamos, son financiados por la presidencia municipal. “El gobierno federal da mucho más dinero a los municipios indígenas de los Altos de Chiapas que a otros más grandes, como el de San Cristóbal de Las Casas. Con este dinero se arman estos grupos, que son manejados por las “dinastías” que se han formado en las presidencias municipales”, afirma el antropólogo experto en paramilitarismo Arturo Lomelí, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Sin duda Abraham Cruz Gómez, que ha sido presidente municipal de Chenalhó hasta que tuvo que dejar su cargo para dedicarse a la campaña electoral de 2021, pertenece a esta dinastía. Cruz Gómez es originario de Puebla, otro ejido donde se han formado los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal. Es hijo de Agustín Cruz, pastor presbiteriano que bendijo las armas utilizadas en la matanza, y es yerno de Jacinto Arias Cruz, quien en 1997 era presidente municipal de Chenalhó y ha sido señalado por la entonces PGR como el principal responsable de la masacre de Acteal.

En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) excarceló a Jacinto Arias Cruz por faltas al debido proceso – o sea por errores cometidos por parte del mismo Estado – junto con la mayoría de las personas sentenciadas por su participación en la masacre de Acteal. Poco después de que el ex presidente municipal de Chenalhó regresara al ejido Puebla, empezaron los ataques en contra de las bases de apoyo zapatista y de Las Abejas, hasta que 17 familias tuvieron que desplazarse.

Las elecciones de 2015 mostraron una vez más la cantidad de armas que existen en Chenalhó. Grupos priistas se enfrentaron con partidarios de Rosa Pérez Pérez del PVEM, cuyos hombres armados desplazaron unas 250 personas del ejido Puebla. En 2018, la presidencia municipal de Chenalhó pasó al tesorero de Rosa Pérez Pérez, el ya citado Abraham Cruz Gómez, cuyo rostro enmarcado por un sombrero tradicional tsotsil está en los afiches del PVEM para la campaña electoral de 2021.

De rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos

El 20 de mayo de 2021, mientras las familias desplazadas de Los Chorros regresaban a sus hogares, a menos de 20 kilómetros de distancia un campesino era herido en la mano por otro grupo armado de Chenalhó. Ocurrió en la comunidad de Ch’ivit, Aldama, municipio que mantiene una disputa sobre 60 hectáreas de tierra con Chenalhó. La víctima se llama Marcelino Santiz y se encontraba en su parcela cuando lo alcanzó una bala disparada desde Santa Martha, comunidad de Chenalhó donde opera un grupo armado que los presidentes municipales se han ido heredando. 

Se sabe muy poco de esta agrupación de corte paramilitar. De acuerdo con el CDH Frayba, está formada por cinco grupos que actúan de forma conjunta en contra de las comunidades. Los pobladores los ubican como rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos, según la forma en que visten.

A partir de febrero de 2018, cotidianamente y constantemente, este grupo dispara en contra de los pobladores de Aldama mientras se encuentran en sus casas, en sus parcelas o viajan en carro. En estos tres años asesinaron a 7 personas y 24 resultaron heridas. A causa de las balaceras, más de 2 mil pobladores de Aldama están obligados a desplazarse de forma intermitente: abandonan sus hogares y regresan cuando la intensidad de los disparos baja.

Unos meses antes de que el conflicto en Aldama recrudeciera, este grupo armado incursionó también en Chalchihuitán, que mantiene otra disputa de tierra con Chenalhó. Entre octubre y noviembre de 2017, desplazó a 5023 personas de este municipio tsotsil, que como Aldama es de los más míseros del país: de acuerdo con Coneval, más del 99% de su población vive en situación de pobreza.

Tras el desplazamiento forzado masivo, durante un mes el grupo armado de Chenalhó cerró las carreteras para que no entrara la ayuda humanitaria para los desplazados de Chalchihuitán. Once personas, entre ellos dos bebés, murieron de hambre y frío en el monte. Por falta de condiciones de seguridad, 1237 personas siguen desplazadas.

Las Abejas negociaron durante meses con las autoridades locales las condiciones de seguridad para el regreso de las seis familias desplazadas de Los Chorros. “Creo que se respetarán los acuerdos y podremos convivir con los partidistas de la comunidad, aunque tengo un poco de preocupación”, afirma Pedro Jiménez Méndez, esposo de Juana.

El joven estaba en una reunión para ultimar los detalles del acuerdo para el regreso, cuando su esposa Juana Ramírez Pérez caminaba con las demás familias desplazadas rumbo a su comunidad. Los pobladores de Los Chorros observaban la peregrinación de de Las Abejas, mientras unos músicos los acompañaban con guitarras y trompetas, cantando de la masacre de Acteal y de otras: Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tlatlaya. 

Fue justo el revuelo internacional que despertó la masacre de Acteal – donde la responsabilidad del Estado fue comprobada – que obligó a un replanteamiento en la estrategia contrainsurgente. Se dio prioridad a los programas asistencialistas y se sustituyeron las acciones llamativas con operaciones menos visibles pero continuas, que desgastan y quiebran psicológicamente a la población: unos balazos en Chalchihuitán, un herido en Aldama, unas niñas de Los Chorros muertas durante su desplazamiento. Cada día, día tras día. Acciones que no llaman mucho la atención y se vuelven nota para pocos medios. Por esto la fase actual del conflicto chiapaneco es llamada “guerra integral de desgaste”.

Juana, Pedro y su hijita se quedarán en la casa de los padres de él durante sus primeras semanas en Los Chorros, pues la suya está sin techo ni paredes. Las láminas han sido destruidas y las tablas de madera despegadas por los miembros del PVEM que los atacaron. La pareja regresa a su comunidad con esperanzas, pero sabiendo que como vecinos tendrán a las mismas personas que los desplazaron.