Organizaciones sociales señalaron que los videos dados a conocer en una estación radiofónica, que vinculan a uno normalista de Ayotzinapa como informante del Ejército, son prueba de que las Fuerzas Armadas ocultan información, por lo que exigen que la institución coopere para que los padres tengan acceso a la verdad y la justicia

Imágenes: Ximena Natera

Organizaciones civiles denunciaron que la difusión de videos filtrados en un programa radiofónico este martes, sobre la presunta pertenencia de uno de los normalistas a la Secretaría de la Defensa Nacional, confirma que la Sedena no ha entregado toda la información que tiene para permitir esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Viene a confirmar la urgente necesidad de que en esta nueva etapa se investigue a profundidad el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos”, señalaron en un comunicado conjunto las organizaciones Tlachinollan, Fundar, Serapaz y Centro Prodh.

Además, añadieron que ni las asociaciones ni los padres de los normalistas sabían de la existencia de los videos difundidos en una estación radiofónica, donde se asegura que Julio César López Patoltzin seguía activo en el Ejército cuando los estudiantes fueron desaparecidos y funcionaba como informante para la institución.

Uno de los dos videos muestra a un militar que entrega un sobre con dinero a Joaquina Patoltzin, madre de Julio César López Patoltzin, correspondiente presuntamente a su pago quincenal, en un encuentro que habría ocurrido el lunes 29 de septiembre en el 50 Batallón de Infantería.

“El Coronel que aparece en el material no ha rendido declaración alguna en el caso y la muestra de sangre extraída por personal castrense a la madre del estudiante Julio César López Patoltzin, no obra en los expedientes de la PGR, lo cual sugiere la posible existencia de una investigación paralela en el ámbito militar”, advirtieron.

Los defensores de derechos humanos enfatizaron que la posible confirmación del vínculo de Julio César López con el Ejército no deslegitima la exigencia de sus familiares para conocer el paradero del joven.

El comunicado alude al Decreto presidencial publicado el 4 de diciembre pasado que instruye generar las condiciones necesarias que permitan el acceso de las familias a la verdad y la justicia.

Los videos se dieron a conocer dos días después de que el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordaron el Mecanismo Especial de Cooperación y Asistencia Técnica para dar acompañamiento a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, dice la filtración evidencia una intención de volver a colocar la versión señalada por la anterior Procuraduría General de la República, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Es tratar de insistir en la ‘verdad histórica’ porque maneja mucho la situación de delincuencia en ese sentido y el que lo mencionen a él (Julio César) como infiltrado con la intención de conflictuar la relación de los padres de familia a casi cuatro años de espera.

“No sé desde cuando tienen la información, por qué ocultarla hasta este tiempo, nosotros tenemos la suspicacia de como ya va a empezar a trabajar la Comisión para la para la Verdad y Acceso a la Justicia. Como que se quieren adelantar a algunas cosas que se van a descubrir. Rechazamos esta forma de dar a conocer esa información. Nuestros abogados están haciendo ya un documento, de posicionamiento de los padres de familia en ese sentido».

De la Cruz insiste que la difusión de los videos obedece a la próxima reintegración de los elementos del GIEI en los trabajos con la Comisión de la verdad.

«Estamos seguros que hay mucha información oculta, que el sistema de gobierno anterior protegió hasta el término del periodo y que hoy que en esa nueva etapa de trabajo de la nueva Comisión, donde ya se integre el grupo de expertos independientes que en su momento salió del país por desacuerdo con el gobierno de Peña Nieto se integren a la Comisión, apenas los presentaron».

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Ximena Natera

Periodista visual especializada en temas de violaciones a derechos humanos, migración y procesos de memoria histórica en la región. Es parte del equipo de Pie de Página desde 2015 y fue editora del periódico gratuito En el Camino hasta 2016. Becaria de la International Women’s Media Foundation, Fundación Gabo y la Universidad Iberoamericana en su programa Prensa y Democracia.