Gigantes de la alimentación y bebidas en la elección presidencial

13 mayo, 2024

Fotos: Cuartoscuro

Al menos 12 miembros de los equipos de campaña y precampaña de quienes hoy nos piden el voto para la Presidencia de México tienen o han tenido vínculos con empresas relacionadas con la salud e industrias de alimentos, alcohol o tabaco. Periodismo Empower, en colaboración con Pie de Página, investigó 73 perfiles políticos para identificar esas relaciones

Texto: Elizabeth Rosales y Alejandro Ruiz // Periodismo Empower y Pie de Página

Fotos: Cuartoscuro y Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – Las industrias de alimentos, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco se han convertido en uno de los mayores obstáculos para la aprobación e implementación de políticas de salud pública en México. Es por ello que, en el marco de las próximas elecciones, se vuelve relevante conocer cuáles son los intereses que podrían afectar la toma de decisiones en quienes hoy piden el voto y/o las relaciones que podrían representarles un conflicto de interés.

De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un conflicto de interés es una situación en la que el juicio de una persona está indebidamente influenciado por sus intereses particulares.

Para este reportaje, que es una colaboración entre Pie de Página y Periodismo Empower, se investigaron un total de 73 perfiles de quienes integran los equipos de campaña y precampaña de las candidaturas a la presidencia de México. En particular, se investigaron antecedentes laborales, participaciones en empresas y declaraciones públicas relacionadas con la salud pública para la elaboración de cada perfil.

Así se identificaron 12 casos de figuras que tienen o tuvieron vínculos con industrias relacionadas con la salud.

En el equipo de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacan los casos de Juan Ramón de la Fuente Ramírez y David Kershenobich Saltnikowitz, que participaron como coordinador e integrante del equipo de diálogos por la transformación, respectivamente. Ambos tienen una larga trayectoria en el sector público y también han tenido acercamientos con el sector privado. Por ejemplo, ambos presidieron el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza, creado por la industria cervecera para promover la investigación sobre las propiedades nutricionales de la cerveza.

También está el caso de su asesora económica, Altagracia Gómez Sierra, presidenta del consejo de administración de Grupo Minsa, una de las empresas que, junto a Maseca, controla el 20 por ciento del mercado de tortillerías en el país, ambas con maíz transgénico.

En el caso del equipo de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y corazón por México”, integrada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), se identificaron perfiles como los de su coordinador general de campaña, Santiago Creel, quien reconoce que ha hecho negocios con Alsea, S.A.B., una empresa multinacional mexicana de restaurantes de franquicia como Domino’s Pizza, Starbucks y Burger King.

También está el caso de Josefina Vázquez Mota, su coordinadora de líderes de campaña, quien firmó convenios con empresas como Coca-Cola y Pepsico mientras estuvo al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para permitirles que publicitaran sus productos en escuelas públicas a cambio de donativos en apoyo al deporte.

Finalmente, en el caso de Jorge Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), destaca la influencia de Salomón Chertorivski, candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien durante su periodo al frente de la Secretaría de Salud (2011-12) se mostró en contra de tomar medidas que limitaran a la industria de la comida chatarra y promovió, en cambio, la idea de que ésta se autorregularía.

La captura corporativa del Estado

Los conflictos de interés no siempre se materializan en un caso de interferencia en el sector público, pero con frecuencia van de la mano, de acuerdo a Adriana Rocha, directora de proyectos en la consultora Polithink y especialista en incidencia política en temas de salud. “Son situaciones que muchas veces no se pueden eliminar, pero sí gestionar de manera correcta”, opinó.

Y es la gestión de esos conflictos de interés, que no siempre son transparentados, los que más preocupan a la sociedad civil organizada en torno a la salud.

El 17 de abril, por ejemplo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se encuentran Greenpeace México, Salud Justa MX, El Poder del Consumidor y Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), llevaron a cabo una rueda de prensa en la que hicieron un llamado a las y los candidatos que buscan un cargo público en el proceso electoral 2024 a “anteponer los intereses públicos por encima de los intereses corporativos”, así como a “proteger la salud y al medio ambiente” por medio de regulaciones recomendadas por organismos internacionales.

Para Rocha, tener un conflicto de interés implica que tú como representante de una industria no debes apoyar en la toma de decisiones relacionadas con la regulación de esa misma industria. Para ella, una de las trampas más frecuentes de la industria es disfrazar o hacer pasar la interferencia por “expertise”.

Y aunque en México existen normas que intentan limitar ese tipo de participaciones, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la realidad es que no siempre se aplican, de acuerdo a Christian Torres, coordinador de Conflicto de Interés e Interferencia de la Industria en El Poder del Consumidor.

“En México tenemos un marco regulatorio muy fuerte, lo que se ha encontrado que ha fallado aquí es la implementación de estos marcos para regular la captura corporativa”, dijo en la conferencia de prensa donde organizaciones civiles hicieron un llamado a las personas candidatas a puestos de elección popular.

La captura corporativa del Estado se refiere a distintas tácticas utilizadas por las empresas para cuidar sus intereses. Entre ellas, el cabildeo, o lobby, cuya influencia se ha demostrado incluso en reformas de grado constitucional, como sucedió con la aprobación de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, además de la contratación de exfuncionarios públicos para acceder a información privilegiada y ganar influencias en los gobiernos, conocida como el fenómeno de la puerta giratoria.

Aunque el Congreso de la Unión en México reconoce la figura de los cabilderos, e incluso existe un registro de cabilderos acreditados, en la práctica no se transparenta por completo el papel que tienen en la toma de decisiones.

Por otro lado, los productos y prácticas de las entidades comerciales que impactan en la salud de la población se conocen como determinantes comerciales de la salud, de acuerdo a la revista The Lancet. Cada vez más se habla de estas prácticas por los estragos que han causado en la salud de las y los consumidores alrededor del mundo.

Impactos de la interferencia a la salud en México

En 2022, México ocupó el quinto lugar en obesidad a nivel mundial, según el Atlas Mundial de Obesidad, y el segundo lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ese mismo año, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut) señaló que las personas con obesidad tienen mayor prevalencia a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares o depresión.

Las enfermedades cardiovasculares junto con la diabetes mellitus fueron justamente las dos primeras causas de muerte en México en 2023, según las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre las causas de la obesidad, además de la alimentación, la Ensanut añade el rezago educativo y las condiciones de pobreza. Es decir, la obesidad es un problema estructural, y las políticas para erradicarla también deberían serlo, según especialistas, aunque están interferidas por la industria.

Foto: Duilio Rodríguez / Archivo

Para Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), la interferencia de la industria en la toma de decisiones sobre asuntos de salud pública es una de las principales responsables de los altos índices que ha alcanzado México en distintos problemas de salud.

“El problema es que justamente los corporativos han sido el agente central en la generación del principal problema epidemiológico en materia de salud pública que estamos padeciendo en el país”, dijo el investigador, refiriéndose a la obesidad.

Para Ávila, el hecho de que en los últimos 30 años México pasó de ser un país con problemas de desnutrición a uno con altas tasas de obesidad, es ejemplo de ello.

Y agregó, refiriéndose a la interferencia de las industrias de alimentos y bebidas azucaradas:

“No era común que las personas pasaran de la desnutrición a la obesidad; era un fenómeno nuevo. Generalmente hay una transición de varias generaciones para erradicar la desnutrición y otras tantas para pasar a la obesidad, y esto sucedió no sólo porque no lo pudimos evitar, sino porque hubo una captura de los mismos mecanismos de responsables de la salud, de las políticas públicas y de la regulación sanitaria que impidió que se tomaran las medidas adecuadas”.

Sucede que, en México, la venta de comida chatarra ha sido y sigue siendo un gran negocio. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada persona en este país compra anualmente 212 kilogramos de productos ultra procesados, convirtiendo a México en el país que tiene la mayor venta y distribución de estos productos en América Latina.

Actualmente, además de las empresas multinacionales como Coca-Cola, Pepsico, Danone o Nestlé, México ha desarrollado una industria nacional de ultra procesados encabezada por empresas —muchas de ellas multinacionales a su vez— como Grupo Bimbo, Grupo Industrial Lala, Gruma, Grupo Herdez y Grupo Minsa.

Todas ellas fueron férreas opositoras a la modificación de la Norma Oficial Mexicana 051 en 2020, la cual amplió las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, e información comercial y sanitaria, imponiendo a las empresas sellos en sus productos que informan a las y los consumidores sobre la cantidad de grasas, azúcares y sodio en sus productos.

También fueron opositoras a la aprobación de la Ley General de Alimentación, congelada en el Congreso de la Unión desde 2014.

En una entrevista hecha por Pie de Página en marzo de este año, Hugo López-Gatell Ramírez, actual asesor de la administración federal en materia de salud, explicó que este tipo de resistencia responde al propósito que tienen las empresas de enriquecerse.

Pero las empresas no resisten solas, sino se apoyan en representantes del sector público mediante las tácticas de captura corporativa del Estado.

“Inconstitucional”, la ley que limitaba al sector público

Entre 2019 y 2022, la Ley Federal de Austeridad Republicana marcó en su artículo 24 que, para ocupar cualquier cargo público, las personas interesadas estaban obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos ligados con la materia o que afectaran de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas. También marcaba que los servidores públicos de mando superior, al dejar su cargo, no podrían ocupar puestos en empresas a las que hayan supervisado o regulado, mientras estaban en la función pública, durante los siguientes 10 años. Sin embargo, estos candados fueron eliminados por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 al considerarlos inconstitucionales.

“La norma establece un plazo innecesariamente largo […] y se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio”, dijo el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar, quien renunció a la Corte en 2023 para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum y, actualmente, enfrenta una solicitud de juicio político por presuntas violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya que, según las acusaciones de senadores de oposición, Zaldívar ejerció presión para que las y los magistrados de la SCJN resolvieran conforme a los intereses del Gobierno federal.

Para Juan Rivera Dommarco, académico y representante de la Alianza Global para la Alimentación Saludable de niñas, niños y adolescentes (ALSANNA), lo que pasó con esta ley era de esperarse.

“No me extraña que se haya revertido, porque muchísimos funcionarios públicos que tienen mucho poder se han beneficiado y se siguen beneficiando de esto […] pero tiene que haber regulación, no se puede nada más confiar en la ética personal”, dijo en entrevista para este reportaje.

En su experiencia, no suele haber sanciones contra las figuras del sector público que trabajan a favor de intereses corporativos, ni siquiera se les ha cobrado un costo político, porque la ciudadanía no dimensiona el impacto de los casos de puertas giratorias, aquellos en los que un profesional que trabajó en el sector público pasa al privado, y viceversa.

“En el ente colectivo no veo que haya una conciencia clara de los hechos que constituyen conflictos de interés, porque hemos tenido políticos, incluso presidentes de la república, que han sido funcionarios de empresas que dañan la salud de la gente, pero eso no es algo que la mayoría repruebe. Pienso que falta muchísima información, crear conciencia”, agregó Rivera Dommarco.

En opinión de Ornela Garelli, campañista de Océanos sin plásticos de Greenpeace México, es clave que la ciudadanía tenga presente que, en temporadas electorales, tiene la oportunidad de retirar su apoyo a quienes no han representado los intereses públicos.

“Ahora que estamos en época electoral es importante que, como ciudadanía, recordemos quién es quién, quiénes son las personas que se están postulando a cargos de elección popular para hacer que al menos les cueste lo que han estado haciendo en los últimos años”, dijo Garelli en la rueda de prensa de abril pasado, en la que también participaron representantes de la sociedad civil para hablar sobre interferencia.

En ese sentido, conocer los antecedentes de las personas que hoy piden el voto, así como de sus equipos de campaña, puede ser útil para ejercer un voto informado y alineado con las expectativas que se tengan, en este caso, respecto al sector salud.

Ciudadanos clausuraron simbólicamente un Oxxo en Oaxaca en rechazo por las acciones emprendidas por FEMS para las leyes anti desechables y anti chatarra, aprobadas por el congreso local. Foto: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

Candidaturas y riesgos de conflictos de interés

Los siguientes perfiles tienen como propósito ayudar a las y los electores a conocer los vínculos con el sector salud de las personas que han acompañado y asesorado a las y el candidato a la presidencia de México durante la campaña y precampaña, así como cuáles son sus posibles conflictos de interés:

Claudia Sheinbaum Pardo

Candidatura: Presidencia de México

Partido o coalición: “Sigamos haciendo historia”, integrado por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Propuesta general de salud: sus propuestas de campaña en materia de salud tienen como eje la continuidad y consolidación de los cambios que inició la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-24), por ejemplo el IMSS-Bienestar para dar servicios a personas sin seguridad social y el fortalecimiento de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX), una empresa propiedad del Estado, para asegurar el abastecimiento de medicamentos.

Discursivamente, Sheinbaum ha destacado la implementación del etiquetado frontal como un logro de la actual administración federal. Este etiquetado es el que entró en vigor en 2020, consistiendo en el uso de cinco sellos que señalan cuando un producto contiene exceso de calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y/o sodio. En ese sentido, la candidata ha dicho que busca ampliar el trabajo hecho en salud alimentaria, por ejemplo, revisando la regulación actual sobre el contenido de azúcar y edulcorantes en bebidas, promoviendo el acceso a agua potable en escuelas y centros de trabajo, y priorizando la lactancia materna en campañas informativas.

Vínculos con industrias relacionadas a la salud: no se identificaron empresas de las industrias de alimentos, bebidas azucaradas, alcohol o tabaco en las que Sheinbaum tenga o haya tenido un rol de accionista o donde haya ejercido un puesto directivo. Sin embargo, sí se identificaron riesgos de conflictos de interés entre los miembros de su equipo de campaña.

Miembros con vínculos a la salud en su equipo de campaña y precampaña

Juan Ramón de la Fuente Ramírez

Cargo: Coordinador del equipo de diálogos por la transformación

Experiencia en sector salud: fue secretario de Salud durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). Durante su periodo al frente de la SSalud, se implementaron cambios sustanciales en el sistema de salud pública que atendían a las recomendaciones del Banco Mundial e ideas desarrolladas por la Fundación Mexicana para la Salud, A.C. (Funsalud), una asociación integrada por empresarios mexicanos vinculados con la salud, que previamente fue investigada por Periodismo Empower en el reportaje Élite empresarial coopta la salud pública en México. Estos cambios incluyeron la descentralización de los servicios de salud para la población que no contaba con cobertura y la reforma al sistema de pensiones (Ley del IMSS de 1995), que implicó la privatización del sistema de retiro y la creación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Posibles conflictos de interés: entre 2014-18, de la Fuente ocupó cargos en instituciones privadas ligadas a la salud y con vínculos con empresas clave en los sectores de salud y alimentos. Por ejemplo, entre 2014-18, fue presidente del consejo del Aspen Institute de México (IAM). Durante su periodo al frente del IAM, de la Fuente participó en la creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), al cual el IAM se integró como colaborador y brindó apoyo técnico y financiero. En este mismo periodo, de la Fuente presidió el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza de México, creado por la Cámara de la Cerveza y de la Malta (Cerveceros de México), para promover la investigación sobre las propiedades nutricionales de la cerveza y las ventajas para la salud de su consumo moderado. Entre 2014-18, también fue miembro propietario del consejo directivo de Médica Sur.

David Kershenobich Stalnikowitz

Cargo: exintegrante del equipo de diálogos por la transformación

Experiencia en sector salud: ha ocupado distintos cargosen el sistema de salud, siendo el más alto el de director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) entre 2012-22. Desde su rol en el INCMSZ, Kershenobich defendió la colaboración público-privada en las instituciones de salud pública. Por ejemplo, en 2017, presentó ante el Consejo Asesor Científico y Médico del ISSSTE la ponencia “Optimizando la relación público-privada en el área de la medicina”, en el marco del debate que daría pie a la subrogación de servicios por parte del Instituto. Bajo su dirección se integró al patronato del INCMNSZ Fausto Costa, presidente de Nestlé.

Posibles conflictos de interés: entre 1997 y 2003, fue integrante de la Fundación de Investigaciones Sociales, A.C. (FISAC), organización con enfoque en el consumo de bebidas alcohólicas, presidida entonces por Isaac Chertorivski, quien también presidente de Bacardí. En 2018, Kershenobich asumió la presidencia del Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza de México tras la salida de Juan Ramón de la Fuente.

Tatiana Clouthier

Cargo: Coordinadora de voceros

Experiencia en sector salud: en 2019, cuando fungía como diputada, intervino a favor de la industria en el debate sobre el etiquetado de los alimentos al proponer un artículo transitorio que sugería la participación del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico, liderado por el empresario y exjefe de la Oficina de Presidencia de la República, Alfonso Romo, en la formulación de la norma. Durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía, se trabajó la NOM-187 relativa a los productos de maíz en México, que fue criticada por favorecer a la industria del maíz, protagonizada por Gruma, S.A.B. de C.V. (BMV:GRUMA) y Grupo Minsa, S.A. de C.V. (BMV:MINSA).

Altagracia Gómez Sierra

Cargo: formó parte de los equipos de diálogo para la transformación de Claudia Sheinbaum. Aunque no forma parte del equipo de campaña, Gómez Sierra ha sido su asesora en materia económica.

Posibles conflictos de interés: es presidenta del consejo de administración de Grupo Minsa, sobre el que su familia tiene control accionario. Preside Promotora Empresarial de Occidente, S.A. de C.V. (PEO), la empresa tenedora de Minsa, Almacenadora Mercader, S.A., enfocada en almacenamiento y logística, y de Dina Camiones, S.A. de C.V., fabricante de autobuses y vehículos de carga, entre otros. Adicionalmente, se encontró que, en abril de este año, participó como asesora económica de Sheinbaum en la sesión mensual de la Comisión de Alimentos y Bebidas Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), que es un espacio de diálogo para el sector privado a su vez organizado por una entidad que tiene cabilderos acreditados ante la Cámara de Diputados.

Leonel Efráin Cota Montaño

Cargo: Coordinador de campaña en Jalisco

Experiencia en sector salud: Cota Montaño asumió la dirección de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en 2022, pero renunció a ella para tomar la coordinación de campaña de Sheinbaum en Jalisco. Fue gobernador de Baja California Sur (1999-2005) y, en 2019, se unió al Gobierno de López Obrador como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019-22).

Posibles conflictos de interés: de acuerdo a su declaración patrimonial, se desarrolló como agroempresario entre 1995-2018. Sin embargo, declara que aún posee terrenos por más de un millón de kilómetros cuadrados, de los cuales se desconoce si están dedicados a la producción agrícola. Cota Montaño no informa en su declaración patrimonial que, en 2016, se hizo socio de la empresa Planta Procesadora Santiago de las Coras, S.P.R. de R.L., dedicada a la agricultura y ganadería.

Adán Augusto López Hernández

Cargo: Coordinador político de la campaña de Sheinbaum

Posibles conflictos de interés: Adán Augusto López tiene una participación accionaria del 53% en Organización Delit, S.A. de C.V., dedicada a la producción de leche y sus derivados, así como de otros alimentos frescos y procesados. Durante su gubernatura en Tabasco, promovió la producción lechera en el estado. También impulsó un convenio entre el Gobierno de Tabasco y la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para la construcción de una planta secadora de leche en el municipio de Cárdenas y tres centros de acopio en Balancán, Macuspana y Huimianguillo.

Xóchitl Gálvez Ruiz

Candidatura: Presidencia de México

Partido o coalición: “Fuerza y corazón por México”, integrada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Propuesta general de salud: sus propuestas de salud giran en torno a la oferta de servicios gratuitos universales, por ejemplo a través de la implementación de una tarjeta inteligente que se llamaría “Mi salud” y que serviría para que las personas puedan atenderse en la clínica de su preferencia, pública o privada, con cargo al gobierno, lo cual supone asignar recursos públicos al sector privado.

También propone la creación de un programa de prevención y tratamiento de enfermedades mentales y la reconstrucción del sistema de distribución de medicamentos.

En su plan de trabajo, Gálvez no hace ninguna mención a medidas específicas para atender enfermedades como la obesidad y diabetes; sin embargo, apenas en marzo, afirmó que declararía la guerra a la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares mediante medidas como la distribución de glucómetros y tiras reactivas, garantizando el suministro de insulina, así como la presencia de nutriólogos en supermercados y tiendas de autoservicio. A la fecha, la candidata no ha hecho mención a la posibilidad de incrementar restricciones a la industria alimentaria para prevenir dichas enfermedades.

Un punto a mencionar es que Gálvez ha manifestado su intención de nombrar a Julio Frenk como Secretario de Salud, en caso de ganar las elecciones.

Frenk fue titular de Salud en el Gobierno de Vicente Fox (2000-06), periodo en el que instauró el Seguro Popular, basándose en su estudio “Economía y Salud”, que fue financiado por Funsalud, un think thank de especialistas e investigadores que diseñan políticas y recomendaciones en materia de salud pública, y que está financiado, entre otros, por Laboratorios Pfizer, la farmacéutica Roche, y empresarios como Claudio X. González.

Frenk es miembro socio de Funsalud, y como él, al menos otros cuatro exsecretarios de Salud han estado vinculados a esta asociación. Dos de ellos, inclusive, fueron presidentes ejecutivos: Guillermo Soberón Acevedo, quien fue secretario de Salud en el sexenio de Miguel de la Madrid, y Mercedes Juan López, secretaria de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Entre otros miembros de su consejo directivo se encuentra Carlos Slim, quien hasta 2013 era, a través de Grupo Carso, el mayor accionista mexicano en la industria del tabaco, con el 80.9% de las acciones de Citagam, una empresa que fabricaba los productos de Philip Morris, en la cual Carso contaba con una participación accionaria de 40.9%.

Esto es particularmente importante, pues en 2002, Frenk encabezó un acuerdo con empresas tabacaleras para que éstas aportaran un peso al Seguro Popular por cada cajetilla de cigarros que vendían. El acuerdo, aunque no prosperó, fue criticado por las organizaciones independientes en defensa de la salud pública. Acusaban que en realidad sólo limitaba las restricciones en publicidad y mensajes de advertencia sobre el tabaquismo. En 2007, Frenk se convirtió en el presidente ejecutivo del Instituto Carso de la Salud (2007-08).

Vínculos con industrias relacionadas a la salud: en abril de este año, el medio de comunicación Polemón publicó un reportaje en el cual reveló que Gálvez fue representante y administradora del Fondo Mutuo de Comunidades Danone en México, entre enero de 2017 y noviembre de 2022, información que la candidata no declaró como un conflicto de interés. No se identificaron otras empresas de las industrias de alimentos, bebidas azucaradas, alcohol o tabaco en las que Gálvez tenga o haya tenido un rol de accionista o donde haya ejercido un puesto directivo.

Miembros con vínculos a la salud en su equipo de campaña y precampaña

Santiago Creel Miranda

Cargo: Coordinador general de campaña

Posibles conflictos de interés: de acuerdo a su declaración patrimonial, entre 2018-25, Creel fue socio de Suma de Capacidades, S.C. (2013-23); consejero de la acerera Gerdau Corsa, S.A.PI. de C.V. (2019-23); y socio del despacho Creel, García y Asociados, S.C. (2020-23). Dejó todos estos cargos en 2023, presumiblemente para lanzarse como precandidato a la presidencia.

En esta misma declaración, Creel reconoce que recibió ingresos de Servicios Inmobiliarios Alsea, S.A. de C.V., subsidiaria de Alsea, S.A.B. de C.V., a cargo de las actividades inmobiliarias del grupo. El despacho de Creel, del que declara ser socio desde 2020, asesoró en 2021 el proceso de ampliación de la participación de Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV:ALSEA) en Europa, mientras que, en 2015, recibió más de 572 millones MXN por brindar asesoría legal en una emisión de deuda de esa misma empresa. Alsea es una operadora multinacional de restaurantes de franquicias como Domino’s Pizza, Burger King y Starbucks.

Otro caso es su implicación en el caso Go Gaba vs Coca-Cola mientras era presidente de la Cámara de Diputados. En 2018, Go Gaba demandó a la refresquera por fraude y robo de propiedad industrial. El caso lo retomó el Frente Internacional de Derechos Humanos, filial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes solicitaron a Creel que turnara el caso a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, pero no lo hizo, impidiendo así que se investigara en el Congreso. La investigación actualmente está congelada y Coca-Cola no ha recibido ninguna sanción al respecto.

El caso es relevante, pues durante el sexenio de Vicente Fox, Creel fue secretario de Gobierno. Previamente, Fox había sido director de la Coca-Cola Company en México.

Además de esto, mientras Creel fue secretario de Gobierno, impulsó la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, particularmente con campesinos mexicanos. Según la Revista Proceso, en 2003 Santiago Creel adelantó “un arreglo” con organizaciones campesinas para incluir el maíz y frijol dentro del TLCAN, pero los campesinos lo desmintieron.

Enrique de la Madrid Cordero

Cargo: Coordinador de campaña

Experiencia en sector salud: entre 1998 y 2006, fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico), donde se agrupan empresas como Coca-Cola, Pepsico, Bimbo, Maseca, Danone, Herdez y La Costeña. En años recientes, de la Madrid ha defendido a la industria alimentaria con el argumento de que el combate a la obesidad debe partir de la educación y no de las restricciones, por ejemplo en el marco del debate sobre los impuestos a la comida chatarra y el de la prohibición de la venta de productos procesados en las escuelas. También tiene posicionamientos claros en materia de salud pública, que incluyen servicios de salud públicos descentralizados.

En 2011, cuando de la Madrid regresó a su cargo directivo en el ConMéxico, después de ser director de Financiera Rural durante el sexenio de Felipe Calderón, el Consejo impulsó una cruzada contra la obesidad infantil que, de acuerdo a él mismo, no trataba “de buscar culpables fáciles, sino de asumir que hay un problema. Tratar de incidir sobre el conocimiento de lo que es nutritivo y fomentar la actividad física”.

Esta cruzada fue el preámbulo para el diseño de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes del sexenio de Peña Nieto, mismo en el que de la Madrid ocupó el cargo de Secretario de Turismo.

La estrategia, deficiente y genérica, además planteaba la cooperación con organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y el sector empresarial, como el ConMéxico y otros, a quienes les adjudicaron la tarea de desarrollar campañas y material didáctico para fomentar hábitos más saludables.

Josefina Vázquez Mota

Cargo: Coordinadora de líderes de campaña

Experiencia en sector salud: durante su periodo al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Vázquez Mota se opuso a la prohibición de la venta de productos procesados en las escuelas y firmó diversos convenios con empresas como Coca-Cola y Pepsico. Estos convenios formaron parte de la Alianza por la Calidad Educativa, una reforma educativa del periodo de Calderón, la cual, entre otras cosas, permitió a las empresas de alimentos y bebidas ultra procesadas que hicieran publicidad en las escuelas públicas a cambio de donativos de material y apoyo a programas de deporte.

Rubén Ignacio Moreira Valdez

Cargo: Coordinador territorial de campaña

Posibles conflictos de interés: fue gobernador de Coahuila entre 2011-15, después de que su hermano, Humberto Moreira, ocupara el cargo en 2008-11. En 2010, Rubén Moreira se asoció con Armando Luna Canales como accionista de Distribuidora de la Salud, S.A. de C.V., empresa enfocada en la producción y comercialización de productos medicinales. Su socio, Luna Canales, también es accionista de Indica & Sativa, S.A. de C.V., empresa destinada a producir productos derivados de la cannabis, que fue registrada en Saltillo en 2018 y arrancó operaciones en 2020.

Éctor Jaime Ramírez Barba

Cargo: Coordinador del proyecto de salud de la campaña de Gálvez y su principal vocero en la materia

Experiencia en sector salud: una de sus principales banderas es la crítica en la estrategia de distribución de medicamentos del actual Gobierno federal. Mientras fue diputado por el PAN en las legislaturas de 2021-24 y 2018-21, Ramírez Barba votó a favor del etiquetado frontal, aunque a su consideración la solución no es sancionar a la industria sino hacer más campañas gubernamentales de prevención.

Este tipo de acciones contradictorias no son nuevas en Ramírez Barba. Por ejemplo, en enero de 2010, cuando fue presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Barba congeló iniciativas que regulaban y limitaban la publicidad de alimentos chatarra para niñas y niños transmitida en televisión abierta.

De hecho, en esa discusión legislativa, la bancada del PAN en la Comisión de Salud argumentó que la obesidad no era culpa de las empresas, sino de “las madres, por los alimentos que proporcionan a sus hijos diariamente”.

En 2022, Ramírez Barba volvió a aparecer en las discusiones legislativas cuando se pronunció en contra de la prohibición del vapeo, argumentando que es una opción menos dañina que el cigarro.

Su argumento fue seguido por empresas comercializadoras, una de ellas Sanborns, propiedad de Grupo Carso, quienes ganaron un amparo para continuar vendiendo productos de tabaco calentado y otras marcas de cigarrillos o tabaco para liar.

Jorge Álvarez Maynez

Candidatura: Presidencia de México

Partido o coalición: Movimiento Ciudadano (MC)

Propuesta general de salud: su propuesta se basa en un sistema de salud de acceso universal que incluya “la participación regulada del sector privado como proveedor alternativo de servicios”, según la Plataforma Electoral y Programa de Gobierno 2024-2030 de Movimiento Ciudadano.

Álvarez Máynez, siendo candidato a la presidencia, ha defendido que el vapeo —cigarrillos electrónicos— no debe prohibirse sino regularse. Un antecedente relevante es que, en 2018, organizó el foro Reducción de daños y tabaquismo en México, al que asistieron, junto con científicos e integrantes de la sociedad civil, representantes de la industria (Philip Morris México, VaporMex y ProVapeo México AC), lo cual fue cuestionado públicamente ya que la participación de integrantes de la industria en espacios legislativos viola el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

Vínculos con industrias relacionados a la salud: no se identificaron empresas de las industrias de alimentos, bebidas azucaradas, alcohol o tabaco en las que Álvarez Máynez tenga o haya tenido un rol de accionista o donde haya ejercido un puesto directivo. Como diputado (2021-24), Álvarez Máynez promovió medidas que impactarían en la industria alimentaria, tales como la modificación de recetas “nocivas” en productos procesados, la instalación de proveedores de agua en poblaciones con vulnerabilidad y la ampliación de comedores comunitarios en zonas rurales.

Miembros con vínculos a la salud en su equipo de campaña y precampaña

El equipo de campaña de Álvarez Máynez no incluye a figuras del sector salud ni se detectaron casos de posible conflicto de interés en materia de salud. Sin embargo, es posible que la principal referencia del partido Movimiento Ciudadano en cuestiones de salud sea Salomón Chertorivski Woldenberg, quien hoy contiende para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y antes fue secretario de Salud en 2011-12 y diputado por MC en 2021-24, entre otros cargos. Chertorivski fue el encargado de presentar el programa de salud de Máynez en la 6ta Cumbre de la Salud.

Salomón Chertorivski ha sido un gran defensor de la industria ante los esfuerzos de regulación por cuestiones de salud pública. Durante su periodo al frente de la SSalud, se mostró en contra de tomar medidas que limitaran a la industria de la comida chatarra y promovió, en cambio, la idea de que ésta se autorregularía.

Chertorivski también fue un actor importante en la campaña contra la obesidad de la ConMéxico, pues era secretario de salud en ese momento, justo cuando la autodenominada Cruzada contra la obesidadpromovió, en vez de eliminar la comida chatarra de las escuelas, reducir sus proporciones.

El padre de Chertorivski, Isaac Chertorivski, fue fundador de la ConMéxico.

El sexenio de Calderón, según las Estadísticas de Defunciones Registradas 2012, cerró con alrededor de 500 mil muertes por diabetes.

Como diputado, Chertorivski se ha manifestado en contra de la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos promovida por la administración de AMLO, bajo el argumento de que esto promovería el crecimiento de un mercado negro y limitaría el desarrollo de la personalidad. Esta perspectiva fue apoyada por la bancada de MC, incluyendo a Álvarez Máynez ya como candidato a la presidencia de México.

ConMéxico, además de albergar a las industrias de alimentos procesados más grandes en México, también alberga a tabacaleras, una de ellas Phillip Morris, promotora de los productos de tabaco calentado IQOS. En 2022, 24.9 millones de personas en el mundo eran usuarias de IQOS, la “alternativa” desarrollada por la tabacalera para sustituir el consumo de tabaco por combustión a nivel global. Ese mismo año, las ganancias de la empresa rebasaron los 10 mil millones de dólares, un aumento de casi el 100 por ciento de las que reportaron en 2019.

Aunado a esto, en sus propuestas para la Ciudad de México, Salomón Chertorivski ha planteado la creación de un fideicomiso único, “auditable, bajo estrictas reglas de transparencia, con dinero público, préstamos de la banca de desarrollo nacional e internacional y aportaciones de todo tipo, que financie la labor de un consejo especial para nueva gestión del agua en el Valle de México”.

En el segundo debate entre las candidaturas a la Jefatura de Gobierno, el candidato de Movimiento Ciudadano adelantó que, de ganar la elección, pediría un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo para este fideicomiso.

El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de sus distintos fondos y programas, condiciona la participación en el diseño de políticas públicas de empresas privadas como FEMSA para que los gobiernos puedan obtener su financiamiento. FEMSA es la comercializadora de Coca-Cola Company en México, y su sede es Nuevo León, uno de los dos estados que actualmente gobierna Movimiento Ciudadano.

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Para este reportaje se solicitaron comentarios por parte de los tres equipos de campaña a través de las personas responsables de la comunicación de cada candidatura. También se les envió una lista con los nombres de cada persona aquí citada, junto con los puestos que aquí se les atribuyen, para confirmar la participación de cada uno y precisar si continúan formando parte de los equipos o no.

Comentario del equipo de Claudia Sheinbaum:

El coordinador del Proyecto de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural de los Diálogos por la Transformación, Julio Berdegué, envió una postura general sobre los vínculos de empresas con el sector público y los riesgos de interferencia que existen en ese tipo de relaciones, explicando que el equipo de Claudia Sheinbaum es partidario del diálogo con todos los actores interesados en el proceso de formulación de las políticas públicas.

“Sin embargo hay un principio básico y es que las decisiones sobre política pública tienen que estar siempre libres de conflictos de intereses. Esto aplica por supuesto también a las políticas en materia alimentaria. Los procesos de discusión y de decisión tienen que ser muy transparentes,” comentó.

Julio Berdegué ha sido subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y representante regional para América Latina y el Caribe; cuenta con un máster en agronomía por la Universidad de California y un Doctorado en Ciencias Sociales.

Comentario del equipo de Jorge Máynez:

Un vocero del candidato de Movimiento Ciudadano subrayó que Máynez ha dicho públicamente, ante universidades y otros foros, que busca aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a ultra procesados y tabaco por considerarlos nocivos para la salud, además de que ha señalado el lobby que realizan las tabacaleras en México.

Comentario del equipo de Xóchitl Gálvez:

Al cierre de esta edición, no enviaron postura sobre los riesgos de interferencia de las industrias señaladas en este reportaje ni algún comentario adicional sobre posibles compromisos en este sentido.

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.