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Exigen a AMLO que interceda por presos políticos de Guerrero

Texto e imágenes: Ximena Natera

Texto e imágenes: Ximena Natera

A un año de la detención de medio centenar de pobladores y miembros de la Policía Comunitaria en La Concepción, comunidad rural del municipio de Acapulco, opositores a la Presa La Parota exigen al presidente López Obrador que cumpla su promesa de liberar a los presos políticos

Este martes, una comitiva del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) protestó frente a Palacio Nacional para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pedirle que cumpla su promesa e intervenga en la liberación de 19 policías comunitarios y pobladores de la zona rural de Acapulco, a quienes identifican como presos políticos.

Entre los detenidos hay integrantes integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Presa la Parota (CECOP), por lo que el MOLPPEG denuncia que el encarcelamiento de sus compañeros es una represalia del gobierno estatal contra las comunidades que, desde 2003, luchan contra la construcción del megaproyecto de desarrollo impulsado por el gobierno de Vicente Fox y que fue suspendido indefinidamente en 2010 por la orden de un juez, que dio la razón a los pobladores de tres municipios afectados.

“Nuestra lucha siempre ha sido mal vista por el gobierno. Hemos sido perseguidos y hostigados, pero nuestra lucha es justa, es por el territorio y la vida”, dijo en conferencia de prensa María de la Cruz Dorantes, miembro de CECOP.

Arturo Campos, comisionado de Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero e integrante de la Coordinadora Nacional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria.

Las detenciones fueron realizadas por la Policía Estatal en enero de 2018, después de un enfrentamiento entre un grupo armado y la Policía Comunitaria, que dejó un saldo de 11 muertos: cinco comunitarios y seis del grupo armado que los atacó.

Aunque en 2010 se detuvo la construcción de la presa, la tensión y la violencia en la zona creció hasta desencadenar los eventos del 7 de enero del 2018, cuando un grupo de civiles armados llegó en las primeras horas de la madrugada a la celebración de la virgen del pueblo y atacaron a los miembros de la Policía Comunitaria que respondió la agresión, en ese primer evento murieron 8 personas, dos comunitarios y seis civiles armados.

Ocho horas después, un operativo compuesto por 200 elementos de seguridad, dirigido por la Policía Estatal y respaldado por policías ministeriales, la Gendarmería y el Ejército, irrumpió en el pueblo, detuvieron a casi 38 personas y mataron a tres policías comunitarios.

Xochitl Palma, una mujer joven originaria de La Concepción, cuenta en entrevista cómo fue el arresto de Pablo Carmen García, su marido.

“Fue el mismo siete (de enero), eran las doce del día y entraron a la casa como animales… estaban armados y destruyeron todo”, relata. La casa, que estaba habitada por Xóchitl, Pablo, los tres hijos de la pareja y los padres de su marido, fue cateada sin una orden judicial y, aunque dijeron que buscaban al padre de Pablo, un conocido miembro de la CECOP, al no hallarlo, se llevaron al joven de 35 años.

Los cateos sin orden judicial como el expuesto por Xóchitl es uno de los principales argumentos esgrimidos por la defensa de los presos.

Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes llevan el caso jurídico, las autoridades detuvieron a 38 personas sin órdenes de aprehensión, realizaron cateos ilegales en 25 hogares, amenazaron a los pobladores y, sobre todo, denuncia Tlachinollan, en el operativo policiaco se cometieron tres ejecuciones extrajudiciales y a través de testimonios de los detenidos se sabe que por lo menos una decena de ellos sufrió tortura física.

Kenia Hernández, comisionada para el tema de presos políticos de la CRAC- PC, explica que la CECOP considera a los detenidos de La Concepción como presos políticos porque las autoridades utilizaron el ataque para detener a miembros de la organización, entre ellos a su vocero Marco Antonio Suástegui, con la intención de desmoronar la resistencia a la Presa la Parota.

“Ya habíamos tenido detenciones de los miembros más importantes como el de Nestora Salgado (…) pero esos casos unieron más a la gente, creemos que esta vez fueron por personas de la comunidad para infundir miedo”.

Arturo Campos, miembro de la Policía Comunitaria y ex preso político, concuerda con Kenia y cuenta que desde la detención masiva muchos en la comunidad dejaron de ir a las asambleas dominicales de la CECOP por miedo.

A finales de noviembre, la senadora por Morena Nestora Salgado García presentó una propuesta de amnistía para 176 presos políticos en el país, poco días después el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, refutó a la senadora y negó que en la entidad haya presos políticos:

“En Guerrero no hay presos políticos, ¿díganme a quién se le persigue por sus ideas, quién está en la prisión por circunstancias de ideas?”, dijo a la prensa.

El 9 de enero pasado, los integrantes de la CECOP lograron una reunión con el gobernador Astudillo, después de bloquear por horas una caseta de peaje en la Autopista del Sol y exigieron la libertad de los detenidos, además de que se avance en la investigación sobre la muerte de los 5 comunitarios durante el ataque del 2018.

El sentimiento general, cuenta Kenia, fue que Astudillo ignoró sus peticiones y como consecuencia decidieron cortar por completo la comunicación con las autoridades estatales. Por eso ahora concentran sus esfuerzos en el gobierno federal y la promesa de Andrés Manuel López Obrador de liberar a presos políticos.

Xochitl Palma, que vino a la Ciudad de México para acompañar a la comitiva del MOLPPEG a protestar frente a Palacio Nacional, dice que su vida ha cambiado drásticamente en el último año. Sin su marido, quien sostenía económicamente a la familia con su trabajo como campesino, Xóchitl ha tenido que malabarear para poder conseguir dinero suficiente para alimentar a sus tres hijos y además apoyar económicamente a su esposo dentro del Cereso de Las Cruces en Acapulco.

“Es difícil, mis hijos solo han visto a su papá dos veces, no me alcanza para mandarlos más”, cuenta entre lágrimas.

–¿Xochitl, cree que el caso de su marido pueda avanzar con cambio de gobierno?-se le pregunta.

–Hasta que lo vea lo voy a creer.


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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx“.

Periodista visual especializada en temas de violaciones a derechos humanos, migración y procesos de memoria histórica en la región. Es parte del equipo de Pie de Página desde 2015 y fue editora del periódico gratuito En el Camino hasta 2016. Becaria de la International Women’s Media Foundation, Fundación Gabo y la Universidad Iberoamericana en su programa Prensa y Democracia.

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