Estamos hablando de varias etapas o momentos en los que las mujeres privadas de la libertad sufrieron tortura sexual —aunque no siempre la identifiquen así— por parte de agentes estatales, principalmente policías, a lo largo de todo el país. Si esto no nos resulta inconcebible, no sé qué lo es

@celiawarrior

En octubre de 2021, el número de mujeres privadas de la libertad en todo México era de 12 mil 625. De ese universo, mil 280 mujeres recluidas en centros penitenciarios a lo largo de los 32 estados fueron entrevistadas y formaron parte de la muestra de un primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México.

El diagnóstico, publicado en junio 2022 por la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, fue una de las acciones que pretenden atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce a 11 mujeres víctimas de tortura sexual por parte de agentes estatales, durante la represión sucedida en Atenco, Estado de México, en mayo de 2006.

En la emblemática sentencia de noviembre 2018, la Corte responsabilizó de la violencia sexual, violación y tortura al Estado mexicano; además de instruirlo a investigar y castigar a los responsables, al reconocimiento y diversas reparaciones, y a crear propuestas de políticas públicas para atender la tortura sexual a las mujeres en el país.

La primera pregunta y sin duda la cuestión central a entender es ¿qué tan grande es el problema y cómo se comporta? Una respuesta parcial la dieron las mil 280 mujeres privadas de la libertad entrevistadas.

Uno de los primeros rasgos metodológicos significativos del diagnóstico es que el cuestionario aplicado a las mujeres recluidas, diseñado en conjunto con las sobrevivientes de tortura sexual del caso Atenco, distinguió cinco etapas del proceso de privación de la libertad.

A partir de ello, por ejemplo, se vislumbra un dato relevante: una de cada cuatro mujeres entrevistadas (25.6 por ciento) reconoció haber sido víctimas de tortura sexual durante el arresto y traslado ante el Ministerio Público, aunque no es el único ni último momento en el que este delito sucede.

Posterior al arresto, un porcentaje menor (12.5) de entrevistadas contestó haber sido torturadas sexualmente por agentes estatales en la etapa de presentación ante el Ministerio Público.

Los hallazgos en la siguiente etapa son quizá los más alarmantes: 22.7 por ciento de las mujeres sometidas a arraigo señalaron haber sido víctimas de este delito, casi el mismo porcentaje que lo reconoció durante el arresto. En ocasiones, “más de una autoridad ejecutó la agresión sexual”, señalan.

Resulta necesario apuntar a la exigencia de la eliminación la figura de arraigo, que sin duda se presta para cometer cualquier tipo de abusos contra de las personas que son sometidas a ella por parte de las autoridades.

En el traslado y estancia en el centro penitenciario, solo el 5 por ciento de las entrevistadas se consideró víctima de tortura sexual. Pero luego, al llegar al juicio, el 15 por ciento manifestó al juzgador haber sido víctima de este delito.

Adicional al porcentaje de mujeres que identificaron la tortura sexual durante el arresto, destaca que el 12.5 por ciento de ellas sufrió algún otro tipo de violencia sexual que no reconocen como tortura sexual.  También que, de quienes sufrieron el abuso durante la presentación al Ministerio Público, la mayoría detectó a elementos de las policías (estatal, municipal, federal y de investigación) como los perpetradores.

En una radiografía regional, los estados en los que el diagnóstico detectó mayor número de casos de tortura sexual están en el Sur del país (81), le sigue el Norte (75), el centro (72) y Centro Occidente (66 por ciento).

Entonces, estamos hablando de varias etapas o momentos en los que las mujeres privadas de la libertad sufrieron tortura sexual —aunque no siempre la identifiquen así— por parte de agentes estatales, principalmente policías, a lo largo de todo el país. Si esto no nos resulta inconcebible, no sé qué lo es.

El diagnóstico puede quedarse corto al enfocarse solo en mujeres privadas de la libertad y ser una indagatoria parcial de las autoridades que cometen la tortura sexual. Pero es una primera radiografía nacional que hace de muestra —aunque terrible—, a la par que reconoce una problemática extendida y perpetuada con impunidad.