Colombia vive una violencia de Estado sin precedentes, acusan activistas. Los testimonios apuntan a dos actores poderosos, que han sido cómplices de la represión del gobierno de Iván Duque: empresarios y medios de comunicación, que «construyen» a un enemigo en los jóvenes que sostienen el paro

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Juan Barreto / AFP y Daniela Pastrana

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El salón donde sesionaba medio centenar de activistas de una docena de países se cimbró de tal manera que lo primero que pensé fue en un temblor. Segundos después, una gran nube de humo se expandió por el cielo de Bogotá, y creció ante nuestros ojos a través del ventanal del hotel. Alguien a mi lado preguntó, casi en susurró: “¿es una bomba?”

No era ni el temblor que mi cerebro formateado en la Ciudad de México pensaba ni la bomba que el imaginario colectivo creyó, sino la demolición del viejo edificio del Ministerio de la Defensa, anunciado previamente por el gobierno.

Pero el contexto de lo que escuchamos en el primer día de trabajo de la misión internacional de observación de los derechos humanos en Colombia, la cuarta misión en dos meses, hacía posible pensar en las peores ideas. El sacerdote Javier Giraldo acababa de exponer lo que, desde su experiencia, es una situación catastrófica para los derechos humanos en este país. Y todos los activistas nos repitieron: “Este es el peor momento de violencia de Estado en Colombia”

Es difícil imaginar qué puede significar eso en un país que apenas hace un par de años firmó un acuerdo de paz que puso fin a 50 años de guerra, que provocó el desplazamiento forzado de 6 millones de personas y que suma más 120 mil desaparecidos.

Pero ellos insisten: nunca se había vivido algo como lo que ha pasado en este Paro Nacional  que inició el 28 de abril y se mantiene hasta julio. No hay precedente, ni en la resistencia de un movimiento empujado por adolescentes y jóvenes, ni en la respuesta represiva del Estado, que suma todas las violencias posibles: asesinatos selectivos, desapariciones, mutilaciones, violencia sexual contra manifestantes, persecuciones, tortura y el uso de todas las estructuras estatales, pero también de otros poderes como el narco, paramilitares, empresas privadas y medios de comunicación, para deslegitimar un movimiento y reproducir discursos de odio contra un enemigo fabricado: los jóvenes.

“Si uno se sentara a discutir con seriedad diría que estamos en riesgo de una dictadura”, dice Jeny Ortiz, del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Luego enlista: “El gobierno controla el ministerio público; hay un pronunciamiento de las altas cortes apoyando las acciones represivas; se suman fuerzas militares. O sea, que el gobierno diga: militaricen ciudades, disparen a las casas, que los empresarios muy poderosos lo respalden y suma a los paramlitares… El uribismo está controlando todo. Hay un control político muy fuerte desde el Estado colombiano. No puedes manifestarte, porque te van a matar; no puedes denunciar, porque cuando denuncias, el funcionario te va a delatar; no puedes llevar un proceso a la Corte, porque si lo llevas a la Corte no sabes si va a resultar regresivo a tus derechos”.

Construir al enemigo y deslegitimar la lucha

A lo largo del día, los integrantes de las organizaciones sociales receptoras de la misión delinean un escenario de represión sin precedentes, en el que el gobierno de Iván Duque ha tenido la complicidad de dos actores poderosos: los medios de comunicación y los empresarios.

Jenny Ortiz describe tres elementos constantes en el contexto del paro: el primero es la reproducción, desde los medios masivos de comunicación tradicionales, de un discurso de odio.

 “El discurso que se mueve desde el mass media busca generar odio hacia los muchachos que están en esta resistencia: promueven la idea de que están causando desabasto en la ciudad (aunque está documentado que el desabasto fue provocado por los empresarios), que están causando trancones (embotellamientos viales) y problemas. Es un discurso que buscar crear un enemigo interno y construir unos imaginarios sobre los jóvenes que están haciendo resistencia para definirlos como vándalos, terroristas. Y ha ocurrido, por un lado, una invisibilización y un silencio de los medios frente a acciones terribles del Estado”.

Otro elemento, dice, son las agresiones a periodistas independientes que intentan documentar esta violencia. Y un tercero es la reproducción de un discurso que busca quitarle legitimidad a las protestas.

“Hay un discurso que busca deslegitimar la lucha: que ya no hay reforma tributaria, que ya no hay ministro, que el paro no existe, cuando se sigue estando en las calles y resistiendo ahí. Y hay unos silencios como muy profundos que tienen la intención de anular el paro”.

A pesar de ello, el paro se mantiene y las protestas iniciales han evolucionado a una suerte de pedagogía política que se activa en manifestaciones artísticas y culturales, o conversatorios populares.

“Hemos logrado, no vía mass media pero si en redes sociales, estar difundiendo todo el tiempo. Entonces, un hecho de protesta se difundía tanto, que Facebook empezó a bloquear las transmisiones en vivo. Pero tenemos testimonios, usamos las redes sociales, y se han logrado llamados importantes de la CIDH y de la comunidad internacional”.

¿Y la prensa internacional?

A principios de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA realizó una visita de trabajo a Colombia promovida por las organizaciones de derechos humanos que también han promovido misiones de observación de Argentina y Cataluña.

Apenas el 1 de julio, la Asamblea Capitolina de Roma solicitó a la Unión Europea que evalúe la suspensión de los tratados comerciales con el Gobierno de Colombia, por la “extrema y desproporcionada violencia” usada por la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra manifestantes en el paro nacional.

“Desde el inicio de la huelga general el 28 de abril, el mundo entero ha sido testigo impotente de una escalada de violencia sin precedentes debido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército durante las numerosas protestas pacíficas”, indicó el consejo municipal de la capital italiana, en una carta remitida al bloque comunitario en la que, además, asegura que los medios de comunicación en Colombia no están brindando la información respecto a represión arbitraria y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

A pregunta es obligada: Si las violaciones a derechos humanos son tan graves ¿por qué la prensa del mundo no cubre la crisis en Colombia con la misma insistencia que la de Venezuela?

“Porque detrás hay unos factores de poder en juego, que tienen que ver con la inversión extranjera”, dice Danilo Rueda, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP).

Explica: “No se puede hablar de que Colombia tiene una seguridad para la inversión. Eso es falso. Nii los territorios rurales ni las zonas urbanas están exentas de operaciones de nuevos grupos armados, de dinámicas de violencia. Y las empresas quieren negar esa realidad, no les interesa porque les interesa la inversión. Pero la inversión sin gente, o con gente silenciada, o haciendo caso omiso a las sistemáticas denuncia de violaciones a derechos humanos”.

Para el abogado defensor de los derechos humanos, el estallido social de Colombia también ha mostrado “el déficit de democracia en materia de la información”, pues los medios de comunicación, centrados en poderes económicos, construyen narrativas que distorsionan y tergiversan lo que ha sucedido en esta movilización.

Ahora, dice, hay una ebullición de medios pequeños, locales, regionales, “que está narrando, describiendo, compartiendo análisis y esas voces silenciadas y negadas por los medios de información masivos y empresariales”.

La demolición de un factor de poder

Durante este primer día de trabajo, los observadores internacionales de 12 países de América y Europa y el equipo receptor de la misión afinaron la logística de las visitas a las regiones y de las reuniones que sostendrán con autoridades, embajadas y organizaciones locales.

La demolición del edificio viejo del Ministerio de Defensa en el arranque de los trabajos, no podría ser más simbólica de la urgencia de la misión en el ánimo que permeó en las conversaciones.

“La demolición de la sede de la Defensa significa la demolición de un factor de poder que los jóvenes han hecho visible, a través de su salida a la calle, y la represión que han recibido”, dice Danilo Rueda. “Esa represión representa la erosión de un estado social de derecho y de una democracia que proyecta una imagen de respeto a las libertades, pero que con este paro se ha mostrado que no es tal, que solo es una fachada”.