Mediante un amparo, ejidatarios del ejido El Bajío, en Sonora, se enteraron que la minera Penmont, propiedad de la familia Baillères, demandó penalmente a varios de ellos. Esto, pese a que la minera ha incumplido la ejecución de 67 sentencias en su contra, amparados por el gobierno y fiscalías

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Archivo / Kau Sirenio

CIUDAD DE MÉXICO. – Los ejidatarios del ejido El Bajío se enteraron que el juez Julio César Peraza Franco giró ordenes de aprehensión en contra de cuatro ejidatarios. Los acusan de los delitos de despojo ejecutado, robo agravado, lesiones calificadas, maltrato y crueldad animal cometidos en perjuicio de la Minera Penmont y la empresa de seguridad privada Ginthercorp.

Las órdenes de aprehensión se liberaron el 17 de julio de 2021, a petición del Ministerio Público de la segunda unidad de investigación adscrita en Caborca, Sonora, Raymundo Alejandro Montaño Lares. Los ejidatarios supieron de ellas gracias a un amparo, pues observaban actividad inusual de la Fiscalía en sus tierras.

De acuerdo con el documento en poder del reportero, además de las empresas, la demanda la suscribieron 8 de sus trabajadores: Víctor Hugo Flores Cuevas, César Esteban Tristán Amparán, Doroteo Jiménez López, Emmanuel Villescas Corral, Pedro Eduardo Castañeda Zúñiga, Gregorio Reyes Carreón, Jesús Manuel Contreras Cornelio y de Luis Raúl Prado Núñez; demandaron a los ejidatarios.

Una denuncia contra los muertos

El excomisario ejidal José de Jesús Robledo Cruz también cuenta con la orden de captura, a pesar que lo asesinaron junto a su esposa María Jesús Gómez Vega en Puerto Peñasco el 30 de abril de 2021.

El abogado de los ejidatarios dijo que se enteraron de las ordenes de aprehensión cuando tramitaron un amparo indirecto por los constantes operativos judicial en la cercanía de El Bajío: “Promovimos un amparo contra posible orden  de captura y las autoridades que la libraron aceptaron lo que sospechábamos; fue así que supimos que cinco compañeros estaban demandados”. 

En 2014, el magistrado del Tribunal Unitario 28 de Hermosillo, Sonora, Manuel Loya Valverde, resolvió 67 juicios que los ejidatarios mantenía en contra de la minera Penmont. En las sentencias, el juzgador ordena a la empresa a resarcir el daño, y también que regrese la tierra ocupada a su estado original.

A partir de esa fecha, aumentó el hostigamiento en contra de los ejidatarios. Los encarcelaron. desaparecieron asesinaron. Algunos ejemplos: los asesinatos de Raúl Ibarra de la Paz, Jesús Robledo Cruz y su esposa María Jesús Gómez Vega; y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

Morena es cómplice: ejidatarios

En entrevista con Pie de Pagina, García Camacho dijo que el gobierno de Sonora no ha cambiado su relación con las mineras, sino todo lo contrario. La Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia utilizan todos los medios para callar a los ejidatarios, y así, impedir la ejecución de las 67 sentencias emitidas desde 2014.

“Las autoridades de la 4T se han aliado con la mafia del poder que criticaban cuando eran oposición, ahora tratan de deslegitimar la resistencia del ejido El Bajío inventando delitos, etiquetando a sus lideres de delincuentes, cuando es publico, incluso a nivel internacional, que los delincuentes son los Bailleres quienes por el inmenso poder económico que tienen secuestrado la justicia mexicana” afirmó García Camacho.

Otro caso es el del senador de Morena José Narro Céspedes, a quienes los ejidatarios acusan de negociar con la familia Baillères.

“Las declaraciones del Senador de que existen conversaciones entre el ejido El Bajío y la empresa minera Fresnillo PLC, son totalmente falsas ya que no nos encontramos, ni nos encontraremos, en conversaciones con la empresa minera para que esta vuelva a operar en nuestras tierras”, señalaron los ejidatarios.

El abogado Sergio García Camacho, añade:

“El gobernador, Alfonso Durazo al igual que Claudia Pavlovich, en su tiempo, puso al servicio de la familia Baillères el aparato estatal de procuración y de administración de justicia para encarcelar a líderes del ejido El Bajío con la fabricación de delitos al vapor”.

El representante legal de los ejidatarios precisó que las órdenes de aprehensión en contra de sus clientes se liberaron el 17 de julio de 2021, tres meses después de que asesinaran al excomisario Robledo Cruz: “Ni siquiera tuvieron cuidado de preguntar si el excomisario estaba vivo, aunque ellos abrieron carpeta de investigación por el doble crimen”.

Además, precisó que están acosando a la actual magistrada del tribunal 28 de Hermosillo, Sonora, Alejandrina Gámez Rey. ¿Quiénes la acosan? la familia Bailleres y la Fiscalía General de República (FGR):

“Tiene una querella en la FGR por haber ordenado abrir los incidentes de ejecución de 67 sentencias; esa a sido la siniestra manera de actuar de los Baillères y sus secuaces como Narro Céspedes y otro personajes involucrados en esta perversa alianza criminal”.