En medio de un intenso debate, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Aguas de la capital promovidas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Organizaciones sociales y vecinales de la ciudad acusan que esta serie de reformas solo benefician a las grandes empresas y a la industria inmobiliaria.

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO. – Este jueves, y después de más de cinco horas de debate, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas a la ley del derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua en la ciudad.

La iniciativa, enviada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene el objetivo de agilizar los trámites para el acceso a agua potable en la ciudad. Para ello, se establecerá una plataforma digital operada por el sistema de aguas de la Cdmx, y se pretende modificar una serie de requisitos que establece la legislación actual para acceder al agua de una zona determinada.

Al final del debate, y después de una serie de acusaciones entre las bancadas del PAN y de Morena, la reforma se aprobó en lo general con 41 votos a favor: 35 fueron de Morena, dos del PRD y tres del PRI.

Sin embargo, algunos aspectos particulares de dictamen quedaron fuera de la discusión, como la creación de los polígonos de factibilidad hídrica, una figura que, acusaron manifestantes, favorece a las empresas y desarrollos inmobiliarios.

Una reforma a favor de las empresas

Mientras el Congreso debatía, afuera del palacio legislativo se desarrollaba una protesta convocada por organizaciones de pueblos y colonias de la Ciudad, quienes acusaron que estas reformas solo favorecen a las grandes industrias y al capital inmobiliario, principales responsables del estrés hídrico que padece la capital.

Particularmente, señalaron los manifestantes, la reforma contemplaba la creación de una figura llamada “polígono de factibilidad hídrica”, la cual, pretende establecer la disponibilidad de agua en distintas zonas de la ciudad, dejando en el limbo el requisito de elaborar un estudio técnico para evaluar la viabilidad de acceso al agua para proyectos económicos, inmobiliarios o industriales.

Al parecer de los manifestantes, esta figura, más allá de agilizar los trámites, en realidad abre las puertas a que los grandes capitales accedan al agua de la ciudad sin ningún candado.

“En realidad, esta reforma vulnera nuestro derecho humano al agua, favoreciendo, encima de las necesidades sociales, a las industrias, inmobiliarias y grandes capitales”, expresó Natalia Lara, una de las manifestantes proveniente de organizaciones vecinales.

Ante esto, la exigencia de los barrios y colonias que protestaban era suspender la discusión de las reformas y abrir un espacio de diálogo con la sociedad. Su objetivo era construir una legislación basada en las necesidades de la población, y no las de las empresas.

“Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, somos ciudadanos que nos vamos a ver afectados por esta reforma, por eso pedimos que nos escuchen. Más allá de lo electorero, lo que está en juego es nuestro derecho humano al agua”, dijo una de las manifestantes mientras bloqueaban la entrada al Congreso.

Ahora, tras la aprobación del dictamen, los pueblos y barrios organizados convocarán a un diálogo para construir una ley de aguas desde la sociedad. Esperan que el gobierno y los legisladores les abran espacios para el debate.