Cada primero de mayo, el mundo entero recuerda a los mártires del derecho laboral: los obreros mártires de la ciudad de Chicago. Con el paso del tiempo, las convenciones internacionales, las constituciones en todo el mundo y todo tipo de leyes, hacen lo propio. Sin embargo, las empresas siguen sin enterarse de lo que ocurrió aquel fatídico día donde un grupo de obreros fue ejecutado por participar en las protestas por jornadas justas de trabajo. Aquí, en estas palabras que hacen omisión de la economía del lenguaje, les platicamos un poco de lo que nos heredan esas luchas a nosotrxs, el vecino del sur: México.

Texto: Ricardo Balderas / Poder

Fotos: Ricardo Balderas / Poder

De la maquinaría al dormitorio, la vida en una fabrica para cualquier mexicano, implica una realidad particular, una ya muy insostenible por la constante depreciación del valor a la fuerza de trabajo. En el país, según lo revelan datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y analizados por PODER, el promedio de tiempo en que un obrero, que labora en la industria de la manufactura, produce el valor total de su salario es de 24.67 minutos. El resto, es decir, 455.33 minutos, son la riqueza que termina en manos del empleador.

Debido a esto, el proyecto para impulsar a la industria de manufactura en el país, implementado a finales de los años setentas (1964) del siglo pasado[1] y operado desde los cónclaves más profundos de la frontera norte[2], se encuentra en un estado de alarma por las condiciones laborales a las que se le somete a todas las personas que pasan por alguno de los andadores de estos colosos de la producción. Ya que, no sólo el valor monetario del trabajo se ha devaluado, también las condiciones que ofrecen las empresas, a los y las trabajadoras, son peores que las de hace algunos años. 

Ante lo evidente, una de las primeras acciones del gobierno morenista, liderado por actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue la de elevar el monto de lo que se conoce como Salario Mínimo, o bien, Unidad de Medida y Actualización (UMA). Está política, la de integrar el valor de las UMAS en todas las regiones del país y aumentar los montos mínimos de percepción, significó el aumento salarial más alto de los últimos 40 años para México, 76.78%.

Dicho monto fue mucho mayor, incluso, al ocurrido con el autodenominado “presidente del empleo”, Felipe Calderón Hinojosa quien durante su gestión incremento en 28.6% los sueldos de las personas trabajadoras. Sin embargo, la medida resulta ineficiente dadas las altas tasas de inflación y la omisión de las autoridades por implementar medidas que logren una recaudación eficiente. De modo que, además de insuficiente, en el país (y ya con Obrador en la Silla Presidencial), se continúa protegiendo a la industria de manufactura que, año con año, confabula junto a políticos para someter a los y las trabajadoras de México a una pobreza de la que ya resulta imposible salir.

De modo que, con los datos reportados de manera oficial, podemos saber cuántos trabajadores del sector manufactura existe, cuanto tiempo trabajan al día, cuanto ganan esos trabajadores por hora, la identidad de género de las personas que trabajan, qué tipo de contrato tienen, en qué tipo de industria opera y en dónde, a cuánto dinero equivale la producción de estos obreros y en cuánto tiempo se genera esa producción. Lo que no podemos saber, es cuánto dinero termina como ganancia. Es decir, lo que los dueños del capital producen con el esfuerzo del trabajador.

Sin embargo, para la diputada y abogada laborista integrante de la Comisión del Trabajo en la Cámara Baja, Susana Prieto Terrazas, el problema radica principalmente en que los gobiernos terminan trabajando para las empresas y no para la población. Desde su perspectiva, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) ha operado desde su fundación a favor de las empresas y no de los trabajadores. Por ese motivo, los trabajadores se encuentran plenamente registrados, mientras que los empresarios se ven protegidos por sindicatos que no velan por las necesidades de quienes los conforman.

“Desafortunadamente todos los gobierno trabajan para el sector empresarial. Aquí hay que preguntarle a esta organización tripartita que contituye el Presidente de la República, los representantes de los obreros que son la CTM, la CROC, la CATEM, pero que realmente son el brazo derecho de los empresarios o de los departamentos de recursos humanos y a esos empresarios, en cuánto vamos a aumentar el salario mínimo, porque así está constituida la Comisión Nacional de Salarios Mínimos desde la Ley Federal del Trabajo. De sindicatos abiertamente priistas”, explica Prieto Terrazas.

PODER solicitó entrevista a las oficinas de la CONASAMI para solicitar los estudios con los cuales se avalaron los últimos aumentos salariales, no obstante, al cierre de está edición no tuvimos respuesta.

Sobre la información respecto a las empresas que lucran con el trabajo obrero, con la información que actualmente es pública, no podemos saber a cuánto ascienden las ganancias de este sector que constantemente se encuentra inmiscuido en casos de trata con fines explotación, tráfico de drogas y violaciones a los derechos medioambientales. Los registros del INEGI se limitan a definir el comportamiento de las poblaciones dentro de la industria pero no existen reglamentos o leyes que obliguen a las empresas a reportar ganancias.

Lo anterior resulta preocupante dado que, de no reportar ganancias, resulta imposible saber si el salario de las personas es equivalente a la ganancia por producción. Eso, sin mencionar que los datos de respecto a la seguridad social de la población ocupada son imprecisos.

Pero la opacidad no es endémica de los aparatos laboristas del Estado (CONASAMI o STyPS) el propio Congreso de la Unión, según lo declarado a este medio de comunicación, estipula que a pesar de contemplar con un área especifica de estudios legislativos con el cual los asambleístas pueden contar con asesoría especializada en caso de requerir información sobre cualquier tema o ley, su reglamento interno, niega a la ciudadanía la posibilidad de tener acceso a dicha información sobre estudios solicitados por las diferentes fracciones parlamentarias previamente a la aprobación de una ley.

También se niegan entregar información, solicitada vía Plataforma Nacional de Acceso a a la Información, sobre su lista de asistencia al recinto legislativo por lo que resulta imposible saber si siquiera estuvieron presentes durante las sesiones.

PODER solicitó al Centro de Estudios Parlamentarios, dirección de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acceso a todos los estudios solicitados por los y las legisladoras respecto a la aprobación de salario mínimo impulsada por la fracción de Morena. Sin embargo, el director de estudios parlamentarios, Noé Luis Ortíz, se negó a recibir al periodista y mandó a una subordinada (la cual no se presentó con nombre y apellido) a decir que por estatuto interno, no se podía hacer públicos los estudios solicitados por los diputados, también comentó que dicha información no sería entregada vía Plataforma Nacional de Acceso a la Información dado que no están obligados a presentar resultados de sus actividades.

Los 30 minutos más largos de nuestras vidas y la crisis de pensiones

¿Cuánto tiempo es para siempre? El dato es aterrador. Actualmente los obreros de la industria de la manufactura que tardan en promedio 24.6 minutos en producir el valor total de su salario. Este dato surge de calcular el promedio del valor total de la producción por sectores y horas trabajadas de la población que conforma la manufactura del país. Tras el análisis de siete bases de datos con origen en Banxico e INEGI, PODER pudo determinar el tiempo total en que una persona trabajadora de la industria de manufactura en el país tarda en producir el valor total de su salario.

Los resultados surgen del análisis de 22 años de salario real provenientes de la CONASAMI y ENOE así como el 70% de la producción manufacturera del país según los datos de la EMIM.

Sobre los sectores, se analizaron las poblaciones de personas trabajando en la industria manufacturera, como contemplato en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) que incluyen a las industrias alimentaria, bebidas, textileras (de vestir y sólo telas), curtido, tala, madera y derivados, refinerías, minería no metálica, industria química, plásticos, industria metálica, maquinaria, fabricación de hardware, accesorios electrónicos, equipo de transporte y fabricación de muebles, entre otros[1].

De este modo, podemos saber por ejemplo que Oaxaca, Tabasco y Chiapas son los estados en donde un obrero ocupa menos tiempo en producir el valor total de su salario respecto a la producción local; sin embargo, las cifras respecto al tiempo cambian si también se analiza el valor de las exportaciones. Dicho fenómeno se conoce como transferencia de valor y ubica, principalmente a la zona fronteriza de México como la más vulnerable. Entonces, existen dos formas de interpretar estos datos.

La primer ruta es la de la tasa de explotación con respecto al valor nacional (es decir, el valor de la producción registrado en México). Esta consiste en comparar el valor total de lo producido por la manufactura en México con el salario y las horas trabajadas por lxs trabajadores en 2018.

Esta tasa mide qué tantas veces es mayor el valor de la producción en relación con los salarios. Por ejemplo, en el Estado de México es de 2 mil 825%, es decir, que la producción en una jornada de trabajo vale 28 veces más que el salario, o que el patrón se queda con 28 veces más riqueza que la que se queda le trabajador. Visto desde una jornada diaria de 8 horas, le trabajador cubriría su salario en tan solo 16.4 minutos y las restantes 7 horas y 44 minutos son tiempo dedicado a la riqueza de la empresa.

Tasa de explotación respecto al valor de las exportaciones (es decir, el valor registrado en dólares que cruza la frontera) consiste en comparar el valor total de las exportaciones manufactureras con el salario (en pesos) y las horas trabajadas como son registradas en México en el 2018. En comparación con la primera forma de la Tasa de explotación esta mide qué tantas veces es el valor de las exportaciones manufactureras en relación con los salarios nacionales. Destaca el estado de Chihuahua, cuya tasa de
explotación bajo la primera forma es de 226%, mientras que en relación con el valor de las exportaciones es de 2,651%. Bajo la primera forma el patrón parece quedarse con 2 veces más de lo que se queda un trabajador, pero tomando en cuenta que la mayoría de la producción manufacturera en la frontera no se queda en México, sino que se va principalmente a EUA, esta tasa es considerablemente mayor ya que el patrón se queda con 26 veces más que un trabajador.

Visto desde una jornada diaria de 8 horas, le trabajador cubriría su salario en tan solo 17.44 minutos y las restantes 7 horas y 42 minutos son tiempo dedicado a la riqueza de una empresa extranjera.

A esto, es decir al abuso del tiempo y fuerza de trabajo, se le denomina “explotación laboral”. Por lo menos así lo identifica una de las abogadas laboristas con mayor trayectoria contra la industria de la maquila, y actual diputada federal, Susana Prieto Terrazas. Quien también advierte de una crisis de pensiones derivada por una parte por la falta de registro adecuado de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el otro, la precarización del valor del trabajo.

“Con estos representantes del sindicalismo blanco del país pues podemos ver de manera inmediata que los trabajadores no tienen representantes de este dentro de este organismo tripartita y que simple y sencillamente estarán las expensas de lo que el empresario dice (…) para ellos, los funcionarios de CONASAMI, un trabajador no mereció un aumento de más de 2 pesos anuales en el salario que era lo que implicaba este aumento ridículo cuando llega el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y que promete dentro de su campaña, que lo primero que hará será aumentar al 100% el salario mínimo tenemos una restricción terrible” (sic), explica Susana Prieto.

De este modo, tras la llegada de Obrador al poder, el denominado salario mínimo o UMA pasó de 88.36 pesos diarios (8 horas de labor) a 102.68. Dicha actualización de percepciones salariales representó un incremento de 16% en la zona central, así como un incremento del 100% en la Zona Libre de la Frontera Norte del país (ZLFN). Por lo menos en teoría.

La ZLF comprende 43 municipios ubicados con un máximo de distancia de 25 kilómetros de la línea fronteriza con Estados Unidos, lugar donde parece que la política de industrializar era más un intento por mitigar el paso de personas en situación de movilidad humana, que un intento por impulsar el trabajo digno de los obreros. Sin embargo, como ya lo explicamos con las visualizaciones pasadas, si se calcula el valor de las exportaciones el aumento obradorista resulta insuficiente y no cumple con los objetivos planteados por la denominada Cuarta Transformación.

En el mismo sentido que la diputada federal, Verónica Alcaráz, abogada especializada en defensa de los trabajadores, explica la importancia de entender los diferentes conceptos de salario y como, debido a una legislación débil y autoridades sumisas al poder de las empresas, las cotizaciones a las pensiones de las personas trabajadoras transitan por una crisis.

La abogada y académica comenta para PODER que existen, conceptualmente, dos maneras de interpretar el salario: remuneración y prestaciones. Sin embargo, ambas forman parte de lo mismo en el momento de calcular la ganancia del obrero por lo que, no sólo es necesario contemplar las percepciones monetarias de las y los trabajadores, sino las condiciones en las que realizan su labor.

“La ruta sigue siendo la del sindicalismo. Es la única manera de encargarnos colectivamente de nuestros derechos. Yo sí le daría un voto de confianza. (…) existe este grupo de empresas grandes y transnacionales que llegan, precisamente de otros países, y que a partir de estas situaciones también se hacen modificaciones a nuestra Constitución, se hacen modificaciones del concepto de trabajo para poder en este caso, proteger en este caso a estos empleadores o industrias”, explica la abogada. A esto se le conoce como Lobby, un grupo no definido de personas que impulsan privilegios para las empresas desde los congresos locales y nacionales.

¿Qué es el salario? Descargue aquí

Finalmente, sobre la crisis de pensiones la académica y abogada advierte: “El monto que se pagaba a la Seguridad Social de los trabajadores, anteriormente estaba fijo y ahora cambia a partir de enero del 2023, entonces muchos empleadores ahora se están dando cuenta que las cuotas que hay que pagar por el trabajador dependen de la del salario que tenga el trabajador dividido entre la unidad de medida de actualización, de este modo se calcula el porcentaje que se va a pagar, entonces imagínate, yo creo que en vez de invitarlos a regularizarse muchos están huyendo o no están inscribiendo con el salario real”.

Es decir, tras las modificaciones en 2023 del pago de aportaciones a la seguridad social, según explica la abogada, las empresas dejan de registrar el salario real de los trabajadores y por ende existe menos capital para la seguridad social, dicho lo cual, abona a la actual crisis de pensiones de todo el país, puesto que los montos con los que registran a los trabajadores, no son los reales. Esto se permite, debido a que la afiliación al Seguro Social se determina por “buena fe”.

Juárez: el laboratorio del futuro… distópico

Una ola de violencia azota la zona fronteriza de México. No sólo se trata de la crisis por desapariciones o la violencia feminicida por la cual, Ciudad Juárez en Chihuahua, es tristemente conocida. La política estatal que privilegia a la industria sobre los derechos de las personas trabajadoras generan un ciclo de abandono del que ya resulta complejo alejarse. Una lucha arrastra a las víctimas a encararse con otra. Lo terrible se encuentra al intentar regresar a casa.

Son las cuatro de la tarde, tres mujeres jóvenes acomodan cubiertos sobre la mesa de un café. Se trata de Vanesa, Araceli y Arecho. Las tres son hijas de mujeres obreras de la maquila en la ciudad más peligrosa para ejercer ese oficio. Ellas iniciaron una colectiva con el objetivo de ayudar a las Madres Buscadoras a encontrar cuerpos de otras mujeres desaparecidas. Todas ellas fueron reportadas como desaparecidas luego de salir de las fábricas donde realizaban algún trabajo manual. Las activistas, a pesar de la baja en las desapariciones en su estado, decidieron continuar con la organización comunitaria y protestar por los derechos de las personas trabajadoras de la maquila. Ellas se autodenominan: “Hijas de su maquilera madre”.

“Nuestro nombre, pues reivindica eso no, que somos hijas de mujeres maquiladoras o de trabajadoras de maquila como nos quieran identificar”. Y es que, explican, en algún punto, ser una hija de una mujer obrera poseía una carga negativa en la zona fronteriza. Se asociaba con la pobreza, con la crisis humanitaria de desapariciones en Ciudad Juárez. Por eso, dicen, era necesario revindicar el derecho a ser herederas de la cultura del esfuerzo. El real. El esfuerzo que despierta muy temprano y se encamina a trabajos con extensas horas de trabajo físico y mental.

“Nosotras, que somos hijas de esos trabajadores, pues tenemos esta oportunidad, o tuvimos la oportunidad, de conocer el activismo y organizarnos, con base a eso, pero realmente el movimiento, pues es muy pequeño, ¿no? Comúnmente las violencias sexuales son las que mueven a las mujeres (de las maquilas) aquí en Ciudad Juárez, pero hay muy pocos casos en donde hay una lucha obrera”. Esos son los motivos por los cuales, según explican las activistas, era necesario conformar una causa común dentro de las maquilas. Pero la lucha es ardua y los frentes son varios. La aparición de grupos criminales en la región, logró adentrarse en la industria.

Y a pesar de que existen mecanismos o intentos por controlar el consumo de sustancias ilegales, las activistas reconocen que dentro de estas empresas te puedes encontrar con proveedores de estupefacientes lo cual agrega una capa de complejidad al intentar trabajar en conjunto con la base obrera.

A Ciudad Juárez, le azotó el abandono. La ciudad entera, que alguna vez fue próspera, ahora es un retrato de la conmiseración. Por todos lados pululan edificios enormes abandonados, personas en situación de movilidad humana buscando una oportunidad, y otras, que se ven obligadas a habitar las calles a falta de un techo dónde pernoctar, también prostíbulos, muchos prostíbulos.

Por paradójico que pueda parecer, según datos de la Secretaría de Economía de 1994 a 2020 el número de empresas en Ciudad Juárez con capital extranjero creció 312%1. Y resulta paradójico puesto que, a pesar de que la ciudad cuenta con múltiples privilegios para que las empresas, nacionales y extranjeras, puedan desarrollar sus naves industriales por toda la ciudad, la calidad de vida de los juarenses sigue siendo la misma.

Este indicador, el de la inversión extranjera en Juárez, revela el modo en que las empresas extraen de México, no sólo recursos naturales, también recursos humanos a precios bajos. Es decir, se trafica con el valor de producción de los obreros.

Debido a que lo producido por la industria de la manufactura (maquilas) es exportado de manera directa, el valor del trabajador fronterizo cotiza en dólares y no en moneda nacional, lo cual también eleva los costos de vivienda y servicios en los más de 40 municipios que conforman la Zona de la Frontera Norte.

Investigar a la industria en un estado represor

Pero estos privilegios siempre van de la mano a compromisos políticos. En mayo del año pasado, un portal independiente de noticias llamado La Verdad de Juárez, documentó cómo la actual gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, entregó a Luis Lara Armendáriz (también conocido como uno de los padres de la maquila), un predio valuado en 37 millones 546 mil pesos, en tan sólo 3.4 millones de pesos2.

El acto ocurre tras demostrarse, que dicho empresario, apoyó la campaña a gobernadora de Chihuahua de Campos Galván. Incluso, una diputada de oposición se pronunció al respecto: “Este es un regalo de 137 millones de pesos con dedicatoria, es un pago de favores políticos o un hecho de corrupción”, dijo la legisladora María Antonieta Pérez Reyes, de la bancada de Morena. Y lo denominaron: “Subsidio al Rey de la Maquila”. Dicho acto se efectuó sin consecuencia para ninguno de los actores.

Entonces, más allá de los números, el periodismo local continúa realizando esfuerzos para revelar las implicaciones de investigar a la industria en un estado represor que privilegia el negocio sobre las necesidades de su población. Rocío Gallegos es una de las periodistas más reconocidas en Ciudad Juárez dados sus múltiples premios y experiencia investigando casos de corrupción. Ella dirige un sitio local de noticias que constantemente revela casos de corrupción y abuso de poder.

“El gran reto, o el reto mayor, es el de contar lo que ocurre, contar la verdad. Es muy difícil conseguir información sobre lo que ocurre dentro de las empresas. (…) Por varias cosas pero principalmente por la violencia económica a la que estamos sujetos todos en este país”, explica Gallegos.

Para Rocío, contar las historias de empresas que violan derechos humanos es problemático principalmente porque exhibe al poder económico. “Se pone en riesgo a la fuente, a familiares de los trabajadores, a los proveedores, incluso se puede poner en riesgo a algún funcionario público que tenga acceso a información privilegiada. Entonces, es muy difícil”, arremete. Del mismo modo, la periodista explica que la principal importancia de documentar este trabajo, es que nos ayuda como comunidad a entender cómo operan quienes toman decisiones en nuestro país.

El CMN y los “amos” del tiempo

El caso investigado por las periodistas que conforman La Verdad de Juárez, es tan sólo la punta de un problema que no es endémico de Chihuahua, pero que se puede explicar perfectamente desde ahí. En todo el país, grandes empresarios confabulan entre el poder político para arrebatar las pocas condiciones dignas que le quedan al trabajador y buscar privilegios a sus negocios. Tal es el caso de algunos integrantes del grupo empresarial con más poder en el país, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

Fundada en 1962, esta agrupación empresarial ha logrado que sus integrantes ocupen diferentes espacios dentro de la política económica del país, privilegiando a sus empresas e impulsando una política de explotación al trabajador desde sus espacios de poder. Con lo cual, sus riquezas han logrado trascender por generaciones.

PODER tuvo acceso exclusivo a toda la documentación federal respecto a los actos de inteligencia militar provenientes de la ya extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), en específico de quienes integran esta afiliación empresarial, el CMN. En dichos documentos, resalta un nombre que inmediatamente podemos relacionar con la política en el Estado de Chihuahua pero que afectó a todo el país, Federico Terrazas.

El señor Terrazas nació el 25 de julio de 1932 en la ciudad de Chihuahua en el núcleo de una familia acomodada. Inició su carrera profesional en Grupo Aceros de Chihuahua y en 1977 lo nombraron presidente del Consejo de Cementos de Chihuahua, puesto que sostuvo hasta 1992, año en el que formaron el Grupo Cementos de Chihuahua que ingresó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En el año 2013 Federico Terrazas Torres dejó la presidencia del Grupo Cementos de Chihuahua como herencia a su hijo, el también empresario Federico Terrazas Becerra.

En mitad de esa trayectoria, Terrazas Torres logró adentrarse en la política nacional. Los documentos de la DFS cuentan cómo, en marzo de 1985, Federico Terrazas, tomó protesta como vicepresidente de provincia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (ahora Coparmex) puesto con el cuál Terrazas tenía la oportunidad de emitir opiniones “técnicas” que impactan directamente en las decisiones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) respecto al salario de país.

En las fichas elaboradas por el departamento de inteligencia mexicano, se puede leer la postura que Terrazas emitió en su cargo como vicepresidente de la ahora Coparmex, en 1981, respecto al aumento del costo del gas, tortillas, electricidad, pan y gasolina del cual comenta: “Es drástico pero necesario para salir de una economía de ficción”. El objetivo de dicho aumento era el de generar inflación (y reducir el poder adquisitivo del salario).

El señor Terrazas falleció. Y ahora, su hijo, Federico Terrazas Becerra ocupa su lugar frente a la empresa cementera de su padre y continúan siendo una de las familias con más poder en el país. Los juarenses, en cambio, se organizan para hacer frente a los colosos de concreto que rompen huesos, enferman a la gente y se quedan con los terrenos de la ciudad. Industrias, donde pasas toda una vida trabajando para familias como los Terrazas, sin tener una opción que te permita salir de ese círculo de carencias.

Este reportaje fue publicado por PODER. Aquí puedes visitar el reportaje completo.

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[1]    INEGI (2018). Sistema de Clasificación Industrial. Códigos 31 y 33.

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[1]    Villapando P. (2004). La evolución de la industria maquiladora en México. UANL.

[2]    (Ídem).