A más de una década de haber entregado de «buena fe» 12 pinturas de la serie Tu’cuaj para una exposición inaugural en Querétaro, el artista triqui Joel Merino enfrenta la desaparición, el deterioro y la opacidad de su obra en un limbo burocrático entre el INPI y el Municipio. Tras interponer denuncias penales y recursos de transparencia, su testimonio expone el extractivismo cultural, el hostigamiento y la simulación con que el Estado instrumentaliza y desecha el arte de los pueblos originarios

Texto: Andrea Amaya

Foto: Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que en 2014 inició como un compromiso institucional para visibilizar el arte de los pueblos originarios derivó en una trama de opacidad, manipulación mediática, daño patrimonial y opresión burocrática. Durante más de una década, el artista visual, artesano y muralista triqui Joel Merino López ha enfrentado una batalla contra las autoridades de los tres órdenes de gobierno por la retención irregular y el deterioro de 12 obras pictóricas pertenecientes a su serie Tu’cuaj.

La trampa de la «buena fe» y la ingenuidad frente al Estado

La historia comenzó con una invitación de la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, hoy INPI) en la delegación Querétaro-Guanajuato. La propuesta era integrar las 12 piezas de Tu’cuaj —retratos de las y los fundadores de la comunidad triqui en Querétaro— a la exposición inaugural del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena (CEDAI).

Sin embargo, el proceso se dio bajo un esquema de vulnerabilidad compartida por muchos creadores independientes e indígenas que inician su trayectoria: la ausencia de contratos formales.

«Eso es parte de lo que venimos luchando, porque en realidad todo fue de buena fe. Todo fue de manera verbal. Esta era prácticamente mi primera exhibición individual para un museo, y dentro del trabajo artístico uno trata de aprovechar esos espacios. No sé si fue desde la emoción o por la falta de experiencia para saber cómo se mueven las instituciones», rememora Joel Merino en entrevista para Pie de Página.

El 27 de enero de 2015, el CEDAI fue inaugurado con la presencia de altos mandos federales, estatales y municipales. Las autoridades posaron ante las cámaras, rodeadas del acervo pictórico de Merino. Pero tras los aplausos vino el abandono.

En 2016, al concluir el periodo de exhibición acordado, el artista solicitó la devolución de las piezas para integrarlas a circuitos de exposición internacionales. Las autoridades le pidieron verbalmente extender la estancia de la obra asegurando su cuidado. Confiando en la formalidad institucional, Merino cedió.

Rotación, abandono y la simulación del resguardo

Entre 2017 y 2019, la rotación de personal y la transición administrativa de CDI a Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) diluyeron los compromisos. Solicitud tras solicitud, la devolución se desvaneció en el limbo burocrático.

Para febrero de 2020, el artista denunció públicamente el deterioro del inmueble del CEDAI y las filtraciones de agua en las paredes donde colgaban las obras. En respuesta, los administradores retiraron las pinturas de los muros y las colocaron directamente en el suelo. Ante la insistencia del artista por recuperar el patrimonio de su pueblo, la autoridad ofreció una entrega improvisada y sin actas de entrega-recepción. Merino se negó a recibir piezas que ya mostraban daños por humedad sin un peritaje oficial de por medio.

A finales de ese mismo año, el acervo desapareció del inmueble sin previo aviso.

«Con el tiempo te das cuenta de que mucho del trabajo artístico y comunitario lo usan para anunciar a bombo y platillo que apoyan a los pueblos, pero cuando no les es conveniente o ya no les interesa, se deslindan y no cumplen ni con lo mínimo acordado. Ahora, con la experiencia, sé que se deben firmar documentos de comodato, entrega-recepción e incluso seguros para la obra y el espacio. Uno pensaría que instituciones creadas para proteger los derechos de los pueblos originarios apoyarían, pero al final son una institución más que pisotea e invisibiliza sistemáticamente nuestro trabajo», sentencia el artista triqui.

Ante el vacío, Merino interpuso una denuncia penal en diciembre de 2020 ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Inicialmente clasificada por el delito de robo, la autoridad la radicó bajo la figura de abuso de confianza debido a la falta de documentación inicial de comodato.

Tras la acción penal, el acervo reapareció brevemente a la distancia: cuadros embalados en plástico de burbujas —material que condensa la humedad y genera hongos—. La administración intentó obligar a la familia del artista a firmar la recepción de la obra dañada para deslindar responsabilidades, desplegando actos de hostigamiento contra la madre del creador. Paralelamente, denuncia el artista, se financiaron inserciones en prensa local para desacreditar su trabajo y a su familia, y simular que la obra continuaba resguardada.

Para 2023, el CEDAI cerró de forma definitiva. Al interponer recursos ante los órganos de transparencia (INAI e INFOQRO), la opacidad volvió a imponerse: mientras el INPI afirma haber transferido los bienes al Municipio de Querétaro, este último respondió formalmente con un estado de «cero resultados», negando poseer registro o custodia de la serie.

Colonialismo institucional: el abuso contra el arte de los pueblos originarios

La historia de la serie Tu’cuaj no es un hecho aislado, sino la radiografía de un patrón estructural de extractivismo cultural. El Estado utiliza la riqueza simbólica y artística de los pueblos originarios como adorno discursivo para legitimarse en actos públicos, pero desecha la responsabilidad legal y material sobre el patrimonio en cuanto se apagan los reflectores:

«El sistema del Estado-nación está diseñado para invisibilizarnos y mantener un paternalismo que diluye nuestras luchas. Se infantiliza al artista indígena asumiendo que no va a luchar por su obra ni por la memoria de su pueblo. Las mismas instituciones creadas para cuidar nuestros derechos terminan oprimiéndonos, folklorizando e invisibilizando nuestra lucha», señala Merino.

El creador triqui cuestiona el trato diferenciado que reciben los artistas comunitarios respecto a las élites del arte mercantilizado, denunciando cómo la falta de protocolos de entrega-recepción y de seguros de cobertura patrimonial revela un clasismo y racismo institucional arraigado.

Un mensaje de autodeterminación e impugnación al despojo

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios, Joel Merino enfatiza que la exigencia de peritaje, restitución e indemnización por las 12 piezas de Tu’cuaj no es únicamente un reclamo individual, sino la búsqueda de un precedente legal y organizativo para el gremio artístico indígena:

«Es fundamental seguir creando y utilizar el arte como una herramienta reflexiva, política y pedagógica para alcanzar la soberanía cultural y cuestionar el colonialismo institucional. A través del arte, las artesanías y el trabajo comunitario debemos seguir enfrentando el despojo territorial, la violencia y el extractivismo cultural, porque los únicos que reivindicaremos la memoria de nuestros pueblos somos nosotros mismos. En mi caso, lucharé hasta las últimas consecuencias por la memoria de mi pueblo».

Junto a la Asociación de Artesanos Indígenas Triquis Tinujei A. C., Merino continuará con la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía de Querétaro y reiterará la exigencia ante instancias de Derechos Humanos. La batalla por su obra no solo busca recuperar los 12 lienzos: busca impedir que el Estado siga tratando la memoria indígena como un insumo desechable.