Mientras comunidades indígenas de Chilapa son desplazadas por la violencia, mineras como Equinox Gold y Orla Mining expanden operaciones en territorios marcados por conflictos armados y denuncias comunitarias

Texto: Camilo Ocampo.

Fotos: José Miguel Sánchez / Archivo Amapola Periodismo

CIUDAD DE MÉXICO.— Más de mil personas desplazadas, comunidades indígenas vacías y familias enteras escondidas entre cerros y refugios improvisados. Así se vive la crisis de violencia en Guerrero, específicamente en las comunidades de Chilapa, luego de más de una semana en la que los ataques atribuidos a Los Ardillos obligaron a habitantes de las comunidades nahuas de Alcozacán, Tula y Xicotlán a abandonar sus hogares para sobrevivir. Lo mismo ocurre en San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, desde hace 17 días.

Pobladores han sufrido incursiones armadas, incendios de viviendas, ataques con drones y el bloqueo de caminos, mientras la presencia de fuerzas federales no logra detener la violencia por completo.

La escena se repite desde hace más de una década en la Montaña baja de Guerrero: escuelas cerradas, parcelas abandonadas y pueblos semivacíos tras cada ola de violencia. Pero detrás de los supuestos enfrentamientos entre Los Ardillos y Los Tlacos, organizaciones indígenas y periodistas locales comienzan a poner el dedo sobre otra disputa: el control territorial en las regiones ricas en minerales estratégicos y recursos naturales.

En distintos reportes y testimonios, habitantes de Chilapa han denunciado que la violencia ya no responde únicamente al narcotráfico. La región comenzó a ser señalada como un territorio de «narcoextractivismo», donde grupos criminales amplían sus operaciones hacia actividades relacionadas con el control de minas, rutas de transporte y territorios estratégicos para la explotación de recursos. Estos desplazamientos forzados terminan debilitando la resistencia indígena frente a proyectos extractivos y facilitan el avance de intereses económicos externos.

Las denuncias crecen en paralelo al interés de empresas mineras sobre distintas regiones del país. En Guerrero, comunidades campesinas y ejidatarios han acusado durante años afectaciones ambientales, incumplimientos y presión sobre territorios donde existen proyectos extractivos.

En diciembre pasado, por ejemplo, la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo anunció el cierre de la mina Los Filos, propiedad de la empresa canadiense Equinox Gold, al denunciar daños ambientales y exigir respeto a acuerdos comunitarios.

Para los habitantes, la minería avanza en contextos donde la violencia y el desplazamiento rompen las formas de organización colectiva.

De Zacatecas a Guerrero, la minería y la violencia avanzan

La discusión vuelve a tomar fuerza luego de las denuncias contra directivos de la minera Camino Rojo, propiedad de Orla Mining, en Zacatecas. Trabajadores y organizaciones documentaron que integrantes del Cártel de Sinaloa fueron utilizados para intimidar y amenazar a mineros sindicalizados durante conflictos laborales.

Luego de eso, un panel del mecanismo laboral del T-MEC concluyó que existió injerencia patronal y actos de intimidación contra trabajadores que buscaban organizarse. Días después, Rafael Sánchez dejó la dirección general de la mina.

En medio de estas denuncias, Equinox Gold anunció este 14 de mayo su fusión con Orla Mining para crear uno de los mayores productores de oro de América. La nueva empresa tendrá operaciones en Canadá, Estados Unidos, Nicaragua y México, con activos estratégicos como Los Filos, en Guerrero, y Camino Rojo, en Zacatecas. El acuerdo, valuado en aproximadamente 18 500 millones de dólares, permitirá a la compañía producir más de un millón de onzas de oro al año y fortalecer su expansión en el territorio.

México aparece como una pieza clave dentro de esa expansión. Los proyectos mineros en Guerrero y Zacatecas forman parte de la apuesta estratégica de la nueva corporación para aumentar reservas y producción. Sin embargo, el crecimiento empresarial ocurre en regiones marcadas por desplazamientos, violencia armada y conflictos comunitarios.

En Guerrero, organizaciones indígenas sostienen que cada ataque deja algo más que muertos y desplazados. También destruye asambleas comunitarias, rompe la defensa colectiva del territorio y deja pueblos enteros vulnerables frente a intereses externos. Cuando las familias abandonan sus tierras, las comunidades pierden capacidad de resistencia. Los caminos quedan vacíos y el territorio cambia de manos.

Por eso, para muchos habitantes de Chilapa, la violencia no puede entenderse únicamente como una guerra entre grupos criminales. También es una disputa por territorios estratégicos donde convergen intereses económicos, minería y control armado.

Mientras las comunidades indígenas huyen para salvar la vida, las empresas mineras continúan expandiendo operaciones, fusionándose y fortaleciendo presencia sobre regiones donde cada vez quedan menos voces capaces de oponerse.