Una mujer mayor, su hija y su nieto, afectadas por el impacto de la pandemia de covid, lograron una suspensión para que no las desalojen de la casa que habitan. Presentaron una demanda de amparo en contra del gobierno de la Ciudad de México, por su responsabilidad de adoptar medidas para atender los desalojos provocados por la pandemia y salvaguardar el derecho constitucional a la vivienda

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Armando Monroy

CIUDAD DE MÉXICO.- Aura es una mujer mayor que se quedó sin empleo tras el confinamiento por la pandemia de covid-19. Vive con su hija, que tampoco tiene un empleo estable, y su nieto, menor de edad. 

Los arrendatarios de Aura exigieron que abandonara la casa que habitan debido a la falta de pago de alquiler, ni Aura ni su hija tenían el dinero suficiente para completar la renta o buscar un nuevo lugar para vivir, por lo que esta decisión implicaría que terminaran viviendo en la calle.

Como la familia seguía habitando la casa, los dueños iniciaron una demanda civil para exigirle a las autoridades capitalinas que tomaran cartas en el asunto.

Ante ello, con respaldo de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), la familia Aura presentó el 5 de mayo una demanda de amparo en contra del gobierno capitalino ante un juzgado civil federal. Argumentan que es responsabilidad de la administración pública adoptar medidas para atender los desalojos que la pandemia provoca. Así, se salvaguardaría el derecho constitucional a la vivienda.

Durante tres meses, sin embargo, la demanda no llegó a ningún juez.  Kalycho Escoffié Duarte, la abogada que promovió el amparo, explica en entrevista la cadena de evasión de los juzgados para atraer el caso.  

“El juzgado civil federal al que llegó la demanda dijo que no era competente, entonces se lo pasó al juzgado administrativo que también dijo que no era competente y se lo regresó al juzgado civil que insistió en que no era competente y lo mandó a un Tribunal Colegiado para que este decidiera cuál de los dos juzgados era el competente para atraer el caso y determinó que era el administrativo”.

Actualmente, tramitan el juicio de amparo ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Aura y su familia no pueden ser desalojadas de la vivienda donde habitan hasta que exista una resolución judicial al respecto.

Crecen desalojos en pandemia

Empero, el caso de Aura y su familia no es el único que se vive en la ciudad, pues de acuerdo con la coordinadora de HIC-AL, Maria Silvia Emanuali, este tipo de situaciones se volvieron muy comunes durante este periodo de contingencia sanitaria. 

Para Kalycho Escoffié es importante definir que la demanda de amparo es en contra del gobierno capitalino y contra los arrendatarios, pues es el primero quien tiene la responsabilidad constitucional de salvaguardar el derecho a la vivienda para la población mexicana. 

“Es importante recalcar que no es un amparo contra los caseros, la demanda se presenta contra autoridades de la Ciudad de México por no haber adoptado ningún tipo de política o medida para atender la ola de desalojos que se han presentado por la pandemia”. 

De acuerdo con Kalycho Escoffié, desde 2020 académicos y especialistas en la vivienda advertían que el fenómeno de desalojos en las ciudades iba a ser un problema que se agravaría debido al confinamiento y la prohibición de realizar trabajos no esenciales derivados de la pandemia. 

Al no tomar medidas precautorias para evitar los desalojos, añade, el gobierno capitalino está propiciando que el número de contagios incrementen debido a las precarias condiciones de vida para las personas que se quedan sin casa. 

“Hay estudios, como el de la Duke University, que confirman que el tema de los desalojos durante la pandemia aumenta las tasas de contagios y de mortandad, y que una forma de reducir estas tasas son medidas como la moratoria, bastante importantes para combatir la pandemia”, explica. 

Maria Silvia Emanuelli explica que los desalojos obedecen principalmente a la falta de políticas públicas para proteger a la población que, debido a sus condiciones socioeconómicas, de edad y género, debe recurrir al alquiler de una vivienda.

“En México lo que hemos observado es que quienes se encuentran más vulnerables en esta situación son las mujeres y los jóvenes, pues son quienes usualmente rentan vivienda y se encuentran en trabajos inestables

Silvia Emanuelli, coordinadora de HIC-AL.

Asimismo, la población que se encuentra en pobreza o pobreza extrema también es más propensa a que la desalojen. De acuerdo con el informe de La situación inquilinaria en México en el contexto de la contingencia sanitaria por Covid-19, publicado por HIC-AL en 2021, el 37% de de los hogares en pobreza muy alta en la Ciudad de México pagan alquiler, muy por encima del promedio estatal de 24%, y del 17% de los hogares de estrato alto.

De igual forma, señala que derivado de estas estadísticas y sondeos, HIC-AL ha insistido a las autoridades capitalinas en que apliquen medidas de protección para la población más vulnerable, sin embargo, sus demandas no han hecho eco en las instancias gubernamentales. 

“Nosotras empezamos hace más de un año con toda una serie de solicitudes hacia el gobierno de la Ciudad de México para que impulsara una moratoria de desalojos durante la pandemia como lo han hecho otros 12 países del mundo y como lo han recomendado 2 relatores de vivienda de las Naciones Unidades,” narra. 

Además de estos litigios han emprendido iniciativas de reforma al Código Civil para garantizar los derechos de arrendatarios y posibilidades de mediación entre inquilinos y caseros.

Y agrega que “sin embargo el gobierno no ha implementado esto y ahora lo vemos en casos como el de Aura, que es el reflejo de toda una política social”.

Para Kalycho Escoffié, el derecho a la vivienda en México sigue siendo un tema pendiente por tratarse a nivel local y federal, pues asegura que los desalojos no son un fenómeno que se desprenda de la pandemia, sino de toda una serie de omisiones y falta de política pública gubernamental que han complicado la realización de este derecho entre la ciudadanía. 

Hasta el momento las autoridades del gobierno de la Ciudad de México no han respondido a la demanda de amparo y tampoco han emitido ninguna declaración pública, por lo que el equipo de HIC-AL y de acompañamiento jurídico al caso de Aura y su familia espera que en esta semana pueda avanzar el juicio.